Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha participado en diversos litigios estratégicos con distintas organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas. Sus principales temas de trabajo son derecho a la vivienda, no discriminación y pueblos indígenas. Twitter: @kalycho.

Hojas en el cenicero

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En mayo de 2022, un Juzgado de Distrito ordenó al Gobierno de la Ciudad de México realizar un diagnóstico de cómo la pandemia había afectado el derecho a la vivienda de las personas inquilinas. Una vez realizada esa evaluación, la siguiente orden era que adoptara las políticas públicas que considerara pertinente para “prevenir y mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia en personas inquilinas de la Ciudad de México”.
Las autoridades capitalinas no acataron la sentencia y presentaron un recurso de revisión solicitando que sea modificada.
Este 26 de octubre, cinco meses después de la sentencia, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que firmó con Airbnb y la UNESCO una “Alianza para el desarrollo, fortalecimiento y promoción del Turismo Creativo y los Nómadas Digitales”. Lo anterior sin siquiera tener un diagnóstico sobre el impacto que fenómenos como las plataformas de hospedaje turístico y la migración por teletrabajo generaron en la vivienda de arrendamiento durante la pandemia.
El acceso a la vivienda se ha visto progresivamente mermado a lo largo de los últimos años, particularmente en los últimos veinte. En ese sentido, no es un fenómeno generado por la pandemia, aunque sí trajo nuevos factores en juego y elevó la tensión social frente al tema. Pareciera un debate cada vez más visible en medios de prensa y en redes sociales, sobre todo en Ciudad de México.
Si bien hace falta mucha más información, hay algunos datos que nos permiten sospechar al menos los riesgos que este tipo de acuerdos con plataformas como Airbnb pudiese tener en la oferta de arrendamiento.
De acuerdo con datos generados por la urbanista Rosalba Loyde, alrededor del 1% de los anfitriones de Airbnb en Ciudad de México concentrarían más del 10% de la oferta. Gran parte de sus propiedades están en zonas céntricas de la ciudad. Asimismo, según datos disponibles de la propia plataforma Airbnb, el 63% de los anfitriones en Ciudad de México ofrecen más de una casa o departamento. El top 10 de los “host” de Airbnb en esa ciudad tienen entre 51 y 198 unidades ofertadas.
Estos datos preliminares nos evidencian que, al igual que en otras ciudades del mundo, el negocio de Airbnb se sostiene principalmente de empresas inmobiliarias o grandes propietarios. No así de, por ejemplo, personas adultas mayores que tienen un cuarto o un inmueble que ponen en renta para subsistir.
La falta de un diagnóstico de la situación antes de adoptar un convenio de esta naturaleza evidencia no solo una claudicación de las autoridades frente a sus responsabilidades, sino una intención de impulsar una política inmobiliaria en lugar de una política de vivienda.
Confrontar el convenio con Airbnb obliga a recordar las grandes ausencias en materia de vivienda de arrendamiento en Ciudad de México: la mayoría de los arrendamientos no cuentan con contrato por escrito y no hay consecuencias legales por ese incumplimiento; no hay un registro capitalino de viviendas de arrendamiento; no hay regulación para las plataformas de hospedaje turístico, y falta una ley inquilinaria que permita adecuar la relación de arrendamientos a estándares internacionales.
Si la vivienda es un derecho humanos, este debate tiene que ser entendido como un asunto de derechos humanos. Ojalá lleve a una movilización y exigencia constante, tal y como en su momento hicieron otras luchas y movimientos en el país.
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Ciudad Airbnb

Durante su visita a Yucatán el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunió a puerta cerrada y sin la presencia de medios de comunicación con poco más de 200 empresarios. Según trascendió, en aquel encuentro el funcionario reveló a su público que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará en diciembre una iniciativa preferente de lo que sería una “Ley de Confianza”. Esta iniciativa tendría como objetivo “que obras de importancia inicien sin todos los permisos de los tres niveles de gobierno para que sean rápidos, incentiven la inversión y eviten tanta tramitología”.
Si bien es difícil sacar conclusiones sin contar con un texto de iniciativa que nos ayude a ver letra por letra qué es lo que estaría en juego, la información que circula hasta ahora genera mucha esperanza de que se trate de un lamentable ejercicio de teléfono descompuesto. Sobre todo porque el anuncio no se está dando en cualquier lugar, sino en una región del país que enfrenta una grave crisis ambiental por megaproyectos que generan deforestación, emisiones de CO2 y contaminación del agua. Por si fuera poco, es también el escenario del proyecto más importante de la actual administración: el Tren Maya.
Tanto al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa como al de Enrique Peña Nieto les incomodaban todos los trámites y permisos que implicasen algún tipo de fiscalización o rendición de cuentas. La diferencia es que la actual administración ha sido más vocal con esa incomodidad. Por ejemplo, en más de una ocasión ha barajado la idea de limitar los alcances del juicio de amparo para que no pueda atender violaciones cometidas por la construcción de obra pública. La semana pasada, el diputado Juan Ramiro Robledo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo para eliminar la posibilidad de que jueces federales puedan ordenar la suspensión de obras como medida cautelar mientras dura un juicio.
También la construcción del Tren Maya ha estado plagada de un desinterés por dar cumplimiento a los requerimientos de ley en materia de obras públicas. Por ejemplo, en todos los tramos las Evaluaciones de Impacto Ambiental iniciaron cuando la construcción ya estaba en marcha.
La idea de una “Ley de confianza” sería la consagración de ese desencanto institucional por las decisiones que tienen que cumplir con reglas preestablecidas. Y el nombre es bastante revelador: ¿para qué tener que rendir cuentas y cumplir con requisitos si se tiene fe absoluta de que lo que se está haciendo es lo correcto?
Por supuesto que hay trámites y requisitos innecesarios. Por supuesto que en México la tramitología es excesivamente robusta y no en pocas ocasiones representa una pérdida de tiempo y de dinero público. Pero esa crítica debe hacerse caso por caso, punto por punto. Lo que pareciera estarse buscando es reducir a un mero carácter simbólico todo requisito y trámite que se desee, aun los que están plenamente justificados y que son estrictamente necesarios.
Como dije, ojalá y esto sea tan solo una falsa alarma producida por un chisme a la yucateca. Porque sería muy paradójico que un gobierno que se dice “antineoliberal” esté apostando por reducir el papel de control, planeación, supervisión y fiscalización del Estado. 
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La ley de la (auto)confianza

