“Plan C”: el cambio de régimen que soñó AMLO está por concretarse
Hoy hace seis años, Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República, y dio por iniciada la llamada “cuarta transformación”, una construcción simbólica y propagandística que ha implicado un cambio radical en las instituciones y las reglas de nuestra democracia.
Ha sido larga la discusión sobre si la “cuarta trasformación” es, o no, un cambio de régimen, pues éste no tuvo como sustento -o evidencia- la redacción de una nueva Constitución.
El propio López Obrador explicó varias veces, durante su sexenio, que prefirió no lanzar de arranque la idea de una nueva Constitución, pues eso hubiera metido al país en una gran tensión, hubiera implicado una clara provocación a sus adversarios y hubiera implicado perder los primeros años del sexenio en ello.
Seis años después, sin embargo, el expresidente, su partido-movimiento y su sucesora Claudia Sheinbaum están cerca de completar la tarea de redactar prácticamente una nueva Carta Magna, la que López Obrador propuso el 5 de febrero de 2024, cuando envió a la Cámara de Diputados las 20 reformas del llamado “plan C”, 18 constitucionales y dos legales.
Recordemos qué es el “plan C”
Pareciera que hubieran pasado años de eso, pero no, ocurrió hace diez meses, al conmemorar el 107 aniversario de la Constitución de 1917, cuando López Obrador dijo que dejaría como legado una serie de iniciativas que buscaban revertir las “alteraciones” que, según él, hizo el neoliberalismo al sentido original de la Carta Magna.
“Ahora es justo y necesario, como nuestra aportación a la historia y a las nuevas generaciones, que le devolvamos toda su dignidad, su humanismo y su grandeza de transformación nacional”, anunció AMLO en el recinto parlamentario de Palacio Nacional, en un acto que -además- inauguraba las campañas proselitistas de 2024.
Era tan disruptiva la agenda propuesta, tan polémico su contenido, que nadie se hubiera atrevido a apostar, en aquel momento, a que algún día serían aprobadas las reformas, que algunos calificaban como regresivas y otros considerábamos una maniobra de distracción masiva con la que el presidente inauguraba la temporada electoral.
La propia Claudia Sheinbaum -en ese entonces precandidata presidencial- reaccionó con cautela en un primer momento, aunque a partir de abril -ya en campaña- abrazó el “plan C” y lo incorporó a sus propuestas de campaña.
El 2 de junio, contra todo pronóstico, y ante el estupor de opositores, académicos, analistas y opinadores críticos del lopezobradorismo, el “plan C” hizo ganar a Sheinbaum y le dio a Morena amplias mayorías en el Congreso de la Unión y los Congresos estatales.
Luego, Morena echó a andar la locomotora reformadora: por instrucciones de López Obrador, se apuró la aprobación de dictámenes en Comisiones de la Cámara de Diputados y se preparó el terreno para votarlos en septiembre, una vez instalada la nueva Legislatura.
Desde entonces, sin titubeos ni consideraciones por los efectos derivados de algunas reformas, la locomotora llamada “plan C” avanza sobre los rieles de las mayorías conformadas por Morena y sus aliados (PVEM y PT), y han hecho del primer periodo de la LXVI Legislatura el más productivo de la historia reciente.
En qué va el “plan C”
Hasta el momento, ya se han aprobado 11 de las 18 reformas constitucionales propuestas por AMLO en la Cámara de Diputados y el Senado de la República: 5 están promulgadas, 3 están pendientes de publicación por parte de la presidenta y 3 están completando el recorrido por los Congresos de los estados.
Las cinco ya promulgadas y vigentes son: la del Poder Judicial, la de la Guardia Nacional, la de derechos de los Pueblos Indígenas (estas tres las alcanzó a promulgar López Obrador antes de dejar la Presidencia); la del sistema ferroviario y la de empresas estratégicas de energía.
Las tres que Sheinbaum tiene desde hace semanas y que probablemente promulgará en esta semana son: la de protección animal, la que amplía los programas del Bienestar y una en materia de vivienda.
Las dos que acaban de aprobarse en las Cámaras y están siendo avaladas por las legislaturas de los estados son: la que desaparece siete organismos autónomos y la que amplía el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa.
Además, hay una que establece que el aumento al salario mínimo nunca estará por debajo de la inflación y que el sueldo de maestros, integrantes de las Fuerzas Armadas y médicos no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.
