En San Felipe, Baja California, “es común que las personas tengan un filete de totoaba en sus neveras”. Esta afirmación la hicieron diversas fuentes locales consultadas en el puerto, a pesar de que este pez está en peligro de extinción.
La totoaba está en peligro; por ello, herramientas legales como la NOM 059 SEMARNAT-2010 sobre la flora y fauna identificada en riesgo, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) y la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), advierten su desaparición.
A pesar de esto, en el puerto de San Felipe la vigilancia solo ocurre cuando la marea es propicia para la pesca y esto ocurre en las conocidas “mareas vivas” cuando la Luna se encuentra en fase llena o nueva, según lo marca el Calendario de predicción de mareas del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE).
En una visita a la comunidad de San Felipe, Baja California, entre el 9 y el 13 de abril, hubo “mareas vivas” y sólo fue posible presenciar en una ocasión, por la mañana, una camioneta de la Conapesca. En cambio, fue más común ver a elementos de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional en una entrada al mar por el malecón.
En esos días, durante un recorrido en panga por el mar, pasado el mediodía, se detectó flotando en la superficie el cuerpo de un pez de totoaba ya muerto. Sin la presencia de alguna autoridad como Conapesca, Semar o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su aseguramiento precautorio; el pez continuó a la deriva con las olas.
Acercarse a la totoaba podía representar un riesgo ya que “nadie, que no sea la Profepa o la Semar puede hacer un registro o aseguramiento precautorio de esta especie”, comentaron pescadores locales.
Denuncian “moches” de la Conapesca
Fuentes locales de pescadores que fueron consultados para este reportaje señalan que, desde hace años, la administración de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (Conapesca) “está mal” por el uso de “moches”, una práctica que no es propia sólo de este sexenio.
Estos “moches” se utilizan para que la dependencia agilice los permisos de pesca. Uno de los pescadores, de quien no revelaremos su identidad por protección, explicó a Animal Político y Border Hub cómo tuvo que dar “un dinero extra” para obtener su permiso para pescar, a pesar de tener la documentación en regla. En las poco más de cuatro décadas que tiene pescando -denuncia- esta práctica es común.
“Otra de las cosas es que los inspectores son muy corruptos. Tienen grupos allegados a ellos donde se les da la oportunidad de que pesquen ilegalmente. No a todos, son grupos. Ellos se acomodan para que les den moches y se pesque ilegalmente con artes ilegales, especies ilegales”, señaló.
Según el pescador consultado, ante esa problemática, las autoridades han permitido que la cultura de la pesca “se eche a perder”. Los responsabiliza de la desprotección en la que se encuentra el sector pesquero y enfatiza: “No hay control en el mar”.
“Al pescador hay que educarlo, orientarlo, para que haga una pesca responsable y que también ellos [las autoridades] sean responsables con los pescadores porque todo pescador tiene que llevar el sustento a su familia. (…) El gobierno tiene que poner los ojos en el sector pesquero que lo tiene muy abandonado”, señaló otra fuente local en San Felipe, en entrevista para Animal Político y Border Hub.
Conapesca, resultados deficientes a la pesca ilegal
En el estudio Pesca ilegal en México: Soluciones desde la Política Pesquera de la organización Oceana México, encontró que en el país el combate a la pesca ilegal ha sido deficiente. Esto muestra que el reclamo de los pescadores también es medible a partir de los resultados de la política pública en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
Según datos presentados por la organización en su informe, se calcula que en el mundo la pesca ilegal representa aproximadamente 20% de la captura total. Mientras que, en México, este porcentaje se estima en 40% según datos de la propia autoridad pesquera, la Conapesca.
Con el fin de atender mejor la pesca, Oceana, una organización dedicada a la protección de los océanos, identifica tres áreas prioritarias para focalizar esos esfuerzos:
- Se deben atender las políticas de seguridad, dado que son realizadas por el crimen organizado.
- La pesca ilegal también se debe atender con políticas sociales que resuelvan problemáticas como la pobreza y así, combatir la pesca que realizan actores sin permiso.
- Las acciones que deben ser atendidas por la política pesquera en la que se debe incluir a pescadores.
La entrega de Bienpesca
Si bien, los pescadores consultados esperan que la vaquita marina recupere su población y no se extinga a causa de la pesca ilegal, esperan también que en el próximo sexenio el gobierno federal realmente se preocupe por el sector pesquero, no solo de San Felipe sino de todas las comunidades pesqueras que hay en México.