El pasado 1 de julio, el payaso Brozo tuvo en su programa “TeneBrozo” de Latinus a un invitado probablemente desconocido para la mayoría de su audiencia: Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán. Fue el destape a nivel nacional de sus intenciones de llegar a la presidencia. Y confirma que su precampaña al 2024 sigue la misma estrategia que los lotes de inversión en Yucatán: quizá no haya tanta gente interesada en él al final, pero lo que importa ahora es que sus inversionistas (el PAN y la “alianza” con PRI-PRD) crean que sí la habrá.
Vila no está acostumbrado a dar entrevistas. Las pocas excepciones se dan cuando lee previamente la lista de preguntas. Diversos periodistas locales suelen comentar en corto sobre su extraña renuencia a salirse del guión. La entrevista con Brozo evidenció esta falta de práctica. Se le vio por momentos incómodo, fuera de su zona de confort. Al final se relajó más. Luchaba por domar a su excéntrico host para que no le interrumpa el discurso que él ya tenía preparado: que Yucatán es el estado más seguro del país (y gracias a él).
La seguridad pública es compleja y multifactorial, incluso en Yucatán. Vila afirma que se ha alcanzado (es decir, que él la ha alcanzado) mejorando las condiciones laborales de los policías. Es verdad que la precarización policial en Yucatán es un problema arrastrado por administraciones. También lo es que muchas de las prestaciones alcanzadas recientemente son positivas -la incorporación al Infonavit y las becas de posgrados a hijos, por ejemplo. Sin embargo, estas medidas parecieran ser más para contrarrestar la fidelidad que los cuerpos policiacos le tenían al exgobernador priísta Rolando Zapata Bello, el cual duplicó sus salarios (con el mismo propósito).
El discurso de Vila con Brozo desafina con su desinterés por los casos de tortura policial que van en aumento. La organización ELEMENTA DDHH presentó a principios de junio un informe sobre la seguridad de Yucatán concluyendo que la policía yucateca opera bajo el principio de “intolerancia selectiva”: es decir, de manera diferenciada y violenta cuando la persona es maya, afro, foránea, LGBT+, joven o con discapacidad. Este documento confirma lo que en años previos había sido denunciado sobre Yucatán por organizaciones como Indignación A. C., Kanán Derechos Humanos, Amnistía Internacional México, Artículo 19 y otras.
Vila también presumió que Mérida es la ciudad con más cámaras públicas de seguridad, tipo de medida que ha sido ampliamente criticada por organizaciones como R3D.mx. La base de datos con las que se alimenta estos sistemas de vigilancia tiende a confundir a gente racializada (morena, maya, afro) debido a que las homogeneiza. En Estados Unidos ha habido ya casos judiciales de personas que manifiestamente no eran las que aparecían en las cámaras de seguridad, pero a las que el sistema arbitrariamente acusaba de serlo solo porque ambas personas no eran blancas.
Vila apuesta a que el discurso del “estado más seguro” sea su gran carta de presentación a nivel nacional. Eso y presentarse como un candidato de la unidad, capaz de ser oposición y al mismo tiempo mantener buenas relaciones con el actual presidente.
No extraña que haya elegido el programa de Brozo para su destape en medios nacionales, ya que no le hacen falta vínculos con gente en la dirección de Latinus. La pregunta es si se le verá en más medios. Y si le alcanzará para su apuesta.
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Mauricio Vila: el “candidato de inversión” en Yucatán

Para Ángeles
Conforme una embarcación se aproxima a tierra va prescindiendo de la brújula. Fue vital al abandonar el puerto, cuando el inabarcable océano borraba todo vestigio de puntos cardinales, dejando apenas la complacencia de entender dónde está la tierra y dónde está el cielo. La rosa de los vientos nos confiesa el misterio indicándonos para dónde está el norte. Pero apenas comienza a verse la costa, la tripulación va despegando su mirada de la manecilla para centrarse en el puerto. Incluso la desobedecen: mientras más se acercan se dan cuenta que el muelle ya no está exactamente al norte sino a un costado o al otro.
A la brújula no le importa y abraza esa vocación. Es el instrumento más noble de todos: se sabe progresivamente imprescindible porque su meta es que la gente llegue a un destino donde será libre de moverse sin preocuparse dónde está el norte o donde está el sur.
Lo mismo ocurre con las letras del movimiento LGBT+. Existen tantas orientaciones e identidades como seres humanos en este mundo. Cada una tiene un nombre: Diana, Alejandro, María, César, Brenda, Marco… y así hasta completar la lista de miles de millones de personas con sus nombres, apellidos, temores, ilusiones, descansos y dudas. Cada quien es su propia identidad, cada quien es su propia orientación.
Pero las aguas son turbias e inconmensurables para navegar en soledad. Por eso comenzamos a nombrar las direcciones hacia las cuales nos dirigimos, para encontrar otras vidas que también vayan hacia ellas. “Yo soy homosexual”, se dice tal y como se dice “yo voy al sur”. Con ese llamado se construye una tripulación que se sueña del otro lado del oleaje.
Tal y como ocurre en la altamar, el tiempo nos hace cambiar de dirección sin cambiar de curso. Acercarse a tierra firme implicó ver que algunas personas no iban exactamente al mismo “sur”. “Yo soy lesbiana”, “yo soy bisexual”, “yo soy pansexual”, “yo soy trans”, “soy asexual”, “yo soy no binarie”. Hay quienes conocen hacia dónde se encuentra su ruta, pero son incapaces de nombrarla. Incluso hay quienes se rehúsan a nombrarla para no distraerse en su camino. Tantos puntos cardinales como razones para llegar a ellos.
Los nombres detrás del abecedario LGBT+ son brújulas, no destinos. Son bastiones para encontrarnos con nuestra tripulación de vida, para organizarse, para aprenderse y para celebrarse. Pero no le adjudiquemos a esos instrumentos autoritarismos que nunca han pretendido. No comparten nuestro ego como para creerse imprescindibles. No conocen los celos para reclamarnos los cambios itinerantes de letras en las cuales acobijarse.
Nadie debe confundir el puerto ajeno con el propio. Nadie tiene por qué indicarle a otras personas hasta qué punto observar la brújula o en qué dirección se encuentra la playa que persigue. Nadie es quién para creer que los puntos cardinales solo se nombran correctamente en su idioma. Nadie debe confabular motines al descubrir que las historias que abordan la nave son distintas a las suya.
Culpando al mes de junio como ocasión, quisiera decirlo de corazón abierto: el movimiento LGBT+ tiene mucho que aprender de las brújulas.
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Las lecciones de las brújulas

