
Lo ocurrido en el país el pasado domingo es una cruel ilustración de dónde estamos parados realmente en el combate a la delincuencia organizada. Las escenas que vimos el domingo no se corresponden con el triunfalismo oficial.
Lo primero que llama la atención es que el parámetro que sirvió el domingo para medir la seguridad pública fueron los protocolos de protección civil que entes públicos y privados fueron activando espontáneamente a lo largo del día: suspensión de clases, cierre de módulos de servicios, suspensión de corridas de autobuses de pasajeros, camiones de carga varados, eventos deportivos reprogramados, vuelos de aviones cancelados, infinidad de comercios cerrados. En muchas localidades, sin exagerar, lo que se vivió el domingo fue un estado de sitio.
Hoy, pues, el juicio a la seguridad pública ya no viene de los críticos de siempre, de los medios de comunicación, de los que quieren descarrilar la transformación. Hoy ese juicio anida en los ciudadanos comunes y corrientes que ante la amenaza real optaron por resguardarse. Ese día vivimos un estado de excepción.
Lo segundo que hay que destacar es que se trató de un operativo exitoso por parte del ejército mexicano que hay reconocer, en el que por supuesto hay que lamentar la pérdida de vidas humanas. Pero también fue un operativo sui generis en el sentido que la jefa máxima de las fuerzas armadas no parecía estar al mando de la acción en un cuarto de guerra ni informando de la evolución del conflicto.
Como quiera que sea, se trata de un parteaguas en la estrategia de combate a la delincuencia organizada, y lo que desató después también marcará un antes y un después. La demostración de fuerza desplegada por el Cártel Jalisco Nueva Generación realizando desmanes, balaceras, incendios, 252 bloqueos en 20 entidades de la república es inédito. Ese es el tamaño actualizado de la fuerza del cartel más importante (no el único). Es un dato que nos debiera quitar el sueño.
Finalmente, el regreso a la calma no parece estar fundado en una victoria de las fuerzas del orden cuanto en un cálculo de los carteles. La duración de la tregua es incierta. Se sabe que el descabezamiento del líder nunca ha significado la desaparición de un cártel; ojalá que en este parteaguas sea posible replantear el combate a la delincuencia organizada y asumir que la jornada del domingo fue una contundente demostración de que la estrategia de los abrazos y el atacar supuestamente las causas de la violencia resultó totalmente inoperante.
Más allá de los dilemas que el oficialismo tenga con la narrativa del combate, lo relevante es enderezar acciones que incrementen la cooperación internacional, la previsión de escenarios para que no vuelvan a ocurrir escenas como las del domingo, y diseñar estrategias eficientes para privilegiar el desmantelamiento y no el descabezamiento de los cárteles. Por lo visto el domingo, se trata de retos de muy largo plazo. Ojalá empecemos pronto.

El exmandatario alega ser inocente, mientras a las afueras de la Corte se congregaron manifestantes a su favor y una fuerte presencia policial.
Prisión de por vida.
Esa es la sentencia que un tribunal dictó contra el expresidente Yoon Suk-yeol, quien fue declarado culpable de abuso de poder y de planificar una insurrección en Corea del Sur.
En diciembre de 2024, el exmandatario declaró la ley marcial e intentó usar a las fuerzas armadas para ejercer control en el país.
Su intento de golpe duró sólo seis horas, pero puso a prueba la democracia y causó una crisis política, con su partido siendo derrotado en las elecciones siguientes.
En enero, los fiscales dijeron que “la ley marcial de emergencia, inconstitucional e ilegal de Yoon, socavó el funcionamiento de la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral… destruyendo de hecho el orden constitucional liberal democrático”.
La pena máxima por organizar una insurrección en Corea del Sur es la condena a muerte o cadena perpetua. El Ministerio Público había solicitado la primera.
Durante la audiencia hubo una enorme presencia policial, así como manifestaciones en apoyo al político, en una muestra de lo polarizada que está la sociedad surcoreana en torno a este caso legal.
La ley marcial que declaró Yoon suspendía el Parlamento, los partidos políticos y los sindicatos, e imponía la censura a los medios de comunicación.
Él niega los cargos en su contra.
En el juicio, según la agencia de noticias Reuters, el también exfiscal argumentó que tenía autoridad presidencial para declarar la ley marcial y que su acción tenía como objetivo dar la voz de alarma sobre la obstrucción del gobierno por parte de los partidos contrarios a su administración.
Yoon ya está cumpliendo condena por otra sentencia relacionada con la ley marcial. Aún enfrenta dos juicios más relacionados con ella.
Nacido en Seúl en 1960, Yoon ganó notoriedad en el país gracias a una larga carrera de fiscal en la que se ocupó de algunos casos destacados de corrupción, como el que salpicó en 2016 a la entonces presidenta Park Geun-hye.
Presentándose como un azote contra los delitos contra el patrimonio público y un “antifeminista” en un momento en el que la sociedad surcoreana parecía muy dividida en torno a cuestiones de género, Yoon desembarcó en la política y fue el candidato del conservador Partido del Poder Popular en las elecciones de 2022.
En los comicios, el político derrotó por un margen inferior al 1% a su rival Lee Jae-myung, del izquierdista Partido Democrático.
Yoon se benefició del rechazo generalizado a la gestión anterior de Mon Jae-in, del Partido Democrático, y alcanzó la presidencia tras una campaña centrada en sus promesas de combatir la corrupción.
El voto de los jóvenes varones atraídos por sus promesas de frenar lo que Yoon considera excesos feministas fue otra de las claves de su victoria electoral.
Según le dijo a la BBC Don S. Lee, profesor de Administración Pública de la Universidad Sungkyunkwan, en Seúl, había “grandes esperanzas” entre sus votantes de que el nuevo gobierno liderado por Yoon “perseguiría valores como la ética, la transparencia y la eficiencia”.
Pero esas expectativas se vieron en gran medida defraudadas por los escándalos en los que se vio envuelto el gobernante y sus allegados.
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