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Teuchitlán, y por qué sí politizar la tragedia
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Teuchitlán, y por qué sí politizar la tragedia

A diferencia de lo que dicen las y los gobernantes, sí es necesario politizar el caso del rancho localizado en Teuchitlán; politizar para exigir rendición de cuentas, politizar para no olvidar, politizar para que no se le dé vuelta a la página hasta que otro hallazgo macabro nos horrorice e indigne.
17 de marzo, 2025
Por: Ernesto Núñez Albarrán

Como siempre que hay un horror en el que fallaron todas las autoridades, hoy se llama a “no politizar” la tragedia del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

“No politizar”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, como sinónimo de no usar el caso para exigirle que reciba a las madres buscadoras y otros colectivos que, durante ya décadas, se han tenido que integrar alrededor de la tragedia nacional de las personas desaparecidas.

“No politizar”, exige su administración, como una manera de descalificar a los cientos de personas que el sábado por la noche hicieron una vigilia en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, para exigir que deje de invisibilizar a las víctimas del país de las fosas.

“No politizar”, secunda Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, partido que gobierna Jalisco y el municipio de Teuchitlán, desde hace más de seis años.

“No politizar”, suplican el gobernador actual, Pablo Lemus, y el alcalde José Ascención Murguía.

No politizar, cuando quizás lo mejor sea todo lo contrario.

Politizar, para exigirle cuentas a MC, que dice gobernar diferente, pero no se hace responsable del crecimiento e influencia de su cártel local. Politizar para llamar a cuentas a su exgobernador, Enrique Alfaro, y su exfiscal estatal, Joaquín Méndez Ruiz.

Politizar, para que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, explique qué hizo la FGR cuando se enteró del primer operativo en el que autoridades locales, y también federales (la Guardia Nacional estuvo ahí), incursionaron en el rancho e hicieron como si no pasara nada extraño ahí.

Politizar para que la presidenta Sheinbaum haga política -valga la redundancia- y reciba de una vez a los colectivos de madres buscadoras. Politizar para que la presidenta no encuentre en Teuchitlán el San Fernando o el Ayotzinapa de su sexenio.

Politizar para que MC, “la fuerza naranja”, tome el toro por los cuernos y deje de presumir sus “logros” en un estado tomado y controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, haciendo como si el territorio fuera un paraíso de inversiones, ferias, festivales, movilidad y “buenas rolas”.

Politizar, para tratar de entender en qué ha basado su éxito electoral MC, pese a la calamidad y la falta de atención que, durante todo su sexenio, se le reprochó a Enrique Alfaro.

La responsabilidad de MC

En las pasadas elecciones municipales del estado de Jalisco, más de 2 mil 600 personas votaron a favor de José Ascención Murguía, el político de Movimiento Ciudadano que buscaba la reelección en el municipio de Teuchitlán.

Chón Murguía, como se le conoce localmente, fue uno de los 40 candidatos postulados por Movimiento Ciudadano que ganaron una presidencia municipal el año pasado en Jalisco. En su caso, se llevó 2 mil 693 de los 5 mil 588 votos emitidos en Teuchitlán en la jornada del 2 de junio de 2024.

A pesar de que fue operado de la columna, lo que le impidió hacer una campaña intensa, dejó atrás con una amplia diferencia a los candidatos del PAN y Morena, sus rivales más cercanos, lo que le dio la oportunidad de continuar con el gobierno municipal que había iniciado en 2021.

Durante la campaña, fue visitado varias veces por Pablo Lemus, el candidato emecista a la gubernatura, quien también ganó la elección, aunque con una diferencia de apenas 5 puntos porcentuales sobre la candidata de Morena.