El proyecto “Tren Maya” en el sureste mexicano no cabe en discusiones acotadas. Su complejidad es el hábitat de distintos debates que no se dan en todos los puntos de la Península de Yucatán, o al menos no se dan con la misma intensidad. Sin embargo, existen algunas reflexiones ineludibles que se encuentran presentes en todas las latitudes de esta controversia. Uno de ellos es el de las relaciones de poder de quienes intervienen en las discusiones sobre el Tren Maya.
Las heridas del racismo, el clasismo y la xeonofobia en la Península de Yucatán son muy profundas y siguen abiertas. Si bien son fenómenos que han estado presentes en todo el país, la forma en la que se manifiestan en ese rincón son particulares. Las poblaciones mayas tienen una fuerte desconfianza hacia la gente no-maya que se acercan a sus territorios “por algo”. Ya sean autoridades, partidos, empresas, grupos religiosos e incluso organizaciones de derechos humanos.
Muchos de estos actores suelen pasar por el “síndrome del misionero”. Llegan para “acercarse a hablar con la gente” y regresan a sus hogares sintiendo que recibieron la hospitalidad y la confianza de la gente maya. Después de estas experiencias, pueden decir que “tienen calle”, que “han estado en territorio” y que por lo tanto tienen autoridad para decir qué es lo que ocurre “desde las bases”.
Ingenua ilusión. En mi experiencia trabajando para población maya he aprendido que las personas no-mayas nunca vamos a “entender” lo que ocurre en sus comunidades. Las personas con las que hablamos suelen reservarse información, estar atentas a lo que decimos y a veces incluso a escuchar lo que saben que queremos escuchar -ni somos los primeros en acercarnos, ni ellos son ingenuos-. Y en esto están en todo su derecho. ¿Cómo no desconfiar en la gente blanca no-indígena que les discrimina, que les acusa de ser “presuntos culpables” por caminar en barrios del norte de Mérida, que bajo el discurso del “desarrollo inmobiliario” romantizan el despojo de sus ejidos y territorios, entre muchos otros etcéteras?
No es que no puedan existir vínculos de confianza. Los hay. Pero incluso cuando esto ocurre y ciertos actores de la población llega realmente a verte como una persona aliada, existen situaciones históricas y estructurales de poder. Si creemos que por estar “del lado correcto” de las intenciones no podemos ejercer esas posiciones jerárquicas -así sea inconscientemente- terminaremos por reproducir exactamente lo mismo que criticamos.
Y esto es lo que siento que ocurre con varias personas que defienden y participan en el proyecto “Tren Maya”. Como han sido activistas y/o académicos, olvidan que ahora son autoridades. Cuando llegan a poblaciones con logos institucionales en vehículos y playeras, las personas mayas saben que tienen un poder que puede ser ejercido en cualquier sentido.
“¿Ustedes cómo ven el Tren Maya? ¿Sí están contentos con el proyecto?”. Normalmente un “sí” sería un sí. Pero en la Península de Yucatán existen varios tipos de “sí”. No todos, pero algunos de esos “sí” pueden ser aquellos que no se les niega nunca a las autoridades, sobre todo cuando llegan con proyectos de los que aún faltan detalles por conocer. A veces el “sí” es cautela, incluso un acto de protección.
No todos, no siempre. No hablo de todos los casos y, como dije, la realidad es muy compleja para un texto tan corto. Pero expongo esto para poner una reflexión: estamos en una administración en la cual muchas autoridades olvidan que lo son. Aunque cuenten con trayectorias loables y reconocibles en la academia y en el activismo, hoy son autoridades. Y todo acercamiento parte desde una relación de poder. No ser consciente de ello y creer que automáticamente se está “del lado de las comunidades” por simple voluntad, es una ingenuidad que puede costar mucho.
Como dije, las personas activistas tampoco estamos libres de ello. Pero en el caso de personas que poseen cargos públicos, esas relaciones de poder cuentan con el respaldo institucional del Estado. Creo que por eso en el marco del proyecto “Tren Maya” hay muchas buenas intenciones que están siendo autorreferenciales. Son invitados a comer relleno negro en una casa maya y creen que han pactado una alianza, cuando pudiera ser que recibieron una cortesía que se le da a quien se sabe no se debe de tener como enemigo.
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El síndrome del misionero en el Tren Maya

