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Instigador de una narrativa poblada predominantemente por mundos complejos, la figura de Paul Auster se eleva por encima de la de otros escritores de su escena y su región gracias, entre mil detalles que a lo largo de los años sus lectores aprendieron a disfrutar, a su inmensa capacidad para capturar la esencia del mundo en sus escritos. Una esencia que lo mismo dio para reflexionar sobre el papel de un hombre en el mundo luego de la muerte del padre, que para aventurarse en la ciertamente literaria posibilidad de volar siendo un humano promedio. ¿Qué sería de las letras estadunidenses si no contaran entre sus joyas con historias como las que dan sustento a &#8220;La invención de la soledad&#8221; y &#8220;Mr. Vértigo&#8220;?
Profundo conocedor de la realidad estadunidense, Auster fue miembro del grupo de escritores que de manera más obsesiva han señalado a Donald Trump como un peligro no solo para la estructura de su país sino para el mundo entero. Atisbos de su noción de estado y la simpatía que sentía por la democracia aparecen salpiconeados a lo largo de una zona nodal de su obra, pero particularmente son una de las muchas capas que conforman la celebérrima &#8220;Trilogía de Nueva York&#8221; y particularmente uno de sus libros más encantadores: &#8220;Creía que mi padre era Dios. Relatos verídicos de la vida americana&#8220;. Auster fue un escritor dedicado a escarbar los recovecos del alma humana y al mismo tiempo un hábil retratista de la sociedad estadounidense, un autor que sabía copar de una extraña belleza los pasajes más profusamente humanos de sus historias.
Sabedor de que moriría pronto —fue muy poco tiempo después de terminada la pandemia que los doctores le hicieron saber que padecía un agresivo cáncer pulmonar—, Auster dedicó los últimos años de su vida a escribir &#8220;Baumgartner&#8220;, cuaderno de reflexiones en el que un viudo enfrenta la soledad equipado con una serie de claves que tratarán de desentrañar el sentido mismo de la vida, dotando con una ligera capa de absurdo existencial el texto que marcaría la despedida de uno de los autores más grandes de nuestro tiempo.
Se fue Paul Auster y con él se extingue la pluma de un escritor notable, pero ahí queda su obra, instantánea de un momento en la historia estadunidense destinada a ocupar un sitio preponderante entre las voces que han tratado de descifrar el extraño significado de la vida y la absurda construcción del mundo al que llamamos hogar. Paul Auster es ahora inmortal.
<a href="https://twitter.com/elimonpartido" target="_blank" rel="noopener">@elimonpartido</a>

Un cielo para Paul Auster

<a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENTI/ENTI_23.pdf" target="_blank" rel="noopener">De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI)</a> del INEGI, 3.7 millones de menores trabajan en condiciones no permitidas. El <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf" target="_blank" rel="noopener">artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo</a> dice que estas condiciones implican trabajos en los que se vendan bebidas embriagantes de consumo inmediato, es decir, bares, cantinas y, como se define en el mismo artículo, centros de vicio. Se incluyen trabajos que por las condiciones físicas, químicas o biológicas (y debido a los materiales que se utilizan) pongan en riesgo las vidas infantiles.
A propósito de la conmemoración a las niñeces el pasado 30 de abril, y mientras buscaba un regalo para mi hijo, me encontré con un grupo de niños: uno de ellos me ofreció un mazapán por seis pesos o dos por diez, otro boleaba zapatos y una pequeña más cuidaba a la menor del grupo. Este encuentro me hizo reflexionar sobre los privilegios y la falta de igualdad de condiciones que existen en nuestro día a día. Entonces ¿qué entendemos por trabajo infantil? ¿Hablar de trabajo infantil es igual a abuso infantil? Un tema controversial sobre todo desde la defensa de los derechos humanos.
En la cultura metropolitana la respuesta sería rotundamente sí. Sin embargo, abriendo un poco el panorama y situándonos en realidades ajenas a nosotros, lo que solemos llamar “trabajo infantil” podría ser parte de las formas de vida fuera de las urbes.  Por ejemplo, en comunidades principalmente agrícolas y campesinas, su modus vivendi está regido por los ciclos de cultivo, es decir, que tanto adultos como jóvenes y niños basan sus actividades de acuerdo a estos ciclos. En tiempos de siembra y cosecha toda la comunidad es partícipe (incluyendo a las niñeces). En este contexto, lo que llamaríamos despectivamente como “trabajo infantil” resulta ser una actividad primero familiar y luego de toda una comunidad. Durante estos periodos es común que las actividades escolares se detengan para que las y los niños ayuden a sus familias en dichas actividades.
Las actividades no escolares como trabajar el campo o cuidar de sus familias hace parte de la forma de vida de muchas niñeces, lo que significa problematizar el tema. Es fácil ponerse en el papel de juez y apuntar con el dedo a los padres, pensar en por qué ese niño o niña no va a la escuela o por qué están en un semáforo haciendo malabares para ganarse una moneda. ¡Qué irresponsabilidad! Por tenerlos en esas condiciones, “pobrecitos” niños todos sucios y desnutridos.
Con frecuencia hacemos este tipo de aseveraciones sin pensar en los contextos particulares que cada una de las familias mexicanas viven. Muchas veces son personas que han sido desplazadas de sus comunidades por crimen organizado, que han sido obligadas a vender sus parcelas por megaobras que “beneficiarán” a todo un país, personas que han salido de sus hogares en busca de mejores condiciones porque hay que “echarle ganas” o personas que se encuentran con limitantes como el idioma para poder desarrollarse en un trabajo “digno” y dar una buena vida a sus familias.
¿Será solo responsabilidad de esos “malos padres” que sus hijos menores tengan que trabajar para ayudar a los gastos diarios? ¿O es una responsabilidad compartida entre padres de familia, sociedad y gobierno?
Los derechos de las niñeces son importantes y debemos velar por ellos. Las organizaciones de derechos humanos deben poner sus ojos sobre estos temas, pero de una manera no generalizada. Es decir, no podemos ver el trabajo infantil desde una sola perspectiva, aquella que juzga sin abrirse a los diferentes contextos que existen en un país como México, con diversos matices que dependen de los usos y costumbres de cada territorio.
Mi encuentro con David (el pequeño que vendía los mazapanes), me invitó a comprender lo aquí dicho, pues me contó que no lo obligan a trabajar, que sí estudia y va en sexto de primaria. Además, en un tono nervioso, dijo que no llevaba muy buenas notas en historia y español, pero en matemáticas sí. Es el mayor de cuatro hermanos y ayuda a sus padres a conseguir un poco más de dinero. Los padres de David bien podrían ser juzgados y estigmatizados por la sociedad. No obstante, durante mi charla con él, supe que su papá hace trabajos de albañilería y plomería, que su mamá (quien los cuida) realiza artesanías con mimbre, lo que deja claro que todos dentro de la familia buscan un bien común. Por último, he de decir que su sentido de responsabilidad me sorprendió tras escuchar que  él y su otro hermano son los que deben cuidar a sus hermanas, y trabajan para que ellas también puedan ir a la escuela.
El artículo 175 de la Ley del Trabajo define qué tipo de trabajos son prohibidos para las infancias. A pesar de ello, existe un añadido: el Artículo <a href="https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-quinto-bis/#articulo-175-bis" target="_blank" rel="noopener">175 Bis,</a> en el que se especifican las condiciones en las que un niño menor de 15 años sí puede ser exigido; por ejemplo, en creación artística, el desarrollo científico, ámbito deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística. Entonces, es claro que sí hay una perspectiva sesgada que bajo ciertos términos permite la contratación de menores, pero no en todas las realidades que viven las niñeces en nuestro país.
Es importante que nuestras leyes garanticen los derechos de nuestras niñas y niños, velando por mantener su integridad moral, mental y física. Lo anterior no es una postura en defensa del trabajo infantil, sino es una reflexión de los retos a seguir trabajando en conjunto como sociedad, organizaciones civiles y gobiernos para mejorar la condición de las familias. Evitar el abuso laboral en niñeces y adolescencias desde una perspectiva interseccional que nos permita mirar los contextos particulares de cada niño y niña, no solo de México sino en el mundo. De esta manera podremos entender que las infancias tienen el mismo derecho a decidir que cualquier adulto, que tiene voz y voto, pero sobre todo que merecen y pueden ser felices a su manera y como mejor lo necesiten.
* Moisés Abraham Hernández Lemus es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (<a href="https://twitter.com/CDHVitoria" target="_blank" rel="noopener">@CDHVitoria</a>).

