Abogado especializado en derecho constitucional, administrativo y fiscal. Exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

La otra Corte

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El gobierno federal va en serio, y con toda su fuerza, en contra de la evasión fiscal. Del paquete de dieciocho reformas constitucionales presentadas por el presidente López Obrador en febrero de este año —una de ellas, la cuestionada reforma judicial—, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio preferencia a la modificación del artículo 19 de la Constitución Federal. Así quedó <a href="https://portalhcd.diputados.gob.mx/PortalWeb/Comision/3b06de2c-0960-4f24-805b-e32f76f6533b/Foros/49b83364-b3ef-4002-a5a5-de6a4e351ad2/ArchivosGenerados/2b8c078a-3a14-46e7-b8fb-c243b57c7e56.pdf" target="_blank" rel="noopener">aprobado el dictamen</a> que incluye la defraudación fiscal y la compraventa de facturas mediante empresas fantasma en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La prisión preventiva no es una sanción, como suele pensarse; tampoco es una condena anticipada que prive de la libertad a los inculpados. El texto constitucional determina que la prisión preventiva es una medida cautelar impuesta por los jueces para garantizar la comparecencia de los acusados en el juicio —evitar su fuga— y el desarrollo de las investigaciones, y la protección de las víctimas, de los testigos o de la comunidad. El combate efectivo de los delitos se logra con sentencias condenatorias firmes en contra de verdaderos delincuentes, no con la prisión preventiva a presuntos inocentes.
Las características de la prisión preventiva son su excepcionalidad y subsidiariedad: es la última de catorce medidas cautelares y solo procede cuando las trece medidas previas resultan insuficientes, a criterio razonado de los jueces. Por eso se la llama prisión preventiva justificada. Entre estas trece medidas se encuentran la comparecencia periódica ante los jueces, la garantía económica o embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y valores en el sistema financiero, la prohibición de salir del país, la colocación de localizadores electrónicos o el resguardo domiciliario.
La prisión preventiva justificada se impuso a una exsecretaria de Desarrollo Social y a un exdirector general de Pemex. Salieron de la cárcel por el cambio de medidas cautelares: para ella, la prohibición de salir de México y entregar su pasaporte a la Fiscalía General de la República; para él, la colocación de un brazalete electrónico y la presentación periódica ante el juez penal. Esto no significa que hayan quedado eximidos de los delitos de los que se les acusa; solo que se defenderán en libertad. Eventualmente, podrá condenárseles a penas definitivas.
En cambio, para la prisión preventiva oficiosa, el artículo 19 de la Constitución Federal establece un listado de delitos en los que, de manera automática, a los inculpados se les aplica la prisión preventiva, sin excepciones y sin subsidiariedad, desentendiéndose del resto de las medidas cautelares previas. Desde 2008, esta medida se consideró de carácter excepcional, aplicable a un catálogo mínimo de delitos: narcotráfico, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y secuestro. En 2011, el listado se amplió a la trata de personas, y en 2019, al robo de casa habitación, huachicoleo, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción por enriquecimiento ilícito, entre otros. Con estas dos reformas la prisión preventiva perdió el carácter excepcional y subsidiario que constituye su esencia.
El dictamen de la Cámara de Diputados que recién aprobó la iniciativa del presidente López Obrador da un paso enorme —una estocada más— a la generalización de la prisión preventiva oficiosa, al incluir en el catálogo de delitos la “extorsión, narcomenudeo, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la preparación, adquisición, exportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados”. También se incorporaron la “defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
Esta ampliación provoca una distorsión perversa en la justicia penal, pues se asume que la prisión preventiva es una modalidad de una pena privativa de la libertad, eficaz para combatir una gama de delitos, en particular el fraude fiscal y la compraventa de facturas falsas. En realidad, tendría que ser la última de catorce medidas cautelares cuya finalidad es, vale reiterar, garantizar la comparecencia de los acusados en el juicio y el desarrollo de las investigaciones, y la protección de las víctimas, de los testigos o de la comunidad.
En lenguaje coloquial, la idea de que la prisión preventiva es útil para abatir el fenómeno delictivo en México implica “poner los bueyes detrás de la carreta”: primero se encarcela a los probables culpables —de hecho, a los presuntos inocentes— y después se determina si son responsables de los delitos que se les atribuyen. De ser exonerados, solo resta un “usted disculpe”.
Según los <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CNSIPEE-F/CNSIPEE-F2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Censos Nacionales de Centros Penitenciarios para 2022</a>, el 39 % de la población privada de la libertad no tiene sentencia. De ese total, 50.2 % cuenta con prisión preventiva oficiosa; 23.9 %, con prisión preventiva justificada; 11.4 % está en otro supuesto jurídico, y para el 14.5 % no se identificó el tipo de estatus legal.
En dos asuntos tramitados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CoIDH] sobre la prisión preventiva oficiosa en México &#8211;<a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_470_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">Caso Tzompaxtle Tecpile </a> y <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_482_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">Caso García Rodríguez</a>, resueltos en noviembre de 2022 y enero de 2023- se reveló que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, es decir, que viola tratados internacionales de derechos humanos, en particular las garantías a la libertad personal, presunción de inocencia, oportunidad de defensa plena —desde la cárcel se complica hacerlo— y respeto a la buena reputación, sobre todo si resultan exonerados. Al final, se sentenció que México deje de aplicarla en automático.
Ambas resoluciones de la CoIDH han tenido un distinto devenir en nuestro país: algunos tribunales federales las <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028446" target="_blank" rel="noopener">han acatado y eliminaron</a> el automatismo de la prisión preventiva oficiosa; otros juzgadores, por el contrario, <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028716" target="_blank" rel="noopener">se han rehusado a hacerlo</a> bajo la consideración de que las restricciones a los derechos humanos establecidas en la Constitución Federal —como sucede con la prisión preventiva— prevalecen sobre las disposiciones de los tratados internacionales y las sentencias de la CoIDH.
El punto central está en que la actual <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006224" target="_blank" rel="noopener">jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación</a> [SCJN], vigente y obligatoria para todos los jueces y tribunales, señala que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales son, a la par, el parámetro de control constitucional, “pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional”. Esto significa que la prisión preventiva oficiosa en México tiene que aplicarse de manera automática a todos los delitos del artículo 19 —que pronto se ampliarán a la defraudación fiscal y la compraventa de facturas mediante empresas fantasma—, con independencia de lo dispuesto en tratados internacionales y de lo resuelto por la CoIDH.
Para evitar el caos en el sistema jurídico mexicano y revisar la idoneidad de dicha jurisprudencia, la <a href="https://bj.scjn.gob.mx/doc/acuerdos/XFrEp5ABXVRzDR5Ev1-t/*" target="_blank" rel="noopener">SCJN ha emitido un acuerdo general</a> en el que anuncia que analizará la convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa a la luz de las dos sentencias de la CoIDh y, en función de ello, si cambiará o no los alcances de dicha medida cautelar.
El énfasis puesto por este gobierno en la prisión preventiva oficiosa implica el reconocimiento de que el sistema de procuración e impartición de justicia penal está quebrado. Confiar en que esa medida remediará ese problema equivale a que la ciudadanía se conforme con la prisión preventiva de los probables culpables de los delitos, y no con las penas de prisión definitivas que legalmente lo merecen.
En México se necesita encarcelar a los criminales, no a los presuntos inocentes. Además, se corre el riesgo de una persecución arbitraria en contra de los contribuyentes para cobrarles “a la mala”. La <a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/la-otra-corte/reforma-fiscal-deficit-recursos" target="_blank" rel="noopener">urgencia por incrementar la recaudación tributaria</a> no puede avasallar los derechos humanos.
<a href="https://x.com/LuisPerezdeAcha" target="_blank" rel="noopener">@LuisPerezdeAcha</a>