En Yucatán las cosas se saben perfectamente, pero se actúa como si no. Funciona así tanto para secretos familiares como para temas de relevancia pública, como la seguridad. Desde hace dos décadas que el concepto de paz se construye a través de la violencia selectiva hacia algunos cuerpos. Pero quienes no son esos “otros cuerpos” prefieren seguir actuando como si nada.
A finales del año pasado, un ataúd era cargado a los pies del Palacio de Gobierno de Yucatán. La madre de José Eduardo lo llevó para carearlo con Mauricio Vila, gobernador que prefería hacer como que nada había pasado, como si sus agentes de policía y los del municipio de Mérida no tuviesen nada que ver con la muerte del joven veracruzano. Pero desde entonces era sabido –y conforme pasa el tiempo queda menos duda- que José Eduardo murió a causa de la tortura sufrida por agentes de policía.
Aún hay debates acerca de en qué momento participó en su suplicio la policía municipal de Mérida y en qué momento la estatal, pero la disputa entre una y otra es un síntoma más del contexto que se vive en la que se jacta de ser la entidad más segura del país: la tortura y las detenciones arbitrarias son la principal estrategia de seguridad.
La semana pasada, la organización ELEMENTA DDHH emitió un nuevo informe sobre este fenómeno en Yucatán. En ese documento -disponible a través de la página oficial de la organización- se concluye que las detenciones arbitrarias y el abuso policial de Yucatán operan bajo el principio de “intolerancia selectiva”.
Esto significa que las normas y los castigos se aplican basándose en parámetros discriminatorios, tanto de índole racial como de género. Las instituciones policiacas perfilan a las personas como “sospechosas” por su aspecto físico, su color de piel, su expresión de género o por cualquier elemento que haga sospechar que son foráneos.
Este hallazgo de ELEMENTA DDHH coincide con las diversas historias que cada vez con más frecuencia se difunden en Yucatán a través de redes sociales. Personas LGBT+, personas racializadas (principalmente mayas) y personas de otros estados son particularmente vulnerables a detenciones arbitrarias e incluso tortura. Este modus operandi es defendido por el gobierno e incluso por varios sectores de la sociedad bajo la falsa premisa de que es “el precio a pagar por la seguridad”.
El caso de José Eduardo fue paradigmático porque evidenció esta dinámica. Durante su detención y sus agresiones fue constantemente insultado, burlado y cuestionado por las autoridades que hacían constante referencia a ser foráneo y por cómo “se veía” en cuanto a su expresión de género.
Es común que en el norte de Mérida –zona de mayoría blanca y donde se encuentran las colonias de mayor poder adquisitivo- se detenga por las noches a personas morenas o mayas para cuestionarles por qué caminaban en un área que “no es la suya”. El no ser blanco en una zona reservada a los blancos es en sí sospechoso.
Sin embargo, al igual que con el caso de José Eduardo, informes como el de ELEMENTA DDHH son ignorados por las autoridades. Por ejemplo, el gobernador Mauricio Vila jamás se ha pronunciado sobre este modus operandi de las instituciones policiales, argumentando que casos como el de José Eduardo son hechos aislados. Incluso, las autoridades suelen insinuar que las víctimas son responsables de lo que les pasa.
Nos dicen que Yucatán es el estado más seguro. ¿Pero para quién?
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Detenciones y tortura en Yucatán

Entre gritos, pancartas y mucha indignación, un grupo de pobladores mayas irrumpió en el “6º Foro Ambiental 2022: cambio climático”, que se realizaba el pasado 27 de mayo en Mérida, Yucatán. Eran habitantes de Sitilpech, comunidad amenazada por la contaminación de una megagranja porcícola de la empresa Kekén, una de las principales organizadoras del evento. De la mano de autoridades municipales y estatales, empresarios se habían reunido para hablar de problemas ambientales y para olvidar, fallidamente, de que se les acusa de ser responsables del deterioro de la región.
El Grupo Porcícola Mexicano–Kekén es de los más influyentes y poderosos de la península. A través de su empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) cuenta con cadenas de producción que van desde el trabajo genético y la cría hasta la distribución del producto. Se calcula que produce más del 80% de los cerdos en la Península de Yucatán, con un promedio de 6 mil cabezas por día.
Sin embargo, gran parte de la producción de Kekén no es para el consumo local sino para exportar a Hong Kong, China, Estados Unidos, Canadá y Chile, entre otros países. El trabajo de la empresa consiste en trasladar la huella ambiental que generaría en esos lugares la producción de cerdos a gran escala para depositarla en la Península de Yucatán, zona sumamente vulnerable a este tipo de actividades debido a su suelo kárstico. Gran parte de las megagranjas que se encuentran en la región no cuentan con todos los permisos requeridos, ni con medidas de mitigación para las emisiones de CO2 que producen y para el excremento que se filtra al subsuelo hasta llegar al agua del sistema subterráneo de cenotes.
Desde hace años, diversas organizaciones de derechos humanos, personas académicas y poblaciones mayas han denunciado que la empresa es una de las principales responsables de la contaminación del agua en Yucatán. Los casos más mediáticos son los de Kinchil, Sitilpech y Homún, aunque existen otras comunidades que igual han reportado afectaciones.
El caso de la megagranja de Kekén en Homún ha sido particularmente atendido por la agenda pública yucateca, debido a que dicho complejo de poco más de 50 mil cerdos amenaza los cenotes de la comunidad, necesarios tanto para el uso humano del agua como para las actividades turísticas que dan sustento a muchas de sus familias.
Kekén presuntamente sería de los principales clientes de publicidad de Grupo Sipse, la cadena de medios más importante a nivel local. Además, activistas han acusado que continúa su expansión a costa del medio ambiente gracias a su cercanía, si no es que complicidad, con el Gobierno de Yucatán y la administración de Mauricio Vila.
Conforme han aumentado las críticas hacia la empresa, también han aumentado sus intentos por limpiar su imagen. El Foro Ambiental 2022 fue uno de ellos, pero las y los habitantes de Sitilpech irrumpieron con botellas de agua contaminada, con etiquetas similares a los de un popular refresco pero con la leyenda “Agua Kekén”.
La Península de Yucatán atraviesa una crisis ambiental originada por distintas actividades y megaproyectos, pero sin duda alguna las megagranjas porcícolas y bovinas se encuentran entre las principales causas. Pareciera que quienes tienen el poder de decisión en una de las empresas con mayor responsabilidad en el rubro prefieren no ver lo evidente. Y en el mejor de los casos, intentan lavarse el rostro con la misma agua que contaminan a diario.
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Lavarse el rostro con tu propia agua sucia

