Sinaloense, Ingeniero Industrial, maestro en Estudios Humanísticos y director de Noroeste Media (noroeste.com.mx). Escribo sobre seguridad, drogas, medios y periodismo.

Contrapoder

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Era 2010. La guerra de entonces ocurría entre los Beltrán Leyva y el resto de las familias del Cártel de Sinaloa, sobre todo los Guzmán, a quienes Arturo Beltrán Leyva, mejor conocido como “El Barbas”, acusaba de traidores por la detención en Culiacán de su hermano Alfredo, “El Mochomo”.
En Mazatlán, yo llevaba menos de dos años como director ejecutivo de Noroeste en el sur del estado. La guerra había sido tan fuerte que dejaron de llegar los cruceros, el turismo se fue, el auge inmobiliario que había se paró en seco y la Zona Dorada de la ciudad perdió todo su brillo y se puso en renta. Fue una época terrible para el puerto: los homicidios y la crueldad estaban al orden del día, también se hizo presente la extorsión, y un nombre antes desconocido para los mazatlecos surgió en la conversación: “Los Zetas”.
En aquel entonces, las redes sociales eran incipientes, de modo que la atención de la gente estaba en los medios de comunicación que cubríamos la violencia.
Y no solo en la de la gente común, sino también en la de los criminales, quienes buscaban validar en nuestras páginas y portales sus actos de violencia, al tiempo que amedrentaban y presionaban para inhibir las noticias que les afectaban o mostraban alguna debilidad de su parte.
La noche del 30 octubre de 2010 cubrimos un ataque a balazos en una avenida importante de la ciudad. El parte policial decía que además de los muertos había un herido inocente cuya identidad se protegía. Publicamos así la nota y no tardó en llegar la amenaza acusándonos de mentir y de servirle a un bando específico.
No pudimos validar la información que querían que publicáramos, el comandante que firmaba el parte nunca respondió. Nos dieron tres horas para subir la versión que se nos exigía, con información sensible de una persona. Rechazamos la exigencia y lo pagamos de inmediato: a las 00:20 horas del primero de septiembre, un auto se detuvo frente a nuestro edificio y un par de jóvenes descendió del vehículo. Primero instalaron una lona de varios metros en la banqueta con un largo mensaje escrito y, luego, con un cuerno de chivo cada uno, dispararon contra la fachada un par de ráfagas que perforaron vigas, paredes y cristales. Por la hora, el personal estaba en la nave industrial y nadie resultó herido, afortunadamente.
Se nos vino la noche; la exigencia criminal seguía ahí. Paramos la prensa y denunciamos el ataque en portada. Luego, decidimos mantener la postura. La portada del día siguiente fue categórica: “No vamos a ceder”.
Ese día ratificamos que no aceptaríamos el rol de ser voceros involuntarios de los criminales. Que nuestra misión, sí, era informar, pero con una postura ética que tuviera estándares y límites. Sobre esa premisa descansan nuestros lineamientos denominados <a href="https://www.noroeste.com.mx/codigo-etica" target="_blank" rel="noopener">“Responsabilidad frente a la violencia</a>”, que van mucho más allá de las mantas o las amenazas, y que han sido nuestra guía para la toma de decisiones en coyunturas tan complejas como esta guerra.
Casi quince años después, creo profundamente que esos criterios siguen siendo correctos, el problema es que esta guerra es diferente. También lo es el contexto en el que se desarrolla y por eso nos somete a nuevos dilemas. Acaso la mayor diferencia en términos periodísticos es la instalación de las redes sociales como el principal camino para llegar a la gente. Medio que, obviamente, no tiene límites ni estándares rigurosos, sino unos bastante laxos. De modo que ahora todo contenido –odio esa palabra– llega en crudo, directo y sin ningún tipo de verificación o tratamiento ético hacia los usuarios.
Las redes sociales llegan siempre primero que los medios y periodistas profesionales porque la gente ya está ahí con un teléfono en la mano. Los medios, si somos serios, perderemos minutos preciosos en ir al lugar de los hechos para validar, preguntar, construir una versión lo más veraz posible, etc. Luego vendrá la edición, la toma de decisiones sobre los alcances, los riesgos, las implicaciones éticas. Todo eso en la exigencia implacable del “tiempo real”.
Visto así, tengo cada vez más dudas si los lineamientos que diseñamos para informar sin reproducir el discurso de los violentos tienen todavía algún impacto en la manera en que las audiencias se informan. Por ejemplo: las fotos o videos explícitos, crueles y violatorios de derechos que en Noroeste decidimos no publicar, rolan a granel en los grupos de WhatsApp en los que todo el mundo está inscrito; muchos de esos grupos incluso usan material gráfico de medios y periodistas formales sin citar la fuente o pedir autorización; hay también periodistas que generan ese material y lo venden a grupos porque sus medios no les permiten publicarlo. Ese material es recogido por miles de fan pages o cuentas anónimas de redes para obtener clicks y monetizar.
En Sinaloa llevamos casi ocho meses consumiendo el bufet de la violencia, sin hacer ningún reparo en las consecuencias de este consumo adictivo y pernicioso, tanto emocional como psicológicamente en nuestras vidas y nuestro tejido social.
Sí, es la realidad, la violencia es así. Las miles de víctimas son de carne y hueso y no merecen que maticemos su dolor, pero mi pregunta va más allá: ¿qué hacemos con el horror? ¿Volvemos a publicarlo en su expresión más cruda? ¿Moverá así alguna indignación, una empatía? ¿Cambia algo?
No lo sé. Me pregunto si no es eso lo que quieren los criminales: convertirnos en espectadores cautivos de su espectáculo macabro.

¿Qué hacemos con el horror?

El primer reporte llegó a la 1:47 de la madrugada. A la Clínica de Adicciones Shaddai, ubicada en la calle Cerro San Cayetano número 904 de Colinas de San Miguel, en Culiacán, llegó un comando armado. Derribaron el portón de la finca pintada de amarillo claro e irrumpieron en el centro, sometieron a los internos y al personal, y luego abrieron fuego contra ellos.
Mataron a nueve hombres en total: ocho que murieron en el sitio y uno más en el hospital del IMSS cuando era atendido de los balazos. Hay otras cinco personas heridas, entre ellas una mujer, que se reportan fuera de peligro, según la Secretaría de Salud de Sinaloa.
Es la primera masacre del 2025 en el marco de la guerra entre los Guzmán y los Zambada en Sinaloa. Según los testimonios de los sobrevivientes, los criminales “andaban buscando a uno y no los mataron a todos porque se les atoró el rifle”.
Ese mismo día por la mañana, en otro sector de Culiacán, Guillermo Rodríguez Gaxiola, propietario del centro atacado y presidente de la Unión de Centros de Rehabilitación de Sinaloa, fue privado de la libertad frente a su familia. Su cuerpo fue hallado asesinado en la colonia La Costera ya entrada la noche del mismo lunes 7 de abril.
Ese mismo día, al menos otros 5 centros de rehabilitación fueron intervenidos por civiles armados que dejaron salir a unos 260 internos. En uno de ellos, de nombre Rehabilítate, ubicado en Villa Universidad, los testigos dijeron que no hubo heridos ni fallecidos. Pero el martes siguiente por la mañana, el subdirector del centro, de nombre Rodrigo Tavizón Campaña, fue hallado asesinado y con un mensaje de Los Chapitos al sur de Culiacán. Otro interno se encuentra en calidad de desaparecido.
Casi a la misma hora del asesinato, el Secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, responsabilizó de la masacre a Los Chapitos: “fue una célula de los conocidos como ‘Los Chapitos’, agrediendo una célula al interior de este centro de rehabilitación de su grupo antagónico de ‘Los Mayos’, esa es la información que tenemos ahorita”, dijo.
No es la primera vez que los centros de rehabilitación concentran violencia y son parte de la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa. Apenas el 21 de marzo pasado, <a href="https://www.noroeste.com.mx/seguridad/civiles-irrumpen-en-centro-de-rehabilitacion-ofrecen-trabajo-y-se-llevan-a-dos-internos-en-mazatlan-HK11286320" target="_blank" rel="noopener">civiles armados llegaron a uno en Mazatlán</a>, ofreciendo trabajo a los internos y llevándose a dos de ellos; también, el 16 de diciembre de 2024, se llevaron a 16 personas del centro “Permanecer”, en la misma ciudad. Tres días después, el jueves 19 de diciembre, <a href="https://www.noroeste.com.mx/mazatlan/todos-los-internos-de-los-centros-de-rehabilitacion-en-sinaloa-estan-siendo-reubicados-rocha-moya-HI9912081" target="_blank" rel="noopener">un grupo de civiles armados atacó e incendió un centro de rehabilitación en el Fraccionamiento Jacarandas</a>, en Mazatlán, dejando un interno muerto y 18 más heridos. En respuesta, el gobernador Rocha Moya anunció la reubicación total de los internos de esos centros.
También, hace casI 2 años, el 15 de julio de 2023, 39 personas fueron rescatadas en un centro de rehabilitación en el campo pesquero La Reforma, municipio de Angostura. Estaban retenidas contra su voluntad por un grupo criminal y eran obligadas a trabajar en campos agrícolas y camaroneros.
Entonces, el Gobierno de Sinaloa reconoció que sólo 111 de 260 centros de rehabilitación que operan en el estado, estaban regulados. “Hay lugares donde no pueden entrar los inspectores, hay lugares donde ni se pueden acercar ni se puede llegar a tocar la puerta&#8230;”, dijo Cuitláhuac González, Secretario de Salud.
Pasada la masacre, el Gobierno estatal anunció que, ahora sí, resguardarían este tipo de centros y clínicas para proteger a los pacientes. Todas las señales previas fueron insuficientes para que las autoridades implementaran dicha protección de manera preventiva.
La Clínica de Adicciones Shaddai A. C. no era una clínica clandestina, estaba regulada y tenía permiso de la Comisión Nacional de Adicciones (CONADIC) y figura en el directorio de la Secretaría de Salud. Según el registro, cobraba 84 mil pesos por un tratamiento personal de 6 meses. Pero estar en regla no la salvó de la violencia.
No era jueves, como suele ser en Sinaloa cuando se desatan los demonios; era lunes, pero mataron a 14 personas en un solo día. Es la quinta vez que se alcanza ese máximo desde que “Los Chapitos” y “La Mayiza” se declararon la guerra.

