Inai y Coneval: aún hay tiempo para recapacitar
La Cámara de Diputados se apresta a aprobar la reforma constitucional conocida como “de simplificación orgánica” -una más dentro del llamado “Plan C” de Andrés Manuel López Obrador-, que en realidad tiene el único objetivo de desaparecer siete organismos constitucionales autónomos.
Si el proceso legislativo es tan rápido como el de anteriores reformas del “Plan C”, en un par de semanas habrán de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección (Inai), la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El argumento o pretexto es que, con su desaparición, el gobierno federal podría ahorrarse 32 mil millones de pesos y destinarlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
En los hechos, esta reforma responde a un viejo prejuicio del expresidente López Obrador, quien siempre consideró a estos organismos como estructuras burocráticas, corruptas, dominadas por funcionarios sin ética ni escrúpulos, y que duplicaban funciones.
A los organismos constitucionales autónomos el gobierno anterior y el actual les achacan múltiples pecados, principalmente el del comportamiento de sus comisionados, consejeros y demás altos funcionarios: cobrar sueldos mayores al del presidente de la República, tener prestaciones excesivas -como los gatos de alimentación, viáticos y seguros-, y el hecho de ser puertas giratorias, en las que un día son reguladores y al otro día son parte de las empresas y entes regulados.
Ciertamente, algunos de sus responsables le han hecho un grave daño a estas instituciones con su comportamiento en el cargo y después del cargo. Destaca un caso, como ejemplo: Ximena Puente, que fue presidenta del Inai de 2014 a 2017, y en 2018 ya era diputada federal del PRI, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.
En los casos de las organismos reguladores de actividades económicas y del sector energético, se han denunciado omisiones graves en casos específicos, trato preferente a empresas hegemónicas y, en resumen, la cooptación de los reguladores por parte de los regulados.
Con todo y estos “pecados”, la gran pregunta es si la mejor salida para resolver los problemas de los organismos autónomos es desaparecerlos y regresar al modelo institucional previo a los años 90, cuando los gobiernos priistas carecían de contrapesos.
Qué pasará con las funciones de los OCA
El dictamen que será discutido el miércoles en la Cámara de Diputados propone que las funciones que cumplen estos organismos sean desempeñadas por otras instituciones, principalmente dependencias gubernamentales a excepción del Coneval, cuyas funciones serían transferidas a otro organismo autónomo que sí sobrevivirá a la reforma del “Plan C”: el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Mantener la valuación de la política social en otro organismo con autonomía constitucional no suena mal, de entrada; sin embargo, el Coneval ha expresado que esta reforma pone en riesgo la capacidad del Estado para apuntalar la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos sociales.
En los demás casos, sería el gobierno el que desempeñe funciones que, hace un par de décadas, se colocaron en un organismo autónomo para impedir que el gobierno sea juez y parte:
Las funciones de la CNH y CRE pasarían a la Secretaría de Energía; las del Ifetel a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; las de Mejoredu a la Secretaría de Educación Pública; las de la Cofece a la Secretaría de Economía, y las del Inai a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
En defensa del Inai
De todos los cambios, el más descabellado y riesgoso es el que busca pasar las funciones del Inai a la Secretaría Anticorrupción, hoy en manos de la morenista Raquel Buenrostro.
La decisión pone en riesgo el derecho a la información, consagrado en el artículo sexto de la Constitución, pues se elimina el órgano colegiado en el que se debaten y deciden los litigios interpuestos por ciudadanas y ciudadanos a quienes se les niega la entrega de información pública.
Un colegiado que debería estar integrado por siete comisionados, aunque hoy Morena lo tiene en sólo cuatro porque se ha negado a nombrar a quienes ocupen las vacantes que se han dado de 2022 a la fecha.
La reforma no sólo desaparece al Inai, sino a los institutos de transparencia de las entidades federativas.
Con la reforma que votarán Morena y sus aliados PVEM y PT, esta semana en Cámara de Diputados y la próxima semana en el Senado, habrá que confiar en la buena fe de una secretaria de Estado cercana a López Obrador para que todos los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia.
Y habrá que apelar a que la secretaria Buenrostro, y sus sucesoras en el futuro, permitirán que una instancia gubernamental falle a favor del ciudadano cuando éste tenga que litigar una solicitud de información.
