La democracia, como el tiempo, se mueve en ciclos. Algunos son lentos y constantes, mientras que otros aparecen como remolinos imprevistos que sacuden las instituciones. En México hemos llegado a uno de esos momentos cruciales: la organización de las elecciones de integrantes del Poder Judicial. Esta propuesta, que a simple vista parece una extensión natural del poder popular, plantea una serie de desafíos técnicos que pondrán a prueba la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE). No se trata solo de una cuestión política, sino de un reto técnico y logístico que requiere precisión, previsión y, sobre todo, capacidad de adaptación.
Si habrá o no elecciones de jueces en 2025, lo definirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero si hubiera, la elección de jueces no es, ni puede ser, un ejercicio cualquiera. No es lo mismo organizar elecciones para representantes políticos que para quienes serán responsables de la impartición de justicia. En un país donde la confianza en las instituciones se tambalea con frecuencia, la forma en que se organice este proceso será clave para el futuro de la legitimidad democrática. El INE, como guardián de la precisión en la maquinaria electoral, enfrenta ahora un desafío de una magnitud que requiere, más que nunca, de su capacidad técnica.
Organizar elecciones en México es un desafío en sí mismo. Cada votación es una operación masiva que involucra millones de personas, desde funcionarios de casilla hasta observadores electorales. La magnitud y la complejidad de los procesos del INE han sido motivo de reconocimiento mundial, pero esta vez, el panorama cambia radicalmente. La elección de jueces requiere una adaptación en la definición de las circunscripciones electorales, un aspecto que puede parecer técnico, pero que tiene implicaciones fundamentales en cómo se percibe la representación.
La justicia es un terreno delicado, donde las decisiones afectan directamente los derechos de los ciudadanos. Así, la determinación de las circunscripciones no solo debe basarse en cálculos poblacionales, sino en una comprensión profunda de las regiones, de los distritos judiciales, y de cómo estos se conectan con la estructura electoral. ¿Cómo se diseñarán los distritos para que reflejen una verdadera representación de las necesidades locales sin comprometer la imparcialidad? La respuesta a esta pregunta no es simple y representa uno de los primeros desafíos que el INE deberá abordar.
Frente a la incertidumbre, una herramienta ha sido clave para el INE: la planificación de escenarios. Durante la gestión de Lorenzo Córdova al frente del Instituto, la alta dirección comprendió que la improvisación no tenía lugar en los procesos democráticos. Ante situaciones como la primera consulta popular o el proceso de revocación de mandato, donde no se contaba con un marco normativo claro, el INE recurrió a metodologías rigurosas para la anticipación, la previsión y el diseño de futuros.
En el contexto de una elección judicial, este enfoque será más necesario que nunca. A diferencia de las elecciones políticas, donde las reglas y los actores son conocidos, el panorama judicial es más incierto. No solo se trata de organizar las votaciones, sino de prever los posibles desafíos que surgirán en el camino. ¿Cómo garantizar que el proceso de elección de jueces mantenga la integridad y la imparcialidad que la justicia requiere? La respuesta, como en muchas cosas, reside en la capacidad de prever el futuro, de planificar con suficiente antelación los escenarios más complejos y actuar sobre ellos con precisión quirúrgica.
Uno de los pilares de las elecciones en México ha sido la profesionalización de los funcionarios electorales. Desde los capacitadores hasta los funcionarios de casilla, el INE ha creado un sistema de formación que garantiza que cada persona involucrada en el proceso entienda su rol y lo ejecute con eficiencia. Sin embargo, en el caso de las elecciones judiciales, la capacitación adquiere una nueva dimensión, proceso que por cierto -conforme al canon organizativo- debió ya haber comenzado.
Elegir jueces no es un acto político común. El ciudadano que vota debe comprender el impacto de su decisión en un contexto donde los derechos y la ley están en juego. Por lo tanto, la capacitación no solo debe centrarse en el acto técnico de organizar elecciones, sino en educar a la ciudadanía sobre la importancia de su voto en este proceso particular. El INE, como gestor de la democracia técnica, tendrá que desplegar una campaña educativa sin precedentes, donde no solo se formen funcionarios, sino que se informe a la población sobre lo que significa elegir a quienes imparten justicia. La calidad del proceso electoral dependerá, en gran medida, de este esfuerzo.
En la democracia, los errores no son opcionales, y menos cuando se trata de elegir jueces. La incertidumbre que rodea el proceso de elección judicial en México debe enfrentarse con una precisión técnica científica. El INE deberá adaptarse a nuevas demandas, desde la puesta a punto de sus sistemas de información hasta la determinación exacta de los costos y la elaboración de presupuestos. Cada detalle cuenta, porque en un proceso tan delicado como este, la falta de preparación puede derivar en la erosión de la confianza pública.