Shaddai: una masacre que pudo evitarse

Xóchitl Gálvez, candidata del Frente a la presidencia de la república, es una mujer claridosa. Buena parte de su carisma político proviene de su manera directa de decir las cosas. Tras formalizar la alianza opositora en Sinaloa, rodeada de “Alito” Moreno, Jesús Zambrano y Marko Cortés, dijo: “Yo quiero reconocerle a Héctor Melesio… tu ánimo se nota, tu gente, tus seguidores son gente entrona y juntos lo vamos a lograr para bien de Sinaloa, porque Sinaloa merece más, México merece más”.
Héctor Melesio, el hombre al que Xóchitl se refiere estaba ahí, chiveado por los elogios de la panista mientras Alito lo abrazaba efusivamente. La razón de su presencia es que el Frente que Xóchitl encabeza en lo nacional decidió aliarse en Sinaloa con un partido local, el Partido Sinaloense (PAS), fundado y liderado formalmente por Héctor Melesio Cuén Ojeda. Oriundo de Badiraguato y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, “El Maestro” Cuén se ha aliado lo mismo con el PRI, con Nueva Alianza, con el PAN, con Morena en la pasada elección y ahora con el Frente integrado por PRI, PAN y PRD en el estado. Su más grande ambición es ser gobernador de Sinaloa, así me lo dijo personalmente. Y opera todos los días, por arriba y por abajo, para conseguirlo.
El Partido Sinaloense es una anomalía en el sistema político sinaloense. Fue fundado en 2012 a partir de la asociación civil “Cuenta Conmigo”, cuya base inicial fue la cúpula de la burocracia universitaria. Hoy, ese partido  controla los recursos, la estructura, la academia y la comunicación de la máxima casa de estudios de Sinaloa.
No es una afirmación exagerada, es una realidad innegable. Le doy datos:
De 2012 a 2022 <a href="https://www.noroeste.com.mx/culiacan/perciben-afiliados-al-pas-63-de-la-nomina-de-la-uas-LN2834379" target="_blank" rel="noopener">el PAS afilió al 63 por ciento de la nómina activa de la UAS</a>, que asciende a 180 millones de pesos mensuales. Seguro hoy ese dato ha crecido. De hecho, con entre 7 y 8 mil millones de pesos anuales de presupuesto, la UAS representa el segundo presupuesto más importante de Sinaloa, solo después del Gobierno del Estado.
Desde que Cuén Ojeda fue rector y hasta 2022, la UAS generó serios problemas financieros. <a href="https://www.noroeste.com.mx/culiacan/de-antonio-corrales-a-jesus-maduena-uas-acumulo-18-mil-millones-de-deficit-financiero-MX4707619" target="_blank" rel="noopener">Acumuló un déficit de mil 835 millones de pesos</a> y cada diciembre tiene que solicitar un rescate extraordinario al gobierno para cumplir con las últimas quincenas y el aguinaldo. Esos rescates oscilan entre los 400 y los 600 millones de pesos.
Además, en 2022 el gobierno del estado encabezado por Rubén Rocha Moya, también exrector de la Universidad, decidió apoyar a la UAS para que liquidara <a href="https://www.noroeste.com.mx/culiacan/la-uas-le-debe-35-mil-millones-al-sat-revela-rocha-moya-CE2710499" target="_blank" rel="noopener">un adeudo con el SAT de 3 mil 500 millones en impuestos</a>. Ese adeudo se generó durante las gestiones de los rectores del Cuenato.
Con una ley orgánica a modo y a pesar de su situación económica, la UAS paga 73 días de aguinaldo a sus funcionarios administrativos. Y en la última década <a href="https://www.noroeste.com.mx/culiacan/de-2014-a-2022-la-nomina-de-la-uas-crecio-en-40-y-la-matricula-11-FM5835878" target="_blank" rel="noopener">su nómina ha crecido en 40 por ciento a pesar de que su matrícula estudiantil ha crecido 11 por ciento</a>. La mayor parte de ese incremento está en el personal de confianza; de hecho <a href="https://www.noroeste.com.mx/culiacan/tiene-la-uas-mas-coordinadores-que-investigadores-o-maestros-y-ganan-mas-MF5896619" target="_blank" rel="noopener">la UAS tiene más “coordinadores” que maestros o profesores investigadores.</a>
Cuando fue rector, Cuén Ojeda cambió las reglas para elegir a las autoridades universitarias y consolidó la figura de un Consejo Universitario integrado por funcionarios, maestros y alumnos universitarios; dos tercios de ese consejo se encuentran afiliados al Partido Sinaloense que ha impuesto a todos los rectores posteriores a Melesio Cuén: Víctor Corrales, Juan Eulogio Guerra Liera y Jesús Madueña Molina.
Hoy, 9 de cada 10 funcionarios de la Universidad son pasistas y son quienes deciden el rumbo y sobre los dineros de la UAS. De hecho, los fundadores del partido<a href="https://www.noroeste.com.mx/culiacan/fundadores-del-pas-ganan-38-mas-dentro-de-la-uas-XG2844264" target="_blank" rel="noopener"> ganan en promedio 38 por ciento más</a> que los empleados de la UAS que no lo son. Muchos de ellos han sido candidatos del PAS a puestos de elección popular.
De manera paralela a la cooptación de la universidad, el nepotismo de la familia Cuén sobre ella se ha consolidado: en la UAS laboran todos sus hijos, hermanos y sobrinos con sueldos de directores y coordinadores, <a href="https://animalpolitico.com/estados/fortuna-cuen-ojeda-universidad-autonoma-sinaloa" target="_blank" rel="noopener">lo que les ha permitido acumular un patrimonio de 123 millones de pesos en propiedades</a>. De hecho, en febrero de 2023, la Unidad de Inteligencia de la Fiscalía anunció que investigaba a la familia Cuén por probable enriquecimiento inexplicable.
Su primogénito, Héctor Melesio Cuén Díaz, fungió como director de Bienes e Inventarios de la universidad, la misma posición desde la que su padre escaló a la rectoría, y ahí realizó compras irregulares, a sobreprecio y sin licitar a sus empresas, las de su cuñado y las de otros funcionarios de la misma universidad. Tan solo <a href="https://www.noroeste.com.mx/culiacan/ya-son-634-millones-en-compras-irregulares-empresas-y-personas-vinculadas-con-los-cuen-y-funcionarios-de-la-uas-MG4293790" target="_blank" rel="noopener">en 2022 en Noroeste documentamos más de 634 millones de pesos de compras</a> de esa naturaleza.
Hoy, tanto el rector Madueña Molina como el exrector Guerra Liera y sus respectivos comités de compras enfrentan casi una decena de procesos judiciales ante la Fiscalía de Sinaloa por diversos delitos de corrupción. Fueron separados del cargo y son defendidos por el equipo jurídico uaseño. Siete meses después de iniciados los procesos, los acusados han logrado diferir 21 audiencias con argumentos que van desde enfermedades, ausencias, despido de abogados hasta accidentes automovilísticos. Cuén Jr. decidió contratar los servicios de Julio Hernández Barros, quien fuera abogado de Rosario Robles para su defensa, y pagarle con recursos de la UAS.
Además, la estructura de comunicación de la UAS se usa todos los días para defender a Cuén y atacar y denostar a sus críticos y a todo aquél que señale los abusos en la universidad. Hay evidencia, también, de que <a href="https://www.noroeste.com.mx/nacional/empleados-y-proveedores-de-la-universidad-autonoma-de-sinaloa-operan-en-red-de-desinformacion-y-contra-periodistas-KX4707639">desde números de teléfono del PAS se han pagado campañas de desinformación y desprestigio en Facebook</a> para atacar a periodistas, académicos y adversarios políticos del cuenismo. El mismo Cuén demandó a la activista Tere Guerra, así como al columnista Luis Enrique Ramírez, asesinado en Culiacán.
A pesar de las acusaciones de corrupción, el evidentemente enriquecimiento de él y su familia, su intolerancia y amenazas a sus críticos, así como la expoliación sostenida de la UAS, a los líderes políticos de la oposición en Sinaloa: Roxana Rubio del PAN, Paola Gárate del PRI y Oner Lazcano del PRD, así como a los empresarios que empujan y patrocinan el Frente en Sinaloa, no les importó aliarse con Cuén. Dicen que les importa construir “contrapesos”, pero en realidad aprovechan que el PAS pondrá estructura y dinero para la próxima elección. Dos cosas que no tienen.
Cuando estuvo en Sinaloa, <a href="https://www.noroeste.com.mx/norte/evade-xochitl-galvez-definir-si-dara-su-respaldo-a-la-uas-MX5808079" target="_blank" rel="noopener">Xóchitl evadió la pregunta de nuestra reportera sobre la situación de la Universidad</a>, en lugar de fijar postura prefirió contestar con un lugar común a favor de la educación.
Asumo que Gálvez no sabe nada de lo que acá escribo. Porque de saberlo y ser congruente no habría consentido la alianza con el PAS. No sabemos si ganará pero, a juzgar por las encuestas que conocemos, se ve muy difícil. Mientras ella pone el pecho, la partidocracia ya se repartió las posiciones privilegiadas que dejará la derrota. O tal vez lo sabe y de verdad piensa que Sinaloa merece más de lo que la trayectoria de Melesio Cuén representa.
Pero eso ya no importa, la elección aún no sucede y El Maestro Cuén ya aseguró su impunidad:<a href="https://www.noroeste.com.mx/culiacan/mario-zamora-y-melesio-cuen-amarran-pluris-con-el-pri-YG5954706" target="_blank" rel="noopener"> el PRI lo colocó en la quinta posición de la lista plurinominal como diputado federal</a>. Tendrá fuero y podrá preparar su proyecto para el 2027.
<a href="https://twitter.com/AdrianLopezMX" target="_blank" rel="noopener">@AdrianLopezMX</a>

