La escena es inédita: Andrés Manuel López Obrador entrega a Claudia Sheinbaum un bastón de mando similar al que los pueblos indígenas usaban para designar al jefe de la tribu. El palo de madera, tocado con una cabeza de águila en la parte superior y adornado con listones de colores, es semejante al que recibió el propio López Obrador en el Zócalo el 1º de diciembre de 2018. Al fondo, en una noche nublada, el Templo Mayor sirve de escenografía perfecta para el insólito perfomance.
Probablemente sea una excentricidad, pero la ceremonia carece de ilegalidad. Es un acto simbólico de transmisión de liderazgo de un movimiento, y no un evento oficial, por lo que se equivocan quienes se rasgan las vestiduras queriendo encontrar la ilegalidad en una puesta en escena a la que, por cierto, sólo fueron convocados los líderes tribales del movimiento.
El acto incluye, sin embargo, ciertos elementos cuestionables no por la entrega del bastón de mando en sí misma, sino por la parafernalia de la que está rodeada.
Es decir, lo ilegal no está en el acto simbólico, sino en la presencia de funcionarios públicos que, en principio, están obligados a la neutralidad e imparcialidad para preservar el principio de equidad en la próxima contienda electoral.
Por la mañana de ese mismo jueves 7 de septiembre, las autoridades electorales dieron inicio formal y legal al proceso electoral 2023-2024 en una ceremonia ignorada por el gobierno federal y los gobiernos estatales de Morena, volcados todos en el final de la contienda entre sus llamadas “corcholatas”.
En una lógica de legalidad electoral, lo cuestionable no es el bastón de mando, sino la asistencia de 22 gobernadores en funciones y de la próxima gobernadora del Estado de México, quienes anunciaron con su sola presencia su decisión de actuar como líderes locales del movimiento, y no como mandatarios obligados a no entrometerse en los comicios.
Amén del uso de recursos públicos, vehículos oficiales, asistentes y asesores, y del tiempo de su agenda como gobernadores de estados que, por cierto, viven graves problemas.
“Los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como de la Ciudad de México y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”, dice el cada vez menos atendido artículo 134 constitucional.
El colmo en todo esto es Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional de Morena que, en sus ratos libres, despacha como gobernador de Sonora, entidad en la que el crimen organizado ha sentado sus reales.
Ciertamente, el 1º de diciembre de 2018 López Obrador pasó primero por la Cámara de Diputados para la investidura oficial como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y pronunció en sesión de Congreso General su primer discurso a la nación. Horas más tarde, en su plaza de mil batallas, se dirigió a sus seguidores y encabezó una ceremonia ritual, ya sin validez oficial, pero con la investidura de presidente.
Llama la atención que esta vez decidió hacerlo al revés: primero la transferencia del liderazgo y, después, si las elecciones le salen bien a Morena, la transmisión oficial del poder presidencial.
Es decir, con el bastón de mando jamás pretendió convertir a Claudia Sheinbaum en presidenta -como se ha criticado-, sino ungirla como lideresa de la corriente ideológica a la que el propio López Obrador llama “movimiento”.
Bastón, mando ¿y liderazgo?
Por méritos propios y también por los errores que han llevado al descrédito a los partidos de la transición (PRI, PAN, PRD), el presidente López Obrador ha creado y dirigido la corriente política más importante del siglo XXI mexicano.
Forjado en tres campañas electorales, aunque formalizado como partido hasta 2014, “el movimiento” es un ente que trasciende incluso a Morena y que, más que 4T, podría definirse en una palabra como lopezobradorismo.
Con sus poderosos instrumentos de propaganda, hoy aceitados con cuantiosos recursos públicos desplegados desde Palacio Nacional, el lopezobradorismo es una corriente ideológica y política y, para sus más fieles seguidores, una especie de religión en la que el credo del líder se acepta, se acata, se propaga y se impone.
En la secta es más importante la doctrina que los argumentos; los fines de la causa justifican los medios.
