
Mozambique vive una crisis que combina las penurias de la crisis climática con las atrocidades de una guerra civil y los riesgos de una situación socioeconómica en deterioro. En este contexto, más de 1.7 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a lo que Naciones Unidas denominó como una crisis triple, en donde se conjugan diversas crisis de seguridad, gobernanza y desastres naturales en una crisis humanitaria sumamente compleja. Lo relevante de este caso, más allá de los efectos devastadores en la población local, es que Mozambique ofrece una visión del futuro del Sur Global, pues presenta un escenario que podría convertirse próximamente en la realidad de muchos países. El futuro de muchas regiones del mundo estará marcado por el aumento de las crisis producto del cambio climático, la inestabilidad política, social y económica, así como de la violencia ocasionada por conflictos internos.
La naturaleza de la crisis que atraviesa Mozambique es compleja. En realidad, lo que vemos es un problema multidimensional en el que se superponen el conflicto armado producto de una insurgencia extremista, el colapso parcial del control estatal y el avance de economías ilícitas que erosionan la legitimidad del gobierno, a la par de tensiones sociales y una crisis política constante. Al mismo tiempo, la intensificación de fenómenos climáticos extremos ha acelerado el desplazamiento interno y ha agravado la situación económica de una población que ya sufre los efectos de la pobreza crónica y la inseguridad alimentaria. El resultado es una emergencia humanitaria sostenida donde violencia, pobreza y desastre climático se retroalimentan generando una espiral de inestabilidad.
El conflicto armado que sacude a Mozambique desde el 2017 se ha intensificado de manera alarmante en el último año, centrando gran parte de la violencia en la provincia de Cabo Delgado al norte del país, una región que ha sido escenario de una insurgencia prolongada liderada por Ansar al-Sunna, un grupo extremista ligado al Estado Islámico. Esta ola de violencia no es un fenómeno reciente ni aislado. Tan solo en la segunda mitad de 2025, el aumento de ataques armados obligó a más de 330,000 personas a huir de sus hogares, y se estima que más de 1.3 millones han sido desplazadas desde el inicio del conflicto, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Además, la crisis en la región ha dejado huellas profundas en la vida de civiles, con repetidas oleadas de desplazamientos, brotes de violencia contra civiles y la expansión del conflicto hacia provincias como Nampula y Niassa, que antes se consideraban relativamente seguras, lo que ha generado que más de 100,000 personas en Nampula hayan tenido que abandonar sus hogares.
Este desplazamiento masivo de personas ocurre en un contexto humanitario extremadamente frágil. La Organización Internacional para la Migración ha reportado que tan solo en noviembre de 2025 más de 100,000 personas fueron forzadas a huir en el norte del país, incluyendo alrededor de 70,000 niños, muchos de los cuales se enfrentan a violaciones graves de derechos humanos. Existen además reportes que señalan que estos grupos insurgentes han recurrido a la decapitación de civiles como método de terror y control social, así como al secuestro sistemático de niños para utilizarlos como mano de obra forzada o reclutarlos como niños soldados.
Lo complejo es que este conflicto no puede explicarse únicamente como un problema de extremismo, violencia pública o de inseguridad. La expansión de la violencia está estrechamente ligada a factores estructurales que han facilitado el arraigo de los grupos insurgentes, en particular porque Cabo Delgado ha sido históricamente una de las provincias más empobrecidas del país, marcada por pobreza crónica, desigualdad, corrupción, exclusión económica y una presencia estatal débil incapaz de garantizar servicios básicos de forma sostenida. En este contexto de precariedad acumulada y frustración social, la insurgencia ha encontrado un entorno propicio para reclutar, financiarse y consolidar su presencia, aprovechando un prolongado vacío de gobernanza.
Esto es especialmente evidente al analizar las fuentes de financiamiento de las células insurgentes. En gran medida, sus ingresos provienen del tráfico ilegal de recursos naturales como madera y minerales extraídos en las zonas que controlan, así como de economías criminales más amplias, incluyendo la trata de personas, el narcotráfico y el comercio ilegal de marfil y fauna en peligro de extinción. En distintos casos, estas actividades han operado con la complicidad de autoridades locales, lo que ha alimentado una dinámica que facilita la economía ilícita, profundiza la corrupción y debilita aún más la capacidad estatal en la zona.