La ignorancia de Xóchitl en Sinaloa

Lo dice el presidente a cada rato con la convicción de la ignorancia voluntaria: “En México la libertad de expresión está garantizada”. Y lo repiten sus seguidores reforzando la falacia con dos argumentos que parecieran infalibles: “ahora usted puede criticar al presidente todo lo que quiera”, “ahora se puede escribir lo que sea en Facebook” sin que “te pase nada”.
Y sí, es cierto, se pueden hacer esas dos cosas (sobre todo desde el anonimato), pero comentar en redes e insultar al presidente (o a cualquier otro funcionario) no significa que haya plena libertad de expresión y de prensa en México.
Es una mentira. Y hay que señalarlo así, porque en la realidad de los hechos, y no en el imaginario que construye a diario la propaganda cuatroteísta desde la conferencia mañanera, México es uno de los países más mortíferos del mundo para los periodistas sin estar en un conflicto armado, al menos formalmente reconocido; y es que mucho se puede debatir en este sentido a la luz de la militarización y la guerra contra el narcotráfico, políticas públicas que persisten desde hace tres gobiernos federales y se exacerban en éste.
El problema no es solo que desde hace décadas la libertad de expresión se encuentre en peligro en México, sino que cada año se deteriora más. Así lo demuestra el informe anual más reciente publicado por la organización no gubernamental Artículo 19 para México, Centroamérica y El Caribe. En eso, la “izquierda” que gobierna ahora ha quedado a deber tanto como sus antecesores.
Según el informe “<a href="https://articulo19.org/vocescontralaindiferencia/" target="_blank" rel="noopener">Voces contra la indiferencia</a>” presentado esta semana, el cuarto año de gobierno del presidente López Obrador ha sido el más violento para la prensa al registrar 696 atentados, lo que implicó 12 periodistas asesinados, amenazas, intimidación, discursos estigmatizantes, acoso y espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos. Esta cifra representa un incremento de 329 por ciento comparada con el cuarto año del gobierno de Calderón y 63 por ciento comparada con el mismo periodo de Peña Nieto.
Las cifras son abrumadoras: en 2022 se agredió a la prensa cada 13 horas, lo que lo vuelve el año más violento para la labor periodística desde 2007, cuando esta organización inició el registro sistemático de agresiones. Pero siempre vale insistir en que, detrás de cada número, está la historia personal, con nombre y apellido, de una o un periodista o defensor de derechos humanos agredido, amedrentado y, en el peor de los casos, silenciado.
Por eso cuando hablamos de libertad de prensa y libertad de expresión, habría que separar primero una de la otra y señalar sus grandes enemigos: la libertad de prensa de los medios mexicanos se debate entre la urgencia de encontrar un modelo de negocio rentable a la luz de las presiones que ponen la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial tanto federal como local, por un  lado; y la necesidad de apostar por el clickbait para generar ingresos digitales en detrimento de la calidad y pertinencia del periodismo, por el otro. Si bien este gobierno ha reducido en buena parte el dispendio que ahí existía, la hiperconcentración se mantuvo en 2022, pues tan solo diez empresas recibieron el 54.8 por ciento de la publicidad oficial federal.
Por otro lado, la libertad de expresión sufre los embates de la violencia del crimen organizado y la narcopolítica, pues como demuestra el informe en mención: en nueve de los 12 homicidios de periodistas, integrantes del crimen organizado fueron identificados como posibles autores materiales, los cuales, según la información recabada por Artículos 19 operan en colusión con las autoridades.
Además, Artículo 19 registró nueve tentativas de homicidio: seis ocurrieron con armas de fuego en Oaxaca, Quintana Roo, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México. Una más, en Yucatán, se utilizó un arma punzocortante y en otros dos se trató de persecuciones y choques de auto provocados, en los que ambos periodistas sufrieron lesiones.
La gran mayoría de esas agresiones quedan en la impunidad y, en rarísimas excepciones, la justicia alcanza solo para identificar y detener solo a los autores materiales, nunca a los intelectuales ni sus cómplices.
Por último, al tiempo que la prensa mexicana es agredida en casi total impunidad, también es espiada por el gobierno y, en específico, por el ejército. El 3 de octubre de 2022 se revelaron nuevos casos de espionaje con el software Pegasus, dirigidos a un defensor de los derechos humanos tamaulipeco, Raymundo Ramos, y dos comunicadores: Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político. Así lo reveló la  investigación realizada por ARTICLE 19, Social TIC y R3D con el apoyo de Citizen Lab22 y en coordinación con los medios de comunicación Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso.
El presidente, para variar, negó el hecho y mintió de nuevo: cuando la periodista de Animal Político Nayeli Roldán lo cuestionó al respecto durante la conferencia mañanera, López Obrador reviró: “Ustedes no van a poner la agenda”.
Así es, para el presidente de México el espionaje y la seguridad de los periodistas del país que gobierna no es un asunto de justicia, ni de violación de derechos por parte de las Fuerzas Armadas, sino una cuestión de “agenda”. Desde esa lógica, solo queda esperar que en materia de libertad de expresión, este año sea peor que el anterior. Y así sucesivamente.
<a href="https://twitter.com/AdrianLopezMX" target="_blank" rel="noopener">@AdrianLopezMX</a>

La mentira de la “plena libertad de expresión” en México

Miguel Ángel Félix Gallardo fue escolta del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Célis. Eran los 60. Después, tras la operación Cóndor en Sinaloa en 1976, se trasladó a Jalisco donde fundó y lideró el Cártel de Guadalajara, el germen de los primeros clanes del Cártel de Sinaloa: los Carrillo, los Guzmán, los Zambada, los Esparragoza, los Beltrán Leyva. Va un recuento rápido de la historia del narco y la política sinaloense.
Con Antonio Toledo Corro, gobernador de Sinaloa de 1981 a 1986, <a href="https://www.noroeste.com.mx/buen-vivir/crecio-narcotrafico-con-antonio-toledo-EGNO347407" target="_blank" rel="noopener">el narcotráfico se consolidó en Sinaloa</a>. Fue él quien, ya retirado de la política, vendió en millones de dólares los terrenos de Las Cabras en Escuinapa al gobierno federal de Felipe Calderón para el desarrollo turístico del Centro Integralmente Planeado (CIP) de Playa Espíritu. Proyecto que terminó rifado en lotes por López Obrador. Toledo Corro murió de 99 años tras comprar el equipo de beisbol Venados de Mazatlán. Antes de morir fue homenajeado por el gobierno del estado.
Luego vino Francisco Labastida, quien gobernó de 1987 a 1992. Fue el primer candidato perdedor del PRI a la presidencia y su hijo funcionario del malovismo. Durante su sexenio fue detenido Félix Gallardo en un operativo ordenado por la PGR. Era abril de 1989 y tres de los funcionarios de seguridad de Sinaloa estaban “desaparecidos”; luego aparecieron presentados como cómplices de Félix Gallardo. Incluso el Coordinador del Plan Estatal de Seguridad estuvo prófugo. Mientras Félix Gallardo era el narcotraficante más relevante del país, en Sinaloa la estructura de seguridad estaba cooptada por él. ¿Qué dijo Labastida?: “me fallaron los informadores”.
Vino después el ingeniero agrónomo Renato Vega Alvarado, que gobernó Sinaloa de 1993 a 1998. Durante su gobierno sucedieron 1.6 asesinatos diarios y fue particularmente relevante la desaparición de tres jóvenes tras acudir a una fiesta en la colonia Las Quintas. Nunca aparecieron.
Luego vendría Juan S. Millán, gobernador de 1999 al 2004. Al final de su sexenio sucedió el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes en Culiacán, hermano de “El Señor de los Cielos”, que evidenció cómo la Policía Ministerial, encabezada por Jesús Antonio Aguilar Íniguez, brindaba protección al crimen organizado. El comandante  “Chuy Toño” estuvo prófugo y en la lista de los más buscados de la PGR con una recompensa de 5 millones de pesos. En un libro sobre sus memorias, del escritor Arturo Santamaría, Millán niega haber tenido conocimiento de la situación. Su sexenio promedió 1.25 asesinatos diarios.
Millán logró imponer a Jesús Aguilar Padilla como candidato del PRI a la gubernatura. Aguilar se impuso en una cuestionadísima elección al panista Heriberto Félix y gobernó Sinaloa de 2005 a 2010. Durante su sexenio, Calderón lanzó la “Guerra contra el narco” y en enero de 2008 Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, fue capturado en pleno Culiacán desde donde operaba. En mayo del mismo año fue asesinado Édgar Guzmán, hijo de “El Chapo”. El Día de las Madres siguiente nadie salió en Culiacán. También fueron asesinados el vocero Óscar Rivera; el presidente de los ganaderos, Enrique Mendívil, y el secretario de Turismo, Antonio Ibarra. En 2010 Sinaloa promedio 6.57 homicidios diarios.
En la siguiente elección, Millán volvió a operar, esta vez contra Aguilar. Le ganó la partida con Mario López Valdez (Malova) como candidato, un priista abanderado por la alianza PAN, PRD y PT. El candidato perdedor del PRI fue el empresario de la carne, Jesús Vizcarra. Malova gobernó de 2011 a 2016, rescató al comandante “Chuy Toño” del ostracismo y lo volvió jefe de facto de la seguridad en el estado. Su rol cómplice con el Cártel de Sinaloa está documentado en los testimonios del juicio de “El Chapo” Guzmán. “Chuy Toño” fue retirado con honores, pensionado por la policía y murió por Covid-19 en 2020. Malova promedió 3.7 homicidios diarios y durante su gestión “El Chapo” fue recapturado dos veces en Sinaloa.
Llegó entonces el empresario mazatleco Quirino Ordaz Coppel, quien rescató el estado para el PRI; gobernó de 2017 a 2021 con talante empresarial y el estilo de Atlacomulco. Logró la candidatura con el apoyo de Peña Nieto y los grandes empresarios del estado, imponiéndose al preferido del gobernador, Gerardo Vargas Landeros, secretario de gobierno y <a href="https://www.noroeste.com.mx/colaboraciones/chapodiputada-la-historia-los-que-arroparon-a-lucero-NFOP101729" target="_blank" rel="noopener">uno de los operadores</a> de la candidatura a la diputación local de Lucero Sánchez, pareja sentimental de “El Chapo” Guzmán. Ordaz militarizó la seguridad del estado al convenir con la Policía Militar y poner elementos castrenses en los mandos principales. Durante su sexenio, los homicidios se redujeron de 4.2 diarios en 2017 a 1.76 diarios en 2021, pero las desapariciones se dispararon a casi tres diarias. El 17 de octubre de 2019, Culiacán vivió su primer jueves negro en un operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán. Los criminales reaccionaron con acciones de narcoterrorismo en Culiacán y en ellas murieron tres víctimas inocentes, al menos otra decena de personas, y 11 militares fueron secuestrados. La derrota se la llevó el Gobierno Federal y Ordaz Coppel dijo no estar informado.
En 2021 ganó, por primera vez en la historia, la izquierda en el estado. Lo hizo de la mano de Rubén Rocha Moya, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), exjefe de asesores de dos gobiernos priistas y entonces senador por Morena. Era su tercera oportunidad. Lo logró en alianza con el Partido Sinaloense (PAS), fundado por Héctor Melesio Cuén Ojeda, otro exrector a quien Rocha había criticado anteriormente por convertirse en cacique de la Universidad. A ese partido está afiliado el 63 % de la nómina universitaria y fue otro de los impulsores de Lucero Sánchez. Los morenistas defendieron la alianza con el argumento de que era más importante “el proyecto”. Durante la elección de 2021, el crimen organizado <a href="https://www.noroeste.com.mx/colaboraciones/el-narco-en-la-urna-CE1060325" target="_blank" rel="noopener">jugó </a>activamente secuestrando operadores electorales del PRI, reventando casillas y amenazando candidatos en Culiacán y Badiraguato; se presentaron 44 denuncias por delitos electorales, 7 de ellas por desaparición de personas. Rocha ganó casi 2 a 1 a Mario Zamora.
A poco más de un año de gobierno, Rocha Moya se enfrentó a un segundo jueves negro. Esta vez el operativo fue en la comunidad de Jesús María, Culiacán. La SEDENA tuvo éxito: Ovidio fue detenido. Pero el narcoterrorismo ahora tuvo escala estatal y hasta regional: hubieron 19 bloqueos y 250 despojos e incendios de vehículos desde Los Mochis hasta Escuinapa. Fueron abatidos 19 civiles y murieron 10 militares, cuatro civiles resultaron heridos. El estado entero fue paralizado y la gente fue obligada a resguardarse en casa. El gobierno federal agradeció la colaboración de las autoridades estatales, pero Rocha Moya argumentó lo mismo que Quirino: tampoco le avisaron del operativo.
Han pasado días tras ese segundo toque de queda impuesto por los criminales. Sinaloa cerró 2022 con 495 homicidios, la cifra más baja de los últimos 15 años, pero con 901 personas desaparecidas oficialmente. El gobierno del estado lanzó una campaña positiva sobre Sinaloa. La pregunta en redes y cafés es si volveremos a vivir otro jueves negro.
En respuesta, desde la academia se organizan foros para hablar de la transversalidad del narcotráfico, pero las redes sociales hacen escarnio de los sinaloenses por su narcocultura. En lo concreto, el fentanilo se ha convertido en uno de los principales negocios del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos, las metanfetaminas son el principal tráfico del narcomenudeo local, y las ciudades y carreteras son vigiladas por punteros y halcones; la política de drogas sigue anclada en el prohibicionismo al tiempo que el país se militariza y, además, la impunidad supera el 90 % en homicidios y es de 100 % en desaparición de personas.
De 1990 a 2022 la violencia del narcotráfico acumuló 27 mil 463 homicidios en Sinaloa, más de cuatro veces las muertes civiles contabilizadas hasta ahora en la guerra de Ucrania. Hay, también, 5 mil 681 personas desaparecidas oficialmente.
Mientras tanto, Millán dicta clases de política desde su restaurante en Culiacán, Mario López Valdez ha reaparecido en Los Mochis junto a sus exfuncionarios impunes ahora cobijados por el Ayuntamiento, donde despacha Gerardo Vargas como alcalde por Morena; Quirino Ordaz fue nombrado Embajador de México en España por el presidente López Obrador; Melesio Cuén opera políticamente para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al tiempo que su partido controla la UAS y Rocha Moya no descarta ir en alianza con el PAS en 2024… mientras no critique a Morena.
<a href="https://twitter.com/AdrianLopezMX" target="_blank" rel="noopener">@AdrianLopezMX</a>

