Chiapas: 30 años de alternancias y gobiernos fallidos
De cuando en cuando, un hecho violento nos recuerda que Chiapas es un estado fallido; un territorio abandonado, sin ley, al que le han fallado gobiernos de todos los partidos políticos.
Esta vez fue el asesinato de un sacerdote en San Cristóbal de las Casas -una de las pocas ciudades chiapanecas que aún son visitadas por el turismo nacional y extranjero-, lo que volvió a poner al estado sureño en la agenda nacional.
Al sacerdote se le conocía por su activismo en favor de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas de Simojovel, Pantelhó y San Cristóbal.
Era un hombre de paz, al que acribillaron sin clemencia, a plena luz del día, y a pesar de que desde 2015 se habían solicitado medidas cautelares para proteger su vida.
El gobernador morenista Rutilio Escandón salió a decir lo de siempre: “condeno y lamento el cobarde asesinato, vamos a colaborar con las autoridades correspondientes para que su muerte no quede impune”.
Palabras huecas que, de tanto repetirse a lo largo de tantos años, por autoridades de tantas fuerzas políticas distintas, ya resultan ofensivas.
Violencia, pobreza, migración y desplazados
Rutilio Escandón es el cuarto gobernador no priista que Chiapas elige de 2000 a la fecha. El más reciente de una larga fila de gobernadores que fracasaron en el intento de resolver los problemas ancestrales que padece la entidad.
Chiapas es uno de los estados que más ha vivido la alternancia electoral, pero también es una de las entidades a las que la democracia le ha quedado más a deber. Las urnas han llevado al gobierno a personajes emanados del PRI, del PAN, del PRD, del Verde y de Morena, pero no han resuelto uno solo de los problemas del estado.
Treinta años después del levantamiento zapatista de 1994, su población se encuentra asediada por grupos criminales. La violencia ha provocado desplazamientos forzados de comunidades enteras. La migración es un jugoso negocio para bandas dedicadas a la trata de personas. La extracción de recursos -legalizada y clandestina- amenaza sus reservas naturales. Los conflictos agrarios no se resuelven y, de cuando en cuando, generan enfrentamientos como los que recientemente impidieron la realización de elecciones en dos municipios.
La pobreza sigue siendo un mal lacerante, a pesar de los miles de millones de pesos que ha destinado la federación desde 1994 -luego del levantamiento zapatista.
Muchas mujeres, niños y hombres padecen hambre, mientras sus gobernantes acumulan riquezas.
La mayor parte de las causas y demandas del levantamiento del EZLN siguen ahí, pero ahora agravadas por la violencia y el control de territorios por parte de criminales que han desplazado a los gobiernos municipales, estatal y federal.
Treinta años de alternancia y gobiernos fallidos
Luego del levantamiento zapatista, el PRI ganó las elecciones de Chiapas el 21 de agosto de 1994, pero el gobernador electo, Eduardo Robledo (padre del actual director del IMSS, Zoé Robledo), sólo pudo permanecer dos meses en el cargo. En febrero de 1995 fue sustituido por el gobernador interino Julio César Ruiz Ferro, que en 1998 dio paso a un segundo interino, Roberto Albores. Los tres eran priistas.
En agosto de 2000, luego de la caída del PRI en las elecciones presidenciales, una alianza de partidos opositores (PRD, PAN, Convergencia, PT, PVEM, PAS y PSN) llevaron a la gubernatura a Pablo Salazar Mendiguchía, lo que parecía abrir un nuevo horizonte a la entidad.
Pero el experimento aliancista fue un desastre. Ningún partido nacional se hizo responsable de aquel gobierno, Pablo Salazar acabó enemistado con su sucesor, Juan Sabines; fue procesado penalmente por enriquecimiento ilícito y homicidio culposo, detenido en 2011 por un proceso iniciado desde el gobierno de Sabines y liberado hasta 2012, absuelto de todos los cargos.
El gobierno de Sabines, iniciado en el turbulento 2006, fue igualmente fallido. Ganó las elecciones bajo las siglas del PRD, pero muy pronto se alió al panista Felipe Calderón, quien otorgó amplios presupuestos que permitieron un gobierno sin sobresaltos políticos, pero que ha sido señalado como uno de los más corruptos en la historia de Chiapas.
Sabines entregó el estado a empresas como Grupo Salinas, que obtuvo permisos para explotar minas y ampliar desde Chiapas su influencia en Centroamérica. Antes de dejar el gobierno del estado, endeudado y con faltantes en su hacienda pública, pactó para facilitar el triunfo del Partido Verde en las elecciones de 2012.
