¿Para qué sirve el INAI? Para empoderar a la ciudadanía frente a los gobernantes
En los últimos días se ha planteado reiteradamente la pregunta ¿para qué sirve el INAI? La respuesta es simple: el INAI –o, mejor dicho, el entramado de instituciones, normas y procesos construidos para garantizar el derecho de acceso a la información, del cual el INAI es la pieza central– sirve para empoderar a la ciudadanía frente a los gobernantes.
En una democracia, las y los ciudadanos no somos meros espectadores de lo que hacen los gobiernos ni los actores políticos. El gobierno democrático no se reduce al momento electoral. Las y los ciudadanos no solo nos activamos frente a la urna. La democracia no se acaba en el proceso de definir quienes nos gobiernan. En otras palabras, en una democracia la ciudadanía participa en decidir quiénes nos gobiernan (el acceso al poder), pero también incide en cómo lo hacen (el ejercicio del poder) y en cómo rinde cuentas (el control del poder).
El papel de una ciudadana o de un ciudadano no es solo el de ser votante. Una vez que se elige a quiénes serán sus gobernantes comienzan varias interacciones: como solicitante frente a una ventanilla, como contribuyente al pagar los impuestos, como paciente en un hospital público o madre de familia en una secundaria, beneficiario de un programa social o integrante de un comité de contraloría social. En todas esas interacciones, su capacidad para incidir en el ejercicio del gobierno, para ejercer sus derechos, para conocer cómo se toman las decisiones o cómo se utilizan sus recursos, dependerá de la información con que cuente. ¿Puede conocer las reglas de operación de un programa o los padrones de beneficiarios? ¿Tiene acceso a los datos agregados sobre el gasto en medicamentos o la distribución geográfica del personal de la salud? ¿Puede obtener documentación sobre los contratos de una obra pública que se está realizando en su colonia? Etcétera.
Hasta hace poco tiempo –poco más de dos décadas– la respuesta a todo ello era un no rotundo. Las premisas de la interacción entre gobierno y ciudadanía eran que la información pública era del gobierno, que los funcionarios debían cuidar el secreto administrativo y que nosotros –los gobernados– no teníamos derecho a pedir información puntual y que los periodistas solo deberían tener acceso a la información que los poderosos quisieran compartirles. Esto moldeaba las prácticas periodísticas –donde el acceso a la información pública era esencialmente por boletines emitidos por los gobiernos, entrevistas dadas por los políticos o filtraciones–, la lógica de la investigación académica –donde el análisis de los asuntos públicos era con base en las leyes, los planes, los informes y las entrevistas que llegaran a conceder los funcionarios, pero no los detalles del ejercicio presupuestal ni de la toma de decisiones o sus resultados– y, de manera más grave, en la práctica de la ciudadanía: las personas podían exigir menos porque no tenían información; tenían menos oportunidades de ejercer sus derechos y, frente a los funcionarios que tenían el control de la información, estaban siempre en condición de franca desventaja.
Las reformas legales y constitucionales en materia de transparencia cambiaron la ecuación desde hace 20 años. Al igual que otras reformas que siguieron a la irrupción del pluralismo en la vida pública, estas reformas eran restricciones que limitan a los gobiernos, pero empoderan a las y los ciudadanos. Y, al hacerlo, tienen el potencial de llevar a mejores gobiernos o, si queremos verlo con una mayor dosis de escepticismo, sirven para detectar los abusos de los gobernantes y reducir las posibilidades de malas decisiones, desvíos o daños a las personas o las comunidades. Estas restricciones limitan la autoridad discrecional de los políticos y por tanto empoderan a las personas.
En una democracia, los ciudadanos deberíamos poder conocer toda acción gubernamental, no solo aquella que un político o una funcionara considera conveniente o seguro compartir en una conferencia, en un boletín o en tiktok. Este arreglo, desde luego no le gusta a los gobernantes: no le gustaba a los de antes y no le gusta a los de ahora. No gusta en Turquía, en Reino Unido ni en México. Por eso es importante que haya leyes e instituciones que no dejen el acceso a la información pública sujeto a la voluntad del gobernante en turno. En nuestro caso, la solución que como país nos hemos dado es el INAI y el sistema nacional de transparencia.
Pero no solo bastan las reglas y las instituciones sino también importan los estándares y las herramientas tecnológicas. Y aquí la Plataforma Nacional de Transparencia –que esta semana celebró siete años de existencia–es muestra del efecto empoderador de esos estándares. La reforma constitucional que creó al INAI sirvió también para crear mínimos comunues y una vía uniforme para obtener información de oficio. Esto, quiero señalarlo, no era lo usual. En 2010, cuando desde el CIDE levantamos la Métrica de Transparencia encontrábamos que “existen asimetrías que se identificaron tanto en la calidad de los portales, como en los procedimientos de acceso y las capacidades institucionales a lo largo del país. Estas asimetrías generan que, en un mismo estado y bajo la misma ley, diferentes sujetos obligados se comporten de manera diversa, en ocasiones con altas calificaciones, en otras con notables deficiencias. Visto de otra manera, un ciudadano se enfrenta a situaciones muy distintas en el ejercicio del derecho a la información dependiendo de la entidad federativa, de la dependencia pública y del tipo de información que solicite”. Las personas requerían entrar a muchos portales, con distintos sistemas, contraseñas y procesos para obtener información que tenía características de calidad y periodicidad en función de 32 leyes distintas y criterios definidos desde cada sujeto obligado.