Ya electos, ambos políticos se reunieron en agosto de 2024, se tomaron una foto y Lemus subió a su cuenta de X un mensaje en el que decía:

“Nos reunimos con José Ascención Murguía Santiago, presidente electo de Teuchitlán, para dialogar sobre el trabajo conjunto que realizaremos en beneficio de este municipio. Durante nuestra conversación, abordamos diversos temas cruciales para el desarrollo de Teuchitlán, enfocándonos en infraestructura vial, agua, apoyo al campo y obra pública. Estamos comprometidos a trabajar en equipo para llevar a cabo estos proyectos y asegurar que Teuchitlán continúe avanzando”.

Ni en campaña ni en transición ni en sus primeros meses de gobierno, Murguía y Lemus hablaron de crimen organizado, de la problemática de personas desaparecidas ni de la crisis forense de Jalisco. Nunca dijeron que Teuchitlán era un lugar en el que el Cártel Jalisco Nueva Generación operaba un rancho de exterminio.

Hoy dicen que no tenían ni idea de lo que pasaba en el Rancho Izaguirre, un predio en el que los colectivos de búsqueda de desaparecidos han hecho el macabro hallazgo de fosas, hornos crematorios y cientos de pendas, zapatos y objetos personales que sugieren que decenas de personas encontraron ahí un destino fatal.

Para Pablo Lemus le ha servido de coartada decir que él no era gobernador en septiembre de 2024, cuando autoridades locales y federales hicieron un operativo en el rancho en el que detuvieron a diez personas y liberaron a algunas otras. No era él quien mandaba sobre la Fiscalía de Justicia de Jalisco, a la que le correspondía tomar el control del predio e investigar los delitos que pudieron haberse cometido en el rancho.

En efecto, él tomó posesión el 6 de diciembre de 2024, y en septiembre era gobernador electo (más preocupado en defender su triunfo ante las impugnaciones de Morena). Pero no relevó a un extraño el cargo, o a un enemigo político.

Lemus puede decir, incluso probar, que él no sabía nada sobre las indagatorias que hizo, o no hizo, la Fiscalía de Jalisco. Incluso, el actual fiscal, Salvador González de los Santos, fue nombrado en diciembre de 2024 por el Congreso del estado a propuesta de Lemus, y tampoco le tocó el caso del Rancho Izaguirre en septiembre de ese año.

Pero Enrique Alfaro, el exgobernador a quien Lemus sugiere que se le deben exigir cuentas, era de su mismo partido; de hecho, fue el dirigente político que hizo que MC se convirtiera en primera fuerza en Jalisco, por lo que no es fácil que el actual gobernador le endilgue toda la responsabilidad política sin provocar un pequeño cisma en el partido naranja.

En todo caso, junto con Alfaro, debe ser llamado a rendir cuentas el fiscal que estaba a cargo en septiembre de 2024, Joaquín Méndez Ruiz, quien dejó el cargo dos meses después de haber hecho un cateo en el Rancho Izaguirre, sin decir nada sobre lo que encontraron los colectivos hace un par de semanas.

Pablo Lemus y el nuevo fiscal podrán señalar las ineptitudes de sus antecesores, pero ¿qué puede decir el alcalde, Chón Murguía? Si él es presidente municipal desde 2021.

¿Será que no vio nada? ¿Será que, como ya ha salido a decir la semana pasada, el rancho estaba en un paraje alejado en el que es muy difícil supervisar lo que ocurre?

¿O será que, como todo sugiere, decidió no meterse en problemas con el Cártel Jalisco Nueva Generación? Cártel al que los colectivos de búsqueda responsabilizan de la crisis de violencia, de los levantones y el reclutamiento forzado de jóvenes, y de la crisis de personas desaparecidas que desde hace muchos años ha sido denunciada.

Todo esto ocurre cuando Movimiento Ciudadano ha intensificado una campaña publicitaria en la que presume sus gobiernos estatales en Nuevo León y Jalisco.

“En Movimiento Ciudadano hacemos buenas rolas… y también buenos gobiernos”, presume el dirigente emecista Jorge Álvarez Máynez en uno de esos videos.

El también excandidato presidencial habla de agua, movilidad y empleo para presumir los “logros” de sus gobernadores, pero nada dice de seguridad, violencia y derechos humanos.