Ese año, Manuel Velasco Coello se convirtió en gobernador con sólo 32 años de edad, gracias a una alianza con el PRI que, en ese mismo proceso electoral, ganó la Presidencia con Enrique Peña Nieto como abanderado.
El gobernador pintó de verde todo el estado, se casó con la cantante Anahí en 2015, recibió al Papa Francisco en Chiapas en 2016, logró que el PVEM se convirtiera en la fuerza política más influyente de la entidad, mantuvo a raya a la oposición y repartió millones de pesos para sofocar los movimientos sociales, pero no resolvió los problemas de la entidad.
La cuna de la alianza Verde-Morena
En las elecciones de 2018, Velasco rompió con el PRI estatal e hizo que el Verde postulara a su propio candidato, Luis Fernando Castellanos, lo que precipitó la derrota del priista Roberto Albores Gleason.
Además, desde la gubernatura operó en favor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo en Chiapas 1.4 millones de votos, el triple de José Antonio Meade, que era el candidato del PRI y el Verde.
Velasco entregó la silla al actual gobernador Rutilio Escandón, de Morena, y se aseguró un escaño en el Senado de la República.
El hoy senador reelecto fue el operador de la alianza Verde-Morena, que en el sexenio anterior comenzó como un acuerdo legislativo y terminó en una exitosa alianza electoral con la que arrasaron en las elecciones del pasado 2 de junio.
Chiapas tendrá cambio de poderes el próximo 8 de diciembre, cuando Rutilio Escandón entregue la gubernatura a Eduardo Ramírez Aguilar, también de Morena, un político forjado a lado de Manuel Velasco, exoperador del Verde y exaspirante a la gubernatura, quien hace cuatro meses ganó el estado con 1.8 millones de votos, más del 79 por ciento de la votación emitida.
Gobernará sin oposición, pues los partidos de su coalición ganaron cien de los 123 municipios y 34 de 40 diputados del Congreso local.
A pesar del fracaso de la administración que concluye, y de que Chiapas está peor que nunca, la oposición fue incapaz de presentar una alternativa atractiva a los chiapanecos, y el PRI, PAN y PRD prácticamente fueron borrados del mapa.
Está visto que la democracia electoral y la alternancia no resolvieron los problemas de Chiapas; veremos ahora si un nuevo régimen de partido hegemónico puede hacer algo para pacificar el estado, pagar la deuda histórica con los pueblos indígenas y liberar a la entidad del control que hoy ejercen los grupos del crimen organizado.
El número de adolescentes involucrados en el tráfico de drogas se ha cuadruplicado en ocho años, según datos del gobierno.
Advertencia: Este artículo contiene detalles explícitos de violencia.
Un grupo de niños vio el cuerpo de Adel camino a la escuela, justo cuando sus padres se dirigían a la comisaría para denunciar su desaparición.
Se reducía a una silueta grotesca y carbonizada, reclinada, con una rodilla en alto, como si estuviera tumbado, en una de las playas cercanas de Marsella.
Tenía 15 años cuando murió de una forma que aquí es habitual: un disparo en la cabeza, su delgado cuerpo rociado con gasolina y prendido fuego.
Alguien incluso filmó la escena en la playa, en la última de una escalofriante serie de asesinatos a tiros vinculados a la rápida evolución del narcotráfico en esta ciudad portuaria, cada vez más alimentado por las redes sociales y ahora marcado por actos de violencia aparentemente aleatorios y el creciente papel de los menores, a menudo obligados a participar en la venta de drogas.
Marsella, en estado de “psicosis”
“Ahora es un caos “, afirmó un pandillero escuálido, levantándose la camisa en un parque cercano para mostrarnos un torso marcado por las cicatrices de al menos cuatro balazos como resultado de un intento de asesinato por parte de una banda rival.
El Ministerio de Justicia francés estima que el número de adolescentes involucrados en tráfico de drogas se ha más que cuadruplicado en los últimos ocho años.
“He estado en una pandilla desde los 15 años. Pero todo ha cambiado ahora. Los códigos, las reglas… ya no hay reglas. Nadie respeta nada hoy en día. Los jefes empiezan… a usar a los jóvenes. Les pagan miserias. Y terminan matando a otros sin ningún motivo aparente. Reina la anarquía en toda la ciudad”, aseguró el hombre, ahora de veintipocos años, quien nos pidió que usáramos su apodo, El Inmortal.
Policías, abogados, políticos y organizadores comunitarios en Marsella hablan de una psicosis -un estado de trauma o pánico colectivo- que se apodera de partes de la ciudad, mientras debaten si contraatacar con una acción policial cada vez más contundente o con nuevos intentos para abordar la arraigada pobreza.