¿Trabajo infantil? Reflexiones más allá del estigma

Cuando pensamos en la escuela, normalmente la identificamos como un espacio en el que niñas, niños y adolescentes están seguros, en el que van a aprender conocimientos y habilidades, a socializar con sus amigas, amigos y sobre todo, a ejercer su derecho a aprender. Sin embargo, para algunas y algunos, este ideal no se cumple, ya que el 28 % de los 11.7 millones de estudiantes de 12 a 17 años que asistieron a la escuela en 2022 expresó haber sido víctimas de acoso escolar, elevando a 3.3 millones de adolescentes la cantidad de víctimas de bulliyng en el país (REDIM, 2023). De acuerdo con esta estadística, 28.5 % son hombres y 30.2 % son mujeres.
El acoso escolar es un problema que dificulta que las niñas, niños y adolescentes estén, aprendan y participen en la escuela, ya que puede ser la causa de que la abandonen, de que presenten dificultades en su aprendizaje, o bien, de que puedan expresarse. Esto cobra mayor relevancia si tomamos en cuenta que 232 personas de entre 1 y 17 años fueron atendidas en hospitales del país por violencia sexual en escuelas, de las cuales el 78 % de las víctimas eran mujeres y 22 % hombres (REDIM, 2023), cifra que aumentó en 364 % entre 2021 y 2022.
Un elemento que ha impedido disminuir o erradicar el acoso escolar es que generalmente se considera que su única manifestación es la violencia física, pero no se toman en cuenta las microviolencias que se presentan en las relaciones entre las y los estudiantes, o bien se normalizan comportamientos que afectan de manera directa el bienestar de las niñas, niños y mujeres adolescentes.
Respecto a este punto, en la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2022/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022</a> se señala que 18.2 % de las niñas de 9 a 11 años y 20.5 % de los niños declaró haber sido discriminado por parte de algún compañero o compañera de la escuela en los últimos 12 meses. 40.5 % de las víctimas mujeres y 46.6 % de hombres declaró que ocurrió por su peso o estatura, mientras que 36.8 % y 27.8 % respectivamente refirió que la discriminación fue por su forma de vestir (ENADIS, 2022). Cabe aclarar que el término discriminación se refiere al rechazo social basado en estereotipos, prejuicios, estigmas y valores culturales de acuerdo con lo que una sociedad o grupo social considera características aceptables (Leite, 2019), por lo que el acoso escolar también se materializa (o inicia) en acciones en las que se discrimina a las mujeres y hombres.
En esta misma encuesta se presentan datos que muestran cómo el acoso escolar no sólo incluye la violencia física, sino también otras expresiones como burlas, apodos, sustracción de cosas personales o la publicación de fotos y videos sin el consentimiento de los involucrados. Por ejemplo, en los últimos 12 meses 17.2 % de niñas y niños de 9 a 11 años dijo que algún compañero o compañera de la escuela se burló de ella o de él, o le pusieron apodos que no le gustaban u ofendían (ENADIS, 2022). Esta cifra aumenta considerablemente en la secundaria y la educación media superior, ya que al 55.9 % de las y los adolescentes de 12 y 17 años les han hecho burlas o puesto apodos que los ofenden (REDIM, 2023).
De igual forma, 11.4 % de las niñas y niños que se encontraban en la primaria, manifestó que le rechazaron o le pusieron en su contra a compañeros o compañeras, mientras que para aquellos que se encontraban en secundaria o media superior el porcentaje fue de 58 % (REDIM, 2023). Las manifestaciones físicas del acoso escolar también tienen un incremento de un nivel educativo a otro, ya que el 9.1 % de las niñas y niños de 9 a 11 años manifestó que le habían pegado, empujado o amenazado, mientras que para aquellos que tenían entre 12 y 17 años el porcentaje fue de 29.1 % (REDIM, 2023).
El acoso escolar también incluye que se obligue a una niña, niño o adolescente a hacer algo que no quería; según la ENADIS (2022), 4 de cada 100 niñas que cursaban la primaria se encontraban en esta situación, mientras que en la secundaria y media superior la proporción fue de 15 por cada 100 adolescentes.
Después de conocer estos datos, la pregunta es ¿qué se debe hacer para que 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años dejen de ser víctimas del acoso escolar? Una posible respuesta es trabajar en la erradicación de este tema desde la primera infancia. De acuerdo con UNICEF (2021), el buen desempeño de la maternidad y la paternidad, el desarrollo de vínculos afectivos entre padres e hijos y una disciplina no violenta son algunos de los factores que suelen favorecer la protección de los niños y niñas contra la violencia, tanto en el hogar como en otros entornos. Es fundamental mostrarles que las relaciones a través de la violencia o en las que no se respete al otro ni sus deseos ocasionan interacciones conflictivas.
Es imperante dejar de normalizar las microviolencias y frenarlas desde su primera manifestación. Quien gane las elecciones federales deberá aterrizar acciones para frenar la violencia dentro de las escuelas y también en sus inmediaciones; no podemos seguir normalizando ningún tipo de violencia o acoso que afecta a las y los estudiantes. Necesitamos datos oficiales que muestren la realidad en la que viven las y los estudiantes y debemos asumir que es un problema social que requiere la corresponsabilidad de diversos sectores para frenarlo y erradicarlo. En Mexicanos Primero hemos insistido en la importancia de garantizar lo básico en las escuelas para que las niñas, niños adolescentes puedan ejercer su derecho a aprender; estudiar en un ambiente libre de violencia es uno de ellos.
* Katia Carranza es investigadora en Mexicanos Primero (<a href="https://twitter.com/Mexicanos1o" target="_blank" rel="noopener">@Mexicanos1o</a>).

