Como pocas veces, la coalición gobernante tuvo la gran oportunidad de distanciarse de los partidos que la antecedieron en el ejercicio del poder, pero la dejó ir. Pudo, en la aprobación de la reforma que prohíbe el nepotismo, mostrar decoro y decencia política, mostrar que sí son distintos; pero se impusieron los intereses de los grupos que hacen contrapeso a la presidenta Claudia Sheinbaum dentro del propio Morena.
La aprobación de la iniciativa que prohíbe el nepotismo puso a prueba el discurso de “regeneración de la vida pública” -enarbolado desde hace al menos una década por Andrés Manuel López Obrador- y exhibió los primeros jaloneos internos de cara a la gran elección de 2027, cuando se renovarán la mitad de las gubernaturas del país.
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sugería que ningún gobernante pueda transferir el poder a un familiar en línea directa desde 2027, pero las presiones del Partido Verde y los intereses de los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, pudieron más que las buenas intenciones de Sheinbaum, y la aplicación de esta medida se envió hasta 2030.
De por medio estaban las candidaturas de tres personajes que actualmente están en el Senado, con parientes directos en las gubernaturas de los estados en los que quieren ser candidatos.
Ruth González Silva es la esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo “el Pollo” Gallardo, un político que ha transitado por varios partidos, pero que en las elecciones de 2021 se impuso como candidato del Partido Verde y, a través de un acuerdo con la dirigencia de Morena, tuvo vía libre para ganar las elecciones.
La actual senadora potosina y “primera dama” de la entidad quiere suceder a su esposo en la gubernatura y, desde ahora, mantiene una intensa campaña de promoción de cara al 2027, año de las elecciones.
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum le estorbaba y por ello el Partido Verde, a través de su coordinador, el exgobernador chiapaneco, Manuel Velasco Coello, condicionó sus votos a cambio de que la reforma antinepotismo entrara en vigor hasta 2030.
La tensión con el PVEM subió de tono cuando el PRI le ofreció a Morena los votos para aprobar la reforma, pues ello implicaba poner en riesgo la alianza legislativa que le ha permitido al oficialismo aprobar más de una docena de reformas constitucionales.
Morena, según reveló el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, no quiso arriesgar los 14 votos del PVEM en el Senado y los 62 votos verdes en la Cámara de Diputados, indispensables para que el oficialismo mantenga la mayoría calificada.
De paso, hubo dos senadores que se vieron beneficiados con la maniobra del Verde: el zacatecano Saúl Monreal, quien aspira a suceder a su hermano David en la gubernatura, y Félix Salgado Macedonio, quien quiere que su hija Evelyn le entregue la gubernatura de Guerrero. Ambos, también, en 2027.
Saúl Monreal cree que debe ser el tercero de los hermanos que gobierne Zacatecas, a pesar del desastre que es la entidad en materia de inseguridad y presencia de grupos del crimen organizado, que inhiben toda actividad económica.
Félix Salgado piensa que ahora sí le toca, después de que en 2021 tuvo que hacerse a un lado cuando el Instituto Nacional Electoral le aplicó la pena máxima (la pérdida de la candidatura) por no haber entregado informes de gastos en su precampaña. Guerrero tampoco es un ejemplo de buen gobierno; sin embargo, los Salgado podrían consolidar un cacicazgo de 12 años.
Justo lo que la iniciativa de Claudia Sheinbaum pretendía evitar, pues según dijo Sheinbaum en el 108 aniversario de la Constitución, el pasado 5 de febrero, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular, era “un asunto de principios”.
La reforma aún debe aprobarse en la Cámara de Diputados, donde un legislador cercano a la presidenta, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, criticó los cambios hechos en el Senado por sus compañeros de partido y coalición.
Es probable que Ramírez Cuéllar se quede solo en esta lucha al interior de la bancada morenista en San Lázaro, como le ha ocurrido frente a la dupla Ricardo Monreal-Pedro Haces desde el inicio de la Legislatura. No pudo ni siquiera ser presidente de la Comisión de Presupuesto, pese a su cercanía con la presidenta Sheinbaum, por lo que se antoja difícil que su voz sea determinante en la dictaminación de la minuta enviada por el Senado.
Donde la reacción fue inmediata y contundente fue en la dirigencia nacional de Morena. Ante los cambios pactados con el Verde, la lideresa Luisa María Alcalde advirtió que el partido tomará medidas para que todos sus candidatos en 2027 cumplan el criterio de idoneidad establecido en la reforma que envió Sheinbaum:
“Que las personas que pretendan participar para un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que ocupa el cargo por el cual participarán”.