De nada sirve que la constitución reconozca que un bien es “propiedad de la nación” si el Estado no lo priorizará para mantener la vida. La escasez de agua en Nuevo León es en parte consecuencia de instituciones como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que se han limitado a facilitar el acaparamiento de las fuentes hídricas.
La crisis en el acceso al agua de Nuevo León se perfila cada día como una nueva normalidad. Este domingo, el director de la empresa pública Agua y Drenaje anunció que se restringiría diariamente el acceso al agua en toda la entidad de 6 p.m. a 6 a.m. Además, continuaría el esquema de reducción de suministro durante un día a la semana dependiendo de las zonas, el cual ya venía implementándose desde hace semanas.
El origen de este problema es multifactorial. Influyen factores como las condiciones inhóspitas del sitio donde se fundó el Área Metropolitana y el cambio climático. Pero igual influye –y mucho- que las autoridades hayan priorizado su uso para ciertos actores económicos.
Según datos de la Conagua, el 75.7 % del agua es utilizada para actividades agrícolas y el 14 % para las industrias. Sin embargo, en el rubro de “actividades agrícolas” también están comprendidas aquellas realizadas de forma industrial y a gran escala, incluso de monocultivos. Esta división a rajatabla entre las actividades agrícolas y las industriales pudiera resultar en una distinción engañosa.
También, según la Conagua, en México el uso doméstico del agua solo representa el 10 % de su consumo. Según la ONU, sería del 8 %.
Algunos activistas regios han denunciado que la mayor extracción de agua recae en cinco empresas, las cuales utilizan más de cuatro veces lo autorizado por Conagua para el uso doméstico en toda la entidad. Por su parte, San Pedro Garza García, el municipio más rico de país, es el que más porcentaje de agua consume y el que menos problemas presenta en su suministro.
Quienes tienen el mayor poder de decisión sobre el destino del agua también poseen los medios para ignorar esta crisis. Muchas familias de gran poder adquisitivo entienden este escenario tan solo como un gasto adicional: ahora tendrán que pagar servicios privados de pipas para que puedan llevar su vida cotidiana. Y así lo harán, pero la aplastante mayoría de la población, no.
Hay quienes incluso han vivido esta crisis desde antes de que se reconociera como tal. Existen comunidades en el Área Metropolitana de Monterrey que desde hace años e incuso décadas dependen del agua de lluvia debido al desabasto constante.
Conagua se ha limitado a ser un facilitador para el consumo privado, en lugar de ser una institución para garantizar que el uso del agua priorice a la población. Y no ha habido un cambio ni siquiera en el sexenio en el cual se prometió una transformación de la vida pública y una separación entre el Estado y los intereses empresariales.
La ausencia de Conagua durante esta crisis nos deja a la merced de la buena voluntad de las empresas para ceder sus pozos a la población. Sus omisiones han dejado la última palabra en aquellos sectores que, incluso en estos momentos de incertidumbre, pueden ignorar la crisis del agua, como si fuera algo lejano y aún por confirmarse. Tal y como muchas otras personas la veíamos antes.
Hoy más que nunca, depende de la Conagua hacer una verdadera transformación en las concesiones de agua para que el artículo 4 constitucional que reconoce el derecho humano al agua no sea una ironía sádica del Estado.
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La crisis del agua visible, la Conagua invisible

El proceso para hacer la nueva constitución en Nuevo León tiene dos finales posibles: producir ciertos cambios urgentes que ayuden a fortalecer la garantía de los derechos humanos, o terminar siendo un mero proceso de “Marie Kondo legal” para terminar con lo mismo. El viernes participé en el “Primer Foro de ciudadano” para hacerle comentarios y propuestas al proyecto. Mi intervención se centró en cuatro puntos: hacer que la nueva constitución sea ratificada por la ciudadanía, establecer mecanismos para exigir los derechos, cambiar la política de vivienda y ciudad, y eliminar el reconocimiento de la personalidad jurídica de la vida desde la concepción.
Toda nueva constitución en un Estado que se dice democrático debe surgir de la legitimidad de la población. Externé mi preocupación porque la ciudadanía está viendo este proceso como un trabajo a puerta cerrada en el cual solo un grupo limitado de personas hemos podido intervenir. Por eso propuse que el proyecto de nueva constitución sea ratificado por medio del debate público y el voto popular.
La nueva constitución incluye un catálogo de derechos muy generoso, incluyendo varios que no están reconocidos en la Constitución Federal. Pero no se establecen mecanismos para exigir su cumplimiento, lo cual sería igual a no tenerlos. Propuse la creación de una Sala Constitucional al interior del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León para que se puedan presentar juicios contra el incumplimiento de esos derechos (amparo local) o cuando el Congreso no emita las leyes que tiene que hacer para garantizarlos (acción contra omisión legislativa).
La propuesta de nueva constitución reconoce el derecho a la ciudad, pero no el derecho a la vivienda. Esto me parece un síntoma de la perspectiva con la cual ambos temas han sido abordados en la entidad desde hace décadas. Nuevo León cuenta con un organismo fuerte encargado de otorgar títulos de propiedad (Fomerrey), pero su instituto de vivienda está disminuido a ser un satélite rezagado. Esto ha generado asentamientos de propietarios sin acceso a servicios básicos, en condiciones precarias, sin acceso al transporte y excluidas de la ciudad en la que se encuentran.
Por eso propuse reconocer el derecho a la vivienda adecuada en la nueva constitución, así como la creación de un Instituto de Vivienda y Ciudad que aborde ambos temas de manera conjunta y progresiva. No hay vivienda sin ciudad, ni viceversa. El otorgar títulos de propiedad es importante, pero debiera ser tan solo el primer paso de una política pública más robusta.
Por último, pero no menos importante, propuse eliminar del artículo 4 del proyecto el reconocimiento de la personalidad jurídica de la vida desde la concepción. Se ha dicho mucho que esta disposición sirve para garantizar derechos de herencia y patrimonio familiar, pero en la realidad su único efecto material es que las mujeres que abortan en alguno de los casos permitidos legalmente sean de todos modos sancionadas por el delito de homicidio en grado de parentesco. No evita los abortos y sí amplía la criminalización de las mujeres.
Ojalá que estas propuestas, así como muchas otras presentadas por compañeras y compañeros en ese espacio, sean tomadas en cuenta por el Congreso y el Gobierno de Nuevo León. Una nueva constitución no será nunca la panacea, ni la solución a todos los problemas que enfrentamos en la entidad. Pero sí puede renovar las bases sobre las cuales son atendidos. Es un paso insuficiente, pero necesario.
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La disyuntiva de la nueva constitución de Nuevo León