De esta forma se genera un círculo vicioso en donde la colusión de funcionarios públicos facilita la porosidad de fronteras y costas, lo que permite la expansión de las rutas de tráfico; estas economías ilícitas refuerzan la capacidad operativa y financiera de los grupos insurgentes; y la violencia que generan erosiona aún más la legitimidad del Estado. A su vez, ese debilitamiento institucional facilita la cooptación de más funcionarios, perpetuando las mismas estructuras económicas ilegales de las que depende el financiamiento de los grupos insurgentes.
El problema va más allá de la violencia, pues el conflicto no solo desgarra el tejido social, también rompe la legitimidad gubernamental y el orden público. Las respuestas militarizadas del Estado, junto con el deterioro en el respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales, han profundizado el distanciamiento de la población y facilitado su captación por parte de los grupos insurgentes. De igual forma, la corrupción ha erosionado la capacidad de actuar del Estado al punto de que el gobierno ha perdido control efectivo sobre territorios clave, especialmente en torno al puerto de Mocímboa da Praia y la frontera con Tanzania, ambos utilizados por grupos insurgentes para el tráfico y la exportación de bienes ilícitos. Los intentos de controlar estos territorios y por frenar estas economías ilegales han fracasado no solo por la capacidad militar de los insurgentes, sino también porque, en un contexto de pobreza y desigualdad persistentes, estos mercados han sido normalizados por amplios sectores de la población civil, e incluso sucede que en muchos casos dependen de ellos para sobrevivir.
El resultado es que el Estado deja de ser la autoridad que regula la vida económica y garantiza la seguridad, y pasa a ser percibido como un actor ajeno e incluso visto como un actor hostil frente a las comunidades que dependen de economías ilegales para sobrevivir. En Mocímboa da Praia, sectores de la comunidad local incluso han intentado linchar a oficiales de aduanas tras la incautación de un cargamento de cannabis. Este episodio ilustra el colapso de la legitimidad estatal y cómo la precariedad económica contribuye a desdibujar al gobierno como autoridad reconocida. En la práctica, parte de la población protege activamente el tráfico ilícito en el puerto no necesariamente por afinidad con los insurgentes, sino porque se beneficia de la entrada y salida de drogas, marfil y madera, que se cargan y descargan sin control gubernamental.
El conflicto armado y la erosión de la legitimidad estatal, por sí solos, no explican la profundidad de la crisis en Mozambique. Lo que vuelve a esta situación especialmente relevante es que estas dinámicas se desarrollan y se agravan en paralelo con los impactos crecientes de la crisis climática, produciendo una interacción acumulada entre violencia, fragilidad institucional y eventos climáticos extremos. En los últimos años, el país ha enfrentado fenómenos catastróficos recurrentes: tan solo entre 2023 y 2024 se registraron sequías severas que diezmaron la producción agrícola y llevaron a más de 1.8 millones de personas a experimentar inseguridad alimentaria. Posteriormente, entre finales de 2024 y 2025, Mozambique fue golpeado por una serie de ciclones que destruyeron cultivos, viviendas, escuelas y centros de salud, agravando la crisis alimentaria y debilitando aún más la capacidad de respuesta humanitaria del país.
En los últimos meses, Mozambique ha vuelto a enfrentar una crisis climáticas marcada por lluvias extremas e inundaciones generalizadas. En cuestión de semanas, casi medio millón de personas fueron desplazadas tras el desbordamiento de ríos como el Limpopo, Buzi, Zambeze e Incomáti, lo que dejó vastas zonas bajo el agua, especialmente en las provincias de Gaza y Maputo en el sur, así como Sofala, Zambézia e Inhambane en el centro del país.
