Crónica de un desmantelamiento anunciado: los recursos para enfermedades de alto costo
En 2019, el Fondo de Salud para el Bienestar tenía 105 mil millones de pesos. Para el tercer trimestre de 2025 conserva apenas 32 mil millones. Cuatro años de transferencias obligatorias a la Tesorería —40 mil millones anuales entre 2020 y 2023— desfondaron el instrumento público más importante para financiar enfermedades de alto costo en personas sin seguridad social. Esa reserva, que durante más de una década garantizó tratamientos que ninguna familia puede costear, hoy está prácticamente agotada.
El desplome se concretó ayer, cuando la Cámara de Diputados aprobó una de las reformas más amplias a la Ley General de Salud en las últimas dos décadas. La iniciativa presidencial, presentada en septiembre de 2025, modifica 89 disposiciones: 61 artículos reformados, 24 adicionados y 4 derogados. Pero más allá de la ingeniería legislativa, el cambio decisivo es otro: la eliminación de la garantía legal que aseguraba recursos etiquetados para enfermedades catastróficas.
Desde 2003, cuando nació el Seguro Popular, quedó claro que hay enfermedades cuya atención rebasa por completo las posibilidades financieras de los hogares. Oncologías, trasplantes, cuidados intensivos neonatales y otros padecimientos se consideran “catastróficos” porque exigen gastar, al menos, 30 % del ingreso total familiar. Para enfrentarlas, la ley estableció un diseño simple y prudente: cada año, 11 % del presupuesto del Seguro Popular debía acumularse en un fideicomiso. De ese total, 8 % se destinaba exclusivamente a financiar enfermedades catastróficas y 3 % a infraestructura sanitaria y emergencias como la influenza de 2009. La lógica era clara: construir un ahorro público estable, creciente y blindado, capaz de sostener en el tiempo tratamientos caros, continuos y vitales.
Con la desaparición del Seguro Popular, el fideicomiso se mantuvo bajo el nombre de Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI). Pero dos decisiones cambiaron de raíz su naturaleza. La primera: redistribuir ese 11 % para incluir infraestructura en zonas marginadas y complementar el abasto de medicamentos. La segunda, y más grave: imponer un límite a la acumulación del Fondo —equivalente a dos veces el presupuesto de 2020— y ordenar que cualquier remanente se devolviera a la Tesorería de la Federación. Un instrumento creado para crecer y sostener cobertura financiera quedó atado a un techo arbitrario que anuló su propósito original.
En 2023 apareció el OPD IMSS-Bienestar y con él nuevas modificaciones. El FONSABI se mantuvo, pero lo aprobado ayer da un giro que parece técnico, pero es sustantivo: se elimina la distribución interna del 11 %. La ley sólo ordena que ese porcentaje se destine al Fondo, pero ya no establece cuánto debe utilizarse para financiar enfermedades catastróficas. Sin esa precisión, el Fondo queda expuesto a cualquier priorización coyuntural del gasto.
Con esta reforma, México cierra un ciclo que empezó hace más de veinte años: desaparece la última garantía jurídica que aseguraba a las personas sin seguridad social contar con financiamiento estable para enfrentar enfermedades que ponen en riesgo su vida y su patrimonio. No se trata de un descuido legislativo; es una decisión explícita. El corolario de un desmantelamiento institucional.
Y, como siempre en salud, la factura no la pagará el Congreso: la pagarán las familias que enfrenten solas lo que antes el Estado había decidido proteger.
Nicolás Maduro solicitó ayuda de la OPEP para combatir lo que denominó la agresión directa de Estados Unidos para desestabilizar el país sudamericano.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió este domingo un comunicado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) solicitando ayuda para combatir lo que denominó la agresión directa de Estados Unidos que atenta contra la producción de crudo del país y la estabilidad de los mercados globales.
La solicitud de ayuda fue enviada en una carta dirigida al secretario general de la OPEP, Haitham al Ghanis, y las más de 20 naciones miembros, y fue publicada en la red social Telegram.
“El mundo conoce muy bien las lesivas consecuencias generadas en otros países petroleros, a partir de intervenciones militares de los Estados Unidos de América y sus aliados”, escribe Maduro.
El mandatario denuncia que, con sus acciones, Estados Unidos “pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal”.
Según Caracas, las continuas operaciones militares de EE.UU. en el Caribe constituyen una violación de la ley internacional que “vulnera flagrantemente la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y otros instrumentos de derecho internacional”.
El gobierno de Maduro sostiene que las acciones de Washington buscan “desestabilizar” el país sudamericano y afectar su capacidad de exportación.
La carta pide solidaridad a los miembros de la OPEP frente a lo que considera una escalada que, de continuar, “pone en claro peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional”.
Maduro aseguró que Venezuela se “mantendrá firme” en la protección de sus recursos naturales y que no “sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza”.
Concluyó solicitando al secretario general que convoque “a la unión soberana sin perturbaciones externas”.
Presión militar y aislamiento
El envío de la carta coincidió con la segunda conferencia ministerial de la OPEP y en medio de los bombardeos de la fuerza naval estadounidense contra supuestas narcolanchas en el Caribe, que Maduro cataloga de una “campaña de hostigamiento y amenaza”.
Según la misiva, los más de 20 bombardeos han resultado en el “asesinato extrajudicial” de más de 80 personas.
EE.UU. ha desplegado una enorme presencia militar frente a las costas de Venezuela con más de 14 buques de guerra incluyendo el portaviones más grande y sofisticado del mundo.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
EE.UU. acusa a Nicolás Maduro de liderar el “Cartel de los Soles”, una supuesta organización narcotraficante a la que va a designar como “organización terrorista”.
Este fin de semana, el anuncio del presidente Donald Trump del “cierre total” del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela ha forzado a la gran mayoría de aerolíneas internacionales a suspender sus vuelos, aumentando la presión sobre Maduro y aislando aún más al país.
La medida ha dejado a innumerables pasajeros venezolanos varados en el extranjero sin posibilidad de regresar por vía aérea.
La Cancillería venezolana replicó en un comunicado que “denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo”, en lo que describió como “una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.
El gobierno de Maduro expresó que había activado un plan de emergencia para el regreso de sus ciudadanos en el exterior y acusó a Washington de imponer un bloqueo de facto.
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