¿Será 2026 el año en que la edad deje de ser una desventaja?
Durante años, el envejecimiento fue tratado como un dato demográfico incómodo, un problema fiscal a futuro o una cuestión médica que debía administrarse en silencio. En 2026, ninguno de esos enfoques es suficiente. La longevidad dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un campo de disputa económica, política, cultural y tecnológica. No se trata sólo de cuántos años vivimos, sino de cómo se distribuyen los derechos, los recursos, la visibilidad y el poder en sociedades que envejecen de forma acelerada. En ese terreno, las mujeres de la mediana edad, o midlife, se encuentran en el centro de la tensión, aunque rara vez en el centro del debate.
El primer frente de esta disputa es cultural. Narrar la edad no es un ejercicio neutral. La forma en que hablamos del envejecimiento organiza políticas públicas, define prioridades presupuestales, orienta mercados laborales, modela el diseño de tecnologías y define narrativas de comunicación. El edadismo no opera únicamente como prejuicio individual o comentario desafortunado, funciona como una gramática social que clasifica cuerpos, capacidades y trayectorias. En esa narrativa, la edad aparece asociada a dependencia, improductividad o carga, mientras se idealiza una juventud permanente como sinónimo de valor social. Para las mujeres, esta lógica actúa antes y con mayor severidad. La invisibilización no comienza a los cincuenta, sesenta o setenta, sino mucho antes, cuando el mercado laboral empieza a cerrarse, cuando la experiencia deja de leerse como capital y cuando el cuidado se vuelve mandato.
En 2026, el edadismo ya no se expresa sólo en estereotipos culturales. Continúa presente en el diseño institucional. Vive en los criterios de contratación, en los filtros de empleabilidad, en los sistemas de pensiones, en el acceso a crédito, en plataformas digitales obligatorias que asumen competencias tecnológicas homogéneas. El problema, porque SÍ es un problema, no es únicamente simbólico, es estructural. El edadismo se ha convertido en una infraestructura silenciosa. Así como el cuidado ha sido históricamente invisible porque sostiene la vida sin reconocerse como trabajo, el edadismo sostiene sistemas de exclusión sin nombrarse como tal. Las mujeres mayores enfrentan una triple carga: desigualdad acumulada a lo largo de la vida, mayor responsabilidad de cuidados y menor reconocimiento institucional de su autonomía.
La tecnología se ha convertido en otro frente decisivo de esta disputa. La inteligencia artificial, la digitalización de servicios y la automatización de decisiones prometen eficiencia y modernización, pero también introducen nuevos filtros de acceso. En 2026, la tecnología no sólo medirá la vida cotidiana, definirá quién puede trabajar, quién puede acceder a servicios, quién queda fuera de la conversación pública. El riesgo no está en la tecnología en sí, sino en su diseño. Cuando los sistemas digitales se construyen sin considerar trayectorias diversas de edad, género y contexto, la brecha digital se transforma en brecha de ciudadanía, brecha de derechos, brecha de accesibilidad. Las mujeres silver, con menor acceso histórico a formación tecnológica y menor participación en el diseño de estas herramientas, corren el riesgo de quedar doblemente excluidas, tanto del mercado como de la toma de decisiones.
Este escenario obliga a repensar la longevidad como un asunto político en sentido pleno. Vivir más años no garantiza vivir mejor. La pregunta central para 2026 no es cuántas personas alcanzarán edades avanzadas, sino bajo qué condiciones lo harán. La longevidad puede convertirse en una ampliación de derechos o en una extensión de la desigualdad. Puede ser una oportunidad para redistribuir cuidados, trabajo y tiempo o puede consolidar un modelo donde las mujeres viven más años en precariedad, sobrecarga y soledad. La diferencia no la marca la demografía, sino las decisiones culturales, políticas, económicas, laborales, legales, institucionales y comunicaciones.