Esta última ya pasó por Diputados y Senado, fue turnada desde el 9 de octubre a los Congresos estatales, y llama la atención que Morena no ha pisado el acelerador para concluir su proceso legislativo, como sí lo ha hecho en otras reformas.
También en esta semana, se prevé que la Cámara de Diputados suba al pleno dos reformas que ya tienen dictamen: la que prohíbe la producción, distribución y enajenación de vapeadores y cigarrillos electrónicos, y la que refuerza los mecanismos para aplicar la austeridad republicana y evita que funcionarios de otros Poderes de la Unión ganen más que la presidenta.
Una tercera reforma que ya tiene dictamen es la que crea becas a jóvenes sin empleo.
Cuáles son las reformas del ‘plan C’ que no se han procesado
Hay cinco iniciativas de AMLO que siguen en Comisiones, a la espera de dictamen.
Tres constitucionales: la de derecho a la alimentación, ambiente sano y derecho al agua; la de atención médica integral, universal y gratuita, y una más en materia de pensiones.
Y dos legales, la reforma a la Ley del ISSSTE para avanzar en la reducción de adeudos, y una serie de reformas para eliminar y/o fusionar institutos y comisiones.
Sólo una de las 20 iniciativas del “plan C” ya fue desechada: la polémica reforma en materia político-electoral que buscaba suprimir al INE y convertirlo en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y que pretendía desaparecer la Representación Proporcional.
Esto quiere decir que, si hay una reforma política en este sexenio, ésta será propuesta por la presidenta Sheinbaum.
Las reformas de la presidenta
La “productividad” morenista incluye, también, dos reformas constitucionales propuestas por Claudia Sheinbaum: la de protección a las mujeres, que ya fue promulgada, y la que crea una súper Secretaría de Seguridad para Omar García Harfuch, que ya sólo debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.
Además, Sheinbaum ha propuesto tres reformas legales ya aprobadas y promulgadas: la de la Administración Pública Federal (que crea nuevas secretarías), la de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
A la lista se suma la llamada reforma de “supremacía constitucional”, propuesta por los coordinadores de Morena (el senador Adán Augusto López y el diputado Ricardo Monreal) y los presidentes de las Cámaras (Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna), los verdaderos artífices del “plan C” que decidieron hacer una reforma que blinde todas las reformas del “plan C” frente a controversias y acciones de inconstitucionalidad.
Una “nueva” Constitución
En esa narrativa llena de símbolos llamada “cuarta transformación”, quedará asentado que, el próximo 5 de febrero, Claudia Sheinbaum celebrará el 108 aniversario de la Carta Magna festejando la profunda reforma hecha en el primer periodo ordinario de la LXVI Legislatura.
Para ese entonces, se habrán aprobado y promulgado casi todas las reformas constitucionales del “plan C”, que implican tocar 51 de los 136 artículos de la Carta Magna vigente desde 1917.
Las reformas -que en los hechos convierten a México en otro país- se habrán procesado en tiempo récord, sin mayor discusión, sin atender a las oposiciones ni las advertencias de académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. En sus prisas, habrán obviado la transparencia, prácticas como el parlamento abierto y el rigor del proceso legislativo, generando una serie de antinomias entre las reglas pasadas y las nuevas.
Los cambios deberán plasmarse en cientos de normas secundarias -muchas de las cuales no existen ni siquiera en la mente de los legisladores-, e implicarán una construcción institucional muy distinta a la que nos rige actualmente.
Biden ha dado luz verde a Ucrania para que use misiles estadounidenses de largo alcance para atacar en territorio ruso. La medida ha causado revuelo en Rusia.
Vladimir Putin ha reiterado en oportunidades pasadas que Moscú consideraría la medida como una “participación directa” de los países de la OTAN en la guerra de Ucrania.
El Kremlin acusó este lunes a la administración de Joe Biden de “echar leña al fuego y seguir avivando la tensión” al permitir que Ucrania use misiles estadounidenses de largo alcance para atacar territorio ruso.
El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, afirmó que la medida representa un nuevo nivel de participación de Estados Unidos en la guerra de Rusia en Ucrania.
Moscú reiteró que consideraría un ataque con un misil estadounidense en su territorio como una agresión proveniente de Estados Unidos y no de Ucrania, en un comunicado publicado este lunes.
