Subirán los seguros: el efecto del IVA a las aseguradoras
En México, la población con seguro médico privado aumentó 67.1 % entre 2018 y 2024, al pasar de 974 mil a 1.6 millones de personas, según INEGI. Aun así, representan apenas 1.3 % de la población total, en un país donde más de 44.5 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. Ese pequeño grupo, que paga por cobertura privada ante la incertidumbre del sistema público, se enfrentará en 2026 a un nuevo escenario: sus seguros costarán más, no por mejores coberturas, sino por un cambio fiscal.
La Ley de Ingresos de la Federación 2026 incorpora una modificación que afectará de forma directa al sector asegurador: las compañías deberán pagar el IVA (16 %) sobre los siniestros en los ramos de autos y gastos médicos mayores, sin poder acreditar fiscalmente. Hasta ahora, las aseguradoras podían deducir el IVA de los servicios contratados con hospitales, talleres o laboratorios al cumplir con la indemnización. Con la reforma, ese acreditamiento desaparece y el impuesto se convierte en un gasto adicional que, inevitablemente, se trasladará al consumidor final.
De acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), las primas podrían incrementarse entre 10 % y 20 % a partir de 2026, afectando a más de 13 millones de pólizas activas. El cambio pone fin a un largo litigio entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las compañías de seguros, iniciado en 2019 por la interpretación del artículo 25 de la Ley del IVA. Durante años, las aseguradoras acreditaron como propio el IVA que se pagaba a terceros —hospitales o talleres— para resarcir daños o reponer bienes. El fisco argumentó que dicho acreditamiento no les correspondía y que debía ser asumido por los proveedores del servicio.
El acuerdo que cerró ese litigio establece que el gobierno condona los adeudos acumulados hasta 2024, calculados entre 175,000 y 200,000 millones de pesos, pero obliga a las aseguradoras a pagar el IVA sin acreditamiento a partir de 2025. Para el sector, el cambio representa el fin de una incertidumbre jurídica de varios años; para los usuarios, el inicio de un encarecimiento inevitable.
México es el segundo mercado asegurador más grande de América Latina, pero su penetración equivale solo al 2.6 % del PIB, por debajo del promedio regional de 3 %. En un contexto donde el sector privado concentra el 48.7 % del gasto total en salud, de acuerdo con la Cuenta Satélite del Sector Salud, y el gasto de bolsillo aumentó más de 40 % entre 2018 y 2024; el nuevo esquema fiscal puede reducir aún más el acceso a los seguros.
Por su parte, el gobierno espera una recaudación adicional de entre 20,000 y 25,000 millones de pesos en 2026, pero el efecto sobre el consumidor podría diluir cualquier beneficio fiscal. En un entorno de inflación médica creciente y mayores costos operativos, las aseguradoras trasladarán la nueva carga tributaria a los precios. Los seguros de autos, gastos médicos y empresariales serán más caros, y los procesos administrativos más lentos, pues la eliminación del acreditamiento de IVA también complica los flujos contables y la relación con proveedores.
En síntesis, el acuerdo que puso fin a un litigio fiscal de años traerá claridad jurídica para las aseguradoras, pero más costos para los asegurados. En 2026, renovar una póliza no solo será más caro: será el primer efecto visible de una reforma tributaria que transformó un viejo pleito legal en un nuevo peso sobre el consumidor.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la suspensión comenzará el 21 de enero y que la medida busca que se nieguen visas a personas que puedan depender de recursos públicos en algún punto.
El gobierno de EE.UU. congelará de manera indefinida el procesamiento de visados de inmigrante para al menos 75 países, según confirmó este miércoles un portavoz del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado dijo que el objetivo era poner fin al “abuso” del sistema “por parte de quienes pretenden obtener beneficios económicos a costa del pueblo estadounidense” mediante el uso de programas de asistencia social y beneficios públicos.
Según informó previamente la cadena Fox News, la suspensión entrará en efecto el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indeterminada hasta que el Departamento de Estado “revise sus procedimientos” migratorios.
El reporte indica que dentro de los 75 países hay varios de América Latina y el Caribe, incluidos Antigua y Barbuda, Brasil, Bahamas, Belice, Barbados, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, Saint Vincent y las Granadinas y Uruguay.
También están incluidos en la lista Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, y Yemen, entre otros países.
Tommy Pigott, del Departamento de Estado, señaló: “El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar no elegibles a los posibles inmigrantes que pudieran convertirse en una carga pública para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense.
Y añadió: “El procesamiento de visas de inmigrante provenientes de estos 75 países se suspenderá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar la entrada de ciudadanos extranjeros que harían uso de la asistencia social y los beneficios públicos”.
Tras la detención en noviembre de un inmigrante afgano acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., la administración prohibió o restringió la entrada de ciudadanos de 19 países.
En diciembre, amplió la prohibición de viajes a personas de otros cinco países y a quienes viajaban con documentos emitidos por la Autoridad Palestina.
Los casos de asilo, la tramitación de la ciudadanía y las solicitudes de residencia permanente para inmigrantes de los 19 países inicialmente afectados por la prohibición también han sido suspendidos.
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