Preámbulo aclaratorio: Al poco tiempo de publicarse este artículo me llegaron varias críticas, algunas atendibles, otras que creo que parten de algunas confusiones (algunas de mi responsabilidad). Hago estas aclaraciones previas que solicité se agregaran al texto.
Durante mucho tiempo hubo un debate sobre si la masacre del 2 de octubre de 1968 fue o no un genocidio. Quienes dentro del movimiento de derechos humanos sostuvieron que no lo era recibieron duras críticas, que iban desde acusaciones de tibieza hasta de complicidad. La realidad es que el derecho internacional reconoce una definición de genocidio que no aplica a los hechos de Tlatelolco. Pero sí le aplica la de crimen de lesa humanidad. Que no sea una cosa no significa restarle gravedad, sino diferenciar los mecanismos y formas para hacerle frente.
¿Por qué pongo este ejemplo? Dinámicas similares se han dado en el movimiento de los derechos humanos cada vez que se busca que una nueva circunstancia sea incluida en el techo de algún concepto jurídico. Creo que algo más o menos similar ocurre con el concepto de discurso de odio.
No hay un concepto consensuado sobre lo que es discurso de odio. Ni siquiera en el derecho internacional. Pero pareciera haber una tendencia a reconocer que se trata de mensajes que tienen la intención de provocar un daño físico o a la integridad de un grupo de personas históricamente discriminadas. Se tratan de mensajes que por sí mismos constituyen delitos y que deben estar sujetos a censura previa.
Por regla general, ninguna expresión puede ser sujeta a censura previa. Debe permitirse toda expresión y únicamente pueden sancionarse por las consecuencias que generen después de producirse (responsabilidad ulterior). Pero hay excepciones a esta regla que sí permiten censura previa (es decir, que el Estado puede bloquear esos mensajes incluso antes de emitirse y castigarlos por su sola emisión): por ejemplo, la pornografía infantil y, por supuesto, los discursos de odio. De sobra está decir que esas excepciones son más que necesarias.
Como menciono en el artículo, todo discurso de odio es un discurso discriminatorio pero no todo discurso discriminatorio es discurso de odio. Ha habido propuestas para desarrollar otros conceptos que atiendan situaciones igualmente reprochables pero que requieren un tratamiento distinto. Por ejemplo, “discursos estimagtizantes”, “discursos peligrosos”, entre otros. Estos también podrían ser combatidos legalmente pero, insisto, de forma distinta.
Una de las razones de esta distinción es el tema de la intencionalidad. Muchos discursos peligrosos y estimatizantes ponen en riesgo a una población históricamente discriminada, pero no existe necesariamente una intencionalidad por parte del emisor. En el discurso de odio siempre hay intencionalidad. Un discurso peligroso o estigmatizante puede venir de la ignorancia sobre un tema o de normas históricamente difundidas en una sociedad. No por eso se deben tolerar, pero no vamos a tratar igual la ignorancia sobre un tema o la reproducción de discursos acondicionados socialmente con un llamado a agredir a un grupo.
¿Qué mensajes sí serían discurso de odio? No podemos decirlo en abstracto sino que hay que analizar caso por caso, mensaje por mensaje. Y es ahí cuando regreso a la sentencia de Quadri.
El Tribunal Electoral analizó una lista de tuits que la diputada Salma Luevano presentó en su denuncia. Partamos, entonces, de que el Tribunal no sentó en el banquillo a Quadri para determinar si él, en lo general, es una persona transfóbica. Se le sentó para analizar un número finito de mensajes que emitió por Twitter.
De esos mensajes, habían unos que evidentemente podría discutirse si configuran discurso de odio (ahora explico el uso de “podría”) pero hay otros en los que claramente tengo dudas. Y no por eso no configurarían violencia política contra la mujer. Son conceptos distintos. Uno permite censura previa, el otro solo responsabilidad ulterior.
En la sentencia -la cual pude leer con posterioridad a la redacción del artículo- se confirma mi preocupación. El Tribunal pareciera entrelazar el concepto de discurso de odio con el de violencia política contra la mujer, así como el de discursos discriminatorios en general. Va de uno a otro, casi como sinónimos. Y en ningún momento analiza paso por paso los elementos para acreditar si efectivamente es o no discurso de odio lo que hay en esos tuits o al menos en algunos.
La sanción del Tribunal fue ordenar a Quadri a que se disculpe, que tome unos cursos sobre discriminación y que publique en su cuenta de Twitter un resumen de la sentencia. Además, ordena se le notifique a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados y Diputadas para que emita las sanciones que considere.
No era una sentencia penal, ni mucho menos se ordenó la suspensión de los derechos políticos de Quadri. Sin embargo -y aquí viene un punto que creo que no supe aclarar en el artículo- la reacción de mucha gente en redes fue la de exigir que se le impida volver a competir en elecciones, lo cual es una sanción que solo se puede darse por una sentencia penal. Incluso, había gente que hasta comentaba que debía metérsele a la cárcel por sus discursos. Todo esto como una justificada reacción contra un personaje que ha reiteradamente ofendido y agredido a la población LGBT+. Pero me parece incorrecto y contraproducente exigir sanciones penales a un mecanismo con un alcance tan acotado como lo era esa denuncia electoral, así como pedir que cualquier mensaje sea sancionado con consecuencias de discurso de odio solo por la persona que lo emitió.