Breve recuento del narco y la política sinaloenses

El lunes 17 de octubre de 2022, a tres años del Jueves Negro y cuestionado sobre su posible repetición, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo: “Para nada, espero en el Señor que no haya nada de eso, hoy tenemos otras circunstancias, estamos mejorando de manera muy importante la seguridad de los sinaloenses, las estadísticas lo indican”.
La esperanza falló: este jueves 5 de enero pasado sucedió. Las estadísticas se estrellaron con nuestra realidad narca y vivimos la reedición de aquel día de terror.
Todo empezó en Jesús María, sindicatura de Culiacán. Ahí, Ovidio Guzmán López fue recapturado tras un operativo de la SEDENA que comenzó a las 4 de la madrugada y que documentó su detención a las 6.20 de la mañana. Después, el estado completo fue paralizado por las acciones de narcoterrorismo realizadas por su facción criminal, esa que el Gobierno Federal denomina “Los Menores” y que en Sinaloa es conocida como “Los Chapitos” o “La Chapiza”.
En total, hubo 19 bloqueos desde Los Mochis hasta Escuinapa en Sinaloa y la reacción alcanzó a Sonora, Nayarit y la carretera Mazatlán-Durango. Se suspendieron actividades escolares, docentes y administrativas en todas las dependencias públicas, bancos y negocios cerraron, el transporte público urbano –y también el regional– dejó de prestar servicios, los aeropuertos pararon operaciones hasta las 10 de la mañana del día siguiente dejando miles de pasajeros varados y un avión comercial abortó su despegue tras ser baleado en lo que pudo ser una verdadera tragedia; la movilidad carretera todavía está afectada por los restos quemados de vehículos pesados que no ha sido posible retirar. Los sinaloenses fuimos obligados a resguardarnos en casa y, otra vez, “Sinaloa” y “Culiacán” fueron tendencias nacionales e internacionales por razones de violencia. Ese día, el crimen organizado impuso el toque de queda en Sinaloa.
El mismo jueves a mediodía y sin responder preguntas de la prensa, el Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, confirmó la recaptura de Ovidio Guzmán y su disposición ante el Ministerio Público Federal. Se le detuvo en “flagrancia” por posesión de armas y tentativa de homicidio, pero más tarde fue “liberado” de esas acusaciones para dictarle prisión preventiva con fines de extradición; ahora el gobierno estadounidense tiene hasta el 5 de marzo para presentar su solicitud. A Ovidio se le considera una “amenaza directa” en Estados Unidos por su capacidad de trasiego de fentanilo y se le acusa de tráfico de cocaína, metanfetaminas y mariguana.
A diferencia del primer “Jueves Negro”, en esta ocasión el operativo tuvo éxito y las fuerzas armadas lograron detener y trasladar a Guzmán López a la Ciudad de México. También el gobierno estatal, que no estaba enterado del operativo (así lo ha dicho Rocha Moya), logró contener un connato de fuga en el penal de Aguaruto. Lo que no lograron fue evitar que los criminales sumieran al estado entero en el caos y el miedo.
El viernes 6 de enero por la tarde, Noroeste acudió, junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión de Defensa de Derechos Humanos y Río Doce, a Jesús María. Encontramos una zona de guerra donde, como me confirmó el “Profe” Loza Ochoa, se violaron derechos humanos. Tanto <a href="https://www.noroeste.com.mx/culiacan/video-la-casa-donde-llegaron-por-ovidio-EJ3218042?mrs=eyJnIjo5LCJjIjoiUmVjb21lbmRhY2nzbiBkZSBjb250ZW5pZG9zIiwiYSI6IlZpc2l0YSBkZSBhcnTtY3VsbyByZWNvbWVuZGFkbyIsIm4iOiJDb250ZW5pZG9zIHBvciBhZmluaWRhZCJ9" target="_blank" rel="noopener">la casa de Ovidio</a>, como muchas otras de la comunidad, están tapizadas de agujeros de armas de grueso calibre y casquillos; hay decenas de vehículos artillados destruidos, restos de sangre por doquier y hasta granadas sin detonar en los patios. Incluso, todavía estaban ahí, tirados, dos cuerpos en proceso de descomposición y el sábado siguiente se descubrió otro más calcinado en un vehículo. El pueblo seguía incomunicado, sin acceso a servicios básicos como luz y agua y <a href="https://www.noroeste.com.mx/culiacan/jesus-maria-el-pueblo-en-estado-de-sitio-NE3215861?mrs=eyJnIjo5LCJjIjoiUmVjb21lbmRhY2nzbiBkZSBjb250ZW5pZG9zIiwiYSI6IlZpc2l0YSBkZSBhcnTtY3VsbyByZWNvbWVuZGFkbyIsIm4iOiJDb250ZW5pZG9zIHBvciBhZmluaWRhZCJ9" target="_blank" rel="noopener">sitiado por los militares</a> que se retiraron, entre aplausos de los habitantes, cuando periodistas y defensores llegaron. Ese mismo día, la CEDH emitió medidas cautelares por las condiciones de la comunidad contra el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Culiacán. Al siguiente día, 48 horas después, el gobierno organizó una “<a href="https://www.noroeste.com.mx/culiacan/activan-plan-dn-iii-para-comunidad-de-jesus-maria-envian-caravana-de-atencion-XJ3218909" target="_blank" rel="noopener">Caravana Humanitaria</a>” que acudió al lugar a entregar apoyos y restablecer servicios.
Con la información que tenemos, las víctimas directas de la jornada violenta del 5 de enero del 2023 en Sinaloa son: 4 civiles heridos en Jesús María, entre ellos una mujer y un menor de 13 años cuyo <a href="https://www.noroeste.com.mx/culiacan/a-luis-fernando-lo-venadeo-un-militar-GE3215923?mrs=eyJnIjo5LCJjIjoiUmVjb21lbmRhY2nzbiBkZSBjb250ZW5pZG9zIiwiYSI6IlZpc2l0YSBkZSBhcnTtY3VsbyByZWNvbWVuZGFkbyIsIm4iOiJDb250ZW5pZG9zIHBvciBhZmluaWRhZCJ9" target="_blank" rel="noopener">padre acusa al ejército</a> de la agresión y que ya está siendo atendido gratuitamente en el Hospital General de Culiacán; <a href="https://www.noroeste.com.mx/nacional/detencion-de-ovidio-guzman-dejo-19-criminales-y-10-militares-muertos-AA3211288?mrs=eyJnIjo5LCJjIjoiUmVjb21lbmRhY2nzbiBkZSBjb250ZW5pZG9zIiwiYSI6IlZpc2l0YSBkZSBhcnTtY3VsbyByZWNvbWVuZGFkbyIsIm4iOiJDb250ZW5pZG9zIHBvciBhZmluaWRhZCJ9" target="_blank" rel="noopener">10 militares caídos</a>, entre ellos un coronel y una agente de la Guardia Nacional de 21 años; un agente de policía muerto y 17 heridos; 19 civiles muertos durante los enfrentamientos, al menos 35 heridos; 19 detenidos en el operativo cuyas identidades desconocemos; 250 despojos de sus vehículos (1 cada 3 minutos en promedio durante las doce horas que duró la crisis) y daños materiales todavía sin cuantificar. Este domingo, Isidoro, un adulto mayor de 81 años, <a href="https://www.noroeste.com.mx/seguridad/muere-adulto-mayor-herido-de-bala-en-la-miguel-hidalgo-en-culiacan-EX3220633" target="_blank" rel="noopener">murió tras ser baleado </a>el sábado por la noche en su domicilio cuando sucedía un fuerte operativo de los tres órdenes de gobierno en la Colonia Hidalgo de Culiacán y en el que no hubo detenidos.
Otras víctimas “indirectas” son las empresas y sus empleados que perdieron 2 días de labores. El líder de los comerciantes del Centro de Culiacán, Óscar Sánchez, estimó en al menos <a href="https://www.noroeste.com.mx/culiacan/por-jornada-violenta-estiman-perdidas-en-negocios-de-culiacan-de-hasta-900-millones-AX3213332" target="_blank" rel="noopener">900 millones de pesos</a> las afectaciones económicas en la ciudad. Además de la improductividad del jueves, también se registraron actos de vandalismo y rapiña en al menos 38 establecimientos, de los cuales 12 están en proceso de interponer la denuncia ante la Fiscalía del Estado, que informó de 26 personas detenidas por estos delitos.
También la prensa, que salió a la calle para documentar los hechos, <a href="https://www.noroeste.com.mx/culiacan/reportan-agresiones-a-periodistas-en-replica-del-jueves-negro-en-culiacan-JC3206478" target="_blank" rel="noopener">resultó agredida</a>: Artículo 19 documentó 4 despojos de automóviles, 3 de equipos de trabajo y al menos 6 amenazas a medios y reporteros. Nuestro reconocimiento y solidaridad con todo el gremio.
En suma, Sinaloa vivió el 5 de enero pasado una escalada de narcoterrorismo, violencia y miedo. Los saldos objetivos de muertos y heridos son, por mucho, superiores a los del Jueves Negro de 2019 y, además, esta vez tuvieron alcance regional. La psicosis circula todavía a través de audios en los chats de los sinaloenses, especialmente cuando el sol empieza a caer.
Sí, esta vez las fuerzas armadas detuvieron a Ovidio y cobraron la afrenta que dejó su liberación por orden presidencial durante el primer operativo fallido, demostrando así que tienen la capacidad cuando hay voluntad, pero a un costo doloroso. El operativo no fue quirúrgico sino una batalla. No hubo secuestro de militares ni evasión de presos, pero no sabemos, hasta ahora, de ningún detenido por los disturbios ni los despojos. De hecho, Ovidio Guzmán sería el único aprehendido hasta ahora relacionado con el primer Jueves Negro y no se le acusa por eso, de modo que ese fatídico día sigue en la impunidad absoluta.
El 5 de enero pasado la gran víctima fue Sinaloa. El estigma del narco se fortaleció y el miedo está de regreso. Perdimos todos: gobierno, ciudadanos, empresas, medios.
A pregunta expresa sobre la necesidad de algún ejercicio de autocrítica, Rocha Moya respondió que “ninguna”, pues el operativo era federal y había estado muy atento reaccionando e informando. Es cierto, se reconoce que las autoridades informaron con prontitud, pero la gravedad de los hechos obligaría a la reflexión para cuestionarnos cómo hacemos para que otro día así no se repita. Aún así, Rocha Moya insistió en que la estrategia de “la coordinación” seguirá igual.
La lección es, entonces, que aún cuando ciertos indicadores de seguridad mejoran, la paz de Sinaloa es sumamente frágil, y que será compleja y difícil de construir de manera sostenible. Para hacerlo, hay que reconocer primero que las circunstancias que posibilitan días de terror así no son otras, sino las mismas de antes: un mercado de drogas en el prohibicionismo y sin regular, un armamentismo clandestino abrumador que se expresó en Año Nuevo, una estrategia militarista de seguridad que alcanza para detener capos pero no para proteger a la sociedad, una policía civil aún insuficiente, una juventud sin alternativas de movilidad social y una impunidad sistémica.
Del primer Jueves Negro al segundo, Sinaloa cambió de partido en el poder, pero es el mismo estado. Ahora gobierna Morena, pero la “zona gris” que intersecta a sociedad, gobierno y crimen organizado desde hace décadas permanece intacta.
<a href="https://twitter.com/AdrianLopezMX" target="_blank" rel="noopener">@AdrianLopezMX</a>