Mañana puede ser muy tarde

A casi dos años de los trágicos asesinatos de los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en Cerocahui, en <a href="https://cerocahui.jesuitasmexico.org/" target="_blank" rel="noopener">Cerocahui</a>, Chihuahua, en medio de una escalofriante cifra de más de 100 mil personas desaparecidas en el país y de tantas afectaciones graves a mujeres y hombres defensores de derechos humanos, es que las instituciones pertenecientes al <a href="https://sistemauniversitariojesuita.org.mx/campos-estrategicos/reconcilab/" target="_blank" rel="noopener">Sistema Universitario Jesuita -SUJ</a>, a través de RECONCILAB, presentamos las Alternativas hacia la paz con reconciliación.
El Laboratorio para la Paz y la Reconciliación, RECONCILAB, es un espacio de convergencia transdisciplinaria donde se promueve la investigación, la educación y la acción para la construcción de escenarios pacíficos y dignos para todas las personas desde la incidencia ignaciana.
La propuesta “<a href="https://sistemauniversitariojesuita.org.mx/campos-estrategicos/reconcilab/wp-content/uploads/2024/04/agenda-balance.pdf" target="_blank" rel="noopener">Alternativas hacia la paz con reconciliación: propuestas desde el Sistema Universitario Jesuita</a>” consiste en un balance con elementos esenciales orientados a la prevención de la violencia y el acceso a la justicia, así como la construcción de paz desde el enfoque educativo, que consideramos de suma importancia incorporar a las agendas de políticas públicas. En ella, participaron personas académicas y colaboradoras expertas de la Ibero Ciudad de México, Puebla, Torreón, León, Tijuana; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco (TUVCH) y el Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA).
A partir de reflexiones y análisis sobre las violencias y sus impactos en cada ámbito de experiencia, la investigación propone seis ejes transversales: gobernanza y estado de derecho, seguridad ciudadana, sistemas legales y acceso a la justicia, atención a víctimas, memoria y verdad, y educación para una cultura de paz. El trabajo realizado a la fecha apunta a reconocer que estamos frente a un fenómeno complejo, cuyo origen se remonta a razones históricas; con una multiplicidad de factores y actores (autoridades, delincuencia organizada, entre otros); que traspasa a los grupos poblacionales, con especiales desventajas para las mujeres, las infancias, los pueblos originarios, las personas migrantes, periodistas, defensoras y defensores del territorio y las personas de la comunidad LGBTTTIQ+.
El P. General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, advierte que existe un vínculo entre la pobreza y la desigualdad con la exclusión social, y se señala categóricamente que no se puede soslayar, que en tanto no haya justicia social, la construcción de paz no será posible. Mientras no se transforme la estructura socioeconómica que genera la pobreza y sostiene las escandalosas diferencias entre unos pueblos y otros, entre pocas personas muy ricas y mayorías pobres, no se apagará la violencia, ni disminuirá el flujo de las migraciones forzadas, ni el tráfico de personas. Tampoco cesará la agresión contra el medio ambiente aún a riesgo de amenazar la vida sobre el planeta tierra.
Por ello, como universidades confiadas a la <a href="https://jesuitasmexico.org/" target="_blank" rel="noopener">Compañía de Jesús,</a> no podemos mantenernos inertes ante las condiciones sociales, políticas y económicas relacionadas con la grave crisis de violencias que atraviesa nuestro país, sino que estamos llamadas a alzar la voz con firmeza y con la certeza de que desde los debates generados en las aulas universitarias y con base en el pensamiento de personas dedicadas a la academia y a la investigación, nos pueden conducir hacia la tan anhelada paz y a la construcción de un futuro esperanzador.
* Lorena Giacomán Arratia es asistente de Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.