Desde octubre de 2025 estas precipitaciones han afectado a más de 860,000 personas en todo el país y han provocado cerca de 400,000 desplazados internos, además de miles de viviendas destruidas o seriamente dañadas. El impacto acumulado sobre la infraestructura y las condiciones de vida de la población ha sido catastrófico, el acceso a las zonas afectadas es limitado debido a los daños en la infraestructura de transporte y de igual forma se reportan mas de 181,000 hectáreas de tierras agrícolas afectadas, así como la pérdida de más de 58,000 cabezas de ganado, agravando la inseguridad alimentaria. A ello se suma la saturación de los albergues temporales, donde el hacinamiento, la escasez de agua potable y el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua incrementan de forma significativa la vulnerabilidad de la población.
En este contexto, la crisis climática termina por agravar la precariedad económica y la inseguridad alimentaria, debilitando aún más a comunidades ya vulnerables y creando un escenario idóneo en el que la insurgencia armada puede operar con mayor facilidad. La precariedad de la población facilita las condiciones en donde estos grupos pueden reclutar nuevos miembros, expandir su influencia y consolidar su presencia territorial. De esta forma la crisis climática es un factor.
Lo que vemos en Mozambique no es solo una tragedia nacional, sino un ejemplo que muestra una dinámica en donde el conflicto armado debilita al Estado, fractura el tejido social y vacía de legitimidad a las instituciones, mientras la población queda atrapada entre la violencia, la precariedad económica y la ausencia de servicios básicos. En ese vacío de autoridad, la economía formal se contrae y se expanden las economías ilícitas, creando las condiciones ideales para que actores armados operen, recluten, financien sus operaciones y consoliden su control territorial a costa de la seguridad de la población. A su vez, la crisis climática funciona como un factor más de inestabilidad, pues no solo genera el desplazamiento de miles de personas, sino que profundiza la precariedad y empuja a comunidades enteras a depender de circuitos económicos informales o ilegales que, directa o indirectamente, sostienen la insurgencia y prolongan los ciclos de violencia. Esto da como resultado una espiral de vulnerabilidad que desencadenan una crisis humanitaria en donde las capacidades estatales y sociales de respuesta se erosionan más rápido de lo que pueden reconstruirse.
Esta crisis es un presagio para todo el Sur Global que permite observar con claridad cómo las crisis del futuro (y del presente) y la inseguridad contemporánea ya no son el resultado de una sola causa, sino de la convergencia simultánea de factores como la insurgencia armada, las economías criminales, el deterioro socioeconómico, el colapso institucional, y los desastres climáticos. El resultado de estas dinamicas, que ya podemos ver en otras regiones del Sur Global como en el Sahel, son crisis humanitarias de carácter multidimensional, cada vez más complejas y difíciles de contener.

La influencia del activista estadounidense por los derechos de los afroamericanos se extendió desde las iglesias del sur profundo hasta la Casa Blanca.
Jesse Jackson, figura clave durante el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de 1960 y primer afroamericano que aspiró a la presidencia del país con un partido importante, murió este martes a los 84 años.
Jackson “falleció pacíficamente el martes por la mañana, rodeado de su familia”, señaló su entorno en un comunicado.
“Su inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos contribuyó a impulsar un movimiento global en favor de la libertad y la dignidad”, dijo la familia.
La causa de la muerte de Jesse Jackson aún no se ha confirmado, pero estuvo hospitalizado en noviembre y los médicos afirmaron que le habían diagnosticado una enfermedad degenerativa llamada parálisis supranuclear progresiva.
Protegido de Martin Luther King Jr., Jackson construyó su carrera en torno a la organización política y la mejora de las vidas de los afroamericanos, y se convirtió en una fuerza nacional durante sus dos campañas a la Casa Blanca.
Aunque otros afroamericanos aspiraron a la presidencia de Estados Unidos, Jackson fue el primero en obtener un éxito significativo en las urnas, lo que allanó el camino para quienes vinieron después, incluidos Barack Obama y Kamala Harris.
A lo largo de su carrera, Jackson creó un movimiento para unir a la población cada vez más diversa de Estados Unidos, con un mensaje centrado en los estadounidenses pobres y de clase trabajadora.
“Nadie más en el Partido Demócrata hablaba de una democracia multirracial y multiétnica”, afirmó Bernie Sanders en un acto celebrado en Chicago en agosto de 2024 en homenaje a Jackson.
“Este movimiento no solo pretendía unirnos, sino unirnos en torno a un programa progresista”, añadió el senador de Vermont.
