En defensa de la Constitución
Frente a la amenaza de una reforma electoral con visión autocrática, vale volver a los básicos.
Hay documentos que fundan repúblicas, y otros que solo las simulan. Una Constitución no es una hoja de papel con sellos y firmas solemnes, ni un catálogo de aspiraciones cuidadosamente impresas en letras góticas. Es, o debería ser, el reflejo más nítido del pacto político que sostiene a una comunidad diversa. Es el compromiso de la pluralidad consigo misma. Es la decisión de dejar de ser tribus enfrentadas para convertirse en una nación.
En su sentido político más profundo, la Constitución es el instrumento que hace posible la unidad sin uniformidad. No nace del mandato de una mayoría circunstancial, sino de la deliberación que convierte al conflicto en diálogo y al desacuerdo en arquitectura institucional. Su legitimidad no se mide por el número de votos legislativos que la aprueban, sino por la calidad del consenso que la sostiene.
Y eso, precisamente, es lo que está en juego.
¿Norma suprema o botín del poder?
En las democracias, modificar la Constitución es un ejercicio de contención y lucidez. No basta con tener los votos; se requiere tener razón y, sobre todo, razones compartidas. Porque quien reforma la Constitución sin diálogo, la convierte en instrumento de su facción, no de la República.
Hoy, en México, se asoma un riesgo que ya no es latente, sino evidente: el uso de la Constitución como botín de la mayoría. Se quiere, una vez más, reformar sin consenso, imponer sin escuchar, reconfigurar el pacto nacional desde una lógica de victoria electoral y no de construcción democrática. El poder ejecutivo, con su mayoría parlamentaria como extensión del brazo, impulsa una serie de reformas que podrían redefinir el sistema político sin el menor vestigio de deliberación genuina.
Pero ¿qué ocurre cuando la Constitución deja de ser el punto de encuentro y se convierte en el arma de una mayoría contra las otras voces?
La tiranía
El constitucionalista italiano Michelangelo Bovero advirtió sobre el peligro de la pleonocracia: un régimen en el que una mayoría electa se asume con derecho a todo, incluso a abolir los límites que garantizan el pluralismo. Es la tiranía disfrazada de legitimidad. El gobierno deja de representar al conjunto para servirse a sí mismo. Se sustituye el diálogo por el aplauso y el Estado de derecho por la voluntad del líder.
Así se erosiona la Constitución: no con balas ni golpes de Estado, sino con decretos, mayorías mecánicas y reformas tramitadas como si fueran reglamentos administrativos. El resultado no es solo una carta magna distinta, sino una forma de régimen donde el poder ya no tiene límites reales, y la oposición ya no tiene refugio legal.
La Constitución como escudo, no como espada
En momentos de incertidumbre, una Constitución bien diseñada es una sombra protectora. No impide el conflicto, pero lo canaliza. No elimina las diferencias, pero les da cauce. No es la voz de una parte, sino el marco donde todas las voces se reconocen.
Por eso, cuando se gobierna desde el resentimiento, la revancha o la soberbia, la Constitución estorba. Se vuelve un estorbo técnico, un obstáculo político, una molestia simbólica. Y por eso se la busca reescribir, vaciar, desfigurar.
El riesgo no es solo normativo, es existencial. Porque cuando la Constitución deja de ser el punto de encuentro, la nación deja de ser un “nosotros” y se fragmenta en “ellos y nosotros”. Y entonces, todo se vuelve personal, visceral, violento.
¿Quién defiende a la Constitución cuando el poder la traiciona?
Es natural que las mayorías quieran gobernar. Pero es necesario que lo hagan con conciencia de que el poder es, por definición, efímero. Las reformas constitucionales hechas al vapor, con el solo respaldo de la aritmética parlamentaria, son trampas tendidas al futuro. Lo que hoy parece conveniente, mañana será irreversible. Lo que hoy se justifica con un eslogan, mañana se lamentará con una crisis.
Por eso, el primer deber de quien gobierna no es imponer su voluntad, sino custodiar el equilibrio. La Constitución no es el estatuto de una victoria, sino la memoria de un acuerdo. Modificarla sin diálogo es traicionar su espíritu. Usarla como arma es dinamitar el pacto democrático que nos contiene a todos, incluso a quienes hoy creen estar del lado ganador.
A diferencia de las leyes ordinarias, las constituciones no se escriben todos los días. Pero todos los días se ponen a prueba. La nuestra, la de México, ha resistido décadas de autoritarismo, transiciones complejas y reformas valientes. Hoy, frente a un nuevo embate de concentración del poder, necesita algo más que respeto formal: necesita defensa activa.
No basta con repetir que vivimos en una democracia si se desmantelan, una a una, las condiciones que la hacen posible. No basta con alardear de soberanía popular si se pisotean los derechos de las minorías. No basta con decir “pueblo” para anular la pluralidad.
La Constitución debe seguir siendo el reflejo donde todas y todos podamos mirarnos sin miedo. Y para eso, hay que impedir que se convierta en máscara de unos pocos.
Trump amenazó con invocar la ley con el fin de detener las manifestaciones en Mineápolis contra la presencia de ICE.
