La Lista: tortura e injusticia militar
La semana pasada escuché La Lista, un pódcast producido por Así Como Suena en colaboración con El País, resultado de la extraordinaria investigación de Pablo Ferri y Ricardo López Cordero. La serie de nueve capítulos cuenta la historia de Francisco Soto y catorce militares más encarcelados desde 2011, torturados por colegas militares de la Policía Judicial Militar y obligados a declarar haber colaborado con los Zetas. En una investigación con demasiados huecos por resolver, condenaron a 26 años 3 meses a los militares detenidos.
Todo el proceso parece inverosímil. Hubo declaraciones a medias de mandos militares altos del 69 Batallón de Infantería de Saltillo y de la Policía Judicial Militar, quienes no reconocieron la detención y tortura de los militares durante cuatro días, previo a presentarlos formalmente ante la Fiscalía General de Justicia. Tres años después de la detención, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en investigaciones paralelas bajo el Protocolo de Estambul (protocolo de pruebas médicas y psicológicas para comprobar si hubo tortura) confirmaron que efectivamente fueron torturados. A pesar de ello, el Tribunal Superior Militar no desestimó las declaraciones firmadas bajo tortura y confirmó la sentencia.
Otra prueba inexistente es la que le da nombre al pódcast, una lista de funcionarios y militares que recibían dinero de Los Zetas, la cual no figura en ninguna de las pruebas del expediente. Ésta es el origen de las detenciones arbitrarias, de la tortura y, posteriormente, de la denuncia formal en contra de ellos por la declaración del Zeta detenido que repitió los nombres. Las declaraciones de las esposas de los detenidos, de los supuestos testigos ni la de los acusados cuadran para construir un caso sólido con evidencia y pruebas irrefutables que conduzcan a esa condena.
La narración acompaña la historia de dolor de la esposa, hija y madre de Francisco Soto, Tanya, Marifer y Lucía. A su padre, del mismo nombre, lo mataron semanas después de la detención de su hijo, cuando inició una investigación por cuenta propia para entender de qué acusaban a su hijo. Lo encontraron en una fosa clandestina en Villagrán, Tamaulipas. La carpeta de investigación se cerró al momento que encontraron el cuerpo. Su esposa e hija no dejaron de acompañar el proceso durante los cuatro años que los mantuvieron en la prisión militar de la Ciudad de México. En octubre de 2015 trasladaron a los acusados, sin mediar aviso a las familias ni abogados, a una prisión civil en Perote, Veracruz. Tanya y Marifer aún acompañan el proceso y tienen visitas periódicas con la dificultad económica y de traslado que implica ir a Perote.
Mientras escribo estas líneas volví a escuchar algunos capítulos. No dejo de pensar en el proceso de deterioro e incremento de la violencia que desató la declaratoria de guerra al narco de Felipe Calderón. Los militares han ganado demasiado poder y control sobre áreas estratégicas desde entonces en los sexenios de Peña Nieto y de López Obrador e, incluso, han logrado reformas importantes en las leyes militares que regula los órganos del fuero de guerra. Esas reformas no han logrado ni profesionalizar la justicia militar ni terminar con la impunidad militar. El caso de Salvador Cienfuegos es un ejemplo vivo de ello.
El haber comprobado la tortura en el caso debió de haber dado un vuelco a la investigación; debió de haber iniciado procesos contra la Policía Judicial Militar involucrada y contra quien resultara responsable en el 69 Batallón de Infantería; no sucedió. Debieron haber desestimado las declaraciones tomadas bajo tortura y reconsiderar la construcción del caso; no sucedió.
La injusticia e impunidad de éste y otros casos se refleja en un país en el que la tortura es cotidiana. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) registró 10,534 quejas por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes presentadas entre 2006 y 2018 ante la CNDH, el 54.3% fueron atribuibles a las fuerzas armadas. Subrayo el dato: 54.3%.
Con estas prácticas y con estas cifras, me parece inaudito dejar en manos de las fuerzas armadas las tareas cotidianas de seguridad pública, disfrazadas a través de la Guardia Nacional. Me niego a que la violencia y la impunidad con instituciones débiles siga siendo la regla de nuestro sistemas de justicia, tanto civil como militar. Impulsemos a las organizaciones, académicos, legisladores y funcionarios públicos que hacen un trabajo serio sobre el tema para que, de la mano con los usuarios del sistema, construyamos un mejor sistema de justicia que evite tanto dolor, violencia e impunidad.
La Lista es un trabajo extraordinario que vale mucho la pena escuchar. Todo mi reconocimiento al equipo que lo hizo posible y a sus consejeros editoriales Carlos Puig y María Scherer.