“Hay un ambiente de miedo. Es evidente que los narcotraficantes dominan y ganan terreno cada día”, declaró una abogada local, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias contra ella o su familia.
“El Estado de derecho está ahora subordinado a las bandas. Hasta que no tengamos un Estado fuerte de nuevo, debemos tomar precauciones”, puntualizó, sobre su reciente decisión de dejar de representar a las víctimas de la violencia de las bandas.
“Ya no hay reglas”
Durante el verano, varias ciudades francesas impusieron toques de queda nocturnos a los adolescentes tras una oleada de violencia relacionada con el narcotráfico.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo conversaciones el jueves para intentar responder a la crisis.
“Hay tanta competencia en el narcotráfico que la gente está dispuesta a todo”, aseveró el organizador comunitario Mohamed Benmeddour.
Y agregó: “Tenemos chicos de 13 o 14 años que vienen como vigías o traficantes. Los jóvenes ven cadáveres, oyen hablar de ellos, todos los días. Y ya no tienen miedo de matar ni de que los maten”.
El detonante de la actual psicosis en Marsella fue el asesinato, el mes pasado, de Mehdi Kessaci, un policía en prácticas de 20 años sin vínculos con el narcotráfico.
Se cree que su muerte pretendía ser una advertencia para su hermano, un destacado activista antipandillas de 22 años y aspirante a político llamado Amine Kessaci.
Bajo estrecha protección policial, Kessaci habló con la BBC sobre la muerte de Mehdi y la culpa que siente.
“¿Debería haber obligado a mi familia a irse de Marsella? La lucha de mi vida será esta lucha contra la culpa”, lamentó.
Amine Kessaci saltó a la fama en Francia en 2020 tras el asesinato de su hermano mayor, un pandillero llamado Brahim.
“Llevamos años con esta psicosis. Sabíamos que nuestras vidas pendían de un solo hilo. Pero todo cambió desde el covid-19. Los agresores son cada vez más jóvenes. Las víctimas son cada vez más jóvenes”, afirmó.
“Mi hermano pequeño fue una víctima inocente. Hubo una época en que los verdaderos matones tenían un código moral. No se mata de día. No delante de todos. No se queman cadáveres. Primero se amenaza con un tiro en la pierna. Hoy en día, todas estas reglas han desaparecido”.
La acción policial
Ante los actuales niveles de violencia sin precedentes, la policía francesa está respondiendo con lo que denominan “bombardeos” de seguridad en zonas de alta criminalidad de Marsella.
Aunque una banda, la DZ Mafia, parece dominar el negocio, opera una especie de sistema de franquicias con una red fragmentada de pequeños distribuidores, a menudo compuestos por adolescentes e inmigrantes indocumentados, que se enfrentan violentamente por territorio.
Según una estimación, hasta 20.000 personas podrían estar involucradas en el negocio de la droga en la ciudad.
El año pasado, las autoridades confiscaron a las bandas 42 millones de euros (unos US$49 millones) en bienes de origen delictivo.
Videos compartidos en redes sociales muestran habitualmente a miembros de las pandillas armados con rifles automáticos disparándose entre sí en las diversas cités de Marsella: barrios pobres caracterizados por edificios de gran altura y una gran concentración de viviendas sociales.
En una fría tarde de la semana pasada acompañamos a un grupo de policías antidisturbios armados en una de sus misiones habituales de “bombardeo”.
Los agentes se dirigieron a toda velocidad a un bloque de pisos en ruinas en sus furgonetas, mientras un joven pandillero que vigilaba la entrada huía a pie. Divididos en dos grupos, los policías corrieron por ambos lados del edificio intentando atrapar a los traficantes en las escaleras.
“El objetivo es desmantelar los puntos de venta de droga. Hemos clausurado más de 40… y hemos encerrado a mucha gente”, explicó Sébastien Lautard, jefe de la policía regional.
“Denle la vuelta”, ordenó un agente bruscamente, mientras su equipo acorralaba a un joven de 18 años contra una puerta.
En un sucio sótano cercano, la policía encontró docenas de viales y pequeñas bolsas de plástico utilizadas para distribuir cocaína.
Más tarde, un policía explicó que el joven detenido pedía ser arrestado, alegando que había llegado a Marsella desde otra ciudad y que ahora estaba retenido contra su voluntad y obligado a trabajar para una banda de narcotraficantes.
Los agentes se lo llevaron en una furgoneta.