Los pescadores desean que los programas y apoyos al sector pesquero cambien, porque los 7 mil 500 pesos anuales que el gobierno les ha venido entregando durante la administración de López Obrador no son suficientes para mantener a sus familias.
En enero pasado, el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Octavio Almada Palafox, anunció en la conferencia mañanera que, a partir del 21 de febrero, iniciaría la entrega de los recursos del Apoyo BIENPESCA 2024.
Alameda Palafox dijo que este año se contó con un presupuesto de más de mil 500 millones de pesos para más de 190 mil beneficiarias y beneficiarios en todo el país del Programa de Apoyo para Pescadores y Acuicultores.
Según el sitio oficial de los programas para el Bienestar, el apoyo Bienpesca es uno de los componentes del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura y pertenece a los “Programas para el Bienestar del Gobierno de la Cuarta Transformación”, según señalan en la página oficial.
El objetivo es impulsar la producción de pequeños pescadores y acuicultores para mejorar sus condiciones de bienestar y ayudar a su autosuficiencia alimentaria. El recurso que se les entregó es de 7 mil 500 pesos por solicitante y se entrega de manera directa, única y de forma anual a través del Banco del Bienestar.
¿Para qué alcanzan 7 mil 500 pesos anuales de Bienpesca?
Consultamos con pescadores de la comunidad pesquera de San Felipe para qué les alcanza el dinero que se otorga de este apoyo de forma única y anual. Y, sin pensarlo demasiado, respondieron que este recurso no alcanza para mantener a una familia con hijos pequeños.
“Para un pescador tiene que ser, mínimo, los alimentos en casa. Si tienes chamacos en la escuela darles para que compren algo, para que no anden ‘con la boca abierta’. En los alimentos de tu casa y los que te tienes que llevar al mar. Además de la gasolina de la embarcación donde, mínimo, gastas 3 mil pesos en una salida para un día. Ahorita, que todo está muy caro, un lonchecito, mínimo, gastas 300 pesos. Aparte, tienes que gastar para tu familia donde tienes a tu mujer y dos niños, mínimo son 500 pesos, y se me hace poco, porque todavía falta la comida y la cena”, explicó uno de los entrevistados.
Tan sólo para una salida al mar y conocer la actividad pesquera en el Alto Golfo de California saliendo del muelle de San Felipe, una embarcación menor o panga con siete tripulantes requirió de la compra de gasolina por mil 500 pesos, más la compra de bebidas como suero para evitar un golpe de calor, con un costo de 250 pesos para las cuatro horas mínimas que se estuvo dentro del mar, sin contemplar almuerzo para los tripulantes.
En una sola salida, un pescador puede gastar desde mil 750 pesos hasta tres mil 300 pesos si se contempla una jornada completa en el mar.
Sobre la canasta básica, otro pescador señaló que el gasto por la compra de alimentos para su familia en la semana también asciende a 900 pesos, aproximadamente. Por ello, el apoyo único anual de Bienpesca por 7 mil 500 pesos a los pescadores no es suficiente.
Saúl, un expescador en San Felipe, que ahora se dedica a la limpieza de redes de pesca fantasma abandonadas para su reciclaje con la organización Pesca ABC, señala que los programas de apoyo a la pesca en este sexenio fallaron porque al pescador no se le hizo caso ni fueron tomados en cuenta.
“Son siete mil 500 pesos [anuales] y cuando el pescador salía ganaba sus 10 mil a 15 mil pesos al día, cuando bien le iba. Había veces que nomás sacaba para el puro lonche que eran 500 o mil pesos. A un pescador por mal que le iba eran sus mil a dos mil pesos que se aventaba a la bolsa, diarios”, explicó.
Preguntamos a Saúl para qué le alcanza a un pescador los 7 mil 500 pesos al año y su respuesta fue “para nada. “¿O para qué le alcanza a usted?”, replicó.
“Con Peña Nieto había incentivos y daba 4 mil [pesos] a los pescadores y 8 mil, se me hace, a los capitanes y esos sí eran al mes. Ese sí podías decir un poquito más pero nada que ver con las mareas que un pescador llegaba a agarrar. Ahorita, no hay apoyos y los pescadores se metieron a nadar para buscarle”, añadió.
¿Cómo es ser legales en el mar?