Pero no todo está perdido para Saúl Monreal y Félix Salgado, quienes ya criticaron la medida anunciada por Luisa María Alcalde. Si quieren ser candidatos en 2027 y suceder a su hermano e hija, respectivamente, siempre podrán postularse bajo las siglas del Partido Vede y el PT.
Lo cierto es que este episodio deja ver que el 2027 ya toca las puertas de Morena y de la coalición gobernante, anunciando tensiones entre los grupos y corrientes internas.
Además de Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas, en 2027 se disputarán otras 13 gubernaturas: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.
Todo un festín de gubernaturas en el que ya hay más de un aspirante anotado por cada entidad, y que implicará todo un reto para la cohesión interna en la dirigencia de Luisa María Alcalde y del secretario de Organización, Andrés López Beltrán.
En el Senado, el coordinador Adán Augusto López ya mueve sus fichas y alienta candidaturas como la de la chihuahuense Andrea Chávez, pues sabe que un buen número de candidatos emanados de la bancada le servirían para intentar construir una candidatura presidencial en 2030.
Y lo mismo debe calcular el coordinador en Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, a quien no sólo lo mueve la candidatura de su hermano.
Frente a ellos, la presidenta Claudia Sheinbaum apenas tiene margen de maniobra, pues está más ocupada gobernando y lidiando con Donald Trump, que haciendo política partidista.
Un hotel de lujo en la capital panameña se transformó en un sitio de “custodia temporal” para 299 migrantes deportados desde EE.UU. Muchos piden auxilio por las ventanas, incluidos niños.
“Por favor, ayúdennos”, dice el mensaje escrito en un trozo de papel que dos niñas muestran a través de la ventana de una habitación del lujoso hotel Decápolis, en Ciudad de Panamá.
Un hotel que ofrece a sus clientes habitaciones con vistas al mar, dos exclusivos restaurantes, piscina, spa, transporte privado, pero que de pronto se transformó en un centro de “custodia temporal” que alberga a 299 migrantes deportados desde EE.UU., según informó el martes el gobierno de Panamá.
Algunos migrantes levantan los brazos y los cruzan a la altura de las muñecas como tratando de decir que se encuentran privados de libertad. Otros cuelgan pequeños carteles con mensajes como “no estamos seguros en nuestro país”.
En un día normal, los turistas podrían entrar y salir del hotel sin ningún inconveniente, pero bajo las actuales circunstancias, con miembros del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá fuertemente armados custodiando el exterior y estrictas medidas de seguridad en el interior, el edificio parece más un improvisado búnker que un centro vacacional.
Desde la calle, se ven perchas con ropa lavada colgadas en la ventana. Una de las prendas es una camiseta amarilla de basketball con el número 24 de los Lakers, la que vestía el legendario jugador Kobe Bryant.
En otra, un grupo de adultos y tres niños levantan un brazo con el dedo pulgar metido en la palma, haciendo un gesto de auxilio internacional utilizado por quienes se sienten amenazados. En el vidrio está escrito con letras rojas la frase help us (“ayúdennos”).
Y un poco más allá, dos menores de edad con el rostro cubierto sostienen contra el vidrio unas hojas con el mensaje: “Por favor, salva a las niñas afganas”.
Estos migrantes, enviados por el gobierno de Donald Trump como parte de su política de deportación de personas indocumentadas, llegaron a Panamá en tres vuelos la semana pasada, luego de que el gobierno del presidente José Raúl Mulino aceptara convertirse en un país “puente” para los deportados en tránsito hacia otros países.
Sin embargo, de los 299 migrantes -entre los cuales hay ciudadanos provenientes de India, China, Uzbekistán, Irán, Vietnam, Turquía, Nepal, Pakistán, Afganistán y Sri Lanka que viajaron en el primero de los tres vuelos-, solo 171 aceptaron regresar a sus naciones.
Los otros 128 migrantes que no desean ser enviados de regreso a su país de origen enfrentan, al menos hasta ahora, un destino incierto.
Según informaron las autoridades panameñas, este grupo será trasladado a un campamento en la provincia del Darién, que ha servido hasta el momento para recibir temporalmente a los migrantes irregulares que cruzaban la selva con destino a EE.UU.
Una mujer iraní que vive en Panamá hace años le dijo a BBC Mundo que estuvo en contacto con uno de los migrantes dentro del hotel Decápolis y describió que están “aterrados” por la posibilidad de que los lleven a Irán.