Años después hay nuevos retos (los gobernantes siguen siendo creativos al imaginar formas de evadir responder las solicitudes de información o cumplir las obligaciones), pero sí hay ya estándares compartidos, lineamientos, y un solo espacio –la Plataforma Nacional de Transparencia– donde las personas encuentran esa información.
Esto ha sido útil a periodistas y académicos, a organizaciones y a partidos políticos, pero lo más importante es que ha sido crucial para la ciudadanía. Y por eso hay que recordar que la capacidad que tiene el INAI para garantizar el derecho de acceso a la información es una conquista ciudadana, que ha logrado acotar el ejercicio discrecional del poder y de la información. Ahora ya no son los gobernantes quienes deciden qué información dar a conocer ni cuándo.
Ante la conquista –porque es eso: una conquista ciudadana, no un regalo de los gobernantes– del derecho de acceso a la información, la ciudadanía ganó y el poder público se vio acotado en su discrecionalidad para decidir qué información da a conocer y cuál no. Este derecho, el diseño institucional para garantizarlo y las obligaciones de cada parte del Estado para su cumplimiento están en la constitución. Mientras sigan en la constitución, es obligación de todos los actores políticos hacerlos funcionar.
Ni la lealtad a un político, el cálculo de rentabilidad electoral de corto plazo o el oportunismo disfrazado de austeridad pueden ser excusa para no cumplir con la obligación que tiene el Senado de designar a los integrantes del pleno del INAI. No se trata de defender un puesto, una institución o una diseño legal por sí mismos, sino por su importancia para asegurar que el sistema nacional de transparencia continúe empoderando a la ciudadanía, aunque a los políticos esto les sea incómodo.
Ucrania tiene yacimientos de minerales estratégicos y tierras raras, algunos de ellos en zonas controladas por Rusia, que ahora Trump quiere explotar para asegurar el desarrollo de tecnologías frente al auge de China.
Es un acuerdo que le otorgará a Estados Unidos acceso a una de las riquezas naturales más valiosas de Ucrania, pero aún no está claro que le conceda a Kyiv las garantías de seguridad que busca el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Kyiv y Washington están a punto de firmar un acuerdo sobre el acceso de EE.UU. a valiosos minerales de Ucrania, país que posee enormes yacimientos de tierras raras y minerales cruciales.
Olga Stefanishyna, viceprimera ministra para la integración europea y euroatlántica, ha declarado en X que “las negociaciones han sido muy constructivas y que casi todos los detalles clave están ultimados”.
Añadió que “estamos comprometidos a completarlo rápidamente para proceder a su firma”.
La idea de conceder acceso a EE.UU. a estos minerales valiosos surgió del propio Zelensky, quien se la presentó a Trump en septiembre de 2024 como parte del “plan de la victoria” y era visto como una forma de asegurar el apoyo estadounidense a Kyiv en la guerra contra Rusia.
Tras su llegada a la Casa Blanca, Trump ha mostrado interés en los minerales, pero sin ofrecer las garantías de seguridad buscadas por Ucrania.
“Le dije [a Ucrania] que quiero el equivalente a unos US$500.000 millones en tierras raras, y básicamente han accedido a hacerlo”, dijo Trump al periodista de Fox News Bret Baier el pasado 10 de febrero.
Trump sostenía que esos minerales deberían ser canjeados por el apoyo continuado de EE.UU. a Ucrania en la guerra contra Rusia, pero no daba señales de querer comprometerse con la defensa de ese país.
“No es una conversación seria”, dijo Zelensky, rechazando la propuesta. “No puedo vender nuestro Estado”.
Desde entonces, las relaciones entre ambos gobiernos se tensaron, pero recientemente parecieron distenderse haciendo posible el avance en estas negociaciones, cuyos términos definitivos aún no están definidos.
En todo caso, la propuesta de Trump ha demostrado la importancia de estos minerales, pero ¿para qué sirven y qué pueden ofrecer a EE.UU.?
¿Qué son los minerales raros?
“Tierras raras” es un término colectivo para 17 elementos químicamente similares que se utilizan mucho en la tecnología y la industria modernas.
Estos elementos son cruciales para la fabricación de teléfonos inteligentes, computadoras y equipos médicos, entre otros.
Se trata del escandio (Sc), el itrio (Y), el lantano (La), el cerio (Ce), el praseodimio (Pr), el neodimio (Nd), el prometio (Pm), el samario (Sm), el europio (Eu), el gadolinio (Gd), el terbio (Tb), el disprosio (Dy), el holmio (Ho), el erbio (Er), el tulio (Tm), el iterbio (Yb) y el lutecio (Lu).