Sistema Universitario Jesuita y las alternativas hacia la paz

Estamos cerrando el periodo electoral y hasta ahora ninguna de las personas candidatas ha dado su diagnóstico sobre la Fiscalía General de la República (FGR), esto a pesar de su evidente mal desempeño. Recordemos que la Fiscalía debería ser la mayor instancia de investigación y persecución criminal en el país. Su función es investigar y llevar a los tribunales delitos que involucran delincuencia organizada, desvío de recursos federales o estatales, robo de hidrocarburos, delitos electorales, contra periodistas, casos de corrupción y muchos más, mismos que hoy se cometen con total y explícita impunidad.
La actual crisis de violencia, la falta de certidumbre jurídica y el debilitamiento del estado de derecho con territorios del país sin control estatal no pueden entenderse sin el contubernio del poder para protegerse, para proteger el status quo.
Mientras tanto, el presidente de la república, quien gracias al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene la facultad de remover al Fiscal General, ha decidido no cuestionar su gestión ni someramente. Por el contrario, en la llamada “reforma judicial” se ha optado por adjudicar a los tribunales el fracaso en el procesamiento de los casos o la liberación de personas imputadas. Fallas que, en su mayoría, se explican por deficiencias procesales, falta de investigaciones sólidas y de medios de prueba, que son competencia de la FGR.
<h2>Seis puntos clave del retroceso institucional</h2>
El balance de la FGR no le favorece en ningún ámbito. Repasemos algunos datos que lo demuestran:
<ol>
<li>La FGR se está reduciendo a una mera oficialía de partes. El inicio de investigaciones se limita a los casos de denuncias formales. Esto es contrario al inicio de investigaciones proactivas sobre la comisión de posibles delitos o la extensión de fenómenos, estructuras y mercados criminales.  El inicio de investigaciones ha disminuido en una tercera parte (31.2 %) del 2018 a 2022, al pasar de 112,917 investigaciones (309 diarias) a 77,693 (212 diarias).</li>
<li>Dependencia a la flagrancia para judicializar los casos. 6 de cada 10 casos judicializados ante los tribunales se presentan con personas detenidas, en detrimento de investigaciones que pudieran conducir a la posterior aprehensión de las personas imputadas. Por otro lado, según <a href="https://www.cjf.gob.mx/sjpa/#images-4" target="_blank" rel="noopener">datos del </a><a href="https://www.cjf.gob.mx/sjpa/#images-4" target="_blank" rel="noopener">Consejo de la Judicatura Federal al 2023</a>, más de la mitad de los esfuerzos de judicialización de la FGR permanecen concentrados principalmente en delitos en materia de armas y explosivos (56.75%). Le siguen los delitos contra la salud (18.23%). Los ilícitos relacionados con hidrocarburos y los delitos fiscales apenas alcanzan 3.7% y 3% respectivamente.</li>
<li>Eficacia prácticamente nula. Sólo 4 de cada 100 casos conocidos por la Fiscalía General en el ámbito federal, recibieron alguna respuesta efectiva, ya sea en términos de sentencia, o de alguna salida alterna o anticipada. Esto de acuerdo al Índice de Impunidad Federal para 2022, calculado anualmente por México Evalúa. <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cnpj/2022/" target="_blank" rel="noopener">Datos del Inegi</a> señalan que en 2022, del total de investigaciones iniciadas sólo se determina un 45%. De ellas, un elevado 64.1% deriva en resoluciones para no ejercitar la acción penal. Hay además un uso ínfimo de acuerdos reparatorios (1.5 %) y de criterios de oportunidad (0.3 %). Por el tipo de delitos judicializados, no sorprende que la medida cautelar más solicitada y concedida a nivel federal sea la prisión preventiva. Esta figura ha observado un incremento significativo a partir de la reforma del 2019, que la impulsó.</li>
<li>Presupuesto sin cambios y opaco. El plan de transición de la FGR establecía la necesidad de transformar a la institución y orientar su labor con un carácter más estratégico. Era necesaria una inversión presupuestal importante para soportar los procesos de innovación, profesionalización y depuración del personal, entre varios más. Sin embargo, el presupuesto ejercido se ha mantenido prácticamente sin cambios. Pasó de 16.7 mil millones de pesos (mmdp) al cierre de 2018 a 17 mmdp para 2022 (+2.2 %). No pueden saberse la racionalidad de la asignación ni las prioridades establecidas.</li>
<li>Reducción de personal. La Fiscalía, muestra una disminución en su planta laboral de 14.65% del inicio de 2019 al cierre de 2022, al pasar de 22,825 a 19,479 personas.</li>
<li>Negligencia ante las disposiciones establecidas en la Ley. En vez de ceñirse a la Ley de la Fiscalía General de la República (LFGR) publicada el 20 de mayo de 2021, la gestión actual de la institución ha sido confeccionada por el fiscal. Por citar algunos ejemplos, se desconoce el estatus de los siguientes rubros pendientes:</li>
</ol>
a) el Plan Estratégico de Procuración de Justicia (LFGR, art. 88 y 12° transitorio), que determinaría las estrategias, objetivos, metas y prioridades de investigación, tendría que haberse presentado a más tardar en mayo de 2022;
b) el Estatuto Orgánico del Servicio Profesional de Carrera tendría que haberse publicado en noviembre de 2022;
c) la implantación del modelo de gestión diferenciado con una política de priorización (art. 28 de la LFGR), y
d) del sistema de evaluación de resultados (art. 31 de la LFGR).
<h2>Tres demandas a las personas candidatas a la Presidencia de la República</h2>
Si queremos un verdadero estado de derecho, la FGR no puede seguir ausente, debilitada y siendo comparsa. Hoy estamos frente a la oportunidad de una Presidencia que exija resultados y rendición de cuentas en el combate a la criminalidad. De lo contrario, sólo damos luz verde para que la delincuencia opere impunemente.
Demandamos a las personas candidatas a la Presidencia:
<ol>
<li>Que den a conocer su visión de Estado y de Política Criminal. No basta con enfocar la discusión en materia de seguridad pública y el rol de las fuerzas armadas. La ciudadanía debe conocer sus perspectivas sobre el combate al crimen, desde la investigación y persecución criminal.</li>
<li>Que se pronuncien sobre el balance de la procuración de justicia federal y su perspectiva sobre la transición de Procuraduría a Fiscalía General.</li>
<li>Que esclarezcan su posicionamiento respecto a la continuidad en el cargo del Fiscal Alejandro Gertz Manero.</li>
</ol>
* Chrístel Rosales (<a href="https://twitter.com/Chris_Ros" target="_blank" rel="noopener">@Chris_Ros</a>) es coordinadora del programa de justicia de México Evalúa y Valeria Campuzano (<a href="https://twitter.com/valecampuzanog" target="_blank" rel="noopener">@valecampuzanog</a>) es investigadora en el mismo programa.

La FGR es un fracaso. ¿Qué piensan hacer al respecto, candidatas y candidato?