A través de un celular escondido, dado que no les permiten tener ningún contacto con el exterior del hotel, el migrante le contó a la mujer que hay “varios menores atrapados” allí, que les han negado tener un abogado y que no les dejan salir del cuarto ni siquiera para comer.
La mujer fue hasta el hotel para ofrecer su ayuda como traductora de farsi a español, pero le dijeron que ya tenían uno, algo que según su conversación con el migrante dentro del hotel no era cierto.
BBC Mundo se puso en contacto con el hotel Decápolis para indagar sobre las condiciones en las que se encuentran los migrantes, pero no accedieron a responder preguntas.
Después de que la historia de los deportados fuera dada a conocer el martes en la prensa, se extremaron las medidas de seguridad bajo las que permanecen los migrantes y les cortaron el acceso a internet, dijo la mujer iraní.
Un video que circula en redes sociales desde el fin de semana muestra a una de las migrantes relatando en farsi que fueron detenidos luego de cruzar la frontera hacia Estados Unidos y que les informaron que serían trasladados a Texas, pero terminaron en Panamá.
La mujer en el video insistía que sus vidas corren peligro en caso de regresar a Irán por las posibles represalias que podría tomar el gobierno de ese país.
Su intención, dice, es pedir asilo político.
Un asilo político difícil de obtener sin acceso a un abogado. Más difícil aún cuando el gobierno panameño anunció que no ha ofrecido ni ofrecerá esa protección a los deportados.
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, informó este martes que los migrantes están de manera transitoria en ese país. El funcionario rechazó que los extranjeros estén en condición de detención y añadió que están bajo protección de las autoridades panameñas.
“Lo que acordamos con el gobierno de EE.UU. es que ellos quedan y están bajo la custodia temporal nuestra para su protección”.
Preguntado sobre la imposibilidad de salir del hotel, Ábrego respondió que se trata de una medida de prevención y añadió que su gobierno debe garantizar la seguridad y la paz de los panameños.
Y advirtió que aquellos migrantes que no desean regresar a su nación de origen, deberán elegir un tercer país.
En ese caso, relató, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) serán los responsables de su repatriación.
Panamá, dijo Ábrego, “recibió a estos señores migrantes, les dimos la acogida en un hotel de la localidad, en el hotel Decápolis, pues es el que tiene en este momento la capacidad de recibirlos”.
El jefe de la Seguridad Pública también informó que “no se espera la llegada de más migrantes” porque no se han acordado más vuelos de este tipo.
Panamá aceptó ser un país “puente” para las deportaciones después de la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, al país centroamericano en medio de las tensiones por las amenazas de Trump para “recuperar” la soberanía del Canal de Panamá.
Según han informado las autoridades panameñas, parte del acuerdo consiste en que Panamá facilitará la pista de aterrizaje y los albergues de las zonas urbanas de la provincia de Darién, donde está la peligrosa selva que atraviesan los migrantes rumbo a EE.UU., para que los migrantes deportados transiten hacia su destino final.
Un portavoz de la OIM le dijo a BBC Mundo que la organización está encargada de “brindar apoyo esencial” a las personas deportadas desde EE.UU.
“Estamos trabajando con funcionarios locales para ayudar a los afectados, apoyando el retorno voluntario de quienes lo solicitan e identificando alternativas seguras para otros”, apuntó.
“Si bien no tenemos una participación directa en la detención o restricción de movimiento de personas, estamos comprometidos a garantizar que todos los migrantes sean tratados con dignidad y de acuerdo con las normas internacionales”.
Muzaffar Chishti, investigador principal del centro de estudios Instituto de Política Migratoria en Estados Unidos, comentó que muchos de los deportados provienen de naciones conocidas como países “recalcitrantes”; es decir, países que no colaboran o no están abiertos a aceptar el regreso de nacionales deportados de EE.UU.
“Eso implica constantes negociaciones diplomáticas con esos gobiernos”, dijo en diálogo con BBC Mundo.
“Al enviarlos a Panamá, Estados Unidos sale de la foto”, agregó. “Es un dolor de cabeza para Panamá hacerse cargo de esas negociaciones y ver cómo hacer para que esos países acepten recibirlos de nuevo”.
Una de las grandes preguntas en este momento se refiere a cuál será el futuro de los 128 migrantes que no desean volver a su país de origen porque temen represalias.
Esta semana se espera que llegue un vuelo con deportados desde EE.UU. a Costa Rica, otro país centroamericano que ha hecho un acuerdo con la Casa Blanca para convertirse en “puente” en el camino de los migrantes hacia un destino incierto.
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