¿Una credencial basta para universalizar el sistema de salud?
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de febrero iniciará un proceso de credencialización del sistema de salud, mediante el cual todas y todos los mexicanos contarán con una credencial que les permitirá identificar a qué clínica, centro de salud u hospital deben acudir. De acuerdo con lo señalado, esta credencial permitiría que la población se atienda en cualquier unidad del IMSS, del ISSSTE o del IMSS-Bienestar, sin importar su condición laboral, lo que en el discurso se presenta como un avance hacia la universalización del sistema de salud en México.
La intención es correcta. Reducir barreras administrativas y acercar los servicios a las personas es una condición necesaria para mejorar el acceso efectivo. Sin embargo, como ha ocurrido con otros anuncios en materia de salud durante esta y la pasada administración, existe el riesgo de que la credencial se quede en un buen deseo si no se acompaña de cambios estructurales que hagan viable lo que hoy se plantea como un derecho. La experiencia reciente muestra que los instrumentos administrativos, por sí solos, no corrigen fallas de diseño ni compensan déficits financieros y operativos acumulados durante años.
El primer obstáculo es que la fragmentación del sistema de salud no es solo legal, es también financiera. Para 2026, el gasto anual por derechohabiente del IMSS será de 10,074 pesos, en el ISSSTE ascenderá a 11,385 pesos, mientras que para un beneficiario del IMSS-Bienestar será de apenas 4,412 pesos. En la práctica, esto significa que la población con seguridad social recibe casi tres veces más recursos que aquella que no la tiene. Pretender que una credencial habilite el acceso indistinto a instituciones con niveles de financiamiento tan desiguales implica asumir que todas cuentan con la misma capacidad presupuestal, cuando claramente no es así. Sin un mecanismo explícito de compensación financiera que permita financiar el intercambio de servicios, la universalización se traduce en presión adicional sobre las instituciones más débiles o, simplemente, en negativas silenciosas a la atención.
El segundo reto es operativo y de contenido. Cada institución opera con un catálogo de cobertura distinto. IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar no garantizan el mismo conjunto de servicios, medicamentos ni tratamientos, lo que introduce desigualdades sustantivas en la atención. En este contexto, resulta legítimo preguntarse cómo avanzar hacia la universalización sin establecer antes un piso común de cobertura para todas las personas, independientemente de su condición laboral. Sin reglas homogéneas de referencia, contrarreferencia y facturación interinstitucional, y sin un paquete básico compartido, la credencial corre el riesgo de convertirse en un documento simbólico que no garantiza un derecho exigible.
El tercer punto es igualmente relevante: no se puede ampliar el acceso sin fortalecer la oferta en un contexto donde la inversión pública en salud se ha debilitado. En los últimos años, el gasto para el sector salud ha sido equivalente a 2.6 % del PIB, por debajo del 6 % recomendado y, en términos reales, la inversión en infraestructura, equipamiento y mantenimiento de unidades disminuyó 42 % entre 2018 y 2025. Esto ocurre justo cuando la demanda de servicios crece por el envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas. Ampliar derechos en el papel sin revertir esta tendencia implica saturar aún más una oferta ya limitada.
La credencial puede ser un punto de partida, pero no representa un rediseño de fondo. Si viene acompañada de financiamiento suficiente, un piso común de cobertura, reglas claras de intercambio y una estrategia sostenida de inversión en la oferta pública, puede marcar un avance real. Si no, será una promesa más que el sistema de salud actual no está en condiciones de cumplir.
La baja de sus soldados en los recientes eventos en Venezuela han expuesto los riesgos estratégicos de la política exterior de La Habana.
Desde el amanecer del jueves, multitudes de personal militar, funcionarios del gobierno y civiles alinearon el trayecto entre el aeropuerto de La Habana y el Ministerio de Fuerzas Armadas para aplaudir el cortejo fúnebre con los restos repatriados de 32 oficiales cubanos muertos en Venezuela.
Los líderes de Cuba -desde el Raúl Castro hasta el presidente Miguel Díaz Canel- estuvieron en el aeropuerto para recibir las cajas con las cenizas de sus “32 héroes caídos”.
En el vestíbulo del edificio ministerial, cada caja fue cubierta con una bandera cubana, acompañada de una fotografía correspondiente al soldado o agente de inteligencia con las palabras “honor y gloria”.
No obstante, a pesar de la pompa y todos los homenajes militares, esta ha sido una experiencia aleccionadora para la Revolución Cubana.