Jackson, un brillante orador, expresó las frustraciones de aquellos que se sentían ciudadanos de segunda clase en la democracia más próspera del mundo.
Su discurso en la Convención Nacional Demócrata de 1988, que terminó con el eslogan “mantén viva la esperanza”, se repetiría décadas más tarde en “esperanza y cambio” de la exitosa campaña presidencial de Obama en 2008.
Tras su histórica trayectoria en las campañas presidenciales, Jackson pasó a posicionarse como un estadista veterano dentro del Partido Demócrata.
Sin embargo, los últimos años de Jackson estarían marcados por el escándalo, incluidas las revelaciones de infidelidad matrimonial e irregularidades financieras que involucraban a su hijo y heredero político, Jesse Jackson Jr., que ocupó el cargo de congresista por Illinois.
En 2017, al anciano Jackson le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson y se retiró en gran medida de la vida pública. Posteriormente, ese diagnóstico se cambió por el de parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad cerebral degenerativa con síntomas similares.
Jackson nació como Jesse Louis Burns el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur, hijo de Helen Burns, de 16 años. Soltera, su madre fue expulsada de su iglesia bautista local después de quedarse embarazada, fruto de una aventura con un vecino casado de 33 años, Noah Robinson.
Cuando Jackson tenía dos años, su madre se casó con Charles Jackson, quien adoptó a su nuevo hijastro. Jesse Jackson siguió en contacto con Robinson y consideraba a ambos hombres como sus padres.
Charles Jackson era un hombre religioso y su hijo se crió en la iglesia, un foco tradicional de resistencia política negra desde la época de la esclavitud en Estados Unidos.
Al crecer en Carolina del Sur, Jackson, como todos los afroamericanos, fue segregado de sus vecinos blancos. Se le obligó a asistir a escuelas separadas y solo se le permitía estar en áreas designadas en lugares públicos, como autobuses o restaurantes.
En el instituto, Jackson sacaba buenas notas, fue elegido delegado de clase y destacaba en casi todos los deportes de equipo.
Una beca de futbol americano para la Universidad de Illinois ayudó a Jackson a perseguir sus ambiciones y escapar de su entorno pobre. Pero pronto cambió de una institución predominantemente blanca a una universidad históricamente negra en Carolina del Norte.
Dijo que se fue de Illinois porque sus entrenadores blancos no le dejaban jugar como quarterback en el futbol americano, aunque esa versión es controvertida. Los registros muestran que el equipo ya tenía un quarterback negro y que Jackson estaba en periodo de prueba académica.
Como estudiante de la Universidad A&T de Carolina del Norte, Jackson se involucró gradualmente en el movimiento por los derechos civiles.
En 1960 fue arrestado junto con otros siete estudiantes tras una manifestación silenciosa en una biblioteca pública solo para blancos, lo que condujo a la desegregación de la biblioteca.
Cuatro años más tarde, Jackson se graduó y se mudó a Chicago, donde se formó para convertirse en líder religioso y llamó la atención de King, el líder de los derechos civiles más famoso del país.
A través de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, fundada por King en 1957 para promover la acción no violenta en busca de la justicia social y económica, estableció la “Operación Breadbasket“.
La operación animaba a los hombres y mujeres negros a frecuentar los negocios que les ofrecían un trato básico y oportunidades de trabajo, y a boicotear aquellos que no lo hacían.
A Jackson se le pidió primero que dirigiera la rama de Chicago de la operación y, al poco tiempo, que asumiera el liderazgo nacional.
En 1968, la vida de Jackson cambió drásticamente.
Se encontraba con su mentor en el Lorraine Motel de Memphis, Tennessee, cuando King fue asesinado. Momentos antes del disparo mortal, King se inclinó sobre la barandilla para conversar alegremente con Jackson, quien estaba de pie en el aparcamiento de abajo.
Jackson dijo a los periodistas que meció la cabeza de King mientras moría, aunque otros testigos no confirmaron esa versión.
Al día siguiente, Jackson apareció de forma controvertida en televisión con la ropa aún manchada de la sangre de King, asumiendo el liderazgo del movimiento por los derechos civiles.
