Las mujeres en el gabinete de Donald Trump
Siete de veintidós. Esa es la proporción de mujeres que Donald Trump postuló al Senado para ser integrantes de su gabinete este 20 de enero, al asumir su segundo mandato no consecutivo como el 47° presidente de Estados Unidos. En un contexto donde los debates sobre inclusión y diversidad están en el centro de la agenda global, su administración inicia con una composición que refleja su visión del país, del mundo y su compromiso (o falta de) con la representación igualitaria y equitativa en el poder.
A lo largo de su campaña y en declaraciones previas, Trump dejó claras las prioridades de su administración: cerrar las fronteras, implementar políticas migratorias estrictas, eliminar programas de diversidad e inclusión (DEI) en la administración pública federal y desregular sectores clave como el ambiental y energético.
De las 22 personas presentadas al Senado este 20 de enero para ser ratificadas como integrantes de su gabinete, 7 son mujeres, lo que representa apenas un 30 % del total. Estas mujeres ocuparán posiciones clave, desde el Departamento de Justicia, hasta Seguridad Nacional, Educación y Agricultura.
¿Qué sabemos de estas mujeres y qué significado pueden tener sus nombramientos?
Empecemos por la distribución geográfica y demográfica. Predominan las representantes de regiones como el sureste y noreste, mientras que zonas con alta diversidad racial, como el suroeste, están ausentes.
¿Quiénes son estas mujeres?
- Pamela Bondi. Fiscal General. Es exFiscal General de Florida, primera mujer en ese cargo, conocida por su activa defensa de Trump. Es abogada y cabildera.
- Kristi Noem. Secretaria de Seguridad Nacional. Gobernadora de Dakota del Sur, con una firme postura en seguridad y políticas migratorias. Es integrante del Partido Republicano.
- Linda McMahon. Secretaria de Educación. Empresaria y exadministradora de la Administración de Pequeñas Empresas, alineada con un enfoque empresarial en educación. Es una magnate de la lucha libre profesional, el World Wrestling Entertainment (WWE).
- Elise Stefanik. Embajadora ante la ONU. Representante por Nueva York, defensora de la agenda “America First”. Elegida en 2014 con 30 años de edad, fue en su momento la mujer más joven elegida para el Congreso.
- Lori Chavez-DeRemer. Secretaria del Trabajo. Exalcaldesa de Oregon, su trayectoria combina administración pública y políticas laborales. Primera mujer republicana en representar a Oregon en la Cámara y es de ascendencia mexicana.
- Brooke Rollins. Secretaria de Agricultura. Directora interina del Consejo de Políticas Domésticas en la primera administración de Trump, enfocada en políticas rurales. Fue directora ejecutiva y presidenta del America First Policy Institute.
- Tulsi Gabbard. Directora de Inteligencia Nacional. Formó parte de la reserva del ejército de EU hasta que fue representante de Hawaii en la Cámara de Representantes. En 2020 fue aspirante a la presidencia de su país por el Partido Demócrata y en 2022 deja el partido por diferencias con la línea política del mismo. A partir del 2024 apoya abiertamente al candidato Trump.
¿Qué tienen en común? Tienen perfiles que destacan por su alineación con la agenda de Trump. Varias han sido leales a su administración y campañas, y comparten una visión que prioriza políticas para “hacer a América grande de nuevo”. Predominan las mujeres blancas con ausencia de representación significativa de comunidades afroamericanas o indígenas. La presencia latina está en Lori Chavez-DeRemer. Si pudiera sintetizarse en pocas palabras, el gran común denominador es su lealtad al presidente Trump.
Si bien aún no han tomado decisiones y hará falta tiempo para analizar sus decisiones, sus nombramientos deben interpretarse en el contexto de la agenda de Trump. La gran pregunta desde una perspectiva de género es: ¿Qué harán ante la decisión de Trump de eliminar los programas DEI, firmar la orden presidencial que afirma que sólo existen dos géneros: hombres y mujeres y “Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica a la administración pública federal”?
Las instancias y secretarías que ellas presidirán en áreas como seguridad, justicia y educación, entre otras, tendrán implicaciones profundas para las mujeres y las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad en Estados Unidos, y también afectarán las decisiones, programas, financiamiento y acciones a nivel internacional.
El impacto de estas mujeres en el gabinete de Trump no se medirá sólo por las políticas que lleven a cabo y propongan, sino por si se convierten en ejecutoras silenciosas o cómplices de una agenda que desmantela décadas de avances en derechos humanos e igualdad de género o si utilizan su posición para moderar, reinterpretar y tal vez, desafiar los extremos de esa agenda. La historia no juzgará únicamente las decisiones de Trump, sino también el rol que estas mujeres jugarán en un momento crítico para la representación, la diversidad, la inclusión y la justicia social en Estados Unidos.