Las víctimas de Sinaloa: el costo de capturar a Ovidio

Cuatro años después de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, México no es ni Dinamarca ni Venezuela. No lo es porque cuatro años no alcanzan para una transformación de ese calado. Y porque queda claro que AMLO no resultó Mandela, por más que sus acólitos vean en él la encarnación patria; pero tampoco Chávez, como siguen sugiriendo los agoreros del peligro.
Pero más allá de la polarización en torno a la figura del presidente, la pregunta pertinente es ¿a dónde se dirige el país?, ¿camina en el sentido de la consolidación democrática y liberal, o descompone su incipiente democracia institucional presa del populismo y el crimen organizado?
Responder es particularmente difícil dada la coyuntura pandémica y el corto tiempo de este gobierno-movimiento en el poder. También dada la complejidad y dispersión ideológica del morenismo que gobierna la mayor parte del país pactando con propios y extraños.
Hasta hoy, es complicado juzgar si el desempeño de México frente a la pandemia en materia económica y sanitaria ha sido el correcto y cuáles serán sus saldos. Hay 700 mil muertes en exceso que tarde o temprano habrá que explicar y por más optimistas que sean los pronósticos de Hacienda, este sexenio habrá sido prácticamente de nulo crecimiento económico.
Me parece, sin embargo, que la herencia perdurable del gobierno de López Obrador es cada vez más nítida: una regresión profunda en la pacificación del país, una de sus principales promesas de campaña.
Como ha sucedido con Fox, Calderón o Peña Nieto, López Obrador no será recordado por sus parámetros de crecimiento económico, sino por algo mucho más profundo: la justicia, o la falta de ella.
Dice el presidente López Obrador que “la paz es fruto de la justicia”, pero en el México que gobierna la paz está ausente porque la Justicia (así, con mayúscula) es la excepción y no la regla. Un ave rara, una anomalía. Y como no existe, se simula. Se simula en las calles con retenes de patrullas vistosas, tanquetas y armas de grueso calibre; se simula en los juzgados donde los expedientes se acumulan y empolvan; se simula en las prisiones, donde miles de presuntos culpables permanecen privados de la libertad sin sentencia, y se simula en los medios con la exhibición de presuntos delincuentes. Mientras, el crimen organizado avanza, sabedor de su impunidad y poderío violento y corruptor.
La injusticia crónica del país es innegable: más del 75 por ciento de la población del país se percibe insegura, la media de impunidad en materia penal es del 94.8 por ciento, la cifra negra de delitos es del 93.2 por ciento porque la gente no quiere perder el tiempo y porque no confía en el sistema, se asesina a 97 personas y se desaparece a otras 50 por día, de las cuales la mitad permanece como no localizada, y hay más de 92 mil personas detenidas sin sentencia en las cárceles del país, 50 por ciento de ellas jóvenes y pobres. Son todos datos surgidos de fuentes oficiales que confirman los niveles de atrocidad en los que viven los mexicanos.
Y como el estado es incapaz de procurar justicia, la sociedad victimizada a diario la quiere a como dé lugar. Por eso acepta abusos de autoridad, tortura y retaliación con el fin de aplicar castigo a los victimarios, sin importar de dónde venga ni cómo se consiga. Por eso confía en que sea el ejército el único capaz de poner un alto.
Pero aún con la evidencia contundente del fracaso en materia de seguridad desde que el ejército ocupa las calles, el presidente López Obrador decidió profundizar la estrategia fallida de la militarización iniciada en el sexenio de Calderón, así como el populismo penal y el abuso de la prisión preventiva oficiosa (PPO), al tiempo que es omiso en reformar el sistema de procuración de justicia.
Desde su llegada, el ejército realiza cada vez más funciones de la esfera civil y el catálogo de delitos de PPO se amplió en tres ocasiones desde 2018. Si los militares ya integraban la gran mayoría de aquella Guardia Nacional (GN) que se decía “civil”, esta semana el Legislativo consolidó su traspaso a la Secretaría de Defensa Nacional sin ofrecer ninguna argumentación sustantiva más allá de la bondad del presidente y su obvio carácter civil.
A partir de ahora, según la ley publicada en el diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Defensa ejercerá el control operativo y administrativo de la totalidad de la GN, recibirá todos los recursos que necesite de la Secretaría de Seguridad Pública para ello, controlará y supervisará toda la cadena de mando desde el Comisario General hasta el Guardia básico y formulará planes, programas y acciones de la política criminal; además, sus elementos serán capacitados por la SEDENA y seguirán sujetos a la jurisdicción militar según el Libro Segundo del Código de Justicia Militar en cuanto a jerarquía y autoridad. Incluso echará a los pocos policías federales que quedaban en ella y podrán relevar al personal financiero y administrativo si así les conviene.
AMLO comunicó desde 2006 a los estadounidenses su intención de militarizar a México, según confirma un cable de Wikileaks. Hoy miente al decir que cambió de opinión al llegar a la presidencia. Lo cierto es que no tuvo nunca la voluntad de buscar la construcción de paz por una vía civil, incluyente y respetuosa de los derechos humanos que integrara una verdadera reforma al aparato de justicia, la formación de una policía de proximidad social y la implementación de un mecanismo de justicia transicional extraordinario.
En el futuro habrá que recordar esto, pero también el triste papel mudo y obediente que los legisladores y gobernadores de Morena jugaron en la militarización del país. Muchos de ellos críticos, civilistas y pro-derechos cuando fueron oposición. Gente valiosa que cambió sus principios por acceso a poder y presupuesto.
Calderón es y será recordado por emprender la “guerra contra el narco” con una visión moralina que dejó miles de muertos, Peña por la frívola corrupción de su grupo de poder y López Obrador por exacerbar una militarización que arroja cientos de miles de muertos y desaparecidos.
AMLO dejará la presidencia con su popularidad intacta. La legitimidad, el descrédito de la oposición, la propaganda y la posverdad le alcanzarán para manipular las percepciones y desviar la atención de lo relevante. El cambio de régimen que prometió se expresará en un hecho que tomará décadas revertir: los militares controlarán cerros y valles, calles, aeropuertos, aduanas, puertos y carreteras en un país que se dice –todavía– una democracia liberal.
Esas calles donde aparecen a diario los muertos y se multiplican los cenotafios, esas aduanas por donde pasan las armas y se reciben los sobornos, esos puertos por los que corren las drogas, esas carreteras donde pululan las fosas y esos aeropuertos donde las madres de los desaparecidos esperan con pancartas a su presidente sin que las atienda.
Ese será su legado.
<a href="https://twitter.com/AdrianLopezMX" target="_blank" rel="noopener">@AdrianLopezMX</a>