El presidente Donald Trump volvió a amenazar con invocar una ley del siglo XIX que rara vez se utiliza, esta vez para desplegar al ejército en Mineápolis, en el estado de Minnesota, donde miles de personas siguen protestando contra la fuerte presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Las manifestaciones se intensificaron después de que un agente del ICE matara de un disparo a una manifestante llamada Renee Good la semana pasada.
Esta semana, otro agente federal le disparó a un hombre en la pierna también en Mineápolis, en lo que las autoridades califican como un acto de legítima defensa.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la LEY DE INSURRECCIÓN”.
Trump afirmó que, al recurrir a esta ley, “pondría fin rápidamente a la farsa que se está produciendo en ese estado (Minnesota)”.
Esto es lo que hay que saber sobre esa ley.
¿Qué es la Ley de Insurrección de 1807?
La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente utilizar personal militar en servicio activo para realizar funciones policiales dentro de Estados Unidos.
Los presidentes estadounidenses pueden invocar la ley si determinan que hay “obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales” contra el Gobierno que hacen “imposible la aplicación” de la ley estadounidense “por la vía ordinaria de los procedimientos judiciales”.
Una vez invocada, las tropas podrían encargarse de una serie de tareas, desde sofocar disturbios civiles y hacer cumplir órdenes judiciales hasta arrestar y detener migrantes. Esto incluye a la Guardia Nacional, una rama de las fuerzas armadas estadounidenses tradicionalmente reservada para emergencias y desastres.
Dado que la Ley de Insurrección está redactada en términos generales, con pocas indicaciones específicas sobre cómo y cuándo se pueden utilizar los poderes, ofrece a los presidentes un amplio margen de maniobra a la hora de decidir cuándo movilizar al personal militar para realizar operaciones dentro del país.
¿Por qué quiere Trump utilizarla?
A lo largo de su campaña electoral, Trump prometió tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal y calificó la situación en la frontera sur como una “emergencia nacional” que podría controlarse mejor invocando la mencionada ley.
En su primer día en el cargo en enero de 2025, solicitó “recomendaciones sobre las medidas adicionales que podrían ser necesarias para obtener el control operativo completo de la frontera sur, incluyendo la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807”.
Su gobierno ya puso en marcha una serie de medidas radicales enfocadas en la frontera. Entre estas se incluyen redadas a nivel nacional y el traslado de presuntos miembros de bandas venezolanas a una prisión en El Salvador, una decisión que ahora se enfrenta a impugnaciones legales.
En octubre, Trump volvió a decir que estaba considerando la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección después de que un juez federal le impidiera enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Portland, en Oregón, que según el presidente estaba invadida por “terroristas internos” de izquierda.
Aunque en ese momento afirmó que la situación no había llegado al punto en el que esa decisión fuera necesaria, también dijo que “si tuviera que promulgarla, lo haría, si se estuviera matando a gente y los tribunales nos estuvieran frenando, o los gobernadores y alcaldes nos estuvieran frenando”.
Ahora, tras semanas de tensión en Mineápolis, mientras miles de agentes del ICE intensificaban sus operaciones en la ciudad, Trump amenazó una vez más con utilizar la ley para sofocar las protestas.
¿Cómo se ha utilizado la ley en el pasado?
La Ley de Insurrección se ha invocado en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos.
Abraham Lincoln la utilizó cuando los estados del sur se rebelaron durante la Guerra Civil estadounidense, y tras la guerra el presidente Ulysses S. Grant la invocó contra una ola de violencia racista por parte del Ku Klux Klan.
En el siglo XX, el presidente Dwight D. Eisenhower la invocó para que el ejército estadounidense escoltara a un grupo de estudiantes negros en el camino a su escuela en Little Rock, Arkansas, después de que el gobernador del estado se negara a cumplir una orden federal de desegregación.
Más recientemente, se utilizó en 1992, cuando estallaron disturbios masivos en Los Ángeles por la absolución de cuatro policías blancos que golpearon a Rodney King, un hombre negro. El entonces presidente, George Bush, envió a miembros en servicio activo de los marines y el ejército, así como a tropas de la Guardia Nacional.
¿Existe algún tipo de restricción a la ley?
El Gobierno estadounidense ha procurado tradicionalmente limitar el uso de la fuerza militar en suelo estadounidense, especialmente contra sus propios ciudadanos.
La Ley Posse Comitatus de 1878 se promulgó precisamente para restringir la actuación del ejército como fuerza policial dentro del país. En momentos en los que hay disturbios, los estados suelen ser los que despliegan a la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden.
Desde que volvió al cargo, Trump ha declarado emergencias nacionales, lo que le da acceso a poderes y recursos que normalmente están restringidos.
Con esta autoridad, ha impuesto aranceles, tomado medidas contra la inmigración y desplegado agentes federales, la Guardia Nacional e incluso tropas en servicio activo en ciudades como Washington D. C., Los Ángeles y Memphis.
En marzo, tras su declaración de emergencia en la frontera, Trump invocó la poco utilizada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes que, según él, eran miembros de bandas. A continuación, se produjeron una serie de impugnaciones legales y la Corte Suprema impuso algunas restricciones temporales al uso de esa ley.
Si Trump decide invocar la Ley de Insurrección, está por verse a qué obstáculos legales podría enfrentarse.
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