“Así se construye el México nuevo, así gobierna la fuerza naranja”, concluye el dirigente en sus videos, en los que aparece aferrado en todo momento a su teléfono celular.

Hace falta politizar el caso Teuchitlán, para que todos dejen de echarse la bolita y, por primera vez en décadas, el Estado mexicano responda por una tragedia.

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Imagen BBC
Quién es Mahmoud Khalid, el estudiante palestino que fue detenido para ser deportado pese a ser residente permanente en EU
6 minutos de lectura

Fue uno de los rostros más visibles de las protestas estudiantiles contra la guerra de Gaza.

11 de marzo, 2025
Por: BBC News Mundo
0

Fue uno de los rostros más destacados de las acampadas de estudiantes en Estados Unidos que protestaron el año pasado por la guerra de Gaza, y ahora se enfrenta a una posible deportación.

Mahmoud Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia, en Nueva York, se ha convertido en la primera víctima de la nueva política del presidente Donald Trump, que prometió acabar con las protestas estudiantiles y amenazó con deportar a los estudiantes extranjeros que fueran “simpatizantes de los terroristas”.

“Es la primera detención de muchas que vendrán”, dijo Trump en su plataforma Truth Social, y acusó a Khalil de ser un “estudiante radical pro-Hamás”.

Khalil, refugiado palestino criado en Siria, fue detenido este fin de semana por Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según informó su abogada, Amy Greer.

Los agentes se presentaron en su casa, una vivienda propiedad de la universidad, cuando Khalil y su esposa acababan de regresar de una cena de Ramadán, y allí le comunicaron que su visado de estudiante había sido revocado y se lo llevaron arrestado.

El intento de deportación ha sido bloqueado temporalmente por un juez federal, que estudiará el caso en una audiencia de emergencia este miércoles, en la que está previsto que comparezca Khalil.

El universitario, estudiante de posgrado en la escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, está casado con una mujer estadounidense, que además está embarazada de 8 meses, y cuenta con un permiso de residencia (green card) que, según dijeron los funcionarios de inmigración a su abogada, también había sido revocado.

“Un preso político en Estados Unidos”

Columbia fue el año pasado el epicentro de las protestas estudiantiles propalestinas que tuvieron lugar en todo el país contra la guerra en Gaza y el apoyo de Estados Unidos a Israel, y Khalil fue el principal negociador de la acampada en el campus universitario de Manhattan.

Su arresto ha desatado la indignación entre grupos de derechos humanos en EE.UU. y entre la comunidad universitaria.

La presidenta de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Donna Lieberman, calificó la deportación de Khalil de “represalia selectiva y ataque extremo a la Primera Enmienda”.

Manifestantes en Nueva York piden la liberación de Mahmoud Khalil.
EPA
Cerca de un millar de personas se manifestaron en Nueva York para pedir la liberación de Mahmoud Khalil.

También se ha mostrado “extremadamente preocupada” la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que está siguiendo el caso.

Cerca de un millar de manifestantes con banderas palestinas se congregaron este lunes en Manhattan para pedir la liberación de Khalil y condenar las acciones de la nueva administración de Trump. Al menos una persona fue detenida.

“Ahora nos enfrentamos a la horrible realidad de que uno de nuestros estudiantes, miembro de la comunidad de Columbia, se ha convertido en preso político aquí en Estados Unidos”, declaró Michael Thaddeus, profesor de esta universidad neoyorquina.

“Es un momento funesto para la historia de Estados Unidos”, afirmó Thaddeus en una rueda de prensa con otros 50 docentes. “No debemos avanzar ni un paso más por este camino autoritario”.

El caso de Mahmoud Khalil “parece una clara persecución de activistas, y sienta un precedente muy, muy peligroso”, dijo a AFP Tobi, un manifestante de 42 años que no quiso dar su apellido por miedo a represalias, y que calificó el caso como “un secuestro”.