La reforma constitucional abre la puerta a la creación de una nueva Ley en materia de transparencia, que será diseñada y aprobada por las mayorías oficialistas en el Congreso, y que seguramente limitará el acceso a la información y cuidará a los gobiernos morenistas, tanto federal como estatales, de investigaciones periodísticas y ciudadanas que busquen transparentar contratos, licitaciones, costo y desarrollo de obras públicas, adquisición de insumos (como medicinas) y contratación de servicios.
La reforma obstaculizará la rendición de cuentas, y volverá más opaco el ejercicio del servicio público y el manejo de los recursos del pueblo.
Además, deja en el limbo la protección de datos personales, una función que venía cumpliendo el Inai y que ahora quedará en manos de alguna dependencia que no se precisa en el dictamen que votarán los diputados.
Tiempo para recapacitar
La reforma es inminente y, sin embargo, aún vale la pena apelar a la sensatez y responsabilidad de los líderes de Morena en el Congreso y de legisladores como el senador Javier Corral, la senadora Malú Micher; los diputados Ricardo Monreal y Alfonso Ramírez Cuéllar, otrora defensores de la transparencia y la rendición de cuentas en pasadas legislaturas.
Quedan unos cuantos días y, sin embargo, no está por demás apelar a la sensatez y responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene frente a sí una nueva oportunidad de distinguirse de su predecesor y demostrar que ha comenzado a delinear el destino de su propio sexenio.
No desaparecer al Inai y al Coneval, e impulsar una reforma para mejorarlos sin tirarlos a la basura, sería una señal política que le daría un respiro a su gobierno, hoy agobiado por múltiples frentes abiertos. Aún hay tiempo para recapacitar.
Un nuevo documental de la BBC arroja luz sobre cómo Jasveen Sangha terminó siendo acusada en el caso del actor de “Friends” Matthew Perry.
Ella era una mujer que parecía tenerlo todo: una crianza privilegiada, una buena educación y un amplio círculo de amigos.
Pero Jasveen Sangha guardaba un oscuro secreto que, según algunos de sus amigos más cercanos, ocultaba incluso de ellos. La ciudadana con doble nacionalidad británica-estadounidense proveía de sustancias controladas a estrellas ricas y famosas de Hollywood, y administraba una ‘casa de escondite’ de drogas que incluía cocaína, Xanax, pastillas falsas de Adderall y ketamina.
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Su negocio —y la ilusión de su vida encantada— llegó a un abrupto final después de suministrar 50 viales de ketamina que finalmente fueron vendidos al actor de Friends Matthew Perry, incluyendo la dosis que provocó su muerte por sobredosis en 2023.
Ahora, Sangha está entre otras cinco personas, incluidos dos médicos, que se han declarado culpables de delitos relacionados con la muerte de Perry.
En febrero, Sangha será la última acusada en recibir sentencia en el caso, el cual destapó una red clandestina de ketamina en Los Ángeles. Podría enfrentar una pena máxima de 65 años en una prisión federal.
Bill Bodner, agente especial a cargo de la oficina de Los Ángeles de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el momento de la muerte de Perry, dijo a la BBC que ella era “una persona altamente educada que decidió ganarse la vida traficando drogas, y usar ese dinero del narcotráfico para financiar esta personalidad de influencer en redes sociales”.
Añadió que Sangha dirigía “una operación de narcotráfico bastante grande que atendía a la élite de Hollywood”.
Los fiscales han señalado que Perry estaba tomando cantidades legales y prescritas de ketamina para tratar la depresión, pero luego comenzó a querer más de lo que sus médicos le permitían.
Los documentos judiciales relacionados con la investigación federal muestran cómo eso llevó al actor a ponerse en contacto con varios médicos y luego con un distribuidor que obtenía la droga para Sangha a través de un intermediario.
Su abogado, Mark Geragos, ha dicho que Sangha está asumiendo la responsabilidad, pero ha negado que ella conociera realmente a Perry, quien fue más conocido por interpretar a Chandler Bing en la popular comedia televisiva Friends.
“Ella se siente terrible. Se ha sentido terrible desde el primer día”, dijo Geragos a los periodistas después de que se declarara culpable en el caso. “Ha sido una experiencia horrenda”.
Doble vida
Semanas antes de la muerte de Perry, Sangha habló por teléfono con su viejo amigo Tony Marquez.
Él y otras personas hablaron con la BBC y la presentadora Amber Haque para un documental que investiga las circunstancias alrededor de la muerte de Perry. Es la primera vez que amigos hablan abiertamente sobre la mujer que se ha hecho conocida mundialmente como la “reina de la ketamina”.