En primer lugar, se cree que es la mayor pérdida de combatientes cubanos a manos del ejército de Estados Unidos desde la invasión de Bahía Cochinos en abril de 1961.
El hecho de que hayan pasado seis décadas y media con un escasamente comparable intercambio de fuego entre tropas cubanas y estadounidenses, ni durante la Guerra Fría ni después, es una muestra de lo rara que es.
No es necesariamente sorprendente que los mejor capacitados y mejor dotados soldados estadounidenses de la Fuerza Delta salieran virtualmente ilesos, especialmente dada su reputación de élite dentro del ejército más poderoso del mundo.
Pero eso no es un consuelo para los afligidos familiares de los fallecidos que, con lágrimas, colocaron sus manos sobre las cajas de madera en La Habana.
Es más, en los días posteriores a la intervención militar estadounidense en Venezuela y la remoción forzada de Nicolás Maduro del poder, el gobierno cubano se vio obligado a reconocer algo que durante mucho tiempo había negado: la propia existencia de oficiales de inteligencia de Cuba dentro de los corredores del poder en Caracas.
Ahora ha quedado claro, como muchos lo habían afirmado en Venezuela, que los cubanos han estado presentes en todos lo niveles del aparato de seguridad de ese país y que los acuerdos de inteligencia bilaterales eran una parte crucial de las relaciones cubano-venezolanas.
En resumen, el gobierno de La Habana ha compartido con sus socios venezolanos sus años de experiencia sobre cómo mejor mantener el poder con mano de hierro. Las 32 bajas en suelo venezolano eran parte de esa estrategia compartida.
Tras sus muertes, sin embargo, los cubanos parecen estar sintiendo el remezón del cambio bajo sus pies.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una conversación telefónica con el presidente Trump, después de la cual el mandatario estadounidense la describió como una “persona estupenda”.
Hace solo tres semanas hubiera sido casi impensable escuchar semejante elogio del mismo gobierno que describió a su predecesor como el líder de un régimen de “narcoterroristas”.
Todo hace pensar que los gobiernos de Rodríguez y Trump están encontrando un modus vivendi. Pero hasta el momento pocos en el gobierno de Cuba parecen haber entendido cómo eso deja su situación o su visión compartida con Venezuela de un socialismo controlado por el Estado.
Washington insiste en que la Revolución Cubana tiene sus días contados.
Sin embargo, un integrante de la “generación original” de revolucionarios está en desacuerdo. Víctor Dreke, de 88 años, es un contemporáneo de Fidel Castro y del Che Guevara, y afirma que el actual conflicto con EE.UU. tiene similitudes con la invasión de Bahía Cochinos auspiciada por la CIA en abril de 1961.
Dreke comandó dos batallones ese día y sostiene que los cubanos aún podrían repeler cualquier intento parecido.
“Si EE.UU. nos trata de invadir, alborotarán un nido de avispas”, expresó, citando a Raúl Castro. “Ni siquiera verían a nuestros combatientes saliendo, hombres y mujeres”.
“Si los estadounidenses ponen un solo pie en suelo cubano, no será como su cobarde emboscada de nuestros combatientes en Venezuela”, afirma Dreke. “Aquí, las cosas serían muy diferentes”.
En los últimos días, la televisión estatal cubana ha emitido imágenes de reservistas civiles recibiendo entrenamiento en el uso de armamento por parte del ejército cubano.
Hay coincidencia en que un enfrentamiento con el ejército de EE.UU. sería una pelea desigual. El ataque de EE.UU. en Venezuela tuvo la intención, en parte, de resaltar ese aspecto al resto de la región.
Los riesgos para Cuba son particularmente altos.
La isla está sufriendo amplios apagones que son graves en La Habana, pero mucho peores en las provincias.
La economía, malograda por el embargo económico de EE.UU. y deficiente administración gubernamental, cojea en el mejor de los casos. El combustible escasea y el motor de la economía, el turismo, no ha podido recuperar sus niveles anteriores a la pandemia.
Es dentro de este ya complejo panorama que los cubanos intentan vislumbrar la pérdida casi total del apoyo venezolano. Para la mayoría, esto plantea un escenario lúgubre.
Pero el excomandante Dreke sostiene que Cuba ha sobrellevado tiempos difíciles antes y puede hacerlo otra vez con suficiente fervor revolucionario.
Cuba no quiere un conflicto con el gobierno de Trump, insiste, y no estará buscando aumentar las tensiones con Washington.
“Pero eso no quiere decir que no estaremos listos”, añade, desafiante.
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