Estos minerales se denominan “raros” porque es muy poco habitual encontrarlos en estado puro, aunque existen yacimientos de algunos de ellos en todo el mundo.
Sin embargo, las tierras raras suelen hallarse con elementos radiactivos, como el torio y el uranio, y para separarlos se necesitan muchos productos químicos tóxicos, por lo que el proceso de extracción resulta a veces difícil y caro.
¿Qué minerales tiene Ucrania?
Ucrania posee 21 de las 30 sustancias que la Unión Europea (UE) define como «materias primas críticas», lo que representa alrededor del 5% de las reservas mundiales.
Muchas de las zonas que contienen estos elementos se encuentran al sur de lo que es conocido como Escudo Cristalino ucraniano, principalmente bajo el mar de Azov. La mayoría de estos territorios están actualmente ocupados por Rusia.
Sin embargo, sigue habiendo proyectos prometedores en el Buzh Medio, así como en las regiones de Kyiv, Vinnytsia y Zhitómir.
Los expertos afirman que, aunque se han identificado varios centenares de lugares geológicos prometedores, sólo algunos de ellos podrían convertirse en yacimientos si su explotación se considera económicamente viable.
“Las estimaciones que se han publicado son muy aproximadas”, afirma Adam Webb, responsable de materias primas para baterías de Benchmark Mineral Intelligence.
“Hay que trabajar mucho más para demostrar que esos depósitos minerales se pueden convertir en reservas económicas”.
En cuanto a otros importantes recursos minerales ucranianos, cerca del 70% de ellos se encuentran, según Forbes Ukraine, en las regiones de Donetsk, Dnipropetrovsk y Luhansk. Es decir, muchos están en territorio invadido y aún ocupado por Rusia.
Además de los minerales de tierras raras, Ucrania también posee lo que se conoce como minerales esenciales, como el litio.
Según el gobierno ucraniano, el país tiene unas 450.000 toneladas de reservas de litio. No se está explotando, aunque ha habido planes para empezar a hacerlo.
Rusia ha ocupado al menos dos yacimientos de litio: Shevchenkivske, en la región de Donetsk, y el yacimiento del complejo de Kruta Balka, en la región de Berdyansk.
Los yacimientos de litio de la región de Kirovohrad siguen bajo control ucraniano.
¿Por qué quiere Trump estos minerales?
El interés de Estados Unidos por controlar la producción de tierras raras y muy posiblemente de minerales esenciales se debe en gran medida a la competencia con China, que actualmente domina la oferta mundial.
En las últimas décadas, China se ha convertido en líder tanto en la extracción como en el procesamiento de minerales de tierras raras, con un 60-70 % de la producción mundial y casi el 90 % de la capacidad de procesamiento.
La dependencia estadounidense de China en esta cuestión preocupa a la administración Trump, tanto en términos de seguridad nacional como de economía.
Estos materiales son necesarios para tecnologías muy sofisticadas, desde coches eléctricos hasta equipos militares.
“Una paradoja”
Análisis de Navin Singh Khadka, corresponsal de Medio Ambiente del Servicio Mundial de la BBC.
A primera vista, parece una paradoja.
Trump ha ordenado la expansión de la producción de combustibles fósiles, abandonando las políticas de energías renovables. Pero, al mismo tiempo, quiere asegurarse minerales cruciales -que son clave para la transición a la energía limpia- de donde pueda.
Sin embargo, esos minerales son también los componentes básicos de la electrónica de consumo, los equipos militares y de navegación y, lo que es más importante, los centros de datos de Inteligencia Artificial (IA).
Trump ha anunciado un gran estímulo para la expansión de la infraestructura de IA en Estados Unidos. Para ello se necesitará un enorme suministro de minerales esenciales, principalmente cobre, silicio, paladio y elementos de tierras raras.
Y el suministro de minerales estratégicos ya ha empezado a disminuir, convirtiéndose en una de las principales causas de la ralentización del crecimiento mundial de las energías limpias.
Según los expertos, el principal factor es el dominio chino de los minerales esenciales, entre ellos las tierras raras, en gran parte debido a la geopolítica entre Estados Unidos y China.
Tras haber perfeccionado durante décadas sus técnicas de procesamiento, China controla actualmente el 100% del suministro refinado de grafito natural y disprosio, el 70% del cobalto y casi el 60% de todo el litio y manganeso procesados, según la Agencia Internacional de Energías Renovables.
También produce mayoritariamente elementos de tierras raras y mantiene un férreo control sobre metales clave en todo el mundo, con la titularidad de importantes minas en África, Asia y Sudamérica.
“Para contrarrestar el creciente control de China sobre la cadena de suministro global”, el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante la administración de Biden afirmó que “es esencial que Estados Unidos asegure su propio suministro innovador de minerales críticos y estratégicos”.
La administración Trump parece ver en lugares como Ucrania y Groenlandia zonas en las que utilizar métodos innovadores para añadir a su cadena de suministro.
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