Lo cierto es que, a partir de 2018, el movimiento se convirtió en partido oficial y en una poderosa máquina de ganar elecciones. Como suele ocurrir, con su crecimiento el movimiento se fue llenando de todo tipo de arribistas y oportunistas, atraídos por el poder y no por la causa, movidos por la posibilidad de llegar a los cargos públicos, más que por las “nobles causas del pueblo” que aún pregona López Obrador.
Son impresionantes las cifras que dan cuenta del poder acumulado por Morena y sus aliados PT, PVEM y el extinto PES en apenas cinco años: 23 gubernaturas, mayorías en más de 20 congresos estatales, más de mil 200 municipios, la mayor parte de las capitales estatales, la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado; 2.3 millones de militantes en Morena, 592 mil en el Verde y 457 mil en el PT.
Ésa es la plataforma de despegue de la campaña de Claudia Sheinbaum, pero también el tamaño de la responsabilidad que conlleva el liderazgo del movimiento.
Ciertamente, López Obrador estará a su lado durante el próximo año y, sin duda, seguirá siendo el factótum de la política y la voz que imponga la agenda pública desde la conferencia mañanera.
Pero, en teoría, corresponderá a ella dirigir las decisiones programáticas, la selección de candidaturas, la política de alianzas y la estrategia de campaña para cumplir eso que hace unos meses parecía un mero trámite: ganar la elección del 2 de junio de 2024.
Para ello, fue vital la sesión de ayer del Consejo Nacional de Morena, en la que Mario Delgado, Citlali Hernández, Alfonso Durazo, los gobernadores y el resto de la cúpula del partido la declararon lideresa, aunque con un poder acotado por un plan de gobierno en el que se compromete a continuar el lopezobradorismo. Eso, en los hechos, es lo que significa la “coordinación de defensa de la transformación”.
La precandidatura de Omar García Harfuch podría ser la primera decisión tomada por Sheinbaum con el bastón de mando en sus manos, pues se sabe que él es su candidato, mientras que el presidente parecía inclinarse por la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien estuvo acompañada ayer en su último informe antes de pedir licencia al cargo por el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.
En la construcción de su propio liderazgo, Sheinbaum tendrá que adoptar decisiones propias, incluso a contracorriente de los deseos presidenciales. Ésa será su verdadera prueba. Ahí es donde se medirá el auténtico poder del bastón de mando que ya tiene en sus manos.
Una pequeña fortuna. Eso es lo que pueden costar los alimentos, las bebidas alcohólicas o la ropa en Singapur, la ciudad más cara del mundo para vivir según el semanario británico The Economist, que cada año elabora el ranking en función de lo que puede comprar un dólar en cada una de las ciudades que analiza.
Cuanto más fuerte sea una moneda local, más arriba se colocan las ciudades del país en la lista, y viceversa.
Esto significa que a mayor fortaleza de la moneda, más cara la ciudad. Y a más debilidad de la divisa, más barato aparece el país en la tabla.
Pero en Singapur lo que de verdad tiene una cifra de lujo extremo es el costo de un certificado necesario para comprar un auto: el más barato superó la cifra de los US$106.000 a principios de octubre.
La ciudad-estado introdujo el sistema de certificado de derecho (COE) en 1990 como medida anticongestión.
Los posibles propietarios de automóviles deben tener un COE antes de poder elegir su vehículo y la validez del título expira a los 10 años.
Los derechos se venden en subastas cada dos semanas y el gobierno controla la cantidad de certificados a la venta, que depende del número de autos que se retiran de las carreteras.
A pesar de ser relativamente pequeño, Singapur suele clasificarse como uno de los países con mayor número de millonarios del mundo y por eso rara vez se apea del primer puesto: ha sido clasificado como el lugar más caro para vivir en nueve de los últimos 11 años.
El país asiático empata en el ranking de este año con Zúrich. Ambas son consideradas como capitales financieras.
La ciudad más grande de Suiza es siempre cara, sobre todo en alimentos, artículos para el hogar y entretenimiento. Zúrich llegó primero en 2020 y rara vez sale del top ten de la clasificación.