Sangha y Marquez se conocen desde la década de 2010, y él dijo que incluso había frecuentado a su familia. Como Sangha, Marquez era un habitual del circuito de fiestas en Los Ángeles.
Él también ha enfrentado problemas legales relacionados con drogas y tiene una condena previa por narcotráfico. Pero aunque ambos compartían una larga historia, dice que Sangha nunca insinuó que estaba en serios problemas.
Solo unos meses antes, su casa en North Hollywood, que según los fiscales era una “casa de escondite’, había sido allanada por la policía.
Jash Negandhi asistió a la Universidad de California en Irvine junto con Sangha en 2001 y han sido amigos durante más de 20 años.
“Ella estaba muy metida en la escena de la música dance”, recuerda Negandhi. “Le encantaba bailar y pasarla bien”.
Negandhi dijo que quedó desconcertado al enterarse de que su amiga era una traficante de drogas.
“Yo no sabía nada”, afirma. “Absolutamente nada. Ella nunca había hablado de eso”.
Ciertamente, la mayoría de los amigos asumían que ella no necesitaba dinero.
“Ella siempre tenía dinero”, dice Marquez. “Viajaba por todas partes en jet privado, y hacía eso mucho antes de que todo explotara”.
Los abuelos de Sangha eran multimillonarios del comercio de moda en el este de Londres, según el periódico The Times, y Sangha —hija del empresario Nilem Singh y de la doctora Baljeet Singh Chhokar— estaba destinada a heredar la riqueza familiar.
Su madre se volvió a casar dos veces y se mudó a Calabasas, en California, donde En Sangha creció. Su casa familiar en Los Ángeles es “hermosa” y “grande”, según Marquez.
“Hacíamos parrilladas o fiestas en la piscina en la casa de sus padres”, dice. “Son muy atentos, muy cariñosos, y nos trataban como si fuéramos sus hijos”.
Sangha pasó un tiempo en Londres después de la secundaria y se graduó con un MBA en la Hult International Business School de Londres en 2010. En las fotos, se la puede ver sonriendo dulcemente a la cámara con un elegante traje negro y el cabello castaño alisado durante una visita al Financial Times en 2010.
“No daba la impresión de ser una buscavidas”, señala un antiguo compañero de clase. Sangha era amistosa, aunque algo distante.
En clase usaba ropa de diseñador y disfrutaba socializar. No había rumores de que estuviera involucrada en drogas. “Si hubiera sido consumidora en Hult, probablemente lo habríamos sabido”.
Regresó a Los Ángeles poco después de completar su MBA. La madre y el padrastro de Sangha administraban franquicias de KFC en California y fueron demandados por la compañía en 2013 por más de 50.000 dólares, según muestran documentos judiciales, por no pagar regalías a la empresa por el uso de su marca.
El padrastro de Sangha se declaró en bancarrota antes de que el caso concluyera. Si la familia de Sangha estaba atravesando dificultades financieras durante ese período, sin embargo, ella no lo reveló a muchas personas.
“No escuché nada sobre eso”, dice Negandhi.
Sangha parecía querer alcanzar los logros empresariales de sus padres. Abrió un salón de manicura de corta duración llamado Stiletto Nail Bar y hablaba con amigos sobre ambiciones que incluían ser propietaria de una franquicia de restaurantes.
Fiestas que duraban días
Pero su verdadero interés parecía estar en salir de fiesta. En Los Ángeles, tenía un círculo muy unido de amigas llamado las ‘Kitties’, según Marquez, que era un grupo compuesto en su mayoría por mujeres que disfrutaban organizar fiestas a las que asistían celebridades.
A menudo se reunían en Avalon, un teatro histórico en el corazón de Hollywood que alberga conciertos y eventos de música electrónica, y festejaban hasta altas horas de la madrugada.
Marquez afirma que tomaban pastillas y ketamina. A veces sus fiestas, que organizaban en distintas partes de California, duraban varios días.
“Íbamos de viaje al Lago Havasu, alquilábamos una gran mansión antigua y llevábamos a nuestros DJs, todos nuestros sistemas de sonido, y cada noche teníamos una fiesta temática solo para nosotros”, dice Marquez sobre el lago, que limita con California y Arizona.
“Nos vestíamos elegantes y hacíamos una fiesta de blanco, una fiesta de trajes brillantes. Tuvimos una fiesta de hongos.”
Estas fiestas “siempre incluían ketamina”, afirma. Pero aunque Sangha tenía muchos apodos dentro de este grupo de amigos, nadie la conocía como la “reina de la ketamina”.