Cuentan los pescadores consultados que, antes, en el muelle de San Felipe no se necesitaba de un permiso; bastaba con tener una panga y redes para ir a pescar.
Cuando el gobierno mete más presión para la pesca ya se necesitaba de un permiso y estar registrado. El problema comienza, describen, cuando en la comunidad no se tenía la manera de cómo arreglar papeles que el gobierno pedía para salir a pescar y debían viajar a la ciudad de Ensenada.
“Muchos batallamos para hacernos de un permiso. No se nos hace justo. Ahora llegan, hablando de los ilegales que tienen su panga y su red y se van a pescar y no les dicen nada. De ahí surge la ilegalidad. [Mientras que] los que estamos regulados y tenemos un permiso a veces, es a los que se nos molesta más porque nos ponen trabas a la salida en el muelle”, señala una de las fuentes locales.
De acuerdo con pescadores consultados, las personas que pescan de manera ilegal no salen por el muelle de San Felipe, sitio donde es fácil observar veintenas de camionetas que tiran de las pangas para salir a pescar. Si no que, quienes pescan sin permisos ingresan al mar por el malecón de la comunidad.
“Porque ahí, cuando no está la autoridad es a la hora en que pueden pasar. Pero en el muelle, vas tú con tu equipo y la fregada, pasas y te paran. Te piden permiso, te piden esto y te piden el otro. Te piden cuanta cosa porque ellos tienen la libertad para hacerlo. Sin embargo, pasa un ilegal y no le piden nada”, describió el pescador.
Por su parte, otro de los pescadores señaló en entrevista que por parte de las autoridades de la Conapesca “molestan más al legal que al ilegal porque el legal no da ‘moche’ y el ilegal sí da ‘moche’. Ese es el problema que hay. Cuando hay marea y pueden pescar totoaba no se ponen ahí [las autoridades]. No hay vigilancia y cuando se acaba la marea que ya no hay totoaba, ahí están molestando a los legales. Incluso hay mucho pleito con ellos, se lo han dicho en sus caras ‘que no sean tan corruptos’ porque si van a estar, que estén permanentemente ahí para todos”, denunció.
Para los pescadores consultados no es casualidad que cuando hay marea de totoaba las autoridades correspondientes no están para vigilar. En cambio, cuando pasa la marea sí están muy presentes.
¿Qué indicio hay de que hay arreglo entre los totoaberos?, se preguntó una de las personas consultadas, y añadió que este problema todo el mundo lo sabe: hay ilegalidad y hay corrupción entre ellos.
Esta situación ha sido el motivo por el que los pescadores legales o con permisos están enojados. La ilegalidad y falta de vigilancia en la marea de totoaba han propiciado que algunos pescadores legales, aún con permisos para pescar, tengan una panga entre los ilegales al presenciar como desde las autoridades competentes, como Conapesca, permiten la corrupción. “Se ha incrementado la ilegalidad que hay en San Felipe”, añaden.
“Por eso incrementó tanto la ilegalidad porque la autoridad lo permitió. La autoridad dio luz verde para que la ilegalidad aumentara en el puerto, ellos son los responsables de la ilegalidad(…) Chingaban al que no se mochaba”, añadió otro de los pescadores.
Durante la conferencia de prensa sobre el anuncio del Crucero de Observación de vaquita marina 2024 el comisionado titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Humberto Adán Peña Fuentes junto con el capitán Juan Luis Miraflores Ruiz de la Secretaría de Marina señalaron que la presencia de redes ilegales disminuyó en un 90%.
Peña Fuentes comentó que las acciones para conservar la especie han logrado que la presencia de redes ilegales haya disminuido significativamente en la Zona de Tolerancia Cero de la vaquita marina en el Alto Golfo de California.
Cifras compartidas por la organización internacional Sea Shepherd sobre la iniciativa Operación milagro. Protegiendo a la vaquita y la totoaba 2024 señalan que desde hace un año se redujo en un 90% la actividad de pesca ilegal en en la Zona de Tolerancia Cero del Refugio de la Vaquita en los 75 días desde que el nuevo barco M/V Seahorse fue introducido en la campaña para proteger a la Vaquita.
El anuncio se hizo, exactamente, hace un año, el 20 de abril de 2023. Para el año 2022, Sea Shepherd produjo una reducción del 79% en las horas de pesca ilegal, según datos de su informe. Para la organización, evitar la extinción de la vaquita marina es su principal prioridad, motivo por el cual la campaña fue denominada “Operación Milagro”.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists.