El legado

Hoy, 30 de agosto, es el Día Mundial de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. México llega a esta fecha con una cifra oficial de más de 105 mil personas desaparecidas y no localizadas, poco más del 40 % del total de personas que se han denunciado como desaparecidas históricamente. Es decir, cuatro de cada 10 personas desaparecidas en el país nunca aparece.
La crisis de desaparecidos es una de las violencias más graves que vive México y, aunque parezca increíble, es sumamente problemático hablar de cuántas personas hay realmente desaparecidas en México.
Como si el dato oficial no fuera lo suficientemente doloroso, vale recordar que los delitos relacionados con la desaparición tienen en nuestro país una gran cifra negra pues las familias difícilmente denuncian. Es así por diversos factores, desde la esperanza de encontrar vivos a sus familiares, hasta el miedo y la extorsión de la que son sujetas a cambio de información sobre el paradero de sus seres queridos, pasando por la casi absoluta impunidad de estos delitos y que desalienta la cultura de la denuncia.
A la impunidad se agrega la imprecisión: resulta que en México tenemos tres maneras sistemáticas de contar personas desaparecidas y ninguna de ellas coincide entre sí. Una primera manera es el dato que, vía acceso de información en la mayoría de los casos, surge de las fiscalías estatales; una segunda fuente es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y que se supone incluye el dato de las fiscalías locales, y una tercera es el dato que arroja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el rubro 2.4 “Otros delitos que atentan contra la libertad personal” y que de acuerdo al catálogo incluye “la desaparición forzada de personas cometidas por particulares, retención y sustracción de incapaces, o cualquier otro que reúna los supuestos de conducta antes expuestos”. 
El caso Sinaloa
Para efectos de este artículo uso el ejemplo de Sinaloa, mi estado, que de acuerdo al RNPDNO acumula históricamente 5,633 personas desaparecidas oficiales.
Para dar seguimiento a este problema, en Noroeste solicitamos a la Fiscalía local de manera sistemática el dato mensual desagregado de los delitos asociados a la desaparición de personas, así como su composición demográfica y su localización geográfica.
Gracias a eso hemos detectado que desde 2018 en Sinaloa los desaparecidos son más que los homicidios, y que de hecho son el doble de ellos. A la fecha en Sinaloa hay 1.41 homicidios y 2.9 denuncias por desapariciones diariamente. También sabemos que un promedio de 63 % de las personas que se reportan como desaparecidas suelen permanecer como no localizadas.
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Los datos de las distintas fuentes no coinciden entre sí y hay variaciones difíciles de entender. Tomando como base el dato surgido de las fiscalías, de enero de 2015 a junio de 2022, en Sinaloa se presentaron 7 mil 525 denuncias por desaparición, privación de la libertad y no localización de personas; en el mismo periodo, el dato del RNPDNO fue de 6 mil 311 denuncias, un 16 por ciento menor. En cambio el dato del SESNSP es de 8 mil 93 denuncias, 7.5 % superior que el dato de la Fiscalía General de Sinaloa, lo que hace sentido pues se entiende que este apartado incluye más delitos contra la libertad por lo que el dato esperado sería siempre superior.
De hecho, si observamos el gráfico comparativo de las tres fuentes, el comportamiento del dato de las Fiscalía estatal es similar al del SESNSP, mientras que el comportamiento más atípico lo presenta el RNPDNO.
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En este sentido hay dos aspectos a considerar. El primero es que no hay manera de solucionar un problema tan complejo si ni siquiera somos capaces de medirlo con precisión. Vamos, cuando hablamos de más o menos denuncias hay que recordar que no nos referimos a expedientes sino a personas: hombres y mujeres desaparecidos que dejaron un vacío en la sociedad de la que fueron arrancados contra su voluntad, y a quienes sus familias buscan todos los días con la esperanza de obtener verdad y justicia, pero sobre todo de recuperarlos con vida.
El segundo aspecto que se desprende del primero es que, al menos en el caso de Sinaloa, el dato que surge del RNPDNO es el menor de todos y esa fuente es la que se usa a nivel nacional para medir dicha dinámica violenta, lo que hace muy difícil confiar en la veracidad y confiabilidad de su construcción y nos permite intuir que la cifra oficial podría estar minimizando el tamaño del problema.
En este sentido, un hecho relevante es la <a href="https://adondevanlosdesaparecidos.org/2022/08/27/centro-nacional-de-identificacion-una-nueva-institucion-para-el-mismo-problema/" target="_blank" rel="noopener">creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH)</a>, adscrito a la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyo objetivo será resolver el problema de la crisis forense en México. Sin embargo, y de acuerdo con una investigación de Efraín Tzuc para el proyecto “A dónde van los desaparecidos”, a familiares de personas desaparecidas y especialistas les preocupa la articulación de esta nueva institución con la fiscalías locales, así como con otros entes y, sobre todo, si se le dotará de presupuesto suficiente para el tamaño del reto que afronta: más de 52 mil cuerpos sin identificar en todo el país.
Cierro entonces con la pregunta inicial: ¿cuántas personas hay desaparecidas en México? No sabemos.
Y no lo sabremos nunca mientras no haya una voluntad institucional verdadera por investigar su paradero. Algo que desde el inicio de la guerra contra el narco de Calderón y hasta ahora, en tiempos de López Obrador, sigue sin haber.
La indolencia gubernamental frente a la crisis humanitaria que representan los desaparecidos en México es una atrocidad que marcará, sin duda, nuestra historia moderna y que castigará, mucho más de lo que creemos, nuestro futuro.
<a href="https://twitter.com/AdrianLopezMX" target="_blank" rel="noopener">@AdrianLopezMX</a>

Sinaloa: tres maneras de contar personas desaparecidas

Esta semana, el INEGI actualizó la cifra de homicidios para 2021. El dato es atroz: 35 mil 625 homicidios durante el año, 97.6 diarios, uno cada 15 minutos.
La sola cifra demandaría un mínimo de indignación, reflexión y movilización ciudadana para articular una exigencia hacia el gobierno actual. Pero no es así, la cifra se pierde entre la irrelevancia del clickbait y el nuevo escándalo político del día.
Sobre esto, Jacobo Dayán aportó un <a href="https://front.animalpolitico.com/nunca-mas/contar-asesinatos-no-es-la-forma-de-evaluar-la-seguridad/" target="_blank" rel="noopener">ángulo</a> interesante en su columna reciente: los asesinatos no son, ni deben ser, nuestra única referencia objetiva ni narrativa para ponderar las violencias que vivimos en México. Hacerlo así es caer en la miopía y aceptar la narrativa oficial de la “pacificación”. Tiene razón. 
Los números de decenas de miles de muertos llevan ya tanto tiempo en nuestra conversación que se han instalado como normales y no generan ningún tipo de asombro colectivo. Esa normalización nos impide matizar y profundizar en cómo evolucionan dichas violencias y, por lo tanto, como sociedad somos derrotados a priori: a nadie le importa y, entonces, ¿qué sentido tiene pensarlas para proponer alguna solución a la atrocidad?
Jacobo, además, resaltó la importancia de ver otras violencias igual o más graves que el homicidio, por ejemplo, los miles de desaparecidos que ya contamos, parcialmente, en México. En el imperfecto registro del país, hay más de 100 mil personas desaparecidas en absoluta impunidad.
Pero yo quiero ir más allá de esas cifras y cruzar con otras. Porque también esta semana el INEGI actualizó los datos de defunciones generales para 2021, con lo que ahora sabemos que la principal causa de muerte de los jóvenes y los adultos jóvenes mexicanos de 15 a 34 años durante 2021 fue el homicidio. Y es también la segunda causa para los adultos de los 35 a los 44 años, solo por debajo del COVID. En total, murieron 25 mil 232 mexicanos de 15 a 44 años durante 2021, lo que representa el 70% del total en ese año.
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El dato significa una cosa terrible: mientras que en el mundo los jóvenes mueren mayoritariamente en accidentes de tránsito, en México los jóvenes viven en riesgo permanente de ser asesinados. La tasa de homicidios para jóvenes de 15 a 29 años es de 40.3 por cada 100 mil habitantes, 44% superior a la media nacional.
Otro fenómeno abrumador es que, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, de las más de 97 mil personas desaparecidas y no localizadas de 1990 a 2021, el 40% de ellas son jóvenes de 15 a 29 años.
Dejar matar y desaparecer a nuestros jóvenes significa coartar nuestro futuro como nación. Cancelar todo aquello que podrían haber hecho con los años que les restaban por vivir si habitaran en una comunidad en paz: estudiar, aprender, hacer pareja, tener hijos, adoptar mascotas, conseguir un empleo, emprender un negocio, pagar impuestos, rentar o comprar una vivienda, hacer arte, invertir, divertirse. Todo aquello que se espera que una persona pueda hacer con una vida libre.
En ese sentido, México vive una contradicción que representa una derrota generacional porque anula una de nuestras principales oportunidades geopolíticas en esta era global: somos un país con un gran bono demográfico, es decir, tenemos jóvenes (poco más de 31 millones) para estudiar y trabajar, pero los estamos dejando asesinar y vivir con miedo.
Además, aun cuando es una democracia funcional, miembro de la OCDE, una de las principales economías del mundo y además vecino de la principal economía del mundo, México no ha sido capaz de escapar a la dinámica regional de América Latina, donde los homicidios con arma de fuego son la principal causa de muerte de los jóvenes de 15 a 24 años. La tasa de homicidios mexicana por cada 100 mil habitantes es de 28 y se parece más a la de Jamaica (44.6), Trinidad y Tobago (38.5) y El Salvador (37.1) que a la de sus socios comerciales de Norteamérica: Estados Unidos (6.2) y Canadá (1.97).
También sabemos que muchos de esos jóvenes fueron asesinados o desaparecidos en el marco de una lógica de crimen organizado y, específicamente, narcotráfico. La agresión con armas de fuego representó la causa de muerte del 68% del total de 2021. Ante eso, el gobierno en turno, al igual que todos los anteriores desde 2006, sigue ofreciendo en los hechos la misma receta fallida de militarización, estigmatización y prohibición.
El sostenimiento y la exacerbación de la estrategia punitivista, militarista y moralina por parte del gobierno de López Obrador, sin una verdadera reforma de nuestro sistema de justicia y la construcción de una alternativa policial civil, seguirá arrojando los mismos resultados en materia de violencia e impunidad: 100 muertos diarios, de los cuales 35 eran jóvenes que debían estar estudiando o trabajando cuando fueron asesinados a balazos.
<a href="https://twitter.com/AdrianLopezMX" target="_blank" rel="noopener">@AdrianLopezMX</a>

