
Marzo es el mes en que se revisan avances, retrocesos y pendientes en la agenda de derechos de las mujeres a nivel global, pero este 2026 empezó de manera atípica y en un contexto particularmente violento, con olor a guerra y confrontación.
La intervención en Venezuela, la retirada funcional de Estados Unidos de espacios multilaterales, el debilitamiento abierto del orden internacional basado en reglas y, ahora, la escalada militar entre Estados Unidos e Irán, configuran un escenario que no es solo inestable: es estructuralmente más crudo y amenazante.
En tiempos de guerra -y esto no es retórica, es evidencia acumulada- el cuerpo de las mujeres se convierte en campo de batalla. Numerosos estudios dan cuenta de ello.
Los registros de Naciones Unidas, y de organismos humanitarios muestran patrones constantes: en contextos de conflicto armado aumentan la violencia sexual, la trata, el desplazamiento y la impunidad. La militarización no se limita a los frentes, penetra la vida cotidiana y lo hace sobre cuerpos específicos, cuerpos de mujeres, niñas y niños.
Pero lo más preocupante no es solo la violencia. Es la invisibilidad.
En los grandes titulares, en los debates estratégicos, en los cálculos de disuasión y seguridad, las mujeres desaparecen del análisis. Son mencionadas como víctimas colaterales, rara vez como sujetas políticas con agencia, derechos y voz propia. Como si en el contexto de la guerra no tuvieran voz.
Esa invisibilidad no es accidental. Es estructural.
Es necesario hablar de Irán hoy. Las mujeres iraníes llegan a este momento después de haber protagonizado uno de los movimientos más valientes de los últimos años: Woman, Life, Freedom. Han desafiado al régimen teocrático, han enfrentado prisión, persecución y muerte por reclamar autonomía básica sobre sus cuerpos y su vida. Su vida pende de un hilo por simplemente querer algo elemental: que sus derechos sean respetados, reconocidos y su existencia visibilizada.
Hoy están atrapadas entre dos fuegos.
Por un lado, un régimen cuya estructura institucional, aparato de seguridad y lógica represiva permanecen intactos. Aún no se sabe qué sigue ni quién tomará el poder. La eliminación del ayatolá Alí Jamenei no desmantela el sistema. La historia demuestra que los vacíos de poder no garantizan democratización, con frecuencia producen mayor militarización, un cierre interno de filas y represión bajo la narrativa de la amenaza externa.
Por otro lado, una intervención que puede fortalecer a los sectores más duros del régimen, justificar estados de excepción y desplazar más (si es que eso es posible aún) la agenda de libertades civiles.
Las mujeres iraníes no necesitan héroes externos ni bombas redentoras. Necesitan garantías estructurales, estado de derecho, instituciones responsables, coherencia y apoyo internacional y mecanismos efectivos de protección.
Al mismo tiempo, se vive a nivel internacional el debilitamiento del multilateralismo y ello tiene consecuencias concretas y claras.
Cuando se erosionan los organismos de derechos humanos, cuando se reducen fondos para la cooperación, cuando se fragmentan mecanismos de monitoreo y presión internacional, la vulnerabilidad de las mujeres se multiplica. El sistema multilateral era imperfecto, pero ofrecía algo esencial: marcos jurídicos, foros de denuncia, documentación sistemática, presión diplomática y financiamiento humanitario, sobre todo, establecía reglas de juego a las que podía apelarse. Los derechos de las mujeres tenían un marco regulatorio internacional que podía cobijarlas y al que podían recurrir. No siempre sucedió, es cierto, pero servía como base para la actuación y el apoyo de quienes podían hacerlo.
En un mundo donde las potencias actúan unilateralmente y las instituciones pierden capacidad, las mujeres en contextos de conflicto quedan aún más expuestas. No porque la violencia sea nueva, sino porque los contrapesos son más débiles.
La guerra concentra poder, reduce controles, suspende prioridades sociales. En ese clima, la agenda de género se considera secundaria, incluso prescindible para quienes toman decisiones, para quienes tienen el poder de las armas y el poder para amenazar. En tiempos de guerra la discusión sobre violencia de género pasa a un segundo plano, cuando difícilmente en tiempos “de paz” alcanza los titulares. Todo se subordina a la “seguridad nacional”.
En marzo deberíamos estar discutiendo presupuestos con perspectiva de género, participación política, cuidados, brechas salariales, acceso a la justicia. En cambio, el debate público se centra en drones, escaladas y alianzas militares, petróleo y amenazas.
Cada vez que la agenda de derechos se desplaza en nombre de la urgencia estratégica, se envía un mensaje claro: hay prioridades que siempre pueden esperar. Entre esas prioridades, históricamente, han estado las mujeres.
La violencia contra las mujeres no se detiene en tiempos de guerra. Se transforma, se normaliza, se invisibiliza bajo el ruido de los bombardeos.

No hay “un sucesor claro e indiscutible” de Nemesio Oseguera, explica un exjefe de la agencia antidrogas DEA. Pero varios nombres figuran en las listas de prófugos principales de Washington.
Algo seguro sobre la muerte de “El Mencho” es que, sin su figura en el mundo del narco, las drogas ilícitas aún pasarán entre los países en cantidades industriales.
Hasta su violenta caída el domingo en un operativo militar para capturarlo, Nemesio Oseguera era desde hacía años el hombre más buscado de México, como antes lo fueron Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y otros jefes narcos.
Ninguna de esas súbitas variaciones nominales alteró de modo fundamental el flujo global de narcóticos, y los expertos descartan que algo diferente ocurra ahora.
