Teuchitlán, y por qué sí politizar la tragedia
Como siempre que hay un horror en el que fallaron todas las autoridades, hoy se llama a “no politizar” la tragedia del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
“No politizar”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, como sinónimo de no usar el caso para exigirle que reciba a las madres buscadoras y otros colectivos que, durante ya décadas, se han tenido que integrar alrededor de la tragedia nacional de las personas desaparecidas.
“No politizar”, exige su administración, como una manera de descalificar a los cientos de personas que el sábado por la noche hicieron una vigilia en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, para exigir que deje de invisibilizar a las víctimas del país de las fosas.
“No politizar”, secunda Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, partido que gobierna Jalisco y el municipio de Teuchitlán, desde hace más de seis años.
“No politizar”, suplican el gobernador actual, Pablo Lemus, y el alcalde José Ascención Murguía.
No politizar, cuando quizás lo mejor sea todo lo contrario.
Politizar, para exigirle cuentas a MC, que dice gobernar diferente, pero no se hace responsable del crecimiento e influencia de su cártel local. Politizar para llamar a cuentas a su exgobernador, Enrique Alfaro, y su exfiscal estatal, Joaquín Méndez Ruiz.
Politizar, para que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, explique qué hizo la FGR cuando se enteró del primer operativo en el que autoridades locales, y también federales (la Guardia Nacional estuvo ahí), incursionaron en el rancho e hicieron como si no pasara nada extraño ahí.
Politizar para que la presidenta Sheinbaum haga política -valga la redundancia- y reciba de una vez a los colectivos de madres buscadoras. Politizar para que la presidenta no encuentre en Teuchitlán el San Fernando o el Ayotzinapa de su sexenio.
Politizar para que MC, “la fuerza naranja”, tome el toro por los cuernos y deje de presumir sus “logros” en un estado tomado y controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, haciendo como si el territorio fuera un paraíso de inversiones, ferias, festivales, movilidad y “buenas rolas”.
Politizar, para tratar de entender en qué ha basado su éxito electoral MC, pese a la calamidad y la falta de atención que, durante todo su sexenio, se le reprochó a Enrique Alfaro.
La responsabilidad de MC
En las pasadas elecciones municipales del estado de Jalisco, más de 2 mil 600 personas votaron a favor de José Ascención Murguía, el político de Movimiento Ciudadano que buscaba la reelección en el municipio de Teuchitlán.
Chón Murguía, como se le conoce localmente, fue uno de los 40 candidatos postulados por Movimiento Ciudadano que ganaron una presidencia municipal el año pasado en Jalisco. En su caso, se llevó 2 mil 693 de los 5 mil 588 votos emitidos en Teuchitlán en la jornada del 2 de junio de 2024.
A pesar de que fue operado de la columna, lo que le impidió hacer una campaña intensa, dejó atrás con una amplia diferencia a los candidatos del PAN y Morena, sus rivales más cercanos, lo que le dio la oportunidad de continuar con el gobierno municipal que había iniciado en 2021.
Durante la campaña, fue visitado varias veces por Pablo Lemus, el candidato emecista a la gubernatura, quien también ganó la elección, aunque con una diferencia de apenas 5 puntos porcentuales sobre la candidata de Morena.
Ya electos, ambos políticos se reunieron en agosto de 2024, se tomaron una foto y Lemus subió a su cuenta de X un mensaje en el que decía:
“Nos reunimos con José Ascención Murguía Santiago, presidente electo de Teuchitlán, para dialogar sobre el trabajo conjunto que realizaremos en beneficio de este municipio. Durante nuestra conversación, abordamos diversos temas cruciales para el desarrollo de Teuchitlán, enfocándonos en infraestructura vial, agua, apoyo al campo y obra pública. Estamos comprometidos a trabajar en equipo para llevar a cabo estos proyectos y asegurar que Teuchitlán continúe avanzando”.
Ni en campaña ni en transición ni en sus primeros meses de gobierno, Murguía y Lemus hablaron de crimen organizado, de la problemática de personas desaparecidas ni de la crisis forense de Jalisco. Nunca dijeron que Teuchitlán era un lugar en el que el Cártel Jalisco Nueva Generación operaba un rancho de exterminio.