“Estábamos decididos a no permitir que una sola bala acabara con el movimiento”, afirmó más tarde.
Jackson, al igual que King había hecho en los años previos a su muerte, comenzó a hablar de los problemas de Estados Unidos como algo arraigado tanto en la desigualdad de clases como en el racismo. La principal división, dijo, era entre los que tenían y los que no tenían.
“Cuando convirtamos el problema racial en una lucha de clases”, declaró al The New York Times, “entonces tendremos un nuevo juego”.
Tres años más tarde, las discusiones sobre el liderazgo llevaron a la fractura de Operación Breadbasket y a Jackson a formar Operación PUSH (People United to Serve Humanity, personas unidas para servir a la humanidad), un nuevo y amplio grupo de derechos civiles.
En los años siguientes, Jackson se convirtió en una de las figuras políticas más influyentes de Estados Unidos.
Su organización PUSH defendió la educación en los barrios marginales y los programas de acción afirmativa que permitían a las empresas contratar a trabajadores negros.
Sin embargo, siguió siendo una figura controvertida, con acusaciones de que en alguna ocasión había hecho comentarios antisemitas y que, como pastor ordenado y fruto de un embarazo no deseado, se oponía al aborto.
La cuestión sacudió la política estadounidense tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo en el caso “Roe contra Wade”. Los demócratas, que tradicionalmente se alineaban con el movimiento por los derechos civiles, apoyaban en su mayoría el mantenimiento de la legalidad del aborto.
“Los seres humanos no pueden dar o crear vida por sí mismos, es realmente un regalo de Dios”, escribió en 1977. “Por lo tanto, nadie tiene derecho a quitar lo que no tiene la capacidad de dar”.
Con una tasa de desempleo entre los jóvenes negros de alrededor del 50 %, Jackson anunció entonces su candidatura a la presidencia.
Su decisión causó dolor a algunos de sus seguidores naturales, incluida la viuda de King, Coretta, quien temía que no consiguiera la nominación del Partido Demócrata y perjudicara las posibilidades de otros candidatos progresistas.
Durante la campaña, Jackson habló de la “coalición arcoíris”, un amplio grupo de votantes de diversas razas y creencias que tradicionalmente habían estado en desventaja y que, según Jackson, se habían visto perjudicados por las políticas del entonces presidente Ronald Reagan, republicano.
“Nuestra bandera es roja, blanca y azul, pero nuestra nación es un arcoíris -rojo, amarillo, marrón, negro y blanco- y todos somos valiosos a los ojos de Dios”, afirmó en un discurso pronunciado en la Convención Nacional Demócrata de 1984, en el que pidió la unificación del partido.
Aunque Jackson finalmente perdió la nominación demócrata, su campaña se convirtió en un fenómeno político y cultural. En octubre de 1984, presentó Saturday Night Live, un popular programa semanal de comedia de la cadena de televisión.
Su candidatura presidencial también tuvo un profundo efecto en los demócratas.
Al obtener más de 3 millones de votos y quedar en tercer lugar durante las primarias, demostró que un candidato negro podía reunir el apoyo de todo el país y, posiblemente, llegar a la Casa Blanca.
Al mismo tiempo, al presentarse con un programa liberal, puso de relieve muchas de las cuestiones importantes para el ala izquierda del partido y les dio impulso, como la sanidad universal y el pago de indemnizaciones a los descendientes de esclavos.
Jackson se había declarado públicamente partidario de un Estado palestino y había calificado al primer ministro de Israel de “terrorista”.
También se había comprometido a no utilizar nunca las armas nucleares en primer lugar y a recortar el gasto en Defensa si llegaba a la presidencia, posiciones que parecían imposibles en pleno apogeo de la Guerra Fría.
Cuatro años más tarde volvió a presentarse a las elecciones presidenciales y continuó haciendo campaña con un programa liberal que incluía el aumento de los impuestos, el incremento del gasto público y la sanidad universal financiada por el Estado.
Una vez más, obtuvo unos resultados impresionantes, situándose en cabeza por delante de Michael Dukakis, el candidato finalmente elegido, pero volvió a perder, esta vez tras conseguir algo menos de 7 millones de votos y 1.023 delegados en la Convención Nacional Demócrata.