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Los tribunales de Chile empiezan a ver los casos contra miembros de la megabanda venezolana, que en los últimos años convirtió al país del sur en una gran base de operaciones.
“Hay homicidios de una gravedad que no habíamos visto antes en la historia del país. Me refiero a desmembramientos, torturas y enterrar a las personas vivas”.
Así describió el fiscal Mario Carrera a Tele13 Radio los delitos por los que se persigue a Los Gallegos, la banda que desde esta semana protagoniza lo que se ha considerado el juicio más importante de la historia del crimen organizado en Chile.
Los 38 acusados –34 venezolanos y cuatro chilenos– enfrentan cargos de homicidio calificado, secuestro, porte de armas y tráfico de drogas, y son considerados una célula del Tren de Aragua, la megabanda venezolana que en los últimos años convirtió a Chile en un gran centro de operaciones, el mayor después de su país de origen, según funcionarios policiales chilenos.
El Tren es, de hecho, el “primer grupo criminal trasnacional” con el que se ha enfrentado la Justicia chilena y una de las causas de la violencia en un país que en los últimos años ha visto crecer el número de homicidios.
La Fiscalía incluso atribuye al grupo la muerte del exmilitar disidente de Venezuela Ronald Ojeda, y la propia existencia del Tren de Aragua ha sido motivo de disputa diplomática con el gobierno de Caracas, que llegó a negar la existencia de la megabanda, algo que Chile, uno de los países que más sufre la violencia del grupo, consideró un “insulto”.
Pero ¿cómo se estableció, cuál ha sido y es su presencia en el país y cómo empezó la justicia chilena a encarar una criminalidad a la que nunca antes se había afrontado?
Para entenderlo, hay que remontarse primero a otro caso judicial.
La muerte de Mariana
Mariana (nombre ficticio) se desplomó poco después de cruzar la frontera entre Pisiga, en Bolivia, y Colchane, en el norte de Chile, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.
Había caminando alrededor de 40 minutos, soportando bajas temperaturas, en medio de fuertes vientos y lluvia, por un terreno desértico y con vestimenta no adecuada. Viajaba junto a su hijo de 5 años, su madre, un hermano menor de edad y otros 50 extranjeros.
Cuando los carabineros intentaron auxiliarla, la migrante venezolana de 32 años ya estaba muerta.
Su caso fue reportado, sin más detalles, como uno de los cinco fallecimientos de migrantes ocurridos en el primer trimestre de 2021, cuando intentaban cruzar por pasos irregulares hacia Chile.
Pero detrás de su muerte hay algo más que el desgaste físico de una joven madre. Mariana y su familia son parte de los 11 casos de víctimas del Tren de Aragua que figuran en la acusación presentada en marzo de 2022 contra 12 miembros de la organización criminal por Raúl Arancibia Cerda, quien entonces era fiscal regional de Tarapacá, en el norte de Chile.
“Se trata de la primera organización (el Tren de Aragua) que cumple con todas las características del crimen organizado trasnacional (…) en ser formalizada en el país (Chile)”, dice el documento de acusación al que tuvo acceso BBC Mundo.
El exfiscal regional Arancibia aseguró que, al menos hasta el momento en que formalizó el escrito, en 2022, “Chile estaba ajeno a este tipo de criminalidad”.
Pero ¿cómo un grupo criminal tan joven –con menos de 10 años de existencia–, comandado desde el interior de una prisión en un país a más de 4.700 kilómetros de distancia, logró establecerse con tanta fuerza y facilidad en el territorio chileno?
Las causas de su expansión
La migración aparece como un primer factor.
Hoy hay más de medio millón de venezolanos registrados en Chile, aunque la cifra podría ser el doble, debido a la gran cantidad de personas que han entrado por pasos informales.
La familia de Mariana figura entre miles de víctimas del tráfico de migrantes, y su historia combina algunas de las variables que explican cómo el Tren de Aragua se instaló en Chile y convirtió este país en su “segundo hogar”, según confirmó a BBC Mundo un funcionario de la Policía de Investigación de Chile (PDI) que investigó al grupo entre 2021 y 2023 y que prefirió no dar su nombre.