Hoy, más que nunca, la pregunta no es si tendrán el poder de influir, sino si decidirán ejercerlo.
BBC Mundo analiza, con la ayuda de expertos, los efectos del levantamiento de esta y otras sanciones a Cuba anunciado por la Casa Blanca.
En una inesperada decisión, el presidente estadounidense Joe Biden retiró a Cuba de la lista de EE.UU. de países patrocinadores del terrorismo.
La nación caribeña llevaba cuatro años en esa “lista negra” desde que el expresidente Donald Trump la incluyera en 2021 como una de las últimas medidas de su anterior mandato.
Cuba también formó parte de esta lista elaborada por el Departamento de Estado desde 1982 hasta 2015, cuando Obama la sacó como parte de su política de “deshielo” hacia el régimen entonces liderado por Raúl Castro y hoy a cargo del presidente Miguel Díaz-Canel.
La retirada de la lista de patrocinadores del terrorismo anunciada por la Casa Blanca podría durar poco, ya que Trump regresará a la presidencia el lunes 20 de enero.
Trump podría revertir la decisión de Biden de forma relativamente sencilla, sin necesidad de consultar con el Congreso.
Además, su designado secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este miércoles frente al Senado estadounidense no tener “duda alguna” de que el régimen de Díaz-Canel patrocina el terrorismo internacional.
Qué implica estar en la lista
Tras la salida de Cuba solo quedan tres países en la lista negra del Departamento de Estado: Corea del Norte, Irán y Siria.
Los países designados como patrocinadores del terrorismo enfrentan severas restricciones económicas, financieras y diplomáticas, como la prohibición de exportaciones de armas, la suspensión de ayuda económica, el bloqueo de créditos internacionales y limitaciones para acceder al sistema financiero global.
Por ejemplo, no pueden obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales.
Además, facilita demandas civiles en tribunales estadounidenses y afecta a su reputación internacional, complicando sus relaciones con otros países.
En el caso particular de la isla, estas sanciones ahondaban las que ya habían sido impuestas de manera más extensa por el embargo económico y comercial vigente desde la década de 1960.
“Desde entonces Cuba ya estaba sometida a duras restricciones incluidas en el embargo, así que la mayoría de las disposiciones que implicaba estar en la lista tampoco causaban mucho daño adicional”, le explica a BBC Mundo Robert L. Muse, abogado especializado en las sanciones de EE.UU. al país caribeño.
Pese a esto, Muse y otros expertos destacan al menos tres beneficios que le aporta a Cuba abandonar la lista de patrocinadores del terrorismo.
Incentivo al turismo
En primer lugar, podría favorecer a un sector clave en la economía cubana: el turismo.
Desde que en 2021 el Departamento de Estado incluyó a Cuba en su lista negra, toda persona que haya viajado a la isla está sometida a un escrutinio más severo para ingresar a Estados Unidos.
Por ejemplo, los ciudadanos de la UE y otros países como Chile, Corea del Sur o Japón que visitan un país incluido en la lista de patrocinadores del terrorismo pierden el privilegio de la exención de visado de turismo a EE.UU. bajo el programa ESTA.
Al eliminar a Cuba del listado, estas personas ya pueden viajar a la isla sin miedo a que en el futuro les exijan visado para ingresar a territorio estadounidense, lo que en teoría incentivará los viajes a la isla.
En todo caso, se desconoce cuál será el alcance real de la medida a la hora de reactivar el maltrecho sector turístico del país caribeño, que pasó de recibir 4,2 millones de visitantes en 2019 a menos de 2,4 millones en 2024, según estimaciones y a la espera de datos oficiales.
“Uno podría esperar que crezca la demanda de visitas de países de la Unión Europea, pero hay otros factores que influyen de forma negativa en el turismo, como la crisis económica, la escasez, los apagones y los problemas eléctricos”, indica a BBC Mundo el economista cubano Ricardo Torres, investigador de la American University en Washington DC.
Cuba vive una profunda crisis económica con escasez de alimentos, medicinas, combustible y casi todos los productos, así como frecuentes cortes eléctricos, lo que ha provocado en los últimos tres años un éxodo migratorio de sus habitantes, y también se considera un factor clave en el descenso del turismo.
Acceso a financiación e imagen internacional
En segundo lugar, la inclusión en la lista negra suponía para Cuba un obstáculo adicional a la hora de acceder a financiación exterior y participar en negocios internacionales.
“Como patrocinador estatal del terrorismo, los bancos e instituciones financieras rechazan las transacciones relacionadas con Cuba. Incluso si se les explica que son legales, se niegan a hacerlo. Es casi una reticencia supersticiosa a involucrarse en cualquier tipo de comercio con países que están en esa lista”, afirma el jurista Robert L. Muse.