“Nadie la llamaba así”, dice Marquez.
El grupo estaba preocupado por la contaminación del suministro ilegal de drogas con el mortal opioide fentanilo y, por lo tanto, hizo esfuerzos extraordinarios para obtener grandes cantidades de ketamina de alta calidad.
“Si íbamos a consumir ketamina, queríamos conseguirla de la fuente”, dice Marquez.
Los amigos supuestamente usaban mensajeros para ir a México a recoger la droga —que se utiliza como sedante durante cirugías— de veterinarios y farmacias corruptas al otro lado de la frontera.
“No sabría decir si Jasveen hacía eso”, afirma Marquez. “¿Pero teníamos acceso? ¿Teníamos gente que lo hacía? Sí”.
Marquez afirma que nunca sospechó que Sangha estuviera traficando drogas en paralelo: “Es impactante, te lo digo”.
“Durante años y años he conocido a esta persona. Conozco a su familia. Sé cómo actúa, sé de lo que es capaz. Sé de dónde viene. No puedo —aún hoy en día— no puedo creer que esto esté pasando”, dice.
Mirando en retrospectiva, Marquez sospecha que Sangha se volvió “adicta” al estatus social que conllevaba ser una traficante de drogas para los ricos y famosos.
“Creo sinceramente que Jasveen estaba adicta a esa vida de vender [drogas] a celebridades”, afirma.
“Ella era adicta a estar en ese círculo social y a ser buscada por celebridades que la gente ha visto toda su vida en la televisión”, agrega.
Dice que cree que ella nunca fue una “capo” ni una gran traficante, sino que simplemente cayó en el negocio porque “le encantaba consumir ketamina, igual que todos nosotros”.
Las acciones de Sangha, sin embargo, sugieren un carácter más despiadado.
Sobria
Los fiscales han dicho que en 2019, Sangha vendió ketamina a un hombre llamado Cody McLaury.
McLaury sufrió una sobredosis y murió. Tras su muerte, su hermana le envió un mensaje de texto a Sangha para decirle que las drogas que había vendido a su hermano lo habían matado.
“En ese momento, cualquier persona sensata habría acudido a las autoridades, y ciertamente cualquier persona con un mínimo de corazón habría detenido sus actividades y no habría seguido distribuyendo ketamina a otros”, dice Martin Estrada, exfiscal jefe del Distrito Central de California, quien anunció cargos federales contra Sangha en agosto de 2024.
“Ella siguió haciendo esto, y vimos que, varios años después, la continuación de su conducta resultó en la muerte de otra persona, el señor Perry”, agrega.
Otro amigo de un círculo distinto que solía ir a clubes con Sangha en la década de 2010 recuerda haberse sorprendido de manera similar con la noticia.
Le dijo a la BBC que conocía a Sangha desde la secundaria y que socializaba mucho con ella al mismo tiempo que Marquez.
El amigo no quiso ser identificado, para poder hablar con franqueza sobre la mujer que conocía y que ahora “está siendo acusada de ser una narcotraficante”.
“Siempre estábamos en fiestas, casi todas las noches. Durante muchos, muchos años”, dice él. “Ella nunca me ofreció nada”.
Recuerda que Sangha llevaba a su tío Paul Sing con ella a casi todos lados. “No es realmente el comportamiento de una narcotraficante”, afirma. “[Y] no es que simplemente lo dejara acompañarla. Él siempre vestía a la moda”.
Paul Sing aparece en fotos de eventos junto a Sangha y estuvo presente en el tribunal para escucharla declararse culpable el 3 de septiembre.
Según Marquez, en algún momento de la década de 2020 Sangha asistió a rehabilitación. En documentos judiciales presentados el mes pasado, su abogado Mark Geragos afirmó que llevaba 17 meses sobria. En su última conversación con Negandhi, hablaron sobre el futuro.
“Ambos estábamos ya en nuestros cuarenta, y tiendes a autoevaluarte cuando llegas a esa edad. Y empiezas a pensar, ¿qué es lo que queremos hacer ahora que hemos alcanzado esta etapa?”, dice él.
“Ella estaba muy emocionada por haber estado sobria durante bastante tiempo y simplemente esperaba muchas cosas de la vida”, agrega.
Sangha no mencionó que había sido arrestada recientemente.
“Yo no tenía idea de que estaba pasando por todo esto cuando hablábamos”, afirma. “Ella no había revelado nada de eso”.
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