Hoy dicen que no tenían ni idea de lo que pasaba en el Rancho Izaguirre, un predio en el que los colectivos de búsqueda de desaparecidos han hecho el macabro hallazgo de fosas, hornos crematorios y cientos de pendas, zapatos y objetos personales que sugieren que decenas de personas encontraron ahí un destino fatal.
Para Pablo Lemus le ha servido de coartada decir que él no era gobernador en septiembre de 2024, cuando autoridades locales y federales hicieron un operativo en el rancho en el que detuvieron a diez personas y liberaron a algunas otras. No era él quien mandaba sobre la Fiscalía de Justicia de Jalisco, a la que le correspondía tomar el control del predio e investigar los delitos que pudieron haberse cometido en el rancho.
En efecto, él tomó posesión el 6 de diciembre de 2024, y en septiembre era gobernador electo (más preocupado en defender su triunfo ante las impugnaciones de Morena). Pero no relevó a un extraño el cargo, o a un enemigo político.
Lemus puede decir, incluso probar, que él no sabía nada sobre las indagatorias que hizo, o no hizo, la Fiscalía de Jalisco. Incluso, el actual fiscal, Salvador González de los Santos, fue nombrado en diciembre de 2024 por el Congreso del estado a propuesta de Lemus, y tampoco le tocó el caso del Rancho Izaguirre en septiembre de ese año.
Pero Enrique Alfaro, el exgobernador a quien Lemus sugiere que se le deben exigir cuentas, era de su mismo partido; de hecho, fue el dirigente político que hizo que MC se convirtiera en primera fuerza en Jalisco, por lo que no es fácil que el actual gobernador le endilgue toda la responsabilidad política sin provocar un pequeño cisma en el partido naranja.
En todo caso, junto con Alfaro, debe ser llamado a rendir cuentas el fiscal que estaba a cargo en septiembre de 2024, Joaquín Méndez Ruiz, quien dejó el cargo dos meses después de haber hecho un cateo en el Rancho Izaguirre, sin decir nada sobre lo que encontraron los colectivos hace un par de semanas.
Pablo Lemus y el nuevo fiscal podrán señalar las ineptitudes de sus antecesores, pero ¿qué puede decir el alcalde, Chón Murguía? Si él es presidente municipal desde 2021.
¿Será que no vio nada? ¿Será que, como ya ha salido a decir la semana pasada, el rancho estaba en un paraje alejado en el que es muy difícil supervisar lo que ocurre?
¿O será que, como todo sugiere, decidió no meterse en problemas con el Cártel Jalisco Nueva Generación? Cártel al que los colectivos de búsqueda responsabilizan de la crisis de violencia, de los levantones y el reclutamiento forzado de jóvenes, y de la crisis de personas desaparecidas que desde hace muchos años ha sido denunciada.
Todo esto ocurre cuando Movimiento Ciudadano ha intensificado una campaña publicitaria en la que presume sus gobiernos estatales en Nuevo León y Jalisco.
“En Movimiento Ciudadano hacemos buenas rolas… y también buenos gobiernos”, presume el dirigente emecista Jorge Álvarez Máynez en uno de esos videos.
El también excandidato presidencial habla de agua, movilidad y empleo para presumir los “logros” de sus gobernadores, pero nada dice de seguridad, violencia y derechos humanos.
“Así se construye el México nuevo, así gobierna la fuerza naranja”, concluye el dirigente en sus videos, en los que aparece aferrado en todo momento a su teléfono celular.
Hace falta politizar el caso Teuchitlán, para que todos dejen de echarse la bolita y, por primera vez en décadas, el Estado mexicano responda por una tragedia.
La hospitalización del papa Francisco ha evidenciado, según los expertos, un vacío normativo en el Vaticano que deja varias cuestiones sin resolver.
El papa Francisco, de 88 años, enfrenta una crisis de salud que mantiene en vilo a millones de católicos en todo el mundo.
Desde el 14 de febrero permanece ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por una grave infección pulmonar que evolucionó a neumonía bilateral.
En los últimos días sufrió episodios de insuficiencia respiratoria aguda, lo que requirió intervenciones médicas urgentes -como la ventilación mecánica no invasiva- para facilitar su respiración.
Aunque el pontífice está consciente, su estado sigue siendo delicado al presentar un cuadro “complejo”, según los médicos.