Ucrania ya lleva más de un año utilizando el Sistema de Misiles Tácticos de Largo Alcance del Ejército estadounidense (ATACMS por sus siglas en inglés) para atacar objetivos rusos en territorio ucraniano.
Pero la decisión del presidente Joe Biden permitiría a Kyiv atacar al ejército ruso en su propio territorio con misiles que tienen un alcance de hasta 300 kilómetros y son difíciles de interceptar debido a su alta velocidad.
La medida ha provocado una furiosa respuesta por parte de diversos medios y personalidades políticas en Rusia, según reporta Steve Rosenberg, corresponsal y editor de la BBC en Moscú.
El sitio web del periódico ruso Rossiyskaya Gazeta, controlado por el gobierno, afirma que Biden ha tomado una de las decisiones más provocativas e imprevisibles de su administración y que puede tener “consecuencias catastróficas”.
El diputado Leonid Slutsky, jefe del Partido Liberal-Demócrata de Rusia, simpatizante con el gobierno de Vladimir Putin, también asegura que la decisión provocaría a una gran escalada y graves consecuencias.
Por su parte, el senador ruso Vladimir Dzhabarov la calificó como “un paso sin precedentes hacia la Tercera Guerra Mundial“.
El presidente Vladimir Putin hasta ahora ha guardado silencio.
Para muchos analistas y líderes occidentales, es Rusia quien recientemente ha “echado leña al fuego” al enviar tropas norcoreanas a la zona de guerra para luchar junto a las fuerzas rusas contra Ucrania.
De acuerdo con las fuentes de los medios estadounidenses, el cambio de rumbo por parte del gobierno de Biden se debe a la participación de tropas de Corea del Norte en las filas del ejército ruso.
Esperando el asalto
A finales de septiembre, Moscú anunció cambios a la doctrina nuclear rusa y a las condiciones previas bajo las cuales Rusia podría usar armas nucleares.
La medida fue interpretada en Occidente como un mensaje indirecto a Estados Unidos y Europa para que no autorizaran a Ucrania usar misiles estadounidenses de largo alcance en territorio ruso.
Ucrania lleva meses pidiendo permiso para utilizar ATACMS dentro de Rusia.
“Esta es una decisión muy importante para nosotros”, dijo a la BBC Serhii Kuzan, presidente del Centro de Cooperación y Seguridad de Ucrania, con sede en Kyiv.
“No es algo que vaya a cambiar el curso de la guerra, pero creo que hará que nuestras fuerzas sean más equitativas“.
Kuzan dijo que la decisión llegó justo a tiempo para contrarrestar el esperado inicio de un gran asalto por parte de tropas rusas y norcoreanas, diseñado para desalojar a las fuerzas ucranianas de la región rusa de Kursk.
Se estima que el asalto se producirá en los próximos días.
Los cálculos de Occidente
Análisis de Frank Gardner, corresponsal de seguridad de la BBC
Desde que el ejército ruso lanzó su guerra a gran escala contra Ucrania el 24 de febrero de 2022, la OTAN, Occidente y, específicamente, la Casa Blanca, se han visto atrapados frente a un gran desafío: ¿cómo brindarle a Ucrania suficiente apoyo militar sin entrar en una confrontación directa con Rusia?
Es un desafío que persiste actualmente.
Los comentaristas occidentales más radicales, incluidos exgenerales estadounidenses y británicos, argumentan que las reiteradas amenazas de represalias por parte de Putin nunca se cumplieron y que simplemente tenían la intención de asustar a la OTAN para que no enviara el tipo de armas que Ucrania necesitaba.
Se sabe que Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es cauteloso con ese tema y hay reportes de que estaba molesto por la postura más agresiva de Londres y su envío de armas pesadas como grandes tanques de batalla y aviones de combate F-16.
En última instancia, Putin entiende que el viejo concepto de la Guerra Fría de Destrucción Mutua Asegurada (DMA) sigue vigente hoy en día.
Puede que Rusia tenga el arsenal de armas nucleares más grande del mundo, pero el Kremlin sabe que si alguna vez se utilizara un arma nuclear en alguna ciudad occidental, Moscú quedaría destruida en cuestión de minutos.
Sin embargo, hay muchas otras formas menos apocalípticas en las que Rusia podría responder al uso de misiles ATACMS en territorio ruso.
Estas incluyen sabotear cables submarinos o armar a los hutíes de Yemen con poderosos misiles antibuques.
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