Bombazo constitucional contra el fraude fiscal

Las maquinaciones fraudulentas para omitir el pago de los impuestos son idénticas al desvío de recursos del erario. Con el desfalco tributario se disminuyen los ingresos de la Hacienda federal; con la corrupción gubernamental se afecta el destino del gasto público. La consecuencia es la misma: el quebrantamiento de las finanzas públicas del Estado.
Las modalidades de la evasión fiscal son múltiples. La más socorrida, por práctica e inmediata, es la compra de facturas falsas a empresas fantasma, también conocidas como EFOS o factureras. Otra vía, igual de efectiva para efectos defraudatorios, es el outsourcing ilegal por el que las nomineras —también fantasma— esconden relaciones laborales y así aparentan que operan sin trabajadores. La reforma laboral publicada en abril de 2021 acotó esta práctica, pero numerosas empresas han ideado cómo darle la vuelta, con esquemas también falsos como bonos de productividad a los empleados o primas indemnizatorias por riesgos de trabajo.
Las posibilidades de la evasión son aún mayores. Algunos ejemplos son la relocalización artificial de residencia fiscal de los contribuyentes en países de baja tributación, la compra de pérdidas fiscales ficticias, la manipulación de valores en inmuebles y bienes intangibles como marcas, y los esquemas artificiosos de pagos asimilados a salarios.
En la economía informal, el fraude verdadero se da con los capos de la fayuca y la comercialización al mayoreo de productos agropecuarios: frutas, verduras, cárnicos y productos marítimos (en la Ciudad de México: Tepito y La Viga); no con los plomeros, trabajadoras domésticas, carpinteros, boleros, etcétera, <a href="https://expansion.mx/opinion/2021/08/16/satanizacion-empleo-informal" target="_blank" rel="noopener">de bajos recursos económicos</a>.
Es difícil dimensionar la evasión en México, pues no se tienen elementos objetivos para cuantificarla; debe proyectarse con elementos indirectos e indiciarios. Una buena referencia son las 11 mil empresas fantasma publicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. La facturación de esas Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) asciende a 4 billones de pesos, equivalentes al 45 % del presupuesto federal de 2024 o al 12 % del producto interno bruto (PIB) de este año.
Las factureras publicadas por el SAT son una muestra pequeña, sobre todo considerando que, de 2022 a la fecha, la lista del 69-B solo se ha adicionado con 282 contribuyentes, un número ínfimo respecto de la dimensión del problema. Sin embargo, si fueran 100 mil las EFOS operando en nuestro país —que fácilmente las hay, si no es que más—, el tamaño de la evasión fiscal sería diez veces mayor, es decir, de 40 billones de pesos (1.3 veces el PIB del año en curso). Esta simple regla de tres refleja la monstruosidad del dinero evadido solo por las empresas fantasma.
El SAT ha encargado a universidades del país, en diversos momentos, la realización de estudios sobre el fraude tributario. Los resultados son estimativos. Entre ellos destaca el reporte de que en los años de 2005 a 2017 el <a href="https://bit.ly/3SGkeQE" target="_blank" rel="noopener">monto total defraudado fue de casi 8 billones de pesos</a>, esto es, un promedio de 400 mil millones anuales. A pesar de que se trata de valores históricos —no indexados con inflación— es como si habláramos de que el IVA se aumentase en 5 puntos y con ello quedase con una tasa del 21 %. El boquete a las finanzas públicas es descomunal.
De combatir la evasión fiscal, los márgenes recaudatorios del gobierno federal serían significativamente elevados y de ejecución inmediata. Las gestiones del SAT en los últimos dos años, a través de cartas invitación, correos electrónicos y mensajes de texto, se han reflejado en incrementos marginales en la recaudación, aunque de manera asfixiante para los contribuyentes formales. Sin embargo, la percepción de riesgo en los defraudadores de altos vuelos es nula, incluso para las factureras y nomineras. Los grandes evasores se saben lejanos de los ojos de las autoridades y se regodean en la impunidad.
El expresidente Salinas de Gortari está defenestrado; sin embargo, conviene recordar que uno de los ejes de su gobierno fue el combate a la evasión fiscal, con resultados prodigiosos, al grado de que a la mitad de su sexenio la tasa del IVA se redujo una tercera parte: del 15 al 10 %; la tasa del ISR para personas morales bajó del 42 al 34 % —ahora es del 30 %—; la tarifa máxima del ISR de personas físicas disminuyó del 55 hasta quedar en el 35 %, y se eliminó el ISR sobre dividendos (años después se restituyó al 10 %).
No hay hilo negro por descubrir. La fórmula es la lucha contra la evasión y <a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/la-otra-corte/reforma-fiscal-deficit-recursos" target="_blank" rel="noopener">no el aumento de impuestos</a>, como lo ha repetido la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Se necesita de voluntad del gobierno para vigorizar procedimientos de auditoría que cumplan con los estándares probatorios en materia penal, el diseño de estrategias legales y operativas que aseguren el encarcelamiento de los delincuentes —respetando sus derechos— y la forzosa coordinación de cuatro instituciones: SAT, Procuraduría Fiscal de la Federación, Fiscalía General de la República y Poder Judicial de la Federación. Complejo, sí; factible, también.
La fragilidad de las finanzas públicas exige saltos exponenciales, en el corto plazo, de la recaudación federal. Se requiere de una decisión de Estado firme que, sin distingo de personajes y colores partidistas, se proponga la persecución penal de la evasión fiscal. Defraudadores hay muchos; es cuestión de identificarlos e ir tras ellos.
<a href="https://x.com/LuisPerezdeAcha" target="_blank" rel="noopener">@LuisPerezdeAcha</a>

La evasión fiscal también es corrupción

En un encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial, la presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que en su sexenio <a href="https://www.tiktok.com/@oemnoticias/video/7382316434191305990" target="_blank" rel="noopener">no habrá una reforma fiscal</a> y garantizó que los recursos necesarios se obtendrán del fortalecimiento de las operaciones en las aduanas de México y de una mejor digitalización al interior del Servicio de Administración Tributaria [SAT], esto es, de la optimización de las bases de datos de los contribuyentes.
El compromiso de no realizar una reforma fiscal es una extensión de un eje del gobierno de López Obrador y de la oferta electoral de Morena en materia de finanzas públicas. La propuesta de no aumentar los impuestos es razonable y entendible, puesto que las tasas y tarifas del Impuesto sobre la Renta [ISR] y del Impuesto al Valor Agregado [IVA] están en la media internacional. Y lo más importante: para efectos políticos y sociales sería incendiario pensar siquiera en subir un punto porcentual a cualquiera de esos impuestos.
Sin embargo, el problema del déficit fiscal —egresos mayores que los ingresos— es apremiante. Para 2024, la previsión inicial fue que dicho déficit sería de 1.7 billones de pesos, aunque se perfila que alcance los 2 billones, equivalente al 5.9 % del producto interno bruto [PIB]. Esto se traduce en que, ante la escasez de flujo de efectivo, el gobierno tendrá que endeudarse todavía más y llegar, a finales de este año, a un total de 17 billones de pesos.
De ahí que sea imperiosa la reducción del déficit fiscal en 2025 al 3 % del PIB, que en números representa entre 750 y 950 mil millones —una cantidad descomunal—. Para lograrlo, la próxima administración tendrá que realizar un esfuerzo significativo para engrosar la recaudación y disminuir el gasto público.
Los ahorros futuros en el Tren Maya y la refinería Dos Bocas continuarán con algún tipo de gasto inercial. Sin embargo, ante la presión del gasto público en materia de pensiones, intereses sobre la deuda pública, transferencias federales a estados y municipios, nómina de los trabajadores burócratas y el hoyo negro de Pemex, la única alternativa para reflotar las finanzas públicas será el incremento exponencial y sostenido de los ingresos tributarios.
La doctora Sheinbaum ha descartado el aumento de impuestos. Hacerlo implicaría un desgaste político y social altisonante. Además, la recaudación sería irrelevante. Por ejemplo: elevar el IVA del 16 % al 17 % —que sería un escándalo—, apenas aportaría 85 mil millones de pesos, y subirlo del 30 % al 31 % en el ISR de las personas morales, solo 60 mil millones.
Un efecto igual de pernicioso se lograría si a rajatabla se eliminaran las llamadas «renuncias fiscales»: deducciones y exenciones concedidas por las leyes por razones de política económica o social. Es el caso, por ejemplo, de la exención del IVA en la venta de casa habitación y la deducción en el ISR de gastos médicos y hospitalarios. Estas propuestas desentonarían con la esencia ideológica de Morena y la presidenta electa.
Las vías se reducen a impulsar una mayor eficacia en las labores de fiscalización del SAT y aumentar la percepción de riesgo en los contribuyentes. El combate a la evasión fiscal y su delito asociado, el lavado de dinero, deberán quedar como eje que potencie la recaudación. De ahí que el fortalecimiento de las operaciones aduaneras y una mejor digitalización de las bases de datos resulten indispensables.
No obstante, el reto del gobierno entrante para incrementar de manera efectiva los ingresos tributarios tendrá que apalancarse con la optimización operativa del SAT, así como la modificación a diversas leyes para adecuarlas a la realidad empresarial y económica de México y a las tendencias internacionales para combatir el fraude fiscal. En la legislación vigente existen disposiciones disfuncionales y vetustas como las «máquinas registradoras de comprobación fiscal», al igual que rezagos en los tramos de las tarifas del ISR —que perjudican a los trabajadores— por efectos de la inflación y de los aumentos al salario mínimo.
Ante la falta de liquidez que se avecina —real en la actualidad— los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) tienen que adecuarse a la situación crítica de la hacienda pública y comprometerse en su rehabilitación.
El desafío de las finanzas para 2025 es azaroso. En la evasión fiscal están alojados millones de millones de pesos. Su combate tiene que asumirse como una decisión de Estado.
<a href="https://x.com/LuisPerezdeAcha" target="_blank" rel="noopener">@LuisPerezdeAcha</a>

Sin reforma fiscal, ¿de dónde saldrá el dinero?