Narrar la edad de otra manera no implica romantizar el envejecimiento ni negar sus desafíos. Implica reconocerlo y reconocer los efectos políticos que acarrea hoy en la sociedad. Reconocer que la vejez no es una categoría homogénea, que las trayectorias importan y que las desigualdades no desaparecen con los años, sino que se acumulan. Implica también cuestionar leyes, instituciones y tecnologías diseñadas para un mundo que ya no existe, mientras se proclama un futuro que no incluye a todas las personas por igual.
Envejecer no es una amenaza. La verdadera amenaza es un mundo que sigue diseñándose como si todas las personas fueran jóvenes, permanentemente productivas y fácilmente descartables. En 2026, la longevidad ya no puede pensarse como un destino biológico ni como una moda económica, sino como una decisión política que define quién tiene derechos y quién queda fuera. Si las reglas no cambian, el resultado será previsible: más años de vida, pero no necesariamente más dignidad, especialmente para las mujeres.
La longevidad ya está aquí, lo que sigue en disputa es si llegará acompañada de derechos o de nuevas formas de exclusión.
A última hora de la tarde del sábado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que sea ella quien asuma la jefatura del Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos ha puesto todos los ojos sobre la figura de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva escogida por el mandatario como su mano derecha.
A última hora de la tarde del sábado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que sea ella quien asuma la jefatura del Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
En un comunicado, la presidenta de la Sala Constitucional del tribunal, Tania D’Amelio, argumentó que la Constitución atribuye al vicepresidente la función de suplir las faltas temporales o absolutas del presidente, como la que atraviesa actualmente el país.
La magistrada se refirió a la operación militar estadounidense que resultó en la detención de Maduro y su esposa como un “secuestro” y una “agresión extranjera”.
Con el nombramiento de Rodríguez como presidenta interina, el tribunal le otorga el poder para liderar “la defensa de la soberanía” y “preservar el orden constitucional”, señalaba el comunicado.
Horas antes del pronunciamiento del TSJ, Rodríguez, en mensaje televisado desde Caracas, también condenó la acción de EE.UU. y calificó la captura de Maduro y su esposa de “secuestro ilegal e ilegítimo”.
“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró Rodríguez, durante una alocución que dio al país en cadena nacional de radio y televisión.
“Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez, quien llamó a sus compatriotas a salir en defensa de su país y afirmó que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.
Con esas palabras respondió a lo dicho por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la primera rueda de prensa tras la captura de Maduro.
En la comparecencia convocada para explicar la operación militar realizada este sábado, Trump ya sugirió que Rodríguez podría ser la persona que estaría al frente del gobierno tras la salida de Maduro, pero que trabajaría alineada con el gobierno de EE.UU. en la recuperación de Venezuela.
El mandatario estadounidense aseguró que Rodríguez había estado en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y dio a entender que aparentemente ella estaría dispuesta a acceder a todas las exigencias de Washington. “No tiene alternativa”, apuntó.
Sin embargo, poco después de la rueda de prensa de Trump, Rodríguez realizó una alocución en cadena nacional de radio y televisión en la que ratificó su posición de considerar a Maduro como “el único presidente de Venezuela”, denunció su captura como un “secuestro” y agregó que Venezuela “no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie”.
Estas últimas declaraciones son coherentes con la Delcy Rodríguez a quien Maduro ha calificado en el pasado como “tigresa”, por su defensa del proyecto de socialismo bolivariano.
De hecho, quienes la conocen suelen decir que es “muy inteligente”, pero también que es “dogmática”.
Pero ¿quién es realmente Delcy Rodríguez?
Linaje político de izquierda
Delcy Rodríguez lleva la política en los genes.
Esta abogada de 56 años es hija de Jorge Antonio Rodríguez, quien fue guerrillero en la década de 1960 y murió bajo custodia policial en 1976, luego de ser detenido por su vinculación con el secuestro de William Niehous, un alto ejecutivo de una empresa estadounidense que operaba en Venezuela.
El fallecimiento de Rodríguez causó conmoción en la opinión pública, pues se produjo debido a las torturas y malos tratos a los que fue sometido por las autoridades policiales.