En el panorama político de México, el año 2024 representa un horizonte electoral marcado por una realidad demográfica ineludible: las mujeres y los jóvenes son quiénes esculpirán el resultado de las elecciones.
Como en muchos países, la composición demográfica de la población tiene un impacto significativo en los resultados electorales. Para las elecciones de 2024 se espera que los jóvenes y las mujeres jueguen un papel decisivo debido a su proporción en el padrón electoral y a su creciente participación en los procesos democráticos.
No es una exageración afirmar que estos grupos, lejos de ser homogéneos, ejercen una influencia numérica avasallante en el padrón electoral, que por primera vez en la historia supera los 100 millones de votantes. La <a href="https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/" target="_blank" rel="noopener">Lista Nominal</a>, con más de 99 millones de registros, está dominada por las mujeres y por las juventudes, según las cifras del <a href="https://www.ine.mx/" target="_blank" rel="noopener">Instituto Nacional Electoral (INE).</a>
<h2>No sin mujeres</h2>
La noción de una mayoría de mujeres en el electorado no es un fenómeno nuevo, pero sí su magnitud: casi el <a href="https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/" target="_blank" rel="noopener">52 % del padrón son mujeres</a>. En cuanto a las y los jóvenes, constituyen el grupo etario más numeroso, con más de 26 millones de votantes entre los 18 y 29 años. Estos datos no solo reflejan una realidad cuantitativa sino que también presagian una cualitativa, particularmente si consideramos que la participación electoral de las mujeres supera en promedio un 8 % a la de los hombres y que las tasas de participación tienden a aumentar con la edad. Las mujeres no solamente son el grupo mayoritario en el Listado Nominal, sino que además votan en mayor porcentaje que los hombres.
Por otra parte, el análisis de la participación electoral de 2018 revela que aunque la juventud votó en un menor porcentaje (54 %) que el resto de los grupos etarios, su potencial para inclinar la balanza electoral es significativo. Las tendencias muestran que si bien las elecciones legislativas suelen atraer menos votantes que las presidenciales, la constancia en la participación de los diferentes grupos de edad permanece.
<figure id="attachment_1395701" aria-describedby="caption-attachment-1395701" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1395701" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/votantes.jpg" alt="Imagen generada por Inteligencia Artificial que simboliza un grupo diverso de personas emitiendo sus votos en un ambiente electoral moderno y esperanzador, simbolizando una democracia vibrante e inclusiva. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/votantes.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/votantes-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/votantes-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/votantes-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1395701" class="wp-caption-text">Simboliza un grupo diverso de personas emitiendo sus votos en un ambiente electoral moderno y esperanzador, simbolizando una democracia vibrante e inclusiva. Generada por Roberto Heycher con la Herramienta DALL E 2024.</figcaption></figure>
<h2>Importancia de las y los jóvenes</h2>
Las personas jóvenes representan una porción considerable del electorado. Su participación ha ido en aumento, influyendo significativamente en la política nacional. Esto se debe a que están más informados y conectados a través de plataformas digitales, lo que facilita su movilización y expresión política. Además, los temas que más resuenan con este grupo demográfico, como educación, empleo y cambio climático, son cada vez más centrales en las agendas políticas.
El crecimiento y los cambios en la composición demográfica del país también son factores cruciales. La transición demográfica con una población más urbana y educada cambia el panorama político y los tipos de políticas que se demandan. Según datos del <a href="https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P" target="_blank" rel="noopener">INEGI</a>,  la población urbana pasó de 43 % en 1950 a 79 % en 2020. De igual forma, el peso demográfico de cada entidad federativa es distinto como se demuestra en la siguiente gráfica.
<figure id="attachment_1395698" aria-describedby="caption-attachment-1395698" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1395698" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/peso-electoral-por-entidad.jpg" alt="Gráfica del peso electoral por entidad." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/peso-electoral-por-entidad.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/peso-electoral-por-entidad-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/peso-electoral-por-entidad-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/peso-electoral-por-entidad-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1395698" class="wp-caption-text">Elaboración propia con base en los datos obtenidos del INE. Consultables en www.ine.mx</figcaption></figure>
<h2>Ampliar la base electoral o contar con que solo votarán los que siempre votan</h2>
Ante este telón de fondo, los estrategas políticos se enfrentan a una encrucijada: ampliar la base electoral, atrayendo a aquellos menos propensos a votar, o enfocarse en consolidar el apoyo de los grupos con mayor participación histórica.
La politización creciente de la juventud, potenciada por las redes sociales y los movimientos globales, podría significar un aumento en su participación. Este hecho no es menor, pues incluso un incremento modesto en su tasa de participación podría ser decisivo.
En última instancia, más allá de las estrategias de campaña que prevalezcan, es imperativo que las mujeres y los jóvenes entiendan el enorme poder que tienen en sus manos. El futuro de la representación política y de la democracia mexicana podría depender de su conciencia y de su acción en las urnas. Porque, aunque la campaña se llene de propuestas y promesas, frente a la boleta electoral la última palabra la tiene cada persona ciudadana.
El desafío está planteado: en un país donde la democracia palpita con la energía de sus ciudadanos, la elección de 2024 será un reflejo de la determinación de sus mujeres y el compromiso de sus juventudes. En ese espíritu cívico, cada voto contará y cada voz resonará para moldear un México más libre y más justo.
<a href="https://twitter.com/@RobertHeycherMx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@RobertHeycherMx</a>