Claudia Sheinbaum deberá asumir que el combate a la evasión fiscal y, en específico, a las empresas fantasma, es una decisión de Estado —al igual que la lucha contra el terrorismo y narcotráfico—, con independencia de los personajes de alto perfil involucrados y de sus filiaciones partidistas.
Históricamente, la corrupción gubernamental ha desalentado el pago de impuestos. Los contribuyentes nos rehusamos a cumplir con las obligaciones fiscales cuando constatamos el despilfarro del erario o, peor aún, cuando el dinero público termina en el bolsillo de funcionarios oportunistas.
La experiencia demuestra que los ciudadanos nos resistimos a pagar impuestos. Esa resistencia es humana; por ello, entendible y justificada: a nadie nos complace trasladar una parte de nuestro patrimonio a las arcas del gobierno, queramos o no. Así sucede en todos los países: en algunos, sin embargo, el cumplimiento voluntario se reafirma cuando la ciudadanía verifica que los servicios del Estado son retributivos —que vale la pena contribuir fiscalmente—, como en Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania y Canadá. En otros países, la percepción es opuesta: la ineficiencia del gasto público y la corrupción aumenta la resistencia de los contribuyentes, como es el caso de Grecia, Italia, Brasil, Argentina y México.
En nuestro país, el mandato constitucional es claro: estamos obligados a «contribuir para los gastos públicos» de la federación, estados y municipios en que residimos, «de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes». Si no cumplimos, las autoridades tienen la facultad de actuar en forma coactiva en contra nuestra, incluso penalmente por defraudación fiscal.
Un problema que afecta la recaudación es el derroche indecoroso y el desvío impune de recursos, que no son sino los impuestos que, por las buenas o las malas, pagamos a la Hacienda federal. La relevancia es de índole constitucional, pues la razón de nuestra obligación de contribuir es que los tributos se destinen a un «gasto público» que, como lo ordena la propia Constitución, se administre con «eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados».
De este modo, a la obligación de tributar le es correlativo el deber de los funcionarios de ejercer el gasto en forma honesta, transparente y racional. No se trata de pagar solo porque así lo establece la Constitución. Al hacerlo, los contribuyentes asumimos el derecho y la certeza —tenemos la legitimación— de que los impuestos que pagamos se destinarán a los fines connaturales del gasto público: educación, salud, seguridad pública, pensiones y programas sociales, entre otros, sin ineficiencias ni desviaciones ilícitas.
En México, la percepción generalizada es que el gasto público es dispendioso, opaco y corrupto, tanto a nivel federal como estatal y municipal, lo que desfavorece el pago espontáneo y voluntario de impuestos, incluso con maquinaciones propias de la defraudación fiscal. Un estudio del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, muestra que, en un cálculo conservador, la evasión de 2005 a 2016 fue equivalente al 4.1 % del producto interno bruto promedio anual, que en términos actuales ascendería a 1.3 billones de pesos: el mismo monto del Impuesto al Valor Agregado a recaudarse en 2024.
Las empresas fantasma son un medio sencillo y eficaz para evadir impuestos. De manera paradójica, también se utilizan para desviar recursos públicos y, sobre todo, para el lavado de dinero. En un esfuerzo del SAT venido a menos en los últimos tres años, el número de empresas fantasma publicadas conforme al artículo 69-B del Código Fiscal —ideado para optimizar su persecución— apenas llega a 11 mil. Sin embargo, el dato que destaca es que esas empresas han facturado alrededor de 4 billones de pesos, lo que es una aberración. Si el número se elevara a 100 mil —por supuesto que las hay— la facturación rondaría la monstruosidad de 40 billones de pesos, equivalente a 4.5 veces el presupuesto federal total para este año.
El daño de la evasión fiscal y la corrupción gubernamental es lacerante. El boquete que generan a la Hacienda pública es descomunal y menoscaba de manera sustancial los márgenes de maniobra del gobierno federal para afrontar el gasto público, pensiones, intereses sobre la deuda, obras de infraestructura, Pemex, participaciones federales y aportaciones a estados y municipios. La rehabilitación de los servicios de salud pública y el fortalecimiento de la seguridad seguirán demandando recursos adicionales extraordinarios.
La evasión fiscal y la corrupción gubernamental —sobre todo cuando se fraguan mediante empresas fantasma— tienen que combatirse con estrategia y sin miramientos por la presidencia de Claudia Sheinbaum. En vistas de la situación crítica de las finanzas públicas, no tendrá otra opción.
<a href="https://x.com/LuisPerezdeAcha" target="_blank" rel="noopener">@LuisPerezdeAcha</a>

El desafío de los impuestos y la corrupción

La determinación de Trump para lograr un segundo periodo presidencial se tropieza con <a href="https://www.nytimes.com/interactive/2023/us/trump-investigations-charges-indictments.html?smid=nytcore-ios-share&amp;referringSource=articleShare&amp;sgrp=c-cb" target="_blank" rel="noopener">cuatro juicios penales en su contra</a>, todos con una alta dosis de adrenalina. Su show televisivo <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/The_Apprentice" target="_blank" rel="noopener">The Apprentice</a>, de gran éxito de 2004 a 2015, se ha trasladado en forma electrizante y prodigiosa a la vida política y al juego de poder de los Estados Unidos.
La situación es inédita, pues en la historia de ese país nunca había ocurrido que un expresidente afrontase penas de prisión. En los cuatro juicios, la estrategia de sus abogados ha sido alargarlos para que, de tramitarse, se celebren solo después de las elecciones del 5 de noviembre. De triunfar, Trump gozaría de inmunidad constitucional y los procesos se suspenderían por completo; eventualmente se reanudarían al término de la presidencia en enero de 2029, él con 83 años de edad. En lo estructural, la táctica ha sido exitosa. No en vano ha gastado más de <a href="https://www.nytimes.com/interactive/2024/03/27/us/politics/trump-cases-legal-fund.html" target="_blank" rel="noopener">100 millones de dólares en honorarios</a>.
Dos de los juicios son de carácter federal: uno, en Washington, en que se acusa a Trump de haber incitado la conspiración del 6 de enero de 2021 para anular los resultados electorales de 2020; el segundo, en Florida, por la posesión de documentación clasificada como confidencial y que iniciará el 20 de mayo.
Otros dos casos son estatales: uno en Georgia, también relacionado con la intención de anular la elección presidencial de 2020, el cual tuvo un giro espectacular al descubrirse que la fiscal de distrito <a href="https://www.nytimes.com/2024/03/15/us/elections/fani-willis-nathan-wade-trump-timeline.html?action=click&amp;pgtype=Article&amp;module=&amp;state=default&amp;region=footer&amp;context=breakout_link_back_to_briefing" target="_blank" rel="noopener">Fani T. Willis ha mantenido una relación amorosa con el fiscal especial</a> Nathan J. Wade, subordinado de ella y que operaba la acusación contra Trump. El resultado fue que el juez ordenó que el fiscal fuera separado, por la apariencia de lucro indebido del cargo. El golpe asestado por los abogados fue demoledor, al grado de que senadores y congresistas federales republicanos exigen la renuncia de la fiscal.
Un segundo caso, también estatal y en Nueva York (Manhattan case), se relaciona con el financiamiento de la campaña de Trump en las elecciones de 2016. <a href="https://www.cbsnews.com/news/donald-trump-stormy-daniels-indictment-investigation-timeline-manhattan-district-attorney/" target="_blank" rel="noopener">La trama es exótica y novelesca</a>, al tener como centro a la estrella porno Stormy Daniels —su nombre real es Stephanie Clifford—, con quien Trump tuvo un encuentro sexual en julio de 2006, cuando se conocieron en un torneo de golf en Lake Tahoe, Nevada. Se vieron un par de veces más en 2007 y mantuvieron contacto telefónico durante varios meses; en su celular la identificaba como Honeybunch. Él tenía 60 años; ella, 27.
El asunto no tenía visos de ilegalidad. Pero, según la versión de ella —después confirmada judicialmente—, Trump le prometió convertirla en estrella de The Apprentice, lo que nunca cumplió. El engaño era evidente. Cuando en 2011 Trump hacía sus primeras incursiones en la política de los Estados Unidos —acusando al presidente Barack Obama de musulmán y de haber nacido fuera de su país—, Stephanie Clifford llegó a un acuerdo con la revista de celebridades Life &amp; Style para vender la historia en 15 mil dólares. Sin embargo, el convenio no se ejecutó y la publicación nunca se realizó.
Al poco tiempo, un incidente similar de Trump con la modelo de Playboy, Karen McDougal, concluyó con un convenio de confidencialidad por 120 mil dólares (hush-money). Ello reactivó el interés de Stephanie Clifford por vender su historia. Faltaban pocas semanas para las elecciones de noviembre de 2015, que Trump acabó ganando. Interesado en llegar a una solución inmediata, le encargó a su abogado de confianza, Michael Cohen, especializado en solucionarle todo tipo de problemas, que alcanzara otro acuerdo de confidencialidad; esta vez, con una contraprestación de 130 mil dólares.
Un aspecto importante es que el documento fue firmado por Michael Cohen, no por Trump. El tema penal en Manhattan case se relaciona con el origen de ese dinero.
Días antes de las elecciones, el pacto con Stormy Daniels estaba cerrado; pero el caso tomó un giro rocambolesco ya con Trump en la presidencia. Asesorada por Michael Avenatti, un abogado mediático, bribón y con gran carisma, Stephanie Clifford demandó ante un juez en California la nulidad del acuerdo con Michael Cohen. La razón estructural fue que el documento carecía de la firma de Trump.
El resultado del juicio fue la invalidez del convenio, lo que permitió que ella publicara el libro <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Full_Disclosure_(book)" target="_blank" rel="noopener">Full disclosure</a>, por el que cobró 800 mil dólares. Una incidencia fue que Michael Avenatti se quedó, a la mala, con el anticipo de 300 mil dólares; por este delito fue condenado a cuatro años de prisión, que se sumaron a catorce más por fraudes a otras personas y evasión fiscal.
Este nuevo giro abrió la caja de Pandora respecto del origen de los 130 mil dólares pagados a Stephanie Clifford. Michael Cohen afirmó que fue de su propia bolsa; Trump dijo que él no sabía nada del acuerdo. El problema era que, en plenas elecciones, las leyes federales de Estados Unidos prohíben realizar cierto tipo de donativos —directos e indirectos— a los candidatos; por las particularidades del caso, el pago realizado por su abogado caía en esa categoría y configuraba un delito electoral. El tema se enredó más al descubrirse que una empresa pantalla de Delaware, propiedad de Trump, había reembolsado el dinero a Cohen.
El Departamento de Justicia inició una investigación por la posible existencia de un delito. Michael Cohen se declaró culpable y fue condenado a tres años de prisión por financiación ilegal de la campaña electoral y evasión fiscal. Trump, en cambio, fue exonerado. Esto sucedió en la esfera federal.
A nivel estatal, sin embargo, el curso de los 130 mil dólares tomó un rumbo diferente. La fiscalía de Nueva York consideró que, de acuerdo con la legislación local, el dinero pagado a Stephanie Clifford constituía un delito por el falseamiento de registros contables para encubrir el financiamiento ilegal. La investigación concluyó y el caso se llevó ante un juez de Manhattan, de nombre Juan Manuel Merchan, que estableció el inicio del juicio el próximo 15 de abril. Uno de los testigos a declarar será, precisamente, el exabogado de Trump, Michael Cohen. La defensa es interesante: por un lado, sostienen que el expresidente fue investigado y exonerado a nivel federal; y por otra parte, argumentan que las elecciones presidenciales y el delito son federales, por lo que los estados no pueden inmiscuirse en esos temas.
Siguiendo su estilo personal, la conducta de Trump con los jueces, funcionarios judiciales y fiscales ha sido beligerante. En otros juicios fue multado en un par de ocasiones por 30 mil dólares. Previniendo esas conductas, el <a href="https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/03/26/trump-gag-order-hush-money-trial/" target="_blank" rel="noopener">juez Merchan ha emitido una orden de restricción</a> —gag order— para que se abstenga de emitir cualquier comentario, sobre todo en forma agresiva, respecto de quienes intervienen en el caso. Un hecho significativo es que la orden de restricción no incluye al mismo juzgador, de quien Trump ha dicho: «El juez me odia».
El último toque melodramático se presentó hace pocos días, cuando Trump denunció que Loren Merchan —ferviente colaboradora demócrata en la reelección de Joe Biden e hija del juez de Manhattan— tiene una <a href="https://twitter.com/riceid/status/1773030900789321999" target="_blank" rel="noopener">cuenta en X</a> (antes Twitter) en cuyo perfil aparece una foto de Trump tras las rejas. Él sostiene que existe una coartada en su contra, lo que <a href="https://twitter.com/nytimes/status/1773306561105940687" target="_blank" rel="noopener">impedirá que tenga un juicio justo</a>. Un portavoz del juzgado ha dicho que esa cuenta ya no pertenece a Loren Merchan.
Con independencia de la animadversión que en México se tiene hacia Trump, debe reconocérsele la reciedumbre, a sus 78 años, para afrontar este tipo de problemas legales y, al mismo tiempo, dar la pelea interna en su partido (el republicano), lidiar con los medios de comunicación de su país y del extranjero, y desafiar a Joe Biden.
A los juicios penales de Trump les queda mucha cuerda, en ocasiones en forma de novela de alto voltaje y con detalles chuscos, conforme a su personalidad estridente y combativa. Sin embargo, la predicción es que no será juzgado ni sentenciado antes de las elecciones presidenciales de noviembre y que, de ganar, tomará posesión del cargo el 20 de enero de 2025, libre de toda responsabilidad penal durante otros cuatro años debido a la inmunidad presidencial.
<a href="https://twitter.com/LuisPerezdeAcha" target="_blank" rel="noopener">@LuisPerezdeAcha</a>