El artículo se escribió en un contexto en el cual habían muchos mensajes en redes que entendían el juicio electoral como un juicio para determinar si Quadri es transfónico y para establecerle sanciones con alcances propias del derecho penal. Por eso hablé de “punitivismo discursivo”.
Así, mi artículo no buscaba decir que Quadri no es transfóbico o que nunca ha emitido discursos de odio. Lo que traté de problematizar es la falta de escrutinio mensaje por mensaje que se requiere para evitar que después de ampliar las puertas de lo que amerita una sanción como discurso de odio se permita que otros sectores las utilicen para censurar a grupos históricamente discriminados. Esto ya está pasando, como menciono en el artículo.
También entiendo las críticas de que me centré “solo en lo legal”. Mi aporte es jurídico porque soy abogada. Es muy limitado, lo sé. Pero ocurre que es una discusión legal. También política, sociológica y discursiva. Pero es legal. Decir que algo es discurso de odio tiene consecuencias legales.
De mi parte, desde aquí me abstengo de pronunciarme sobre un tema para el cual evidentemente no era la persona adecuada. Espero que al menos este artículo pueda ser un detonador para proponer un puente de diálogo entre las personas dedicadas al activismo de la libertad de expresión y al movimiento LGBT+.
Para más información, sugiero consultar el “<a href="https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/03/ARTICLE-19-Manual-sobre-el-%E2%80%98Discurso-de-Odio%E2%80%99.pdf" target="_blank" rel="noopener">Manual de discurso de odio</a>” de la organización Artículo 19.
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Los discursos discriminatorios siempre son nocivos. No son aceptables en ninguna de sus formas. Pero esto no quiere decir que cualquier medio esté justificado para combatir todas las formas de discriminación. El caso de la diputada Salma Luevano contra el diputado Gabriel Quadri es un claro ejemplo para abordar estas reflexiones.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia declarando que Quadri había cometido violencia política contra las mujeres debido a diversos comentarios transfóbicos a través de su cuenta de Twitter. Al momento de escribirse este artículo la sentencia no había sido publicada, pero sí otras resoluciones de ese juicio. Uno de los conceptos que se sabe estuvo sujeto a análisis es el de “discurso de odio”.
Por regla general, las expresiones solo pueden ser sancionadas cuando generan alguna afectación después de haberse dicho (no antes). Pero existen algunas excepciones en las que es posible establecer una censura previa: por ejemplo, la pornografía infantil, la apología del delito y, por supuesto, el discurso de odio. De ahí que no sea un asunto menor determinar con claridad qué es discurso de odio y qué no lo es.
Todos los discursos de odio son discriminatorios, pero no todo discurso discriminatorio es discurso de odio. Los discursos estigmatizantes o los discursos peligrosos ponen en vulnerabilidad a los grupos históricamente excluidos, pero se enfrentan y atienden a través de otros mecanismos distintos.
El movimiento de los derechos humanos –sobre todo en México- no se ha librado por completo de la lógica punitivista. Cada vez que se da el caso de una declaración manifiestamente discriminatoria, no falta quien proponga denuncias y sanciones severas en contra del emisor. ¿Es esto realmente benéfico y estratégico para la causa de derechos humanos?
Las personas que se dedican al activismo de la libertad de expresión han advertido desde hace años que esta lógica punitiva de los discursos es contraproducente. En recientes años, grupos en contra del reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la población LGBT+, de los migrantes y de otros grupos han aprovechado esta lógica punitivista para buscar censurar denuncias, sátiras e incluso expresiones de defensa de los grupos discriminados. Si todo puede ser discurso de odio, por ejemplo, también los simpatizantes de Trump, de grupos “pro familia” y de grupos anti-personas trans pueden exigir que todo sarcasmo y crítica hacia ellos sea considerado discurso de odio.
Entiendo perfectamente que este artículo lo escribo desde mi total privilegio. La discriminación, los abusos y la violencia que muchas personas sufren diariamente requiere una atención urgente. Por supuesto que todo discurso discriminatorio les expone a esa realidad. Por supuesto que no puede exigirse paciencia a quien la ha apostado toda en la eterna espera porque las cosas cambien. Pero eso no debe ser motivo para que en el movimiento de derechos humanos seamos autocríticos. Los medios que usamos se conectan intrínsecamente con nuestros fines. Por eso los primeros no pueden ser incompatibles con los segundos.
¿Quitarle los derechos políticos a un personaje como Quadri –<a href="https://front.animalpolitico.com/2022/04/tribunal-sanciona-a-quadri-por-violencia-politica/" target="_blank" rel="noopener">cosa que, contrario a lo que se difundió en medios, no ordena la sentencia</a>&#8211; realmente ayudaría a garantizar un escenario de comprensión y aceptación hacia grupos históricamente discriminados? ¿O le dará a los grupos antiderechos los mártires que necesitan para presentar sus odios como supuestas luchas por la libertad de expresión?
Quadri anunció que acudirá “a la siguiente instancia jurisdiccional para recurrir la sentencia” del Tribunal Electoral. No existe ninguna otra instancia en México, así que todo indica que tratará de llevar su caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos o a algún Comité de la ONU. Ahora se trata de él y de la alegada censura. No de por qué el discurso de sus tuits es perjudicial, está basado en mentiras y refuerza un contexto de exclusión y violencia.
<a href="https://twitter.com/kalycho" target="_blank" rel="noopener">@kalycho</a>