Mujeres y jóvenes, la mayoría que definirá México el 2 de junio

Mi nombre es Alberto Amaro Jordán, nacido en Apizaco, Tlaxcala. Soy periodista y propietario del periódico Prensa de Tlaxcala. En 2019 fui incorporado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal debido a las reiteradas amenazas que he recibido por el ejercicio de mi profesión. Desde entonces, los ataques en mi contra continuaron.
En dos ocasiones, personas desconocidas dispararon hacia mi casa; la última ocurrió en septiembre de 2023 mientras mi hijo menor jugaba en el patio. En otra ocasión, mi domicilio fue allanado por al menos tres hombres mientras estaban presentes mi esposa y mis hijos menores. Los escoltas proporcionados por el Mecanismo de Protección sorprendieron y enfrentaron a los agresores, quienes huyeron del lugar. Gracias a esa vigilancia se evitó un mal mayor. Además, fui agredido y amenazado de muerte en dos ocasiones por un exalcalde de Tlaxcala, acciones que lamentablemente presenció mi familia.
A raíz de diversos ataques, el Mecanismo de Protección Federal solicitó la colaboración del Gobierno del Estado de Tlaxcala para que elementos de la policía estatal se hicieran cargo de mi seguridad. Sin embargo, esto generó mayor riesgo para mí y para mi familia debido a las críticas periodísticas que yo publicaba contra los mandos de la policía estatal. En este sentido, Alfredo “N”, exsecretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala –prófugo de la justicia por el delito de desaparición forzada–, ordenó a los policías estatales que tomaran fotografías de mi familia e hicieran un seguimiento detallado de mis movimientos y le informaran dónde y con quién me reunía.
En noviembre de 2021 fui detenido por grabar a policías estatales de Tlaxcala mientras extorsionaban a ciudadanos. Esta detención injusta, y la asignación de policías estatales para proporcionarme seguridad, han demostrado la vulnerabilidad en la que me encuentro debido a la incorrecta implementación de medidas de seguridad por parte del Mecanismo de Protección Federal. A pesar de las agresiones y amenazas que he enfrentado, he seguido con mi labor periodística, exponiendo actos de corrupción y violencia en las corporaciones policiales y grupos políticos.
En noviembre de 2021 me asignaron escoltas de una empresa privada y a finales de septiembre de 2022 ese apoyo fue sustituido por el Servicio de Protección Federal. Dicha asignación incluyó un vehículo en mal estado que en menos de 24 horas presentó fallas, al grado de quedarnos sin frenos. Esta situación le importó poco al Mecanismo, pues sólo respondían a los diversos correos que les enviaba, señalando que la información sería remitida al área correspondiente. Otra limitante es que los acompañamientos de los escoltas eran únicamente para Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México, limitando la seguridad de mi persona sin fundamento legal alguno, pese a que el artículo 30 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, señala que en ningún caso las medidas restringirán las actividades de los beneficiarios.
En noviembre de 2022 fui objeto de dos agresiones automovilísticas inusuales. La primera quedó registrada en la cámara de mi vehículo y fue interpretada como agresión; la segunda fue reportada por los escoltas en una tarjeta informativa, la cual fue modificada y por tal motivo se tomó como un accidente de tránsito, aun cuando se trató del mismo vehículo que protagonizó el primer incidente, como quedó documentado en la cámara de mi vehículo.
En diciembre de 2022, mi integridad fue amenazada por integrantes de un grupo de la delincuencia organizada quienes intentaron sobornarme para que dejara de publicar informaciones críticas hacia ellos. Ante esta situación, me negué y mantuve mi posición.
En julio de 2023, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hizo una evaluación de riesgo en mi caso, que no reflejó adecuadamente las amenazas que enfrento como comunicador. El Mecanismo justificó el retiro de escoltas diciendo que ya se tenía a una persona detenida y que ya no estaba en riesgo con la célula delictiva que me había amenazado.
La discusión sobre el retiro de los escoltas asignados para mi protección generó controversia entre las autoridades del Mecanismo de Protección federal y los miembros del Consejo de la Junta de Gobierno del propio Mecanismo. A pesar de obtener un amparo para mantener a los escoltas, sigo enfrentando obstáculos en mi búsqueda de seguridad para seguir llevando la noticia a mi bello estado que es Tlaxcala.
A lo largo de este proceso legal he contado con el apoyo invaluable de mi familia y de personas defensoras de derechos humanos como Viridiana Bahena, la abogada Beatriz de la O Yerenas y el abogado René Cosme Ramos Limón. Agradezco profundamente su ayuda para proteger a mis seres queridos y buscar justicia en medio de la situación complicada que vivimos los periodistas en México.
Gracias a ellos, mediante procedimientos legales, se logró la asignación de un cuerpo de escoltas para mi esposa e hijos, quienes poco a poco han empezado a salir de casa. El Mecanismo tuvo que acatar una resolución de plano de una segunda instancia que ya es irrevocable, pero sin fundamento alguno limitó la protección de mi familia únicamente para Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México, condicionando una salida al mes a los últimos dos Estados.
Es importante destacar que, a pesar de las adversidades enfrentadas, sigo comprometido con mi labor periodística y con la defensa de los derechos humanos en mi estado. A pesar de los intentos de intimidación y los riesgos a los que me enfrento diariamente seguiré trabajando para mantener informada a la población y denunciar la corrupción y la violencia en todas sus formas.
Todos los mexicanos somos conscientes de la importancia de la libertad de expresión respaldada por nuestra constitución mexicana y la responsabilidad de las autoridades federales de proteger a los profesionales de los medios de comunicación.
Mi compromiso con la verdad y la justicia es inquebrantable, y continuaré luchando por un entorno seguro y transparente en Tlaxcala y más allá. Agradezco a todos los que me han apoyado en este difícil camino y reafirmo mi compromiso con la libertad de expresión y la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos mexicanos. Porque la verdad se protege.
Este relato es sólo una parte de mi historia, una historia de resistencia, valentía y esperanza. A pesar de los desafíos, sigo adelante con la convicción de que un mejor futuro es posible si trabajamos juntos en la construcción de una sociedad justa y equitativa para todos.
¡Es hora de exigir justicia y protección para todos los periodistas en México! ¡Basta de impunidad y complicidad! ¡Nuestro trabajo es informar, no arriesgar nuestras vidas ni la de nuestras familias! ¡Juntos, demandemos un verdadero compromiso con la seguridad y la libertad de prensa en nuestro país!
<figure id="attachment_1395660" aria-describedby="caption-attachment-1395660" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1395660" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Alberto-Amaro-Jordan.jpg" alt="Alberto Amaro Jordán, periodista de Tlaxcala." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Alberto-Amaro-Jordan.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Alberto-Amaro-Jordan-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Alberto-Amaro-Jordan-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Alberto-Amaro-Jordan-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1395660" class="wp-caption-text">Las falencias que ha cometido el Mecanismo de Protección federal en el caso del periodista Alberto Amaro (en la foto) han sido documentadas por Amnistía Internacional México en su informe Nadie garantiza mi seguridad, dado a conocer el 6 de maro de 2024. Foto: Amnistía Internacional México.</figcaption></figure>
* Alberto Amaro Jordán ha sufrido agresiones en el ejercicio de su profesión, las cuales han sido documentadas en el informe de Amnistía Internacional <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/nadie-garantiza-mi-seguridad/" target="_blank" rel="noopener">&#8220;Nadie garantiza mi seguridad&#8221;: la urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas</a>, dado a conocer el 6 de marzo de 2024.