Los líos penales de Trump: Manhattan case

El anhelo histórico de los sistemas tributarios del mundo es que los ricos paguen impuestos. El eslogan utilizado por Oxfam —respaldado por #TaxTheRich— lo sintetiza: “Los megarricos y las empresas multimillonarias deben pagar los impuestos que les tocan”. En su esencia, el principio de justicia fiscal exige que la mayor carga impositiva recaiga sobre quienes tienen una capacidad económica más grande, y que en México se sintetiza con la fórmula constitucional de que los mexicanos estamos obligados a contribuir de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Las <a href="https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/el-1-mas-rico-acumula-casi-el-doble-de-riqueza-que-el-resto-de-la-poblacion-mundial-en" target="_blank" rel="noopener">estadísticas mundiales</a> son lapidarias: en la última década, el 1 % más rico del mundo ha acaparado alrededor del 50 % de la nueva riqueza. Desde 2020, el capital conjunto de los cinco hombres más acaudalados se ha duplicado y el de los billonarios ha aumentado a un ritmo de 2,700 millones de dólares diarios. En contraste, el patrimonio de 5 mil millones de personas a nivel global se ha reducido.
Los datos indignan. No obstante, la causa del problema es multifactorial y su solución exige aproximaciones que no necesariamente pasan por lo fiscal. En buena parte de Occidente, con Estados Unidos y Europa a la cabeza, la acumulación exacerbada en manos de unos pocos ha obedecido, en buena medida, a la pasividad de los gobiernos estatales de actuar en contra de prácticas empresariales abusivas y monopólicas, en muchos casos de confrontación y reto contra el propio poder público, como es el caso de las emporios de telecomunicaciones y farmacéuticas. En otros casos, el crecimiento de la riqueza se propicia por políticas públicas de aliento o protección a determinadas actividades económicas, como de modo reiterado ha sucedido con las empresas informáticas. En ciertas situaciones, el direccionamiento del gasto público genera cotos de privilegio naturales, como sucede con las compras de medicamentos de patente o las contrataciones gubernamentales de obras y servicios especializados que pocos proveedores pueden realizar.
El tema es ideológico y político, por supuesto. Sin embargo, no debe conceptuarse como una venganza o castigo contra los ricos por el solo hecho de serlo. Si sus fortunas provienen de actos lícitos, entonces que paguen los impuestos personales y empresariales a su cargo, de forma correcta y puntual. En cambio, si su capital es resultado de corrupción o evasión fiscal, las acciones punitivas del Estado tienen que detonarse para aplicar las penas de prisión y las multas económicas que correspondan. Si la acumulación pasa por la explotación indebida de los trabajadores, las autoridades laborales son las responsables de poner freno a esa situación. Lo mismo respecto de la concentración monopolística de poder empresarial o de las ganancias centradas en la depredación del medio ambiente. En estos casos, la pasividad del gobierno es directamente proporcional al aumento desmesurado e inmoral de la riqueza de los, de por sí, muy ricos.
El incremento de la recaudación fiscal presupone un mayor producto interno bruto. La paradoja, entonces, es que la riqueza genera más riqueza, sobre todo en un mundo globalizado en que los mercados crecen de manera exponencial. El comercio transfronterizo lo evidencia. Ello provoca un efecto acumulativo del patrimonio de unos pocos, en demérito de muchos; y es ahí cuando la intervención del Estado resulta imperiosa para evitar los efectos perversos de las distorsiones de los mercados. Si él asume una actitud indolente ante esa realidad, los gobernantes se vuelven cómplices del enriquecimiento desmedido, en ocasiones grotesco, de los ya multimillonarios.
No se trata de hacer una apología injustificada de los megarricos ni de enaltecer como <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cvUSYKATTKk" target="_blank" rel="noopener">héroes a los empresarios</a>, al estilo del presidente argentino Javier Milei. El justo medio es lo importante. Además, cuando se habla de empresarios hay que diferenciar a los verdaderamente multimillonarios de los solamente ricos y, más aún, de las micro, pequeñas y medianas empresas (<a href="https://e.economia.gob.mx/servicios/mipymesmx/" target="_blank" rel="noopener">Mipymes</a>) que representan el <a href="https://mexicocomovamos.mx/expansion/2023/06/la-importancia-de-las-mipymes-en-la-economia-mexicana/" target="_blank" rel="noopener">99.8 % de las unidades económicas</a> de México y que, en múltiples ocasiones, contra viento y marea, se conducen como titanes del sector empresarial.
Es cierto que en las últimas décadas la tendencia mundial ha sido la de reducir la carga tributaria de las empresas y de los contribuyentes en general. Al empezar el sexenio de Salinas de Gortari, la tarifa máxima del Impuesto sobre la Renta de las personas morales era del 42 % y de las personas físicas del 55 %, lo que hoy sería de espanto. En la actualidad, las cuotas son del 30 % y 35 %, respectivamente, lo que en términos generales se encuentra dentro de estándares internacionales. En lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado, la tasa general del 16 % es razonable en el comparativo con otros países.
Los empresarios que en realidad apuestan su patrimonio en proyectos de negocios lícitos merecen ganar dinero, siempre que paguen los gravámenes en México. Ellos en lo personal, al igual que sus compañías, deben enterar el Impuesto sobre la Renta sin artificios propios de la evasión fiscal. El reto del Servicio de Administración Tributaria es detectar oportunamente esas artimañas, cuando existan, y perseguirlas legalmente, incluso por la vía penal, como una condición propia de la justicia fiscal, para que de ese modo todos contribuyamos al gasto público conforme a nuestra verdadera capacidad económica.
Los megarricos tienen la posibilidad de aprovechar al máximo las facilidades y ventajas que conceden las leyes. En eso no hay pecado alguno. Sin embargo, los empresarios a veces se exceden, en grado de ilegalidad, con la simulación de operaciones con bienes intangibles en el extranjero—marcas, por ejemplo—, la compra de pérdidas fiscales apócrifas, la atribución de residencia fiscal ficticia en países de baja o nula tributación, los bonos de productividad irreales a sus trabajadores, la subcontratación laboral también falsa o las operaciones celebradas con empresas fantasma. En estos casos, si los ricos pagan menos impuestos que lo correcto, el Estado tiene que actuar con toda la fuerza en su contra. La lógica se impone.
En una <a href="https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2024-01/Davos%202024%20Report%20-%20Spanish.pdf">propuesta reciente</a>, Oxfam exhorta a aumentar drásticamente los impuestos a las empresas y a los megarricos. Esto incluye la creación de nuevas contribuciones, como lo han hecho varios países de Europa, por ejemplo: impuesto extraordinario a la banca, impuesto extraordinario a las compañías energéticas e impuesto extraordinario a las grandes fortunas (en España utilizaron la expresión de ‘impuesto de solidaridad’). Así se ha satisfecho, de manera parcial y con gran encono político y constitucional, la exigencia de que los ricos soporten mayores cargas tributarias.
En México, dada la situación precaria de las finanzas públicas y la necesidad urgente de aumentar la recaudación fiscal, el incremento, directo y generalizado, del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado tendría un alto costo político, social y electoral para quien ocupe la presidencia. Por ello, el establecimiento de contribuciones extraordinarias, como las antes indicadas, es una alternativa real y viable en nuestro país. De este modo, se abre la posibilidad de que el Impuesto al Activo pueda restablecerse.
<a href="https://twitter.com/LuisPerezdeAcha" target="_blank" rel="noopener">@LuisPerezdeAcha</a>