A comienzos de 2021, cuando todavía el impacto de la pandemia por covid-19 mantenía cerradas varias fronteras y la situación de los venezolanos se agravaba en sus países de acogida, Edgar, un hermano de Mariana que vivía en Chile, contrató los servicios de una supuesta agencia de viajes para trasladar a cuatro miembros de su familia desde Colombia hasta Iquique, en la frontera norte del país sureño, según se relata en la acusación formalizada por el fiscal Arancibia.
Edgar accedió a pagar US$2.400 para que sus parientes se reunieran con él. Pagó US$600 dólares por cada uno: Josefina, su mamá; Juan Carlos, su hermano menor de edad; Mariana, su hermana de 32 años; y José, su sobrino de 5 años, hijo de Mariana. (Todos los nombres son ficticios; en la acusación se les identifica sólo con siglas)
El grupo familiar emprendió el trayecto a comienzos de marzo de 2021.
Pero cuando llegaron a Tumbes, en Perú, los hombres que los trasladaban les exigieron US$80 más por persona para continuar el viaje hasta Lima, y US$250 por cabeza para llegar a Colchane, en Chile. Así que Edgar transfirió otros US$1.360.
En ese punto ya se había percatado de que no había tal agencia de viajes. Estaban en manos de coyotes del Tren de Aragua, una organización que desde Venezuela ya se ha expandido al menos a seis países de América Latina.
La noche del 22 de marzo de 2021, luego de permanecer ocultos un par de días en el hotel España, en Pisiga, Bolivia, los familiares de Edgar iniciaron la travesía para cruzar la frontera y llegar a Chile.
A la cabeza de la “expedición” estaban tres hombres que, según la acusación, se identificaban por sus apodos: “Estrella” (Carlos González Vaca), quien ha sido señalado de ser uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile; “Zeus” (Zeus Velásquez Aquino) y “Águila” (Juan José Trejo Varguilla). Todos de nacionalidad venezolana y miembros de la megabanda, según arrojó la investigación realizada por autoridades chilenas.
Ellos eran los que daban las instrucciones y expusieron a los migrantes “a condiciones extremas”, poniendo en riesgo la “integridad física y la vida” de todos, se lee en el documento elaborado por la fiscalía de la región de Tarapacá.
Poco después de cruzar la frontera, Mariana comenzó a sentirse mal y su madre le pidió ayuda a alias Águila, quien golpeó a la joven por sentirse mal. Como consecuencia se desvaneció y acabó muriendo en suelo chileno.
“Al menos desde el año 2021 en la región de Tarapacá ha operado esta organización criminal trasnacional, vinculada con la Mega Banda Venezolana, el Tren de Aragua, cuya célula (…) se ha asentado en diversas ciudades de la región (…) como también se ha extendido hasta otras partes del país (…)”, concluye la acusación.
Los tres coyotes, entre otros, fueron detenidos en marzo de 2022.
El caso está actualmente en proceso de preparación para el inicio del juicio. Hay 12 acusados, incluido Carlos González Vaca, alias “Estrella”.
Considerado el líder de la primera célula del Tren identificada y desarticulada en Chile, la Fiscalía pide para él dos penas de presidio perpetuo calificado, una pena de reclusión perpetua y 125 años de prisión por delitos como secuestro con homicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas y tráfico de migrantes, entre otros.
El estallido, la pandemia y la economía
“Creemos que la llegada del Tren de Aragua tiene que ver con el aprovechamiento de esta migración que hubo desde Venezuela a Chile”, le explicó a BBC Mundo Mauro Mercado Andaur, jefe nacional contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigación (PDI) de Chile.
“La persona que emigra a través de distintas fronteras muchas veces tiene pocos recursos económicos y la necesidad rápida de llegar a su país de destino. El grupo criminal aprovecha la necesidad de los migrantes para hacer sus negocios ilícitos, los seduce y hasta les asignan tareas menores”, agregó.
Pero hay otros elementos que explican que Chile fuera el terreno escogido por la banda para instalarse.
Por un lado, coincide con el estallido social de 2019, “momento en el que teníamos otros focos de interés que estábamos abordando”, reconoció Mercado Andaur, apuntando a la pandemia por coronavirus.
Y es que la emergencia sanitaria forzó un cambio en la dinámica y la operatividad de los cuerpos de seguridad —precisa el policía—, que debieron ocuparse de problemas vinculados con la enfermedad al tiempo que desatendían tareas propias de sus funciones.