¿Dónde está la protección prometida? Periodistas en México son amenazados por agentes estatales y delincuencia organizada

Periodistas en México son amenazados por agentes estatales y delincuencia organizada

En su mitin matutino del pasado 26 de abril, en el marco de su estrategia de campaña permanente, el presidente López Obrador dijo que a veces en sus giras se encuentra con “gente extraña, pero respetuosa”.
Se refería a grupos del crimen organizado que ponen retenes en las carreteras de diversos estados del país y de estos expresó que en sus viajes “siempre a ras de tierra” se los ha encontrado desde hace años en sus recorridos por el país.
Y que “siempre, no es ahora” han sido todos esos grupos respetuoso con él. En esos recorridos que ha realizado “sin guardaespaldas y sin carros blindados”.
Sostuvo que conoce todos los municipios del país y que no hay otro político que pueda decir lo mismo: “Yo recorrí todo el país, tengo cientos de anécdotas de eso. Imagínense ir a Batopilas, Urique, Morelos, en Chihuahua; al Fuerte, Sinaloa de Leyva, a Choix, Badiraguato, a Canela”.
Todos sitios referidos con una gran presencia del crimen organizado o abiertamente bajo su control, cosa que ocurre desde hace años y se ha agravado en lo que va de este sexenio.
Sobre el grupo del crimen organizado que retuvo a la candidata presidencial de Morena-PVEM-PT, Claudia Sheinbaum, en Chiapas, manifestó que tienen “todo su derecho a manifestarse, pero que no deja de ser propaganda y nosotros no estamos para celebrarlo”.
Y sobre los integrantes de ese grupo en particular añadió que “no debían estar metidos en organizaciones criminales, no se puede enfrentar la violencia con la violencia”.
A pregunta expresa de un periodista sobre supuestos vínculos con el crimen organizado, le respondió: “No, porque yo no me dejo presionar por nadie, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie”.
No es la primera vez que el presidente, de manera pública y abierta, señala que los grupos del crimen organizado lo “respetan”, para él eso es algo importante y quiere que lo sepa la sociedad.
Los distintos viajes que el presidente ha realizado a Badiraguato, cuna del Cártel de Sinaloa, ahí ir al carro donde estaba la madre de Joaquín El Chapo Guzmán para saludarla, y sus declaraciones sobre que los criminales son personas que tienen derecho a manifestarse, plantean preguntas.
¿Los grupos del crimen organizado deben tener “respeto” al jefe del Estado mexicano y a su comandante en jefe o el sentimiento debería ser de temor ante la aplicación de ley y la justicia?
¿Su “cercanía” con estos grupos es parte de su estrategia, para enfrentar al crimen organizado? ¿Es resultado de la operación de los “abrazos y no balazos” y el “no uso de la fuerza pública porque eso genera más violencia”?
Y este tipo de afirmaciones del presidente, que no es la primera vez, plantean una pegunta más relevante: ¿hay algún tipo de acuerdo entre el gobierno y estos grupos? Hoy en algunos estados gobernados por Morena es más que evidente
¿Qué dicen las y el candidato a la presidencia de la República sobre estas declaraciones del presidente? Son graves y no pueden pasar desapercibidas.
<a href="https://twitter.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

AMLO y el crimen organizado

Hay quien afirma que los debates presidenciales no están diseñados para comunicar propuestas de campaña, sino para conocer la verdadera personalidad de quienes participan. Sin embargo, los dos ejercicios realizados hasta el momento no han cumplido ni una ni otra, lo que tiene implicaciones para la gobernabilidad y la calidad de la democracia. En general, el desempeño en los debates no ha sido coherente con los grandes problemas públicos que México enfrenta y enfrentará en los próximos años.
Más allá de las fallas técnicas y los problemas de formato ampliamente comentados, la cuestión -de fondo- con los debates es que han impedido que se discuta con la rigurosidad requerida temas que preocupan a la ciudadanía y que podrían, quizás, cambiar el sentido de su voto. Hablamos aquí de asuntos como la pobreza y la desigualdad, el empleo, la educación, el combate a la corrupción y la crisis hídrica. A continuación, se abordan tres de estos problemas y cómo los candidatos fueron incapaces -en general- de mostrar que cuentan con un diagnóstico concreto y propuestas sólidas.
En primer lugar, tenemos el tema de la pobreza que afecta, según la última medición de Coneval, a <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/paginas/pobrezainicio.aspx" target="_blank" rel="noopener">36.3 millones de personas</a> en el país. Entre una defensa férrea del sexenio actual hasta discursos motivacionales basados en la propia historia de vida, las candidatas punteras se quedaron cortas en ofrecer soluciones concretas -y completas- frente a la complejidad del fenómeno de pobreza y desigualdad. Minutos valiosos que se pudieron enfocar en responder con el mayor detalle posible las preguntas de la ciudadanía, se orientaron a reiterar que eran “la candidata de las mentiras” y “la candidata del PRIAN”.
En segundo lugar, el tema del agua. De acuerdo con un análisis del IMCO, la crisis hídrica que atraviesa el país afecta a <a href="https://imco.org.mx/la-gestion-del-agua-no-es-una-prioridad-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">mil 613 municipios</a> con sequías severas, extremas y excepcionales. Existen municipios y alcaldías de la CDMX que llevan años reclamando a las autoridades el suministro regular de agua potable. Sin embargo, en este contexto, las candidatas se dedicaron a la referencia de los estados que gobiernan su partido, las menciones a la gestión de administraciones pasadas, el rol del Gobierno Federal y los casos de corrupción de este sexenio. ¿Cómo resolver un problema de tanta complejidad si no se cuenta con propuestas bien desarrolladas? ¿Cuál es la evidencia que han revisado las candidaturas para buscar resolver el problema de la falta de agua?
Además, está el tema de la corrupción. En un contexto en el que diferentes mediciones muestran la permanencia de redes de corrupción, las candidatas no mencionaron qué cambios de fondo realizarán, sino se dedicaron a descalificaciones personales y lo que consideran logros hasta el momento, pero propuestas concretas… muy pocas.
El segundo debate presidencial fue el más visto en la historia. En total, <a href="https://centralelectoral.ine.mx/2024/04/29/el-nuevo-record-de-audiencia-del-segundo-debate-presidencial-refleja-el-interes-ciudadano-en-las-propuestas-de-las-candidaturas-carla-humphrey-con-jaime-nunez/" target="_blank" rel="noopener">16 millones de personas </a>estuvieron al pendiente de lo que las candidaturas tienen para ofrecer, pero de eso hubo poco. No es que los debates no estén hechos para que la ciudadanía conozca las propuestas, es que las candidatas no respetan a sus electores ni están a la altura del desafío de gobernabilidad que implica el México del próximo sexenio. El problema es grave y no se limita al debate, se trata de la mediocridad tácitamente aceptada de nuestros gobernantes y sus propuestas. Se trata de la mediocridad que cada vez se expande más en la clase política.
* Natalia Campos (<a href="https://twitter.com/NataliaCampos7" target="_blank" rel="noopener">@NataliaCampos7</a>) es coordinadora de Administración Pública del IMCO.