Que paguen los ricos

El boquete de las finanzas públicas es descomunal y la magnitud del déficit fiscal, alarmante. El diferencial entre los ingresos y gastos proyectados para 2024 está en rojo y es de 1.8 billones de pesos, que representa el 5.4 % del producto interno bruto y que tendrá que cubrirse con un mayor endeudamiento del gobierno federal, aprobado por 2 billones.
En la danza tortuosa de los números se pierde la dimensión del problema. El 22 % —más de 1/5 parte— del gasto público total por 9 billones se solventará con deuda. De otro modo dicho, 2 billones de pesos equivalen al 66 % del ISR o al 138 % del IVA a recaudarse en este año. En una operación simple, ello sería tanto como si el Servicio de Administración Tributaria nos cobrara a los contribuyentes 2/3 partes más de ISR o 1.4 veces más de IVA, lo cual es inviable en el corto y mediano plazos, ni siquiera subiendo las tasas y tarifas de ambos impuestos, lo que además sería suicida para efectos políticos, sociales y electorales.
México se ha subido al tobogán, que puede convertirse en una bola de nieve, de vivir de préstamos, sacando dinero de un cajero para pagar las tarjetas de crédito en otro cajero. Los grupos contrarios al presidente López Obrador lo culpan por sus programas sociales, las obras faraónicas como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y el reflotamiento de Mexicana de Aviación.
Son cuestionamientos que no tienen defensa. Sin embargo, existen algunas bombas que se han venido agrandando durante décadas, desde gobiernos anteriores. Un ejemplo son las pensiones y subsidios, que en 2024 ascenderán a 2 billones (igual que el endeudamiento). Otro tema son los intereses y comisiones de la deuda pública, que superarán 1.2 billón de pesos, o sea, el 13 % del gasto total. Un caso adicional es el agujero negro de Pemex, cuyos pasivos por deuda y proveedores ascienden a más de 3 billones. Por último, las transferencias federales a estados y municipios serán de 2.5 billones.
La danza de los billones es espectacular. Al común de los ciudadanos nos parecen irreales e inentendibles. La cobija de los ingresos fiscales es demasiado pequeña para cubrir la totalidad de los gastos comprometidos para este año. Sin la contratación de deuda, México colapsaría por la insolvencia de las finanzas públicas y, ante la carencia de flujo, el gobierno estaría imposibilitado para sacar adelante el gasto corriente de 2024 que, adicionado con pensiones. representará el 82 % del presupuesto total. Sería inadmisible suponer, por ejemplo, el impago de pensiones, de Cetes y a instituciones crediticias del extranjero.
La polémica por el endeudamiento de 2 billones es que no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución Federal: que el gobierno solo puede contratar préstamos para la ejecución de obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos; los que se realicen con propósitos de regulación monetaria; las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda; o bien, los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Ejecutivo federal.
En días pasados, un grupo de senadores de oposición promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra del Presupuesto de Egresos en el rubro que autorizó la deuda. La argumentación es seria y convincente, y se centra en dos premisas: la primera, que los flujos provenientes de ese endeudamiento no están etiquetados para ninguno de los fines enlistados en el texto constitucional, y la segunda que, en consecuencia, una buena parte de la deuda se canalizará al gasto corriente del gobierno federal.
La suerte de esa acción de inconstitucionalidad es incierta, pues el criterio reiterado por la Suprema Corte, aunque con excepciones, es de abstenerse de resolver conflictos relacionados con temas presupuestales. Hace pocos meses, ocho ministros votaron por la improcedencia de una acción de igual tipo presentada por un grupo de diputados federales en contra del Presupuesto de Egresos para 2022, bajo la consideración técnica de que las partidas ahí contenidas no son normas generales, sino actos administrativos de la Cámara de Diputados.
Con independencia de las vicisitudes jurídicas a decidirse por la Suprema Corte, es justificado el posicionamiento político, con matices electorales, de los senadores que promovieron la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, ellos saben que una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de dicho endeudamiento sería catastrófica para las finanzas públicas de México, no para el presidente López Obrador.
La deficiencia de la deuda pública es histórica y sistémica. La Constitución Federal ha sido reformada en 1945, 1993 y 2015 para atajar el problema y evitar el dispendio e ineficiencia de los recursos obtenidos mediante deuda, sin resultados efectivos. Año tras año, una parte importante del endeudamiento autorizado al gobierno federal se destina a gasto corriente. De hecho, en lo estructural, la deuda de todos los estados y municipios del país tiene la misma falla. La realidad se impone, no obstante la violación a las restricciones constitucionales para su contratación.
Por ello, el hipotético pronunciamiento de inconstitucionalidad del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 pondría en jaque la validez de la deuda pública nacional e implicaría, indirectamente, la nulidad de una parte importante del endeudamiento de los estados y municipios con el sistema bancario, con los problemas que ello acarrearía. No está de más recordar que hace más de diez años, la Suprema Corte declaró la invalidez de los esquemas de financiamiento instrumentados por Sonora y Veracruz, a través de fideicomisos de garantía y pago respaldados con contribuciones locales, y los aprietos en que puso a las finanzas de ambos estados y a los mismos bancos.
Una situación aleatoria es que la acción de inconstitucionalidad en contra del Presupuesto de Egresos se convierta en un búmeran envenenado en contra de los senadores que la presentaron. Así sucedió en el caso de Sonora, en el que un grupo de diputados locales panistas presentaron una acción de igual naturaleza en contra de la autorización al entonces gobernador Eduardo Bours, del PRI, para constituir el fideicomiso antes señalado; pero resultó que la invalidez del mismo se declaró —y perjudicó— al gobernador Guillermo Padrés, del PAN.
Para cumplir con los estándares fijados por organismos y calificadoras internacionales, el reto de la siguiente presidenta será reducir el déficit fiscal al 3.5 % del producto interno bruto en 2025, lo cual implicaría reducir, en números gruesos, la brecha entre ingresos y gastos en 500 mil millones (medio billón) de pesos, y luego darle otro bajón al 3 % en 2026. De no hacerlo, se corre el riesgo de potenciar el ciclo perverso de un endeudamiento desmedido, alejado cada vez más de las condiciones establecidas por la Constitución Federal.
La gran pregunta, que no tiene aún respuesta, es cuál será la receta mágica para lograrlo. En lo conceptual, la fórmula es simple, aunque difícil de alcanzar: reducir los gastos y a la par aumentar los ingresos tributarios. Mientras ello sucede, la fatalidad de una deuda pública creciente seguirá presente en los años siguientes, a pesar de las restricciones constitucionales.
<a href="https://twitter.com/LuisPerezdeAcha" target="_blank" rel="noopener">@LuisPerezdeAcha</a>

Deuda pública para 2024, ¿es inconstitucional?