Además de las preocupaciones por su salud, la hospitalización de Francisco ha evidenciado, según algunos expertos, un vacío normativo dentro de la Iglesia que deja sobre la mesa varias cuestiones sin resolver.
Una de ellas es qué sucede si un Papa no puede seguir gobernando, pero tampoco ha fallecido ni ha renunciado.
Qué ocurre en el Vaticano
El Papa es la máxima autoridad de la Iglesia católica y del Estado Vaticano, por lo que su liderazgo es vital tanto en la dimensión religiosa como en la administrativa y la diplomática.
Como solo lleva unos días hospitalizado y mantiene la lucidez, de momento no se han observado trastornos importantes en la actividad de la Santa Sede.
“Los departamentos del Vaticano ya tenían su calendario programado. Este año se celebra el Jubileo y todo el programa ya estaba previsto”, indica a BBC Mundo Filipe Domingues, director del Centro Laico en Roma y especialista en asuntos del Vaticano.
El experto aclara que “los responsables de cada dicasterio pueden dirigir sus propias áreas, más o menos como ministros en un gobierno, por lo que no es necesario que el Papa tome cada decisión individualmente”.
Algunas tareas específicas sí están reservadas exclusivamente al pontífice, como los nombramientos de obispos, aprobar las canonizaciones de nuevos santos y sus mensajes a los fieles de los miércoles o domingos.
“Estos mensajes están saliendo, pero de manera limitada. Cuando él puede aprobarlos, se publican. Si no puede, tardan más en salir”, explica el experto.
Cuando el Papa no puede ejercer sus funciones de manera presencial, la administración de la Iglesia recae en la Curia Romana, el órgano de gobierno eclesiástico, y especialmente en el Secretario de Estado del Vaticano, cargo que actualmente ocupa el cardenal Pietro Parolin.
“Si el Papa no estuviera consciente, por ejemplo, todo seguiría más o menos igual: cada cardenal tiene su propio rol en el Vaticano y el secretario de Estado desempeña un papel muy importante en este contexto”.
Parolin supervisa asuntos diplomáticos y administrativos y actúa como una especie de “primer ministro” del Vaticano.
Sin embargo, su autoridad no sustituye la del Papa: el secretario de Estado “no puede tomar las decisiones que corresponden al pontífice, como por ejemplo el nombramiento de obispos”, subraya Domingues.
“Si el Papa no está consciente, no habrá nuevos nombramientos. Se tendrá que esperar -no existe un ‘vicepapa’- pero pueden seguir ejecutando los proyectos que ya estaban diseñados, manteniendo las prioridades del pontífice”, explica.
Mientras tanto, las celebraciones religiosas y eventos eclesiásticos siguen adelante.
Por ejemplo, el pasado domingo el arzobispo Rino Fisichella presidió la Misa Jubilar en la Basílica de San Pedro que originalmente debía oficiar el Papa.
En todo caso, aunque la Santa Sede cuenta con ciertos mecanismos para mantenerse operativa en ausencia de su líder, existen carencias en su sistema normativo que podrían plantear dificultades si la salud del pontífice se complica por un período más largo.
Qué dicen las normas
A diferencia de lo que ocurre en caso de fallecimiento o renuncia, donde existen normas bien establecidas para la sucesión, no hay un protocolo claro para delegar el liderazgo de la Iglesia si el Papa no puede ejercer plenamente sus funciones debido a una enfermedad grave.
La Santa Sede tampoco cuenta con un mecanismo para sustituir temporalmente al pontífice por enfermedad o incapacidad.
El director del Centro Laico atribuye esto, en parte, a la tradición e idiosincrasia de la Iglesia católica.
“Hay una comprensión de que el Papa es el sucesor de San Pedro, el líder de la Iglesia, y que su papel va más allá de un simple cargo. No es solo un puesto de trabajo que alguien ocupa temporalmente y luego deja”, explica.
Agrega que “uno de los títulos del Papa es ‘Vicario de Cristo’, lo que significa que es el principal representante de Cristo en la Tierra; por eso el planteamiento de ‘si ya no está bien, pongamos a otro’ no encaja con la lógica de la Iglesia”.
“La actitud es más bien: ‘Recemos por él para que mejore o pase por esta situación en paz. Y cuando llegue el momento, haremos lo que tengamos que hacer'”, explica el experto.
