Servidores de la nación, la maquinaria de relojería
A 17 meses de las elecciones de 2024, el presidente de la República ha iniciado una serie de reuniones con los servidores de la nación, la estructura encargada de llevar los programas del bienestar a todos los rincones del país. Quiere aceitar la maquinaria que puede garantizarle que Morena siga ganando elecciones.
Los números del presidente son contundentes: tan sólo en este 2023, esos funcionarios -promotores de a pie de la llamada “Cuarta Transformación”- serán los encargados de dispersar 600 mil millones de pesos de los Programas del Bienestar entre 25 millones de beneficiarios directos.
Por la importancia de esta estructura para su proyecto y su “movimiento”, el presidente decidió dedicar tres días a encabezar reuniones con los servidores de la nación de siete entidades: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Morelos.
En esas congregaciones multitudinarias conminó a sus representantes a redoblar el paso, ajustarse el chaleco guinda y no dejar sin visitar a una sola persona que demande una beca, un apoyo, una pensión.
De acuerdo con la crónica de Jorge Ricardo y Antonio Baranda, publicada el sábado en Reforma, en la reunión del viernes por la noche en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, en la Ciudad de México, el presidente conminó a estos funcionarios a hacer un calendario para la dispersión de recursos y asegurarse de que el Banco del Bienestar opere como una máquina de relojería. “Tiene que ser perfecto”, les advirtió.
Según les dijo el presidente, los servidores de la nación son los funcionarios más importantes de la “Cuarta Transformación” -mucho más que los que están detrás de un escritorio-, pues son quienes están en contacto directo con el pueblo, recorriendo las comunidades, llegando a todos los rincones de la patria.
El presidente sabe, también, que el 2024 depende de ellos.
Quizás por eso, el viernes anunció que piensa realizar 3 mil asambleas con servidores de la nación, pues se les agota el tiempo, y por ello ordenó que a más tardar en julio estén operando 3 mil sucursales del Banco del Bienestar, infraestructura clave para la transferencia directa a los beneficiarios.
* * *
La estructura de Servidores de la Nación nació en el proyecto de López Obrador desde la campaña de 2018 para promover el voto, coordinada desde la dirigencia nacional de Morena.
Comenzó a materializarse como aparato de gobierno en la etapa de transición, entre julio y noviembre de ese año. En ese periodo, los servidores recibieron un sueldo para hacer un primer recorrido por todo el país y levantar el Censo del Bienestar, que resultó clave para el diseño de los programas sociales de la 4T y de un primer padrón de beneficiarios.
El ejército de servidores fue ideado y operado por Gabriel García Hernández, un antiguo colaborador y operador financiero de López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México, en la asociación Honestidad Valiente, en Morena y en la Presidencia de la República.
De 2018 a 2021, Gabriel García fue el coordinador de los Programas del Bienestar y jefe de los 32 subdelegados que, a su vez, son los encargados de bajar los programas sociales en sus estados y coordinar a los servidores de la nación.
García fue sustituido por Carlos Torres, el secretario técnico de la Presidencia de la República, quien asumió en el mismo cargo las funciones de la coordinación de Programas del Bienestar.
Según los registros del portal Nómina Transparente del gobierno federal, actualmente existen 19 mil 394 Servidores de la Nación, en su mayoría con sueldos mensuales de 11 mil 294 pesos brutos.
Esa es la tropa estratégica para la continuidad de la “Cuarta Transformación”, que ha sido denunciada por los partidos de oposición como una maquinaria electorera similar a la que usaba el PRI en la época del Programa Solidaridad, a finales de los 80 y la década de los 90.
Los señalamientos se deben al mimetismo entre un servidor de la nación y su chaleco guinda (al que por instrucciones del INE se le quitó en 2019 el bordado con el nombre de Andrés Manuel López Obrador), y un promotor del voto de Morena, ataviado con el mismo color.
En las elecciones locales de este sexenio, PRI, PAN y PRD han interpuesto varias denuncias en contra de esta estructura, e incluso recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Consejo General del INE a emitir reglas para impedir que los Servidores de la Nación sean al mismo tiempo promotores del voto en favor del partido en el gobierno.
El INE emitió lineamientos “de cancha pareja” en diciembre del año pasado, en los que reitera la prohibición de utilizar los programas sociales como instrumento de campaña, básicamente impidiendo que se hagan entregas masivas de recursos o propaganda al respecto en tiempos de campaña.
Pero la principal prohibición para que los programas sociales se manipulen con fines electorales está en la Constitución, en la que fue precisamente López Obrador quien promovió que se incluyera como delito grave la compra y coacción del voto.
Hay una línea muy delgada entre el reparto de programas sociales a población que, evidentemente, necesita de esas becas y pensiones, y la promoción de un proyecto de gobierno absolutamente mimetizado con el discurso del partido. ¿En qué momento la perfecta maquinaria de relojería trabaja para beneficiar a la población más pobre, y en qué momento para ayudar al partido?
Lo más probable es que esa línea se cruce infinidad de veces en los tiempos electorales que se avecinan.
Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