Las finanzas públicas hacen agua y las empresas fantasma navegan con impunidad. El daño que ocasionan es doble: son efectivas para evadir impuestos y son todavía mejores para <a href="https://front.animalpolitico.com/la-otra-corte/facturas-falsas-corrupcion/" target="_blank" rel="noopener">desviar recursos</a> de los gobiernos federal, estatales y municipales.
Recordemos tres aspectos de las factureras o EFOS —acrónimo de &#8217;empresas que facturan operaciones simuladas&#8217;—. El primero es que son reales: están constituidas ante notario público, se encuentran inscritas en el registro federal de contribuyentes y tienen cuentas bancarias. Se les llama fantasma por una cuestión histórica, aunque ahora también se les denomina empresas fachada o pantalla, pero son lo mismo.
La segunda característica es que los dueños reales son fantasmas, pues para efectos de sus transas nunca dan la cara. Los socios que aparecen son <a href="https://front.animalpolitico.com/la-otra-corte/los-prestanombres/" target="_blank" rel="noopener">simples prestanombres</a> en muchos casos ilocalizables, o bien, son personas físicas inexistentes, incluso muertas, o a quienes les han robado su identidad, como sucedió al presidente López Obrador y a su esposa para constituir <a href="https://front.animalpolitico.com/2019/09/amlo-registro-sat-26-empresas-veracruz/">26 </a><a href="https://front.animalpolitico.com/2019/09/amlo-registro-sat-26-empresas-veracruz/" target="_blank" rel="noopener">empresas fantasma</a>. El cinismo de los factureros es estoico.
El tercer aspecto de las EFOS es que las obras y servicios que proveen son también fantasma, es decir, son inexistentes y resultado de maniobras para simular (falsear) que las obras se ejecutaron y los servicios se prestaron. Por ello, no es extraño que, a pesar de que se realice el gasto para construir hospitales o escuelas, los mismos sean inexistentes o solo tengan tres ladrillos puestos. La <a href="https://front.animalpolitico.com/estafa-maestra/" target="_blank" rel="noopener">Estafa Maestra</a> es el prototipo del desvío de casi 8 mil millones de pesos por servicios que nunca se proporcionaron.
Las empresas fantasma son versátiles. Además de depredar al erario vía la evasión fiscal y la corrupción pública, su función predominante es el lavado de dinero. Por eso aparecen también ligadas al tráfico de drogas, de armas y de personas. Sus esquemas operativos son propios de la delincuencia organizada y sus transacciones siempre a través del sistema bancario.
La <a href="https://front.animalpolitico.com/la-otra-corte/se-acabo-la-fiesta-el-giro-negro-de-las-factureras/" target="_blank" rel="noopener">reforma penal-fiscal de enero de 2020</a> inhibió en seco, aunque en forma temporal, la compraventa de facturas como mecanismo para evadir impuestos. Sin embargo, el negocio de las EFOS no decayó. Simplemente, su mercadotecnia se redireccionó al aumento de contrataciones públicas, sobre todo en las entidades federativas, cuyos presupuestos se integran, en su gran mayoría, con participaciones y aportaciones federales provenientes de ingresos recaudados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En 2022, esas transferencias ascenderán a 1.8 billones de pesos, un manjar exquisito para los factureros, equivalente al 90 % del total de ISR por 2 billones.
Es así como la corrupción se ha potenciado, con independencia del color de los gobernantes en turno.
Depredar las arcas públicas es sencillo y sin riesgo alguno. A nivel federal, estatal y municipal el presupuesto es elevado. En la lógica de los funcionarios deshonestos es un &#8216;error&#8217; no adueñarse del dinero a través de las EFOS. La paradoja es que algunos de ellos son, de hecho, los factureros, incluso desde el propio SAT, como lo evidenciaron las empresas fantasma cuyos socios (falsos, con identidad robada) eran López Obrador y su esposa.
Las empresas fantasma son multifuncionales: lo mismo realizan operaciones falsas para evadir impuestos que celebran <a href="https://front.animalpolitico.com/la-otra-corte/se-acabo-la-fiesta-el-giro-negro-de-las-factureras/" target="_blank" rel="noopener">contratos de obras y servicios públicos inexistentes</a>. También se utilizan para lavar dinero, así como para transferirlo a paraísos fiscales o retornarlo a México. Todas esas conductas delictivas se cometen, por supuesto, a través del sistema financiero. La idea de que los pagos entre contribuyentes y de los entes gubernamentales se realizan en efectivo es arcaica e irreal. No hubo manera de que los recursos de la Estafa Maestra se operaran en billetes físicos.
De igual modo, las EFOS se utilizan para dar salida a las &#8216;comisiones&#8217; pagadas por los empresarios a los funcionarios en virtud de los contratos públicos que estos les asignan. Son gastos ilegales que, para deducirse, los contribuyentes respaldan con facturas de empresas fantasma.
Otra variante de las factureras es que los recursos desviados sirven para financiar campañas políticas, obviamente en forma ilícita. El negocio es redondo para partidos políticos, candidatos y gobernantes electos, lo que garantiza su propia imbatibilidad. Los funcionarios corruptos son los primeros desinteresados en combatir el problema, ni siquiera para aminorarlo.
A diario leemos noticias sobre desfalcos mediante empresas fantasma. Uno de los principales problemas es que la legislación tributaria, como el famoso artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, <a href="https://front.animalpolitico.com/la-otra-corte/el-sat-frente-a-la-corrupcion/" target="_blank" rel="noopener">solo alcanza para combatir la evasión fiscal</a>. Esa legislación es inaplicable en contrataciones públicas e insuficiente para imputar delitos de corrupción gubernamental. En el horizonte cercano, una reforma legal de gran calado en el ejercicio y destino del gasto público parece inviable.
El erario naufraga por el lado de los ingresos y de los egresos. La codicia es alta y los intereses en juego, enormes. Cualquier reforma fiscal que implique el aumento de las tasas impositivas incrementará proporcionalmente el apetito de los factureros. La historia así lo demuestra.
Dada la debilidad estructural de las finanzas públicas, el combate a las empresas fantasma deberá asumirse como una decisión de Estado. Pronto tendrá que suceder, pues la fuga por la evasión fiscal y la corrupción gubernamental es billonaria. A fin de cuentas, la realidad se impondrá sobre los mismos funcionarios.
<a href="https://twitter.com/LuisPerezdeAcha" target="_blank" rel="noopener">@LuisPerezdeAcha</a>

Empresas fantasma y desfalco público

La obstinación por la prisión preventiva oficiosa —automática— en los delitos fiscales es desaconsejable. Con morbo y algo de sadismo nos regocijamos cuando a alguien le aplican esa medida; inferimos su culpabilidad, alentada por los medios de comunicación. Estamos convencidos de que los evasores fiscales, aunque presuntos, deben ingresar inmediatamente a la cárcel.
Esta idea, como lo <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6633" target="_blank" rel="noopener">resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación</a> el pasado 25 de octubre, es claramente inconstitucional. La prisión preventiva oficiosa solo procede respecto de los delitos establecidos en el artículo 19 de la Constitución, por ejemplo: delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, desaparición forzada de personas, narcotráfico y la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Los delitos fiscales están excluidos.
La prisión preventiva oficiosa es la excepción, no la regla general. El sistema penal acusatorio introducido en la reforma constitucional de 2008 afianzó la presunción de inocencia de los acusados. El ministerio público tiene que probar fehacientemente su culpabilidad y solo puede encarcelárseles cuando exista una sentencia judicial que los condene. Así es como debe operar en los casos de defraudación fiscal.
La finalidad de la prisión preventiva no es la privación de la libertad de manera anticipada. El objetivo es garantizar la comparecencia de los imputados en los juicios y el adecuado desarrollo de las investigaciones ministeriales, así como la protección de las víctimas, de los testigos y de la comunidad. La lista de delitos en el artículo 19 constitucional es reducida, evidenciando con ello su excepcionalidad y el rigor de la presunción de inocencia.
Para la defraudación fiscal, la opción es la prisión preventiva justificada. Como medida no-automática se aplica en los casos en que, por ejemplo, exista el riesgo de fuga de los acusados, como sucedió con Rosario Robles y Emilio Lozoya. Por eso no hay que “poner los bueyes detrás de la carreta” y justificar la prisión preventiva oficiosa a partir de ese riesgo. De hecho, si dos de los grandes factureros —<a href="https://front.animalpolitico.com/2021/02/raul-beyruti-perfil-rey-outsourcing-aprehension-fgr/" target="_blank" rel="noopener">Raúl Beyruti</a> y <a href="https://front.animalpolitico.com/2021/10/interpol-ficha-roja-ines-gomez-mont-esposo-victor-manuel-alvarez-puga/" target="_blank" rel="noopener">Víctor Álvarez Puga</a>— lograron escapar del país quizá fue porque alguien de la Secretaría de Hacienda o de la Fiscalía General de la República les dio el pitazo.
La reforma penal-fiscal en vigor desde enero de 2020 agudizó la obsesión por la prisión preventiva oficiosa en la evasión fiscal y la compraventa de facturas falsas, cuando excedan de $ 8.7 millones. La reforma también catalogó estos delitos como amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, todo ello fue declarado inconstitucional hace unos días.
El tema que sigue pendiente de resolución en la SCJN es la calificación de ambos delitos como delincuencia organizada que, como antes lo señalé, es un supuesto contemplado en el artículo 19 de la Constitución para la prisión preventiva oficiosa.
Seguir aferrados a la prisión preventiva oficiosa carece de sentido constitucional. La decisión de la SCJN obliga a centrar el análisis en lo que es relevante: acusaciones debidamente integradas en contra de evasores fiscales, con investigaciones poderosas y bien fundamentadas, para obtener del Poder Judicial sentencias condenatorias con penas de hasta 13.5 años de prisión por defraudación fiscal y, cuando proceda, otros 15 por lavado de dinero. Esto sería una verdadera política de procuración y persecución de los delitos cometidos en perjuicio de la Hacienda pública.
Frente a esas penas, la prisión preventiva palidece. Lo importante es robustecer la percepción de riesgo entre los evasores fiscales. Para una empresa trasnacional o uno de los grandes contribuyentes —también para medianos y pequeños— no es tema menor que el presidente del consejo de administración o algunos sus consejeros, el director general y el director de finanzas, queden vinculados a un proceso penal ante un juez federal, incluso sin prisión preventiva. El escenario es tenebroso e incompatible con su estatus profesional y social: semanas de comparecencias interminables, sometidos al escrutinio e interrogatorios de la Fiscalía General de la República.
La obsesión por la prisión preventiva oficiosa es la aceptación implícita de que el sistema de procuración e impartición de justicia penal está quebrado. Es conformarse con una medida que opera como parte de la pena privativa de la libertad, a sabiendas de que son bajas las posibilidades de obtener sentencias de condena para los delincuentes fiscales. Como la prisión preventiva es un cañón que apunta a la cabeza de los contribuyentes, la tentación es convertirla en instrumento de extorsión para los funcionarios en lo personal.
En el caso de las factureras, llama la atención que la prisión preventiva oficiosa se limite a la defraudación fiscal. Lo ilógico es que esta medida no está prevista para el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero, que son otras de las <a href="https://open.spotify.com/episode/3hQMRNQP6yPmSpk8ZKBL5E" target="_blank" rel="noopener">multifuncionalidades de las empresas fantasma</a>. Un contrasentido que evidencia la disfuncionalidad de la política de persecución criminal en los delitos de cuello blanco.
La obcecación por la prisión preventiva oficiosa fomenta la ineficiencia institucional de la Secretaría de Hacienda. Es más fácil y cómodo —arbitrario, también— amenazar a los contribuyentes con privarlos anticipadamente de la libertad, que armar investigaciones que satisfagan requisitos constitucionales y legales y que, además, demuestren a los jueces la responsabilidad penal de los inculpados. De ahí la valía de la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
<a href="https://twitter.com/LuisPerezdeAcha" target="_blank" rel="noopener">@LuisPerezdeAcha</a>