“Su ascenso a la cima del índice se debe principalmente a que el franco suizo se ha apreciado más del 10% frente al dólar durante el año pasado. La ciudad de referencia de la encuesta es Nueva York, por lo que si la moneda de un país se fortalece, sus ciudades generalmente ascenderán en la clasificación”, explica el semanario.
Esta debilidad del dólar provocó que las ciudades estadounidenses cayeran este año en el ranking. Sin ir muy lejos, Nueva York, la ciudad más cara el año pasado junto con Singapur, cayó al tercer lugar. En ese puesto empata con otra ciudad suiza, Ginebra.
Para The Economist Intelligence Unit, la crisis mundial del costo de vida que comenzó en 2022 sigue presente en este 2023, pese a que los precios de la energía y los problemas de la cadena de suministro se suavizaron.
Pero la inflación sigue siendo alta en todo el mundo: los precios de 200 productos y servicios que rastrea aumentaron una media del 7,4% durante el año pasado. Esto es ligeramente inferior al 8,1% de 2022, pero sigue muy por encima del promedio del 2,9% de los cinco años anteriores.
Las ciudades más baratas
La ciudad más barata de la clasificación sigue siendo Damasco, la capital de Siria, a pesar de que su cesta de precios aumentó un 321% interanual en términos de moneda local.
La retirada de los subsidios gubernamentales y la devaluación de la moneda hizo que los costos de importación se dispararan.
También cerca del final de la clasificación se encuentran Teherán (Irán) y Trípoli (Libia). La tasa de inflación de Teherán es alta, casi el 49%, mientras que los precios en Trípoli aumentaron poco más del 5% el año pasado.
The Economist afirmó que las tres ciudades son particularmente baratas en comestibles, así como en otros artículos para el hogar y cuidado personal.
¿Y qué pasa con Latinoamérica?
En el estudio de este año coincide que las 3 ciudades que más puestos escalaron están en América Latina. Fueron Santiago de Querétaro y Aguascalientes, en México, y la capital de Costa Rica, San José.
Aunque la encuesta de este año cubre 173 de las principales ciudades del mundo, el promedio global se ha calculado excluyendo Kyiv (Ucrania) y Caracas (Venezuela), que continúa enfrentando un ciclo de hiperinflación.
En la región de América Latina, Ciudad de México se sitúa como la más cara.
“En 2023, el peso demostró ser una de las monedas más fuertes de los mercados emergentes, gracias a los aumentos de las tasas de interés y la fuerte inversión interna”, dice el semanario económico.
“Los bancos centrales de gran parte de América Latina estuvieron entre los primeros en seguir los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos para respaldar sus monedas. Como resultado, el peso mexicano y el colón costarricense se fortalecieron”, explica The Economist.
Buenos Aires, la más barata en América Latina
Y pese a que las autoridades estiman que la inflación en Argentina acabará el año en el 180% anual, Buenos Aires es la ciudad más barata de la región de América Latina y el Caribe.
La razón principal es la devaluación sufrida por el peso.
Alguien que tiene dólares hoy en la capital argentina puede conseguir muchos más pesos al cambio que hace un año.
“Argentina ya se encuentra hoy en esa situación: tiene una senda fiscal insostenible, un tipo de cambio sobrevalorado y una balanza de pagos muy vulnerable. La inflación ha aumentado rápidamente, mientras que el peso argentino oficial se ha debilitado más lentamente”, dice Mali Chivakul, economista de mercados emergentes en J. Safra Sarasin Sustainable AM.
“Como resultado, el tipo de cambio real se ha apreciado bruscamente desde 2022. El ARS oficial se gestiona con diversas herramientas de control de capitales. La estimación del FMI de la sobrevaloración del tipo de cambio real se sitúa entre el 15% y el 20%. Y el mercado paralelo ofrece un tipo de cambio no oficial hasta un 150% más débil que el oficial”, añade el experto.
Por eso, pese a que la población de la capital sufre intensamente un ciclo de inflación, su comparación con el dólar la hace tan asequible.
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