Sin cargos

“Revocaremos los visados y/o las tarjetas de residencia de los partidarios de Hamás en Estados Unidos para que puedan ser deportados”, publicó este domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, en X.

La abogada de Mahmoud Khalil, Amy Greer, afirmó que lo ocurrido a su cliente es un “terrible e inexcusable -y calculado- error”, y calificó su detención como parte de “la represión abierta del gobierno estadounidense contra el activismo estudiantil y la expresión política”.

Khalil, que no ha sido acusado de ningún delito, fue internado en un primer momento en un centro de inmigración de Nueva Jersey, antes de trasladarlo a un centro de detención de Jena, Luisiana, según los registros del ICE.

Tiendas de campaña en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Getty Images
La Universidad de Columbia fue el epicentro de las protestas estudiantiles contra la guerra de Gaza.

Su abogada asegura que el ICE también amenazó con detener a su esposa, una ciudadana estadounidense embarazada de ocho meses. Cuando intentó visitarlo en Nueva Jersey, los funcionarios le dijeron que no estaba allí.

Según la Universidad de Columbia, las fuerzas del orden pueden entrar en las instalaciones del campus con una orden judicial, pero negó que la dirección de la universidad hubiera invitado a agentes del ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional puede revocar un permiso de residencia e iniciar los procedimientos de deportación contra sus titulares por una amplia gama de actividades delictivas, como el apoyo a un grupo terrorista.

Pero expertos jurídicos explicaron a la agencia de noticias AP que la detención de un residente permanente legal que no ha sido acusado de ningún delito “constituye una medida extraordinaria con un fundamento jurídico incierto”.

Según Camille Mackler, fundadora de Immigrant ARC, una coalición que ofrece servicios legales en Nueva York, “esto parece una represalia contra alguien que expresó una opinión que no le gustó a la administración Trump”, según publica AP.

Khalil tuvo un papel relevante como negociador entre la gerencia de la universidad y los estudiantes que instalaron el pasado verano un gran campamento de protesta en los jardines del campus.

Algunos estudiantes llegaron incluso a hacerse con el control de uno de los edificios de la universidad durante varias horas, antes de que la policía entrara en el campus para detenerlos. Khalil no estaba, sin embargo, en ese grupo.

Después de este incidente, Mahmoud Khalil contó a la BBC que había sido suspendido temporalmente por la universidad.

Recortes a la universidad

La detención de Khalil se produce después de que el presidente estadounidense emitiera en enero una orden ejecutiva en la que advertía de que se deportaría a cualquier persona implicada en “protestas proyihadistas” y a “todos los simpatizantes de Hamás en campus universitarios”.

Algunos estudiantes judíos de la universidad habían denunciado que los discursos en estas protestas rayaban a veces el antisemitismo, aunque otros se unieron a las manifestaciones propalestinas.

El nuevo gobierno de Trump ha acusado a la Universidad de Columbia de no combatir el antisemitismo en el campus, y la semana pasada decidió rescindir una partida de US$400 millones en subvenciones federales a la institución universitaria.

La cancelación de estos fondos “tendrá un impacto inmediato en la investigación y otras funciones críticas de la universidad”, anunció en un correo electrónico a todo el campus el pasado viernes la presidenta interina de Columbia, Katrina Armstrong.

Carly, estudiante de posgrado en Columbia, judía, estadounidense y amiga de Khalil, declaró a la BBC que el detenido es “un ser muy, muy compasivo”.

“Ha sido objeto de muchos ataques en internet, y para alguien que lo conoce a nivel personal es muy doloroso ver cómo lo han tergiversado”, dijo Carly, que se negó a compartir su apellido por razones de privacidad.

En declaraciones a Fox News, el zar de las fronteras de Trump, Tom Homan, alegó que Khalil había violado las condiciones de su visado al “cerrar edificios y destruir propiedades”.

*Con reportería de Madeline Halpert, Rachel Looker, Nomia Iqbal y Nada Tawfik.

Línea gris.
BBC

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