La obsesión por la prisión preventiva

Las empresas fantasma depredan las finanzas públicas. Mediante esquemas simples y de fácil articulación, los contribuyentes las utilizan en forma virulenta para evadir impuestos y las dependencias gubernamentales para desfalcar al erario. En los últimos 10 años, en los estados y municipios la corrupción a través de las factureras ha sido monumental.
Las empresas fantasma son reales, aunque prevalezca la idea de que son falsas. De ahí su nombre, se piensa. Sin embargo, las sociedades existen: se constituyen ante notario público, se inscriben en el Registro Público de Comercio y cuentan con Registro Federal de Contribuyentes. Sus comprobantes fiscales son válidos, al emitirse utilizando la plataforma del Servicio de Administración Tributaria. Por eso es que la Unidad de Inteligencia Financiera prefiere llamarlas empresas fachada.
En los hechos todo es simulado. Los socios son personas físicas que se identifican con credenciales oficiales del Instituto Nacional Electoral. Por ello, los notarios públicos, al igual que el SAT y las instituciones bancarias, no pueden cuestionar su autenticidad ni rechazarlas como identificaciones válidas. Tampoco pueden negarles los servicios que solicitan basándose en el perfil socioeconómico o los rasgos fisonómicos que, meses o años después, resultan discordantes con el monto facturado por las empresas que constituyeron. Hacerlo sería claramente discriminatorio e inconstitucional.
En realidad, lo fantasmal son los accionistas de las factureras: no son los verdaderos dueños del negocio negro ni los artífices de las transas. En el mejor de los casos son prestanombres profesionales especializados en operar el fraude fiscal y la corrupción pública; en otros, se trata de trabajadores —destacadamente choferes y personal doméstico— quienes con engaños o amenazas de sus patrones aceptan fungir como socios de las empresas.
Otro problema en la creación de empresas fachada es el robo de identidad con credenciales oficiales del INE. Estas son válidas, aunque la filiación de quienes aparecen en ellas es falsa. Es así, por ejemplo, que Luis Pérez de Acha aparece en una credencial —no la mía— con la fotografía, domicilio y registros biométricos de otra persona, que es quien suplanta y hurta mi identidad.
Los niveles de osadía y cinismo son descomunales: en una mañanera en septiembre de 2019, el presidente López Obrador acusó que él y su esposa fueron víctimas de esa fechoría y que con sus nombres se habían <a href="https://cobertura360.mx/2019/09/25/politica/le-siembran-a-amlo-26-empresas-fantasma-ante-el-sat/" target="_blank" rel="noopener">constituido 26 empresas fantasma en Veracruz</a>. En el sexenio de Peña Nieto, el mismo problema lo tuvo un jefe del SAT a quien, ocupando ese cargo, le robaron la identidad en Jalisco para dar de alta a más de 80 empresas fachada. En los dos casos, las tramas delictivas se articularon por funcionarios del propio SAT, evidenciando así el descaro e impunidad de los implicados. En casa del herrero, azadón de palo.
El robo de identidades con credenciales del INE no obedece a corrupción en esa institución. El problema se ubica en los <a href="https://www.ine.mx/credencial/documentos-necesarios/" target="_blank" rel="noopener">requisitos legales para obtenerlas</a>, en cuyo origen se encuentran los documentos primarios de identificación para dar inicio al primer trámite de registro, como actas de nacimiento, licencias de conducir y credenciales escolares o laborales, que son de fácil falsificación. Incluso, si no se cuenta con alguna identificación ni comprobante de domicilio, con dos testigos basta.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen ubicado el problema; sin embargo, no se han implementado medidas integrales de prevención ni de solución efectivas. Los hechos así lo demuestran. Si AMLO, su esposa y un jefe del SAT fueron víctimas de robo, la vulnerabilidad de la mayoría de los ciudadanos es extrema.
En años recientes, la compra de facturas disminuyó notoriamente. Ello obedeció a las campañas de fiscalización en contra de los contribuyentes que las adquirieron. Dada la complejidad para rastrear a los verdaderos dueños de las factureras e imputarles responsabilidades —el SAT tiene listadas 11 mil empresas, de un universo de decenas de miles más—, las autoridades han centrado la persecución en contra de quienes compran los comprobantes. Algunos de estos han preferido aceptar su responsabilidad, regularizarse y pagar los adeudos fiscales. Otros han optado por litigar los casos ante los tribunales federales, con los respectivos costos y contingencias que, en el futuro, podrían incluso llevarlos a la quiebra.
La campaña emprendida por el Procurador Fiscal de la Federación con el (estupendo) eslogan: “<a href="https://www.elfinanciero.com.mx/economia/factureras-seran-acusadas-por-defraudacion-fiscal-y-lavado-de-dinero-la-fiesta-se-acabo-procuraduria-fiscal/" target="_blank" rel="noopener">se acabó la fiesta</a>” y que se remató con la <a href="https://contaduriapublica.org.mx/2020/02/05/reforma-fiscal-penal/" target="_blank" rel="noopener">reforma penal-fiscal de enero de 2020</a>, que categoriza como delincuencia organizada a la compra de facturas, aumentó el desinterés por echar mano de ese esquema de evasión fiscal.
En la medida en que se intimidó a los contribuyentes, la operación de los <a href="https://front.animalpolitico.com/la-otra-corte/facturas-falsas-corrupcion/" target="_blank" rel="noopener">factureros creció en el sector gubernamental</a> de manera exponencial, también mediante operaciones simuladas, es decir, con obras y servicios fantasma. El desvío de recursos públicos ha sido espeluznante; una sangría implacable. Un día sí y otro también, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de desfalcos por cientos de miles de millones de pesos.
Las factureras son la vía predilecta para la corrupción gubernamental. Robar dinero del erario es relativamente fácil. Lo difícil es encontrar un estado o municipio que no esté enredado con empresas fachada; numerosas dependencias federales también. En una situación lastimosa y patética, prácticamente todos los gobiernos locales han estado involucrados en el enjuague. Sin embargo, los funcionarios responsables de esos latrocinios —los corruptos que se quedan con el dinero— siguen libres e impunes, sin encarar responsabilidades legales. En todo caso, quienes pagan los platos rotos son servidores públicos de bajo perfil que, por inadvertencia o amenazas de sus jefes, tramitan y firman las contrataciones con factureros.
Contra lo esperado, la percepción de riesgo entre los contribuyentes disminuyó en 2021. El combate a las empresas fantasma ha sido infructuoso y anodino. <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/07/va-procuraduria-fiscal-contra-100-usuarios-de-facturas-falsas/" target="_blank" rel="noopener">Admoniciones van y amenazas vienen</a>, pero los resultados penales son bajos y los grandes factureros permanecen impávidos, sabedores de su impunidad; lo mismo sus clientes. Como resultado, las empresas fachada resurgen con desenfreno como un mecanismo ágil para evadir impuestos: con poco esfuerzo y algo de intrepidez, la rentabilidad es enorme. Incluso, ser facturero da <a href="https://front.animalpolitico.com/2021/09/ines-gomez-mont-mansion-miami-cher/" target="_blank" rel="noopener">prestigio social</a> y hasta <a href="https://www.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/raulbeyrutisanchezocdefil2018.htm" target="_blank" rel="noopener">estatus profesional</a>.
Cientos de evasores nacionales, regionales y estatales disfrutan sin aprensiones del dinero mal habido y de su libertad. La resonancia de las acciones en contra del <a href="https://front.animalpolitico.com/2021/02/raul-beyruti-perfil-rey-outsourcing-aprehension-fgr/">Rey del </a><a href="https://front.animalpolitico.com/2021/02/raul-beyruti-perfil-rey-outsourcing-aprehension-fgr/" target="_blank" rel="noopener">Outsourcing</a> y de una <a href="https://front.animalpolitico.com/video/asi-fue-como-gomez-mont-y-alvares-puga-presuntamente-desviaron-casi-3-mdp/" target="_blank" rel="noopener">figura del jet set casado con una presentadora de televisión</a> solo significa que para estos personajes el negocio terminó, aunque no necesariamente en prisión. En el mercado pronto irrumpirán nuevos jugadores, como sucede cuando caen los capos de las drogas.
El negocio de las empresas fantasma es más lucrativo que el narcotráfico y menos riesgoso. Consideremos, por ejemplo, la <a href="https://front.animalpolitico.com/estafa-maestra/" target="_blank" rel="noopener">Estafa Maestra</a>, arquetipo de la corrupción gubernamental que representó un desfalco al erario de 400 millones de dólares, libres de polvo y paja. Ahora pensemos en los grandes narcotraficantes de México y lo que lidian para obtener una ganancia de igual tipo: persecuciones de la Marina y del Ejército mexicanos, la DEA y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, guerras con otros grupos delictivos, huidas a salto de mata, decomisos y bloqueos de cuentas bancarias, traficar y exportar la droga, importar armamento, administrar recursos humanos proclives a la violencia y la traición, y, lo peor, que ellos y sus familias terminen en prisión. Mejor facturero que narco, sin duda.
Las empresas fantasma operan a la manera de <a href="https://www.nexos.com.mx/?p=31264" target="_blank" rel="noopener">cárteles delincuenciales</a>. Combatirlas tendría que constituirse como una decisión de Estado, en un esfuerzo coordinado y estratégico de los órganos de gobierno responsables de actuar contra la evasión fiscal, la corrupción y el lavado de dinero. El problema es que funcionarios de todos los colores forman parte de las organizaciones de cuello blanco.
En una ‘guerra de guerrillas’ contra la Hacienda pública, las autoridades federales pierden la batalla frente a las factureras. Las listas negras del SAT crecen a paso lento, la Procuraduría Fiscal de la Federación no articula querellas penales eficientes, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación aprietan, pero la Fiscalía General de la República permanece impávida, con el regocijo de los evasores fiscales y funcionarios corruptos, y el azoro de los contribuyentes cumplidos.
<a href="https://twitter.com/LuisPerezdeAcha" target="_blank" rel="noopener">@LuisPerezdeAcha</a>

