¿Por qué perdió así Xóchitl Gálvez?
Los resultados electorales del 2 de junio volvieron a sacudir el sistema de partidos políticos y dejaron a la oposición -y a sus simpatizantes- pasmados entre el enojo y la incredulidad.
A menos de un día de los comicios, hay simpatizantes de Xóchitl Gálvez promoviendo peticiones de “voto por voto, casilla por casilla” en la plataforma change.org, y convocatorias para que funcionarios de casilla suban fotografías de sus actas a un sistema de cotejo, lo cual habla del tamaño de la incredulidad y molestia ante la realidad electoral de México en 2024.
Iniciativas como #SubeTuSábana, que comienzan a activarse en redes sociales, muestran una situación paradójica: los opositores a la 4T desconfían del sistema electoral al que salieron a defender en las tres ediciones de la “marea rosa” previas a la campaña electoral de 2024.
Pasaron de “el INE no se toca, a “al INE se le impugna”.
Del disparate al clasismo
Los más de 35 millones de votos de Claudia Sheinbaum, la mayoría que tendrán Morena y sus partidos aliados (PVEM y PT) en la próxima Legislatura, su triunfo en siete de las nueve gubernaturas en disputa y la posibilidad de que AMLO logre su plan C en el último mes de gobierno son hechos desconcertantes que han generado múltiples reacciones entre los votantes de la candidata Xóchitl Gálvez.
Algunos dicen cosas que muestran, al menos, cierta falta de cultura democrática: “ganó la ignorancia”, “vamos camino a Venezuela”.
Otros hacen generalizaciones a partir de situaciones que pueden ser reales, pero que no alcanzan a explicar que 35 millones de mexicanos hayan decidido prolongar durante un sexenio más la denominada “cuarta transformación”: “ganó la amenaza, la extorsión y la delincuencia organizada”, “todo es culpa de los esquiroles”, “va a continuar la deriva autoritaria”, “éstas fueron las últimas elecciones libres”.
Otras publicaciones rayan en el disparate y el clasismo, como una que circula en Instagram con el siguiente texto: “a partir de hoy, ya no le daré propina al viene-viene, ya no le dejaré el 10 por ciento al mesero, ya no voy a darle al limpiaparabrisas, ya no voy a donar cuando haya un desastre natural o terremoto, ya no le voy a dar diez pesos al cerillo del Súper aunque sea adulto mayor. Ellos votaron por Morena, que les ayude Morena”.
El resultado electoral parece haber roto la tenue diferencia entre ser hater de AMLO o xochilover y, desde la sorpresa o la frustración, se enderezan teorías de la conspiración, acusaciones de fraude o llamados que ponen el mundo al revés, como el de lanzarse a tomar Paseo de la Reforma para “limpiar la elección”.
Y también hay preguntas genuinas: ¿dónde quedó el descontento con un gobierno reprobado en muchas áreas?, ¿por qué no hubo un voto de castigo contra las malas políticas de salud, la fallida estrategia contra la violencia y la inseguridad?, ¿por qué no se votó en contra de “la militarización”?
¿Dónde quedó el “voto oculto” en favor de Xóchitl Gálvez del que tanto hablaban encuestadores y dirigentes de la oposición?
Preguntas con las que, en algunos casos, se busca deslegitimar el triunfo de Claudia Sheinbaum o que -desde una auténtica curiosidad- tratan de encontrarle una explicación al segundo tsunami electoral consecutivo con el que el lopezobradorismo ha reconfigurado el mapa político nacional.
El silencio de los responsables
La presión crece y, ante ella, los líderes opositores reaccionan como suelen hacerlo: no haciendo nada. Mientras Xóchitl Gálvez ha anunciado que siempre sí va a impugnar las elecciones presidenciales, quizás como una estrategia para no desanimar a sus representantes en los Cómputos Distritales que comienzan el miércoles, en los tres partidos de la coalición Fuerza y Corazón por México impera el silencio, mientras se hacen cuentas y cálculos políticos.
Con los días contados de por sí -pues en el otoño se deberían renovar las dirigencias del PRI y del PAN, según sus estatutos-, Marko Cortés y Alito Moreno tratarán de resistir hasta que, en agosto, asuman sus cargos de senadores plurinominales, que se aseguraron colocándose en el primer lugar de la Lista Nacional de sus partidos.
De renunciar ni hablar, pese a que no hay un solo resultado electoral que los avale como estrategas.
Peor situación vive el PRD, que no alcanza el 3 por ciento de la votación nacional en ninguna de las tres elecciones federales (Presidencia, Senado y Cámara de Diputados), lo que dejaría al partido amarillo sin registro, y a su líder nacional, Jesús Zambrano, sin el escaño que trató de asegurarse al configurar las candidaturas.
Ni uno de los tres parece dispuesto a explicarle a los 15.6 millones de votantes de Xóchitl Gálvez por qué perdieron con una diferencia abismal.
¿Por qué Yucatán la ganó Morena, si tenía uno de los gobernadores mejor evaluados del país? ¿Por qué Morena ganó las diputaciones y senadurías de Guanajuato, Chihuahua, Coahuila y Durango, supuestos bastiones del PAN y del PRI?
¿Por qué la coalición se quedó sin fuerza ni corazón en lugares donde Morena ha hecho gobiernos de pacotilla, como Veracruz, Puebla o Morelos? ¿Por qué no hubo ni la más mínima resistencia en Chiapas y Tabasco?
Marko, Alito y Zambrano son los acompañantes sonrientes de la Xóchitl que a las 7 de la tarde del domingo salió a decir que había ganado las elecciones. Y son los mustios dirigentes que aparecieron cabizbajos, fingiendo pesar, cuando a la medianoche la candidata reconoció al fin su derrota.
Pero no son los políticos que den la cara ante la estrepitosa derrota, o presenten su renuncia ante los pésimos resultados. Alito prefirió envalentonarse y apostar su dirigencia y escaño ante Jorge Álvarez Máynez, que tener un gesto de honorabilidad ante la militancia de su partido.
Y aún así, ahí van a estar en septiembre, listos para iniciar una nueva etapa de sus carreras políticas.
La responsabilidad del resultado no es de Xóchitl, sino de quienes la convencieron de abandonar la carrera por la Ciudad de México y lanzarse a la presidencial; la culpa no es de la Xóchitl que tuvo que recorrer el país lavándole la cara a los expresidentes del “PRIAN” y justificar décadas de malos gobiernos en tres debates presidenciales, sino de los líderes que hoy se han hecho ojo de hormiga.
Quienes se hacen las peguntas legítimas sobre las razones de la aplastante victoria de Sheinbaum quizás no deberían buscar respuestas en el INE, en los pobres, en la ignorancia, en la delincuencia organizada o en los muy probables errores contenidos en las actas de escrutinio, sino en esos partidos caducos que hoy, nuevamente, no saben ni siquiera encarar su derrota.
Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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