Bajo el liderazgo de “El Mencho”, el Cartel Jalisco Nueva Generación expandió sus tentáculos por México, decenas de países de la región y alrededor del planeta hasta Australia, según las autoridades.
Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta US$15 millones por información que permitiera arrestar a Oseguera. Su agencia antidrogas DEA incluyó a este narco en su lista de fugitivos más buscados en 2016: salió de ella siete años más tarde de forma temporal y la encabezaba cuando fue abatido.
Pese a que procuraba mantener un perfil bajo, “El Mencho” era considerado uno de los últimos grandes capos capaces de controlar todo el negocio a gran escala, desde la producción hasta el tráfico y la distribución de estupefacientes.
“El panorama se aleja de la era del líder único y todopoderoso hacia estructuras de liderazgo más resilientes e interconectadas”, le dice a BBC News Mundo Ray Donovan, un exjefe de operaciones de la DEA que supervisó los esfuerzos que llevaron a la captura de “El Chapo” a inicios de 2016 en México.
Pero, ¿quiénes son en este contexto los narcos más perseguidos por Washington tras el fin de Oseguera?
A la cabeza la lista de fugitivos más buscados de la DEA, actualizada tras la muerte de Oseguera, figura ahora Yulian Archaga, un hondureño acusado de dirigir las operaciones de la pandilla MS-13 en su país y de traficar grandes cantidades de cocaína a EE.UU. La agencia ofrece hasta US$5 millones por ayudar a capturarlo.
Apodado “El Porky”, Archaga permanece prófugo desde 2020, cuando varios hombres armados mataron a policías y militares para que escapara de un juzgado hondureño donde respondía por el homicidio de dos fiscales.
Siguen en la nómina de la DEA dos hijos de “El Chapo”: Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, con una recompensa de hasta US$10 millones ofrecida por Washington a cambio de información para arrestar a cada uno.
Ambos “Chapitos” son considerados líderes del cartel de Sinaloa y responsables de la producción y tráfico de fentanilo tras la cadena perpetua que cumple su padre en EE.UU. y la caída de sus hermanastros Joaquín y Ovidio Guzmán López, quienes el año pasado aceptaron los cargos de narcotráfico en su contra en ese país.
“La muerte de Nemesio Oseguera”, señala Donovan, “no dejó un sucesor claro e indiscutible, pero Iván Archivaldo Guzmán Salazar destaca como una de las figuras más peligrosas que hoy están prófugas”.
“Aunque no ejerce el mismo control centralizado que ‘El Mencho’, su dominio de las cadenas de suministro clave, su acceso a precursores químicos y su disposición a enfrentarse al Estado (…) lo sitúan entre los traficantes más importantes que operan hoy”, agrega.
El exjefe de la DEA explica que las designaciones de los narcos más buscados por la agencia “deben entenderse como una herramienta estratégica”, en lugar de una simple advertencia pública o ranking, su objetivo es presionar a las organizaciones criminales y sincronizar los esfuerzos en su contra.
En la lista también figura el uruguayo Sebastián Marset, a quien una investigación en Paraguay y otros países vinculó con el envío de toneladas de cocaína a Europa.
EE.UU. acusa a Marset de lavado de activos del narcotráfico y ofrece pagar hasta US$2 millones por colaboración para detenerlo.
Otro de los más buscados por la DEA es el mexicano Alfonso Limón-Sánchez, también conocido como “El Poncho Limón”, considerado una figura clave en la estructura del cartel de Sinaloa que lideraba “El Mayo” Zambada.
Esa facción del grupo está en una guerra interna con “Los Chapitos” desde que Joaquín Guzmán López secuestró a Zambada y lo trasladó en avión a EE.UU. en 2024 para entregarse con él a la justicia, según admitió el propio hijo de “El Chapo” en un tribunal federal.
Se estima que el bando de “El Mayo” dentro del cartel lo encabeza su hijo Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, quien también enfrenta cargos en EE.UU. pero hasta ahora está ausente de la lista de los más buscados de la DEA.
La lista de 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI por sus siglas en inglés) menciona a algunos narcos como Archaga entre distintos tipos de criminales, pero tiene diferencias con la nómina de la DEA.
El FBI incluye a Fausto Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, presunto líder de una organización denominada con sus apellidos acusada de enviar metanfetamina, cocaína, heroína y otras drogas a EE.UU., y ofrece hasta US$5 millones por información para arrestarlo.
El Buró también señala entre sus más buscados al venezolano Giovanni Vicente Mosquera como líder del grupo Tren de Aragua, bajo cargos de distribución internacional de cocaína e intento de apoyar a una organización terrorista extranjera.
La retribución prometida por ayudar a capturar a Mosquera también llega hasta US$5 millones.
EE.UU. ha ofrecido recompensas mayores por altos miembros del gobierno de Venezuela, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello (US$25 millones) y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino (US$15 millones), acusados de traficar cocaína, aunque ninguno figura hasta ahora en las listas de más buscados de la DEA o el FBI.
Entre la decena de prófugos de la nómina del Buró sí aparece el colombiano Wilver Villegas-Palomino, alias “El Puerco”, bajo cargos en EE.UU. de narcoterrorismo y distribución internacional de cocaína como miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de su país.
El precio por su captura llega hasta US$5 millones.
Claro que estas nóminas están sujetas a revisiones.
Por ejemplo, entre los diez más buscados del FBI aún figura el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado de liderar una organización de narcotráfico. Pero tras su arresto y extradición a EE.UU. el mes pasado, ahora sobre su foto se lee “Capturado”.
Y así como “El Mencho” salió de los más buscados de la DEA esta semana tras su muerte, una pregunta siempre abierta es quién será la próxima alta o baja en esas listas negras.
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