Asimismo, Chile fue uno de los primeros países de la región en tener vacunas disponibles y eso atrajo a muchas personas que buscaban servicios de salud de calidad.
“Tuvimos que buscarlo en Google”
Arancibia, el exfiscal de Tarapacá, relató que la primera vez que escuchó hablar del Tren de Aragua fue en diciembre de 2020, cuando dos mujeres peruanas fueron detenidas mientras intentaban ingresar a Chile ketamina, una droga alucinógena.
“Ellas explicaron que habían sido obligadas a transportar la droga por gente del Tren de Aragua. Hasta ese momento no sabíamos nada de una megabanda venezolana, ni de una prisión de Tocorón (en Venezuela). Tuvimos que buscarlo en Google”, contó Arancibia.
Aunque al final comprobaron que las mujeres mentían y que no habían sido forzadas por ningún grupo criminal, el hecho abrió camino a la primera investigación sobre el Tren de Aragua en Chile. “Nos dieron a conocer lo que estaba pasando”.
Para entonces, las autoridades chilenas ya habían notado cambios en las dinámicas criminales en las regiones fronterizas del norte y la aparición de nuevos delitos sin tener claras las causas: más explotación sexual de extranjeras; tráfico de sustancias poco convencionales, extorsiones; más homicidios y tráfico de migrantes.
Aunque en esa frontera de Chile con Bolivia históricamente había habido actividad del crimen organizado, no había grupos, ni locales ni extranjeros, que ejercieran un control de las acciones ilícitas y se impusieran con violencia como lo hacía el Tren de Aragua.
“Encontraron la facilidad para apoderarse de territorios. Tomaron zonas casi despobladas para establecer sus negocios. También comenzaron a ofrecer servicios, como pasar migrantes de una frontera a otra, brindar seguridad a comercios o falsificar los documentos de identidad que las autoridades chilenas entregan a los migrantes”, detalló Mercado Andaur.
Todo esto fue más fácil en Chile, entre otras cosas, por la ausencia de otros grupos de delincuencia organizada o competidores criminales.
“Históricamente nuestro grupos criminales han tendido a evolucionar hacia el lavado de activos, pero no hacia el control de un territorio por la fuerza. Tampoco tenían un gran poder de fuego. Por eso fueron sometidos fácilmente por los grupos extranjeros, como el Tren de Aragua, y terminaron cediendo los espacios y sometiéndose a ellos”, apuntó Mercado Andaur, que admitió la presencia de organizaciones colombianas y de otros países.
Exportación de crímenes
La capacidad de adaptación y el amplio portafolio criminal de la megabanda -se le atribuyen unos 20 delitos- también le permitió establecerse en Chile con actividades criminales que no eran practicadas por otros grupos, como la explotación sexual.
“Aquí la prostitución es legal, pero no había la figura del proxeneta. Ellos la trajeron y ahora controlan este delito en el país”, dijo el funcionario de la PDI.
Y a estos factores se suma que Chile tiene una de las economías más sólidas de América Latina, por lo que “la estabilidad económica del país y la cantidad de dinero circulante eran muy atractivos”, subraya Mercado Andaur.
Por eso Larry Amauri Álvarez Nuñez, alias “Larry Changa”, uno de los jefes y creadores del Tren de Aragua, escogió Chile para establecerse junto a su familia, según revelaron funcionarios de la PDI, Interpol y de la inteligencia colombiana.
Llegó en un vuelo comercial desde Caracas en 2018, regentaba un local de comida en el Jockey Club, a cuatro cuadras del Palacio de La Moneda, y además tenía varios establecimientos comerciales. Se instaló en Santiago y logró montar una operación de tráfico de drogas y lavado de dinero para la organización.
En 2022, cuando ocurrieron las primeras detenciones de sus compañeros, huyó y hoy se desconoce su paradero.
En la jerarquía de la organización tiene casi el mismo rango que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, jefe máximo del Tren, uno de los hombres más buscados de América Latina.
“Ahora hay 70 personas de la organización en prisión”, aseguró Mercado Andaur, quien añadió que “el grupo comenzó a fragmentarse después de la detención del líder (alías “Estrella”) y producto de la acción policial”.
“No negamos que siguen operando, pero al quedar tan expuestos han perdido sus redes de protección. Tienen una operación pequeña. Sin embargo, seguimos con la alerta alta para evitar que se articulen las células” del Tren de Aragua, el primer gran grupo trasnacional del crimen organizado en Chile.
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