Ser joven en México: el riesgo de morir asesinado

Tras una balacera a nuestro edificio en Mazatlán y en un contexto de violencia que nos dejaba más de 6 homicidios diarios en Sinaloa (2010), en Noroeste decidimos dejar de usar “narco-lenguaje”.
Desde entonces no publicamos palabras ni mensajes que promueven la violencia, el crimen organizado o la narco-cultura, o aquellas que hacen apología del delito.
No digo que no lo hicimos antes. Rebasados por la epidemia de violencia que desató la Guerra contra las Drogas de Felipe Calderón, caímos en el juego discursivo de los criminales al igual que el resto de los medios del país. Cometimos excesos y errores: también llevamos el récord de muertos, replicamos íntegros mensajes de narco-mantas y publicamos fotos ofensivas, así como los rostros de presuntos delincuentes presentados por las autoridades (escenografía incluida) en nuestra Nota Roja. Todo eso que ahora se hace en redes sociales sin ningún límite y con las “ventajas” del streaming.
Pero algo aprendimos después de ser atacados y amenazados, de tomar capacitación y de hablar con políticos, empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil sobre el impacto de nuestras narrativas en la comunidad a la que servimos y de cómo, por qué y para qué publicamos sobre la violencia que nos afecta a todos.
Por supuesto también influyó el cambio en el sistema de justicia penal del modelo inquisitivo al acusatorio; y la amplísima bibliografía de ética periodística que se ha venido agregando a nuestra profesión.
¿En qué terminamos? En unos criterios prácticos, perfectibles y siempre en constante revisión sobre qué y cómo cubrimos y publicamos cuando se trata de violencia. Puede conocerlos <a href="https://www.noroeste.com.mx/codigo-etica" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>. Lo que tampoco garantiza que no nos sigamos equivocando.
En Noroeste decimos “privado de la libertad”, “secuestrado” o “desaparecido” en lugar del genérico “levantado”; decimos “asesinato” u “homicidio” y no “ejecutado”, por citar algunos ejemplos. Lo hacemos así básicamente por dos razones, una periodística y otra ética. Ambas interrelacionadas entre sí.
Desde lo periodístico: no lo hacemos porque unas de las funciones principales del periodismo es el registro de los hechos. Un registro lo más preciso posible para eliminar sesgos y ambigüedades. En el caso de “levantado”, el término es sumamente impreciso y se aplica de manera indiscriminada a una diversidad de circunstancias. “Levantado” existe en el diccionario como participio del verbo “levantar”, pero no existe en la acepción violenta que muchos medios y la gente usan para referirse a alguien que fue privado de la libertad, ya sea para secuestrarlo, asesinarlo o desaparecerlo. Todos esos delitos cuentan con un vocabulario más específico y preciso para describirlos en términos jurídicos. En Noroeste creemos en la necesidad de esa precisión para informar mejor a nuestras audiencias.
La segunda razón es ética: “levantar”, un verbo antes inocuo en este contexto, se convirtió en una palabra que describe un hecho violento, un ataque a la libertad de las personas. El término se impuso en la narrativa diaria de ciudadanos y medios de comunicación que lo usan para identificar una acción de criminales: son los “narcos” los que levantan, “los malos”, “los criminales”. No es el “levantar” que “recluta” del ejército sino un término que entraña una criminalización a priori: “levantan” a los que “andan metidos”, a los que “algo debían”. El resultado de ese “levantón” (en sustantivo) es entonces la normalización: se lo merecían, es “como debía ser”. Los “muertos buenos” y “muertos malos” que Rossana Reguillo explica en Necromáquina (2021). En cambio, un privado de la libertad o un secuestrado implica un delito específico donde la víctima es clara.
Desde el año 1990 a 2021, en Sinaloa han sido asesinadas casi 30 mil personas (INEGI). Al cierre de 2021, en Sinaloa hay 3 personas desaparecidas a diario en el estado y 60% de ellas no son localizadas nunca. De ese tamaño es nuestra violencia crónica y compleja. Una violencia que antes era localizada y que ahora asola a prácticamente todo el país.
Desde el lanzamiento de la Operación Cóndor en 1976, lo “narco” se identifica, tristemente, con Sinaloa. Cualquier sinaloense que viaje al extranjero sabe lo que es que en cualquier lugar del mundo te pregunten por el Señor de Los Cielos o El Chapo Guzmán y no por nuestra música que gana premios Grammy, nuestros beisbolistas que juegan en Grandes Ligas o nuestra comida, que quien prueba adora. El estigma narco nos acompaña, es innegable y doloroso. Un estigma que ya marca a Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Baja California.
Buena parte de ese posicionamiento narrativo tiene que ver con el lenguaje que usamos para describir nuestra violencia, del rol de quienes la producen, pero también de quienes la reproducimos: periodistas y medios de comunicación. El corrido y la ficción del cine o la literatura pueden (y deben) permitirse licencias creativas que el periodismo no. Mi perspectiva es que desde este oficio no solo tenemos la obligación de contar nuestra realidad sino, también, de fijar límites y estándares ético-periodísticos para contar dichas historias.
Esta postura es debatible y cuestionable, por supuesto. No aspiramos a la verdad absoluta ni a la infalibilidad, sino a la reflexión permanente de un oficio que debe ser siempre un servicio que evoluciona. Que cada medio y periodista decida en total libertad.
Sabemos también que estos estándares nos quitan audiencia, reducen el “impacto” sobre todo en redes sociales, y nos hacen más lentos a la hora de publicar. Pero no queremos clics a costa de lo que sea.
En Noroeste creemos que la violencia criminal, gracias a la incapacidad, la omisión y la colusión de las autoridades, ya nos ha quitado demasiado a los sinaloenses y a los mexicanos. Nos ha quitado centenas de miles de personas y nos ha robado la paz. Ha estigmatizado regiones enteras y nos ha sumido en el miedo y la injusticia permanentes. Que no nos quiten la capacidad de llamar a los delitos y las atrocidades que cometen por su nombre.
<a href="https://twitter.com/AdrianLopezMX" target="_blank" rel="noopener">@AdrianLopezMX</a>

¿Por qué no decimos “levantado”?

El INAI fue contundente: no puede investigar los ingresos de un particular que no es sujeto obligado por la ley, como Carlos Loret de Mola. Así lo pida el presidente de la república.
Y la ley, en materia de conflicto de interés, también es clara: “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.
Es decir, un conflicto de interés no es en sí mismo un delito o un acto de corrupción, en tanto no se declare, se investigue y se demuestre que hubo actos en beneficio de los servidores públicos y sus familiares.
Entonces, ¿hubo algún conflicto de interés en los contratos millonarios otorgados por PEMEX a la empresa Baker Hughes, cuyo ex-ejecutivo era propietario de la casa rentada en Houston al hijo del presidente y su nuera?
Lo cierto es que no lo sabemos, porque falta información y transparencia sobre el asunto. Por eso, enlisto aquí los hechos probados que sí conocemos (gracias al periodismo) hasta ahora sobre el escándalo de la llamada “Casa Gris”:
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<li>José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams, hijo y nuera del presidente de México, respectivamente, vivieron de agosto de 2019 hasta mediados de 2020 en una casa rentada ubicada en Conroe, Texas, cuyo valor estimado es de 1 millón de dólares. La casa era propiedad de Keith Schilling, un ex-alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de PEMEX. Hay fotos y videos de la familia habitando la casa.</li>
<li>La renta de la casa costaba 5 mil 700 dólares al mes y para ocuparla había que demostrar ingresos por el triple de ese monto, 17 mil 100 dólares mensuales (unos 342 mil pesos). La negociación la realizó el agente Joseph Villegas, de la agencia Turbo Realty, con Carolyn Adams. Adams pagó un depósito y firmó un contrato el 9 de julio de 2019 para poner la casa como “pendiente”.</li>
<li>A pesar de que la casa fue ocupada, el estatus de la casa en el sistema de bienes raíces de Texas nunca cambió de “pendiente” a “rentada”, sino que salió y quedó como “fuera de mercado” el 24 de julio de 2019. Chris Schilling, dueño de Turbo Realty, la agencia encargada de comercializar la casa, negó dar declaraciones sobre su posible parentesco con Keith (el ex-ejecutivo de Baker Hughes) y Virginia Schilling, madre de éste y agente que registró la casa para rentarla.</li>
<li>Carolyn Adams dijo que la renta sucedió “bajo formalidad”, pero esta nunca fue registrada en el sistema de bienes raíces de Texas, de acuerdo con el testimonio que el agente Joseph Villegas dio a la periodista Peniley Ramírez.</li>
<li>Baker Hughes, la empresa contratista, recibió durante ese periodo 194 millones de dólares (unos 3 mil 900 millones de pesos) en contratos por parte de PEMEX. Dato que confirmó Octavio Romero, director general de la paraestatal.</li>
<li>Sobre Baker Hughes existe un permiso condicionado para futuras ampliaciones de contrato que le exige informar si ha incurrido en algún acto de corrupción, según información del área jurídica de PEMEX, también revelada por Peniley Ramírez.</li>
<li>Accionistas de Baker Hughes en Estados Unidos solicitaron a la SEC (Security Exchange Comission) iniciar una investigación para determinar el posible conflicto de interés en el caso.</li>
<li>Sin mostrar evidencia, José Ramón López Beltrán confirmó que todos sus ingresos personales provienen de su trabajo como &#8220;asesor legal y de construcción&#8221; en KEI Partners, empresa registrada en Houston en 2019 y cuyo socios son Karla Wiedemann, Erika Chavez Cambero e Iván Chávez Saúl, este último vicepresidente de Grupo Vidanta cuyo fundador, Daniel Chávez Morán, es asesor del presidente de la república.</li>
<li>La página de internet de KEI Partners fue improvisada a la par que el hijo del presidente emitió su comunicado de respuesta a través de Twitter y hay evidencia de que muchas de las fotos y material de la misma fueron copiadas y plagiadas de otros sitios de internet.</li>
<li>Grupo Vidanta ha sido generoso con el gobierno de México: compró 200 millones de pesos en cachitos para la rifa especial alusiva al avión presidencial, participa de manera “honoraria” en la supervisión del Tren Maya y le donó un terreno de 2 mil hectáreas para un parque solar en Sonora. El grupo opera 30 centros turísticos con diversas concesiones para playas en el Pacífico y el Caribe Mexicano.</li>
</ol>
Los hechos están ahí y las respuestas de la familia del presidente, y de él mismo, han sido insuficientes para aclarar la relación o desconexión entre ellos. Más que información hemos recibido ataques, desviaciones de atención y más propaganda.
Muchas sospechas se disiparían si pudiéramos conocer el contrato original, el monto real de la renta, los medios de pago, el origen del dinero. En un acto de transparencia de una familia que se sabe políticamente expuesta y cuyo líder pregona continuamente su superioridad moral desde una tribuna financiada con recursos públicos.
Los hechos ameritan, por lo menos, una investigación de parte de la Fiscalía General de la República o de la Secretaría de la Función Pública con el fin de deslindar responsabilidades. Investigación que fue frenada por la bancada de Morena en el Senado.
Para entender el costo político y social de dejar el asunto inconcluso vale tener memoria y recordar cómo Peña Nieto simuló, con Virgilio Andrade de patiño, una investigación que lo “exoneró” legalmente del conflicto de interés en la Casa Blanca. La Casa Blanca y la farsa de su investigación marcaron para siempre su sexenio y a él mismo como corruptos.
Por eso, si el presidente López Obrador quiere pasar a la historia como un gobernante honesto, debe ser transparente con su familia. Y hasta ahora, no lo ha sido.
<a href="https://twitter.com/AdrianLopezMX" target="_blank" rel="noopener">@AdrianLopezMx</a>