¿Se acabó la fiesta? El giro negro de las factureras

Es más fácil hacer leyes que gobernar
León Tolstói
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Las prisas en la Cámara de Senadores por aprobar una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República carecen de sentido. Es cierto que la ley aún vigente, publicada en diciembre de 2018, establece la conveniencia de revisar y, en su caso, modificar el marco constitucional y legal de la FGR, un año después del nombramiento de Gertz Manero como su titular, el 18 de enero de 2019. Han pasado 24 meses y el retraso de un año, sin embargo, no justifica que ahora, de súbito, se precipiten los tiempos.
La <a href="https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2020-10-07-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Monreal_LFGR-LOFGR.pdf" target="_blank" rel="noopener">iniciativa</a> de la Ley Orgánica quiso sacarse adelante al cierre de las sesiones en diciembre pasado. Al no lograrse, se convocó a un <a href="http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49980-acuerdan-periodo-extraordinario-el-15-de-enero-para-analizar-nueva-ley-de-la-fgr.html" target="_blank" rel="noopener">período extraordinario</a> para el 15 de enero de este año, que por la crisis sanitaria fue suspendido. Como lo anunció el <a href="https://twitter.com/RicardoMonrealA/status/1347666553823641600" target="_blank" rel="noopener">senador Ricardo Monreal</a>, el proyecto será discutido en el período ordinario que iniciará el 1º de febrero.
En un <a href="https://front.animalpolitico.com/2020/12/omisiones-riesgo-retroceso-dos-anos-ley-fgr/" target="_blank" rel="noopener">informe</a> presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, más de 200 organizaciones y especialistas agrupados en el colectivo #FiscalíaqueSirva revelan múltiples omisiones, retrasos y violaciones a la Ley Orgánica de la FGR, que han impedido la transformación de esta dependencia. Ahora, sin ninguna explicación, se pretende derogar la ley completa y sustituirla con una nueva que desaparezca el Consejo Ciudadano y concentre mayores poderes en el Fiscal General, sin contrapesos internos.
Desde la r<a href="http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&amp;fecha=10/02/2014" target="_blank" rel="noopener">eforma constitucional de febrero de 2014</a>, el diseño de la FGR tiene inconvenientes destacados. El primero es la autonomía del órgano que recae en una sola persona, a diferencia de lo que sucede con este tipo de órganos cuyas decisiones trascienden al funcionamiento del Estado o inciden en los ciudadanos, y que son siempre colegiados: Banco de México, Comisión Federal de Competencia, Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo.
En el caso de la FGR, sus actuaciones ponen en suerte la libertad, el patrimonio y la tranquilidad de los particulares, como manifestaciones del imperium del Estado. En vías de hecho, su poder es descomunal, mucho mayor que del presidente de la República. Un leviatán constitucionalizado.
A esto se liga otro inconveniente: la duración del cargo del titular es de nueve años, un 50% más que el presidente y los gobernadores, con el riesgo connatural de que la autonomía constitucional se pervierta y se transforme en autoritarismo. Además, el Fiscal General es difícilmente removible, pues solo puede hacerlo el ejecutivo federal y por causas graves establecidas en la ley, pero que pueden objetarse por la mayoría de los senadores.
Estas disfuncionalidades enfatizan lo que ya sabemos: las reformas no pueden ser un impromptu legislativo. La Ley Orgánica vigente determina que los cambios tienen que ser producto de una convocatoria pública previa cuyos objetivos serán la identificación, discusión y formulación de las modificaciones necesarias para la operación óptima de la FGR. La consulta deberá garantizar condiciones de apertura, transparencia y participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y representantes del sector privado. Los resultados serán públicos y se comunicarán al Congreso de la Unión. Es evidente que el <a href="https://lfgr.senado.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">Café Temático Virtual</a> al que en días pasados invitó el Senado no satisface esas condiciones.
Los apremios parlamentarios han ocasionado el incumplimiento de los requisitos legales indicados. Tampoco se realizaron las evaluaciones ordenadas por la actual ley sobre la pertinencia de cambios estructurales en la función ministerial y de persecución penal, el modelo de investigación criminal, la competencia, el servicio profesional de carrera, los órganos ciudadanos, los derechos humanos y la atención a víctimas. Así mismo, quedaron sin revisión el régimen de responsabilidades de los servidores públicos de la Fiscalía, la estructura institucional y el sistema de transición.
La iniciativa ha provocado múltiples reparos. La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos <a href="https://borde.mx/wp-content/uploads/2020/12/carta-Senado-Ley-Orga%CC%81nica-de-la-Fiscali%CC%81a.pdf" target="_blank" rel="noopener">destacó</a>, entre otros aspectos, la inconveniencia de suprimir el Consejo Ciudadano —que nunca se integró—, eliminar el servicio civil de carrera y excluir a la FGR de participar como integrante de órganos de toma de decisión en desaparición de personas, protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y derechos de las mujeres.
A las anteriores consideraciones, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación <a href="http://www.alejandroencinas.mx/home/necesario-abrir-un-debate-publico-sobre-una-reforma-integral-en-materia-de-justicia/" target="_blank" rel="noopener">añadió</a> que la iniciativa implica una subordinación de los organismos autónomos constitucionales, de la administración pública federal y de las entidades federativas, al ministerio público.
La intención de suprimir el Consejo Ciudadano implicaría la eliminación de contrapesos internos al Fiscal General y acrecentaría su poderío. De aprobarse la nueva Ley Orgánica, en 44 largas fracciones del artículo 12 se enlistan todas las facultades que él ejercería, de manera unipersonal y unilateral —sin pasar por órganos colegiados—, entre las que destacan las siguientes:
a) Expedir el Estatuto Orgánico de la FGR, así como de acuerdos, protocolos, lineamientos, circulares, instructivos, bases, criterios, el manual de organización y demás disposiciones administrativas generales para los ministerios públicos.
b) Determinar las políticas para la investigación y persecución penal federal, y para la aplicación de los criterios de oportunidad.
c) Solicitar a los jueces federales la autorización para intervenir comunicaciones privadas.
d) Emitir protocolos que regulen operaciones encubiertas y la infiltración de agentes para investigaciones.
e) Autorizar la cancelación de órdenes de aprehensión y del no ejercicio de la acción penal.
f) Autorizar la sustitución de la prisión preventiva oficiosa por otra medida cautelar permitida por las leyes.
g) Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la FGR y establecer los criterios generales en materia de recursos humanos, condiciones generales de trabajo, tabuladores y remuneraciones, y otorgar estímulos por productividad o desempeño.
En una categoría especial se ubica la facultad para emitir las disposiciones normativas sobre obra pública. Ciertamente, el Fiscal General tiene que sujetarse a la ley de la materia, pero ostentando libertad absoluta para fijar las reglas aplicables. La relevancia de este poder está en que, desde el año pasado y durante varios ejercicios más, la FGR construirá un enorme <a href="https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/05/sede-de-fgr-se-trasladara-a-inmueble-en-carretera-mexico-toluca-8913.html" target="_blank" rel="noopener">desarrollo inmobiliario</a> en el kilómetro 14.5 de la Carretera Federal México-Toluca, en la Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre dos predios: uno de <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594553&amp;fecha=05/06/2020" target="_blank" rel="noopener">76,408</a> metros cuadrados y otro de <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594552&amp;fecha=05/06/2020" target="_blank" rel="noopener">86,979</a>.
A lo anterior se añade una reforma al Código Fiscal de la Federación que ha pasado desapercibida. Se trata de su artículo 32-D que en la actualidad regula la opinión positiva de cumplimento de las obligaciones fiscales, como una condición para que los contratistas puedan celebrar operaciones con entes y entidades públicos federales, estatales y municipales. Es así como los contratistas irregulares o que evadan impuestos —sobre todo empresas fantasma— no puedan recibir recursos públicos como pagos. La iniciativa propone excluir a la FGR de la obligación de cumplir con ese requisito, lo que en términos constitucionales es inquietante.
Todos estos señalamientos apuntan a un fortalecimiento disfuncional de la FGR, para volverla no más autónoma, sino totalmente autócrata. De suyo, la nueva Ley Orgánica sería un despropósito y las prisas, inentendibles. El análisis colectivo y la discusión pública, exigidos por la legislación vigente, son el mejor antídoto contra el absolutismo. La opción es simple: cumplamos con la ley.
<a href="https://twitter.com/LuisPerezdeAcha" target="_blank" rel="noopener">@LuisPerezdeAcha</a>

FGR: ¿una nueva autocracia?

&#8220;Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última&#8221;.
Así son las primeras líneas del Acuerdo de AMLO publicado el pasado lunes 11 de mayo. Su fundamento es el artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional que creó a la Guardia Nacional, que dispone:
&#8220;Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria&#8221;.
Conforme al reciente Acuerdo presidencial, las funciones que asumen las fuerzas armadas: Ejército y Marina, en el período del 12 de mayo de 2019 al 27 de marzo de 2024, son las siguientes:
<ul>
<li>Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas.</li>
<li>Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social; y prevenir la comisión de delitos en zonas fronterizas y litorales, aduanas, recintos fiscales y garitas, parques nacionales y presas, inmuebles federales, instalaciones estratégicas y zonas turísticas.</li>
<li>Realizar la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos.</li>
<li>Informar a las personas detenidas sobre los derechos que en su favor establece la Constitución.</li>
<li>Poner a disposición del Ministerio Público a las personas detenidas y los bienes asegurados.</li>
<li>Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, la integridad de los indicios, huellas o vestigios, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.</li>
<li>Colaborar con otras autoridades en funciones de vigilancia, verificación inspección.</li>
<li>Colaborar con las autoridades locales y municipales en la protección de la integridad física y patrimonial de las personas, en situaciones de peligro, por situaciones de violencia o riesgo inminente.</li>
<li>Participar con las autoridades federales, locales o municipales en operativos conjuntos en materia de seguridad pública.</li>
<li>Colaborar con los servicios de protección civil en casos de calamidades, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales.</li>
</ul>
Estas funciones fueron inicialmente establecidas para la Guardia Nacional en el artículo 9º de su Ley Reglamentaria.
Conforme al artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional mencionada, cada año el presidente AMLO rendirá un informe especial sobre las funciones asignadas al Ejército y la Marina, para el análisis y aprobación de la Cámara de Senadores.
<a href="https://twitter.com/LuisPerezdeAcha" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@LuisPerezdeAcha</a>

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