Reclutamiento infantil
“Esto no es El Dorado. Tenemos muchos jóvenes reclutados en redes sociales. Vienen a Marsella pensando que ganarán dinero fácil. Les prometen 200 euros (US$233) al día. Pero a menudo terminan en miseria, violencia y, a veces, la muerte”, declaró el fiscal jefe de la ciudad, Nicolas Bessone.
En su oficina, cerca del antiguo puerto de la ciudad, Bessone describió una industria que alcanza un estimado de 7.000 millones de euros a nivel nacional (unos US$8.200 millones) y se caracteriza por dos novedades: un creciente énfasis en el reclutamiento, la venta y la entrega a domicilio en línea; y un número cada vez mayor de adolescentes obligados a participar en el negocio.
“Ahora vemos cómo los traficantes esclavizan a estos pequeños soldados. Crean deudas ficticias para que trabajen gratis. Los torturan si roban 20 euros para comprar un sándwich. Es ultraviolencia. La edad promedio de los agresores y las víctimas es cada vez menor”, afirmó Bessone.
Instó a la población local a no sucumbir a la psicosis, sino a “reaccionar, a rebelarse”.
La abogada, que nos pidió que ocultáramos su identidad, describió un caso que ella había llevado.
“Un joven, que se negaba rotundamente a formar parte de una red, fue recogido después de la escuela, obligado a participar en el tráfico de drogas, violado, amenazado y su familia también fue amenazada. Se utilizan todos los medios para crear una fuerza laboral”, declaró.
En TikTok decenas de vídeos con música anuncian la venta de drogas en las cités de Marsella “de 10:00 a medianoche”, cada producto con su propio emoji: cocaína, hachís y marihuana.
Otros anuncios buscan reclutar nuevos miembros de bandas con mensajes como “se busca trabajador”, “250€ para vigilantes”, “500€ para transportar drogas”.
¿Soluciones?
Para algunos políticos locales, la solución a los problemas de Marsella es el estado de emergencia y normas de inmigración mucho más estrictas.
“Hay que restaurar la autoridad. Necesitamos acabar con la cultura de la permisividad en nuestro país. Necesitamos dar más libertad y más poder a la policía y al poder judicial”, sentencia Franck Alissio, diputado local del partido populista de extrema derecha Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) y posible candidato a la alcaldía.
Aunque la antigua ciudad mediterránea de Marsella ha sido conocida durante siglos por su numerosa comunidad inmigrante, Alissio argumenta que “hoy en día, el problema es que ya no somos capaces de integrarnos económicamente ni asimilarnos. Hay demasiada inmigración. El problema es la cantidad (de inmigrantes). Y, de hecho, los narcotraficantes, los traficantes, los vigilantes, los líderes de estas mafias, son casi todos inmigrantes o extranjeros con doble nacionalidad”.
Es una afirmación controvertida y difícil de verificar en un país que se esfuerza por evitar incluir ese tipo de detalles en las cifras oficiales.
Alissio sostiene que los sucesivos gobiernos invirtieron miles de millones de euros en los barrios más pobres de Marsella sin ningún resultado. Culpa a los padres y a las escuelas por permitir que los niños se involucren en el narcotráfico, pero añade que su objetivo era “resolver el problema, no hacer sociología”.
Los partidos de extrema derecha han gozado durante mucho tiempo de un fuerte apoyo en el sur de Francia, pero no tanto en la diversa ciudad de Marsella. Críticos de RN, como la abogada cuya identidad hemos ocultado, acusaron al partido de “explotar la miseria y el miedo” y de culpar erróneamente a los inmigrantes de una “gangrena” generalizada en todas las comunidades de Francia.
Philippe Pujol, escritor local y experto en el narcotráfico en Marsella, también recibió protección policial tras el asesinato de Mehdi Kessaci el mes pasado.
“No estoy seguro de que haya una buena razón para este terror. Pero… el terror se está extendiendo. Prefiero tener miedo y ser precavido que correr riesgos innecesarios”, declaró.
Pero refutó las peticiones de una acción policial más contundente, argumentando que solo aliviaba los síntomas de una sociedad en crisis, en lugar de abordar las causas del problema.
Al describir la pobreza arraigada como un “monstruo”, Pujol pintó una imagen de una sociedad radicalizada por décadas de abandono.
“El monstruo es una mezcla de clientelismo, corrupción y decisiones políticas y económicas tomadas en contra del interés público”, opinó Pujol.
“Estos chicos pueden ser unos imbéciles cuando están en grupo, pero cuando estás a solas con ellos, siguen siendo niños, con sueños, que no quieren esta violencia”, aseguró.
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