Esa muerte se convertiría en parte de la motivación que llevaría a Delcy a estudiar Derecho, carrera que cursó en la Universidad Central de Venezuela y que, luego, prosiguió con estudios de Derecho Laboral y Sindical en Francia.
“Tomé una decisión de hacer justicia en el caso de mi papá y entré a la escuela de Derecho. Allí inmediatamente apliqué para ser auxiliar de investigación en el Instituto de Estudios Penales”, comentó una vez ella.
Ese suceso también habría influido en su acercamiento a la política. “La revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, fue nuestra venganza personal”, dijo en una entrevista en 2018, aunque aseguró que no actuaba movida por el odio.
De Chávez a Maduro
Al igual que su hermano mayor, Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez comenzaría su escalada en la jerarquía política durante el gobierno de Hugo Chávez, cuando llegó por primera vez al gabinete para ocupar por unos meses el Ministerio del Despacho de la Presidencia.
Pero fue tras la llegada de Maduro al poder cuando ocupó numerosas posiciones en la cima del Poder Ejecutivo. Inicialmente, fue ministra de Comunicación e Información, ministra de Economía y canciller.
Y, en los últimos tiempos, ascendió hasta la vicepresidencia ejecutiva, cargo al que además le ha sumado las responsabilidades de ministra de Hidrocarburos.
También fue la primera presidenta de la polémica Asamblea Nacional Constituyente electa en 2017, un cargo de gran relevancia pues -al menos en la teoría jurídica- disponía de más poder que la presidencia, por ser considerado un órgano con carácter supraconstitucional.
Al igual que su hermano Jorge, Delcy ha sido una pieza fundamental que el gobierno de Maduro ha usado como operador político tanto fuera como dentro de Venezuela.
“Delcy trabaja en dúo con su hermano. Ella es un poco menos intelectual, más operativa. Son personas bien formadas que han ocupado un vacío como consecuencia del abandono absoluto de gente capaz que ha habido en el gobierno”, opinó el politólogo Nícmer Evans en entrevista con BBC Mundo en 2024
Agente diplomático
Delcy Rodríguez ocupó formalmente el cargo de ministra de Exteriores de Maduro entre 2014 y 2017, pero más allá de detentar el cargo, ella nunca ha dejado de ser una de las caras visibles del gobierno tanto dentro como fuera de Venezuela.
De hecho, en los últimos años durante los cuales Maduro redujo sus viajes al exterior, ella ha sido una operadora clave en las relaciones con países aliados como Turquía, China o Irán.
En la escena internacional, Rodríguez también ha protagonizado varios incidentes como cuando en 2016, siendo canciller, intentó ingresar a una reunión del Mercosur en Buenos Aires, luego de que Venezuela hubiera sido excluida del bloque.
Años más tarde, ocurriría lo que la prensa española llama el “Delcygate”, una polémica que estalló luego de que la madrugada del 20 de enero de 2020, Rodríguez aterrizara en un avión privado en el aeropuerto de Barajas en Madrid, donde se reunió durante algunas horas con el entonces ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, a pesar de que sobre ella pesaba una prohibición de entrada en el espacio Schengen emitida por Austria.
Rodríguez es una del medio centenar de altos funcionarios venezolanos sobre quienes la UE ha impuesto sanciones debido a las violaciones de los derechos humanos y al deterioro de la democracia en Venezuela.
Fue sancionada por EE.UU. en 2018, cuando el Tesoro de ese país impuso también este tipo de medidas contra su hermano Jorge Rodríguez, así como contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y la primera dama, Cilia Flores.
Entonces, como ahora, Delcy Rodríguez ha rechazado este tipo de medidas y ha cuestionado de forma abierta estas políticas estadounidenses.
Así pues, pasar de eso a ser el supuesto instrumento de Trump para una transición post-Maduro en Venezuela puede exigirle unas dotes de contorsionismo político de esas que solamente pueden lograrse bajo la presión de las realidades más tozudas.
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