Volvamos al tema: 10 hechos sobre el posible conflicto de interés del hijo del presidente, su nuera y PEMEX

10 hechos sobre el posible conflicto de interés del hijo, la nuera y PEMEX

No conozco personalmente a Carlos Loret. En Noroeste publicamos por varios años su columna y me ha entrevistado en algunas ocasiones en su programa de radio; casi siempre por temas de seguridad y narcotráfico.
Cuando las detenciones de Joaquín Guzmán Loera en Mazatlán y Mochis, en Noroeste evidenciamos el uso de recursos públicos para facilidades logísticas que Loret tuvo en sus coberturas. En Mazatlán le prepararon hasta <a href="https://www.noroeste.com.mx/buen-vivir/monta-marina-operativo-para-loret-de-mola-JPNO861945" target="_blank" rel="noopener">escenografía</a> y en Mochis aguantaron el acceso de la prensa local hasta que él llegó. Eran los tiempos de Peña Nieto en Los Pinos y de Loret en Televisa.
Los tiempos cambiaron. Hoy López Obrador vive en Palacio y Loret ya no está en Televisa. Carlos está ahora en Latinus y desde ahí ha venido publicando trabajos que lo convirtieron en el enemigo público número uno del presidente de México. El más reciente en conjunto con la organización Mexicanos Contra la Corrupción sobre las casas multimillonarias en Houston, Texas, en las que vivió José Ramón López, primogénito de AMLO, una de las cuales estaba a nombre de un exejecutivo de Baker Hughes, una compañía que da servicios a Pemex y cuyos contratos se incrementaron sustancialmente con el gobierno de López Obrador. AMLO respondió que su hijo es “mayor de edad”, que no tiene actividad pública y que su esposa Carolyn Adams “al parecer tiene dinero”.
Ese trabajo periodístico le valió al periodista la ira de López Obrador y desde que se publicó, el presidente ha ido escalando el tono de su discurso contra Loret, Mexicanos contra la Corrupción, Brozo y hasta Carmen Aristegui, por hacer eco del reportaje.
Comenzó el presidente con las descalificaciones de rutina: “conservadores”, “corruptos”, “mentirosos”&#8230; la propaganda presidencial que todos conocemos y que ya hemos normalizado para mal; pero algo cambió este viernes cuando el presidente, desde su conferencia matutina en Hermosillo y a unas horas de que hubieran asesinado en Oaxaca al periodista Heber López Vázquez, cruzó una línea que no debió: con la información que “un ciudadano le dio en un papelito” exhibió datos fiscales de Loret de Mola.
En una diapositiva hecha al calor de su temperamento, con datos sin fuente y faltas de ortografía, el presidente se atrevió a lo insólito: comparó su sueldo de funcionario público con los ingresos de un periodista, invadió la esfera privada de un particular y violó su secreto fiscal. Obnubilado, López Obrador abusó de su poder, cometió una ilegalidad y se exhibió como un hombre autoritario. Un presidente atacando a un periodista en vivo y a todo color. La investidura presidencial mexicana al servicio de la venganza personal de quien la ostenta.
Loret de Mola respondió de inmediato que los datos eran inflados, que el presidente lo ponía en riesgo a él y a su familia y que lo que buscaba era desviar la atención de los ingresos de su hijo. Luego Latinus se posicionó en llevar el caso hasta donde tope al costo que sea. Lo deseable es que Carlos Loret demande. Veremos si se atreve.
La Jornada cabeceó: “Difunde el Presidente supuestos ingresos de Loret de Mola en 2021”, Expansión Política: “AMLO exhibe supuestos ingreso de Loret; el periodista asegura que son falsos”, Aristegui: “Muestra AMLO presunto sueldo de Loret de Mola; está &#8216;fuera de sí&#8217;, le responde”, El Universal: “AMLO exhibe supuesto sueldo de Carlos Loret de Mola”, Reforma: “AMLO arremete contra Loret”. En Noroeste: “Viola AMLO secreto fiscal de Loret”. Prácticamente todos los medios publicamos notas de seguimiento.
Las redes “se encendieron” (como lo hacen todos los días por gatitos y perritos), pero en esta ocasión por una cuestión que no podemos dejar pasar: ¿tiene derecho un presidente a usar así su poder y los recursos públicos de todos los mexicanos para atacar a un periodista?
Como en toda batalla narrativa, hay dos bandos: los que defienden el derecho de una “réplica” malentendida del presidente y los que defienden a Carlos. Cada bando con sus bots y sus intereses, obviamente.
Personas con mejores conocimientos que yo ya explicaron por qué lo que hizo el presidente es ilegal, abusivo, faccioso e inaceptable. Les recomiendo leer el hilo de Jorge Israel Hernández, experto en libertad de expresión, <a href="https://twitter.com/jorgeisraelh/status/1492175011012087812?s=20&amp;t=VMNzD7SlY5fmcVyt7o4jyw" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
Yo intentaré aportar desde mi perspectiva y en el sentido de lo que creo deberíamos aprender como ciudadanos y como periodistas para trascender el escándalo, y que esta no sea una tendencia más en redes sociales.
Lo primero que habría que aprender como sociedad es que esto ya no se trata de Loret. De si nos cae bien o mal, de si gana mucho o poco dinero. Tampoco es solo un tema de “los periodistas”, siempre tan solos en este país que lee poco y mal. El debate de fondo tiene que ver mayoritariamente con la ley, el estado de derecho y la democracia que aspiramos a construir como ciudadanos. Algo más grande que Loret y el mismo AMLO.
Se trata de entender que el abuso de poder que vimos de parte del presidente significa un punto de no retorno en nuestra espiral de retroceso democrático. Apenas esta semana The Economist había degradado a México de “democracia imperfecta” a “régimen híbrido” en su Democracy Index y una de las razones era precisamente la intolerancia a la crítica del gobierno. La nueva categoría significa que estamos tan cerca del autoritarismo como de la democracia. Con su desigual ataque a Loret, el presidente López Obrador les dio la razón. Un precedente que se suma a la crisis humanitaria de homicidios y desaparecidos que lleva décadas, a la militarización evidente de la vida pública de México, el asedio de las instituciones autónomas y al árbitro electoral. Vamos, con López Obrador México no se está haciendo más democrático, por mucha “revocación” de mandato que nos quieran vender.
Lo segundo, es que los periodistas y los medios de comunicación, la industria y el “gremio”, deberíamos aprender de lo sucedido para generar algún tipo de unión y de reflexión. Sé que para muchos compañeros pensar en aglutinarse en torno a Loret de Mola suena no solo impensable, sino éticamente inaceptable tras el caso de Florence Cassez y lo entiendo. Pero si la generosidad no nos alcanza por Loret debería alcanzarnos por los cinco periodistas asesinados en lo que va de este año en Baja California, Veracruz, Oaxaca y Michoacán; por los 30 que van en el sexenio de López Obrador y por los más de 150 de 2002 a 2022 (datos de Artículo 19).
Habríamos, y no está nada fácil, de trascender nuestras diferencias y desconfianzas para formar algún tipo de frente común de defensa frente a los embates del poder político y el crimen organizado. Algún tipo de organización que sirva para exigir que la impunidad de 99% se reduzca, que los Mecanismos de Protección dejen de ser ineptitud y simulación, que el Congreso federal ahora sí legisle con profundidad en materia de publicidad oficial y que el presidente y sus acólitos dejen de atacar a la prensa aquí y allá como lo hicieron esta semana el gobernador Cuitláhuac García desde Veracruz o la senadora Imelda Castro desde el Senado.
También deberíamos reflexionar y debatir a los ojos de nuestras audiencias sobre el interés público de lo que hacemos, transparentar nuestros procesos de cobertura, investigación y publicación, así como nuestros orígenes y vinculaciones. Algo complicado de hacer mientras intentamos sobrevivir, económica y hasta literalmente.
Y una tercera lección es sobre la congruencia que falta. Esa congruencia que precisa de la memoria perdida de las y los periodistas que ahora forman parte de los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación y que, ante el talante despectivo y autoritario de su máximo líder frente el periodismo y los que lo hacen, se suman a la propaganda mañosa y, en el mejor de los casos, al silencio cómplice. Ninguno, repito, ninguno, ha tenido hasta ahora la estatura moral para defender al que consideran su “gremio”, ese que presumen en sus short bios de Twitter para lavarse la cara y seguir siendo uno de nosotros. Mucho menos veremos una renuncia en la mesa en calidad de protesta. No, seguirán ahí, callados “como momias”, pero cobrando.
No soy optimista, más bien escribo esto desde el pesimismo. A las protestas esporádicas por los asesinatos recientes de periodistas nomás vamos gente del gremio y uno que otro aliado de sociedad civil. Duele: la gente no nos acompaña. La indignación dura proporcionalmente al tamaño de la agresión, pero prácticamente nunca alcanza para que haya justicia completa: jurídica, narrativa, con reparación del daño y garantías de no repetición.
La experiencia personal tras 10 años de dirigir un medio me ha enseñado que cada vez que sufrimos ataques o amenazas la solidaridad no pasa del algún mensaje en redes o por Whatsapp, que dura muy poco y que más bien la gente exige un periodismo infalible, independientemente, “de investigación”, por el que no quieren pagar o, peor aún, les da hasta hueva leer. En tiempos de Mario López Valdez como gobernador de Sinaloa, en Noroeste nos echaron bala, nos robaron, nos amenazaron y nos vetaron; todo mundo se solidarizó, pero nadie se acercó a comprar publicidad o una suscripción. Incluso sucedió lo contrario: salvo contadísimas excepciones de gente que atesoro, anunciarse con nosotros mandaba un mensaje antagonista con el gobernador… y nos quedamos más solos.
Algo así le pasa siempre a los medios críticos frente al poder. Se acercan siempre, eso sí y hay que decirlo, los generosos interesados en hacer golpismo. Y hay que decirles que no.
Solía discutir, desde mi juventud y cierta esperanza ingenua, con Javier Valdez cuando decía que al periodismo en México le faltaba sociedad. Hoy creo que nos faltamos, nos fallamos y nos necesitamos mutuamente. No hay democracia sin periodismo y no habrá periodismo sin demócratas.
Pero sobre todo no habrá periodismo sin periodistas libres de pluma y miedo; sin medios más sólidos, institucionalizados e independientes. Esos periodistas a los que el presidente López Obrador, que se dice de izquierda y demócrata, ataca todos los días con su poderosa voz y el eco de sus propagandistas, minando la credibilidad de su oficio y permitiendo la impunidad absoluta de sus asesinatos.
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