Los expertos señalan que el derecho canónico, que prevé procedimientos detallados para la sucesión papal en caso de muerte o renuncia, deja un vacío legal cuando el Papa sigue vivo pero no puede ejercer plenamente sus funciones.
El Canon 335 menciona la posibilidad de que la Santa Sede esté “vacante o totalmente impedida”, pero no define qué significa “totalmente impedida” ni establece pasos a seguir en ese escenario.
En el caso de los obispos, por ejemplo, la Iglesia sí tiene normas: según el Canon 412, una diócesis puede considerarse “impedida” si su obispo no puede ejercer su autoridad por razones de enfermedad, exilio o cualquier otra circunstancia, y el mando pasa a manos de un obispo auxiliar o vicario general.
Sin embargo, al no haber una disposición equivalente para el Papa, queda abierta la pregunta sobre quién debería asumir su rol en caso de incapacidad.
La carta de Francisco
En teoría, si un Papa no pudiera continuar en su cargo por motivos de salud, la única solución sería su renuncia.
Esto ocurrió en 2013 con Benedicto XVI, quien dimitió alegando que su deterioro físico ya no le permitía ejercer su labor.
Francisco, consciente de esta posibilidad, confirmó en 2022 que había dejado escrita una carta de renuncia para ser utilizada en caso de incapacidad médica.
Sin embargo, existe la incógnita de cómo se activaría esta renuncia si el Papa ya no estuviera en condiciones de manifestar su voluntad, ya que el derecho canónico establece que una dimisión papal debe ser “libre y manifiesta”.
En el caso de Benedicto XVI (2005-2013) él mismo anunció públicamente su renuncia; pero, si Francisco quedara en coma o sufriera una demencia avanzada, se plantea la duda de quién decidiría si su dimisión redactada con anterioridad es válida.
“Si el Papa tuviera Alzheimer y llegara un momento en el que ya no pudiera tomar la decisión por sí mismo, alguien de la Secretaría de Estado debería hacer pública la carta y presentar un informe médico”, considera Domingues.
“No conocemos los detalles de la carta, pero se mencionó algún tipo de incapacidad. Supongo que se necesitaría una declaración médica que confirmara que la situación será prolongada y que probablemente no podrá recuperarse”, agrega.
Y, si por algún motivo se descarta esta opción, “la Iglesia simplemente continúa hasta que termine el pontificado, lo que sucede cuando el Papa fallece. Así que hay que seguir adelante. No es lo ideal, pero ha ocurrido antes en la historia”, apunta el experto.
Existen precedentes históricos de cartas de renuncia papales, como la de Pablo VI, quien redactó un documento para pedir que se aceptara su dimisión si enfermaba gravemente.
Sin embargo, su misiva nunca se utilizó y Pablo VI permaneció en el cargo desde 1963 hasta su fallecimiento en 1978.
¿Habrá reformas?
Ante la falta de normas claras sobre la incapacidad papal, algunos especialistas en derecho canónico han propuesto reformas.
En 2021 un grupo de expertos sugirió que, en caso de que un Papa quedara completamente incapacitado, el Colegio de Cardenales debería asumir la gestión de la Iglesia y designar una comisión para evaluar periódicamente su estado de salud.
Esta propuesta implicaría que un comité médico revisara su estado de salud cada seis meses y, si se determinara que no puede seguir en su cargo, el Colegio de Cardenales podría activar un proceso para la elección de un sucesor.
Sin embargo, hasta ahora el Vaticano no ha aplicado ninguna de estas ideas, lo que significa que la Iglesia sigue sin un mecanismo formal para abordar la incapacidad prolongada de un Pontífice.
Preguntado sobre si existe debate dentro del Vaticano para reformar el derecho canónico en este sentido, Filipe Domingues dice “no haber escuchado nada al respecto”.
“No creo que haya planes en ese sentido, porque siempre existe la posibilidad de renuncia, y sigue siendo una opción”. afirma el director del Centro Laico.
Y agrega: “Por ahora estamos en una situación en la que él está consciente. Cada día informan de que está lúcido y al tanto de lo que le sucede a él y a la Iglesia. Todavía no hemos llegado a ese otro escenario”.
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