Esos delegados respaldaron las reformas del proceso de primarias del partido, que facilitaron que candidatos insurgentes como Jackson pudieran competir por la nominación presidencial del partido sin el respaldo de la cúpula demócrata.
En 1992 decidió no presentarse a una tercera candidatura presidencial y, a pesar de sus sospechas sobre las políticas centristas de la “Tercera Vía” de Bill Clinton, prestó su apoyo al exgobernador de Arkansas.
Cuando Clinton vio peligrar su presidencia tras hacerse pública su relación con Monica Lewinsky, una becaria de la Casa Blanca, pidió a Jackson que asesorara a su familia durante la crisis.
Jackson afirmó que, aunque Clinton había mentido sobre su relación, no merecía ser sometido a un juicio político por “delitos graves”. Clinton había cometido un “pequeño delito”, dijo.
En 2001, Jackson fue llamado públicamente a rendir cuentas por su propia aventura amorosa, cuando se reveló que había mantenido una relación con una integrante de su personal y había tenido un hijo.
Jackson prometió tomarse un permiso para “revitalizar mi espíritu y reconectar con mi familia”, pero la rapidez con la que regresó a la vida pública dañó su credibilidad ante algunos clérigos de todo Estados Unidos.
Mantuvo una gran visibilidad en los medios de comunicación con programas de televisión y misiones humanitarias, lo que algunos críticos calificaron de autopromoción.
En marzo de 2007, Jackson prometió su apoyo a la campaña de Barack Obama para convertirse en el primer afroamericano en la Casa Blanca.
Las relaciones entre ambos hombres fueron inicialmente tensas, después de que Jackson criticara a Obama por “hablar con condescendencia a los negros”.
Sus comentarios fueron captados por un micrófono cercano y Jackson se disculpó más tarde por sus “comentarios groseros e hirientes”.
Sin embargo, momentos antes de que Obama pronunciara su discurso de victoria en Chicago el siguiente noviembre, una cámara de televisión enfocó a Jackson entre el público con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Muchos de los espectadores sugirieron que el éxito de Jackson a la hora de impulsar la participación de los negros en anteriores campañas presidenciales había contribuido a asegurar la victoria de Obama.
Más tarde respaldó la decisión del nuevo presidente de apoyar el matrimonio homosexual, comparando la situación con la lucha anterior contra las leyes del país que prohibían los matrimonios interraciales.
Aunque siguió siendo una fuerza política, se enfrentó a dificultades en su vida personal.
En 2013, su hijo mayor, Jesse Jackson Jr., fue condenado por utilizar fondos de la campaña electoral para financiar su estilo de vida personal y fue sentenciado a 30 meses de prisión.
Cinco años más tarde, a Jackson le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson y tuvo que dimitir como líder de Rainbow/PUSH, la organización resultante de la fusión de sus dos grupos anteriores.
Aun así, tras la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano, a manos de unos agentes de policía en 2020, Jackson viajó a Mineápolis para pedir que se presentaran cargos penales contra los agentes.
Además, se pronunció abiertamente a favor de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y del aumento del salario mínimo.
En 2024, Jackson solicitó el indulto presidencial para la condena de su hijo, pero fue rechazado por el entonces presidente Joe Biden.
Ese año, el veterano activista también regresó al ámbito político que tanto amaba, haciendo una rara aparición en la convención demócrata en Chicago, donde el partido nominó oficialmente a Kamala Harris para la presidencia.
Delegados de alto perfil rindieron homenaje a un hombre que, según ellos, había hecho mucho para garantizar que una mujer negra tuviera una buena oportunidad de llegar a la Casa Blanca. Harris perdió posteriormente las elecciones de 2024 frente a Donald Trump.
“Aprendimos a sus pies”, dijo Al Sharpton, un compañero activista veterano de los derechos civiles que había trabajado con Jackson en Operación Breadbasket décadas antes.
Pramila Jayapal, congresista del estado de Washington, se dirigió a él en su discurso en la convención diciendo: “Por cada cargo electo que veremos en ese escenario, estamos aquí porque tú nos allanaste el camino”.
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