La organización de elecciones judiciales es un desafío para el INE, en donde contrasta la capacidad técnica de su Servicio Profesional Electoral con los pocos reflejos que hasta ahora ha demostrado su alta dirección para enfrentar los retos democraticos y organizacionales. La justicia no puede ser improvisada, y tampoco lo puede ser su elección.
Más allá del debate político sobre la idoneidad de elegir jueces mediante el voto popular, lo que también está en juego es la capacidad del INE para enfrentar este desafío técnico mayúsculo. En un país donde las instituciones se debaten entre la confianza y la duda, el rigor técnico será la clave para mantener la legitimidad del proceso. La justicia, al igual que la democracia, debe basarse en la certeza, y para ello, la organización de este nuevo tipo de elecciones debe ser impecable.
En última instancia, el éxito del INE en este reto no solo dependerá de su capacidad técnica, sino de su habilidad para enfrentar lo imprevisto. Porque en la democracia, como en la vida, el futuro nunca está garantizado, pero la preparación y la previsión pueden marcar la diferencia entre el caos y el orden.
La obispa Mariann Edgar Budde hizo una petición al presidente Donald Trump por las minorías a las que afectarán sus nuevas políticas. El tono del sermón llamó la atención en EE.UU.
Sentado en primera fila, al lado de su esposa, Melania, el presidente Donald Trump escuchó este martes un sermón en la Catedral Nacional de Washington que llamó la atención de muchos en Estados Unidos.
La obispa Mariann Edgar Budde, la primera mujer en estar al frente de la Diócesis Episcopal de Washington DC, hizo un llamado de “clemencia” a Trump sobre minorías que estarán sujetas a las nuevas políticas que anunció al tomar posesión el lunes.
“Señor presidente: millones han puesto su confianza en usted. Y como usted dijo ayer, ha sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En el nombre de Dios, le pido que tenga misericordia para gente en nuestro país que tiene miedo ahora”, dijo Budde.
“Hay niños gays, lesbianas y transexuales, y familias demócratas y republicanas e independientes, algunas de las cuales temen por sus vidas”, continuó.
Trump, que estaba con la mirada al frente en un inicio, comenzó a mover la cabeza hacia otros lados. El vicepresidente J.D. Vance fue más expresivo, al voltear la cara para mirar a su esposa.
La obispa continuó abogando por los migrantes: “Gente que recoge las cosechas, que limpia nuestras oficinas. Que trabajan en granjas y en empacadoras de carne. Que lavan la loza luego de que comemos en restaurantes. Y que trabajan en turnos nocturnos en hospitales”.
“Podrán no ser ciudadanos, o tener la documentación apropiada. Pero la vasta mayoría de los migrantes no son criminales. Ellos pagan impuestos, son nuestros vecinos, son fieles miembros de nuestras iglesias, mezquitas, sinagogas y templos”, dijo la obispa diocesana, quien está al frente de esta catedral de la Iglesia Episcopal estadounidense desde 2011.
“Le pido que tenga clemencia con aquellos en nuestras comunidades cuyos niños temen que sus padres sean llevados lejos. Y que ayude a los que huyen de zonas de guerra y persecución en sus propias tierras a encontrar compasión y acogida aquí”.
Las palabras de Budde fueron parte de un servicio religioso con motivo de la investidura de Trump como presidente de EE.UU. el día anterior.
A la Catedral Nacional de Washington asistieron el presidente, el vicepresidente y sus respectivas familias, así como decenas de invitados.
El sermón de Budde vino luego de que el lunes Trump firmara una serie de órdenes ejecutivas que afectan a minorías, como los migrantes o la comunidad LGBT.
El presidente decretó un estado de emergencia en la frontera con México entre cuyos efectos impide la llegada de nuevas solicitudes de asilo.
Asimismo, ha prometido una deportación masiva de migrantes indocumentados.
Y firmó una orden para eliminar el derecho automático de ciudadanía a los hijos de migrantes sin estancia legal.
También decretó la eliminación de las políticas inclusivas instauradas en el gobierno anterior. Trump dijo que el gobierno solo considerará dos géneros, masculino y femenino, e instituciones públicas y militares dejarán de procurar políticas para la comunidad transgénero.
Luego del servicio, el presidente Trump regresó a la Casa Blanca, donde expresó su opinión sobre el sermón y el servicio religioso en general.
“No fue muy emocionante. No me pareció un buen servicio… Pudieron haberlo hecho mucho mejor”, añadió al entrar a la residencia presidencial.
El sermón causó sorpresa y se convirtió en uno de los temas del día en Washington DC y en el resto del país, pues no es habitual que el presidente de EE.UU. enfrente un a declaración así.
Algunos elogiaron a Budde por haber planteado una petición de misericordia para las minorías de Estados Unidos.
Otros fueron críticos, como el representante republicano Mike Collins, que dijo que Budde debería ser “añadida a la lista de deportaciones”, pese a que la obispa es estadounidense.
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