El punitivismo discursivo

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) negó que exista una burbuja inmobiliaria en Yucatán. Esto ocurrió cuando un periodista de La Jornada Maya cuestionó al vocero de la CMIC en Mérida sobre algunas valoraciones que yo había hecho sobre el tema. Los argumentos para sustentar su respuesta evidencian errores de enfoque bastante comunes al abordarse este fenómeno.
En el marco de la Expo Feria de la Construcción 2022, Raúl Asís Monforte González, presidente de CMIC Yucatán, aseguró que no hay burbuja porque sigue habiendo oferta. A su decir, “se termina un desarrollo y se vende, se termina una torre de departamentos y están todos vendidos y ocupados”. Cuando se le preguntó por las más de 60 mil casas sin habitarse en Mérida reportadas por el INEGI, Monforte González respondió: “No he visto ese reporte al cual te refieres del INEGI, se me hacen cifras muy grandes y eso se vería, y yo no veo eso”. Únicamente reconoció que “hay mucha gente que adquiere propiedad para una inversión a futuro, ya sea para rentar o para revender posteriormente”.
Las respuestas de la CMIC Yucatán no son muy diferentes a las que suelen dar asesores e “influencers” inmobiliarios. Y también comparte sus imprecisiones conceptuales.
Los actores del sector inmobiliario saben que su mercado es complejo y opaco en sus datos. Por eso saben que sus sentidos no bastan para comprender lo que está ocurriendo en su totalidad. De ahí que sea incomprensible que respuestas como “no es lo que veo” les parezcan suficientes al momento de hablar de especulación inmobiliaria. Monforte González incluso rechazó datos del INEGI que él mismo reconoció desconocer.
En las burbujas inmobiliarias no cesa la demanda. Lo que ocurre es que el mercado se sostiene principalmente de una demanda que busca especular y revender bajo la promesa de que en el futuro habrá un comprador final que sí quiera vivir ahí y esté dispuesto a pagar el precio ya elevado. Cuando hay una percepción no realista de esta expectativa, se produce la burbuja.
Pondría también en duda la afirmación de que en Mérida todos los departamentos están “vendidos y ocupados” apenas se terminan de construir. Proyectos que en 2012 aseguraban ser el adalid de la nueva ciudad vertical continúan en gran medida desocupados.
Por último, no debemos confundir el mercado de vivienda en venta con el de arrendamiento y el de los lotes de inversión. Este último es en el que más se han documentado señales de burbuja inmobiliaria. No obstante, no significa que no haya riesgos en el mercado de vivienda en venta. En 2021 la investigadora de la UNAM, Susana Pérez Medina, reportó que en 10 años Mérida solo redujo 0.7% de casas deshabitadas y que el 92% de éstas se encuentran en su periferia, en la zona de los desarrollos inmobiliarios recientes.
No es mi intención agotar la discusión en este breve espacio. Pero sí evidenciar que las respuestas comúnmente dadas por el sector inmobiliario, reproducidas ahora por la CMIC, no satisfacen las preguntas. La actividad inmobiliaria no es un asunto únicamente privado porque impacta en el suelo, el medio ambiente, el acceso a la vivienda y en el diseño de la ciudad. La posibilidad de una burbuja en Yucatán debe ser discutida a profundidad y con la seriedad que se merece. Aunque algunos, quizá por temor, parecieran no querer voltearla a ver.
<a href="https://twitter.com/kalycho" target="_blank" rel="noopener">@kalycho</a>

“Si no veo la burbuja inmobiliaria, no existe”

La principal herramienta que utilizan algunos grupos para oponerse al reconocimiento de derechos son las teorías de conspiración. Aunque variopintas y a veces enemistadas, esas narrativas suelen compartir una misma estructura que vale la pena identificar para entender por qué son tan efectivas y peligrosas.
Todos esos discursos tienen como punto de partida a un actor que podríamos llamar “el titiritero”. Se trata de una persona o entidad de la vida real que posee tanto poder como impopularidad entre ciertos sectores, características que les dan credibilidad a la teoría. Puede tratarse de George Soros o de la URSS o de empresas farmacéuticas, entre otros.
Posteriormente, se anuncia que ese personaje tiene como proyecto principal alcanzar un objetivo tan egoísta, oscuro y estratégico que no puede promoverlo abiertamente. ¿Cómo impulsa una agenda que al mismo tiempo oculta? Creando un movimiento de derechos, que en realidad sería un montaje, para que sirva de escalón previo antes de llegar a su verdadera meta.
El plan maestro del titiritero tras bambalinas iría así: si la gente por fin acepta la premisa “A” (los derechos exigidos) necesaria y automáticamente se tendría que aceptar la premisa “B” (objetivo oculto). Aunque ambas premisas no tengan relación directa. Aunque perfectamente se puede darle el sí a “A” y no a “B”.
Pongo algunos ejemplos: “los matrimonios interraciales son un plan comunista de la URSS”; “el movimiento pro aborto lo dirige Plan Parenhood para vender órganos”; “el matrimonio igualitario busca disminuir la población mundial y/o aprobar la pedofilia”; y “el ‘transgenerismo’ es un plan para aceptar proyectos de transhumanismo (seres humanos biónicos)”.
Los discursos conspiracionistas antiderechos suenan absurdos, pero son muy efectivos para generar miedos infundados. Borran las realidades sociales y deshumanizan a quienes buscan ejercer sus derechos: no son personas afectadas organizándose sino agentes encubiertos de un plan orquestado o “zombies” ya afectados por el mismo. Ninguna mujer querría abortar realmente, ninguna persona sería trans u homosexual, y ninguna pareja interracial se daría de forma espontánea. Cada historia y testimonio sobre estas vivencias, cada uno de los dolores descritos por estos grupos sería una farsa diseñada por el villano que desde las sombras aporta recursos para el sabotaje social. Los movimientos no existirían, no habría personas que de manera espontánea exigieran cambios legislativos y de política pública.
Es un hecho lamentable que siempre habrá quien busque sacar provecho personal de un movimiento. Muchos políticos apoyaron el reconocimiento del voto de la mujer por los insumos que vieron para sus carreras políticas. En un mundo capitalista, no sorprende que empresas turísticas saquen provecho al vender paquetes para bodas LGBT+ o productos con símbolos feministas. Pero esos cálculos oportunistas se dan en reacción a un movimiento articulado. No lo crean.
El punto más efectivo (y peligroso) de estas teorías es que impiden ver, escuchar y empatizar con las personas detrás de las exigencias. Al ser grupos que siempre fueron vistos como “los otros”, la ilusión de una amenaza viene acompañada con la creencia de que nada se pierde villanizándolos. Minan la comunicación, desgastándola en falsos debates acerca de los inexistentes alcances de los derechos que algunas personas están tratando de ejercer para tener una vida más vivible. Por eso hay que evidenciarlas.
<a href="https://twitter.com/kalycho" target="_blank" rel="noopener">@kalycho</a>

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