Muse asegura que “es beneficioso salir de la lista porque tiene un efecto inhibidor en las instituciones financieras y los inversionistas”.
Pero, aunque Cuba se libra de un importante obstáculo, no implica que los bancos y organismos internacionales vayan a estar dispuestos a aportar financiación a un país técnicamente en bancarrota que en los últimos años ha incumplido la mayoría de los compromisos con sus acreedores, desde sus aliados China y Rusia hasta el Club de París.
Y si, pese a esto, hubiera entidades dispuestas a financiar a Cuba, podrían temer repercusiones si el país regresa más adelante a la lista de patrocinadores del terrorismo.
“Cuba estaba en la lista, Obama la eliminó, después Trump la introdujo de nuevo y ahora Biden la quita; entonces, durante el periodo en el que no están las sanciones, puedes involucrarte en transacciones que, si luego se reintroducen las sanciones, pueden crearte problemas”, explica el economista Ricardo Torres.
En tercer y último lugar, ser considerado por Estados Unidos un patrocinador del terrorismo perjudica la percepción internacional sobre Cuba, cuyo gobierno ha priorizado históricamente proyectar una imagen favorable al exterior.
“Quizás lo más irritante para los cubanos es el oprobio moral asociado con ser designado como una nación terrorista. Implica ser un régimen fuera de la ley, y Cuba se siente ultrajada por esa caracterización”, afirma Robert L. Muse .
Salir del listado, agrega, “tiene para la isla un beneficio simbólico: es una acción que elimina ese estigma”.
Los efectos de las medidas adicionales
La retirada de Cuba de la lista negra del Departamento de Estado de EE.UU. es parte de un acuerdo más amplio entre Washington y La Habana, coordinado con la mediación de la Iglesia católica y que incluye la liberación de presos políticos en la isla.
Además de la retirada de la isla de la lista de patrocinadores del terrorismo, según medios estadounidenses, Washington se comprometió en el acuerdo a revertir dos decisiones con importantes implicaciones económicas adoptadas durante el primer gobierno Trump.
En primer lugar, rescinde un memorando de 2017 que prohíbe las transacciones de personas bajo jurisdicción estadounidense con una lista de empresas y subentidades controladas por las fuerzas militares, de inteligencia o de seguridad cubanas, como la poderosa GAESA que controla varios negocios en la isla.
Esto podría facilitar la reanudación del envío de remesas de cubanos en Estados Unidos a sus familiares en la isla por la vía legal, es decir, a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas, que acaparan gran parte del poder económico del país.
En la práctica, sin embargo, los cubanos cuentan con otros modos más efectivos y baratos de enviar y recibir dinero, como transferencias electrónicas no afectadas por las sanciones o efectivo a través de “mulas” que viajan entre los dos países.
En segundo lugar, la Casa Blanca suspenderá el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a estadounidenses presentar demandas ante los tribunales por propiedades expropiadas por el gobierno cubano desde la Revolución de 1959.
Trump activó en 2019 este título de la ley, que permanecía suspendido desde su promulgación en 1966 para evitar conflictos diplomáticos con países aliados cuyas empresas operan en Cuba.
“A partir de hoy, no se pueden presentar demandas contra, por ejemplo, una compañía hotelera española que ocupe terrenos sobre los cuales alguien reclama derechos de propiedad bajo el lenguaje de la Ley Helms-Burton”, explica Muse.
Así, las demandas ya presentadas seguirán adelante pero no se pueden iniciar nuevas.
En todo caso, matiza el abogado, “la responsabilidad por el uso de propiedades confiscadas sigue existiendo y esto crea un desincentivo a largo plazo para invertir en Cuba, ya que siempre persiste la posibilidad de que las demandas se reactiven”.
Como compensación por el alivio de sanciones, Cuba se comprometió a liberar a un número “significativo” de disidentes, activistas defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes encarcelados a raíz de las históricas protestas de julio de 2021, las mayores en las últimas seis décadas a las que siguió una dura ola represiva.
El régimen de Díaz-Canel, que según organizaciones mantiene encerrados a más de un millar de presos políticos, se comprometió este martes a liberar de forma gradual a 553 personas condenadas por diversos delitos -sin especificar más detalles- y el miércoles sacó de la prisión a los primeros 14.
Según Muse, la decisión de espaciar la liberación de los presos podría ser una herramienta de negociación ante el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca.
“Si Cuba regresa a la lista de patrocinadores del terrorismo, ¿dejará de liberar a prisioneros y podría culparse a la administración Trump de que permanezcan en la cárcel? Eso está por ver”, plantea el jurista.
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