La mediocridad de los debates… y de la política

Los debates presidenciales debieran ser momentos cruciales en la vida política de cualquier país, y normalmente las y los candidatos presentan su visión para el presente y futuro en distintas temáticas. Llevamos dos debates en la contienda electoral de México. Las candidatas Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y el candidato Jorge Álvarez Máynez han expuesto posibles acciones y propuestas sobre cómo mejorar el sistema educativo del país.
La candidata Xóchitl Gálvez, de la Coalición Fuerza y Corazón por México, se ha enfocado en anunciar la transformación radical del sistema educativo, proponiendo la implementación de escuelas de tiempo completo que ofrecerían una amplia gama de actividades, desde alimentación hasta robótica. Su enfoque en la atención psicológica y el fortalecimiento de las becas universales para la igualdad de oportunidades ha sido claro. Además, ha subrayado la importancia la importancia de construir universidades interculturales y una beca universal para todos los niños de escuelas públicas y privadas.
Por su parte la candidata Claudia Sheinbaum, de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, ha destacado la importancia de la educación media superior y el aumento de becas para estudiantes en este nivel, así como la universalización de las becas para estudiantes de escuelas públicas en todos los niveles. Además, ha propuesto la creación de centros públicos de educación inicial y una mayor atención a la salud dentro de las escuelas. No sin obviar, el impulso que dará a la Nueva Escuela Mexicana implementada en este último sexenio. El incremento a la construcción de más universidades en el país también es una de las prioridades.
En relación al candidato Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, ha hecho hincapié en la urgencia de incrementar la inversión en infraestructura educativa y servicios básicos, así como en el acceso a la educación superior a través de alianzas con instituciones privadas. Su propuesta de un nuevo modelo educativo sin contenidos propagandísticos y la promoción de la igualdad de oportunidades es contundente. Ha reiterado el llamado a una revolución educativa que garantice la igualdad de oportunidades. También suma a su agenda becas para estudiantes universitarios y bonos culturales para fomentar el acceso a actividades artísticas y culturales.
Los tres se han comprometido con la primera infancia, asunto histórico pues en 2018 no fue de esa manera. Esto merece un aplauso de pie. Sin embargo, parece que las propuestas siguen estando a la exposición como si fuera una feria. No se trata de qué tantas ideas deban plantearse en los procesos electorales, las y los mexicanos merecemos un cierre electoral a la altura de un país que tiene un enorme legado, un presente retador y un futuro incierto.
A un mes del cierre electoral requerimos que las candidatas y el candidato se comprometan con las estrategias para lograr un mayor financiamiento a la educación. Cuando se enfrenten a la realidad del presupuesto educativo, -no el listado de propuestas-, quedará relegado, pues se requerirá una muy importante reforma financiera al sistema educativo mexicano para alcanzar lo mínimo deseado para todas las niñas, niños y jóvenes de México. Además, se requerirán nuevos acuerdos con gobiernos locales y una nueva organización y gobernanza política. Sin las autoridades educativas locales, sin evaluaciones, sin diagnósticos y con poco presupuesto, la agenda educativa sigue siendo un camino sin dirección.
El próximo 19 de mayo es el tercer debate presidencial; queda una última oportunidad en este ejercicio democrático para que muestren con enorme habilidad cómo la educación sí puede ser un eje transversal en los temas de política social, inseguridad, crimen organizado, migración y democracia, entre otros, que deberán abordar. La urgencia de mirar a la educación como una agenda sistémica es inaplazable.
La educación no puede seguir siendo un tema secundario en la agenda política. Es urgente un enfoque sistémico que aborde la educación como un eje central en la transformación social, económica y política de México. El futuro de millones de estudiantes mexicanos está en juego, y no podemos permitirnos que la educación siga siendo ramo de discursos.
* Patricia Vázquez del Mercado (<a href="https://twitter.com/patvazher" target="_blank" rel="noopener">@patvazher</a>) es presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero.

El futuro de la educación en México:  ¿esperanza o Incertidumbre? Reflexiones desde los debates presidenciales

El futuro de la educación en México:  ¿esperanza o Incertidumbre?

El domingo 28 de abril de 2024 se llevó a cabo el segundo debate presidencial, en el cual se discutieron cuatro temas, de los cuales el primero se refirió al crecimiento económico, empleo e inflación. Es preciso plantear el panorama económico, evaluar las propuestas presentadas por Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez y, a su vez, destacar la importancia de discutir propuestas a los obstáculos que limitan el crecimiento como lo es la inseguridad.
Durante el primer año de la pandemia de COVID-19, 2020, la economía experimentó una contracción de <a href="https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/" target="_blank" rel="noopener">8.8% anual</a>. Posteriormente, en 2021, el primer año de recuperación, registró un crecimiento anual de 6 %. En 2022, el crecimiento de todo el año fue de <a href="https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/" target="_blank" rel="noopener">3.9 %</a>, mientras que en 2023, debido a la desaceleración experimentada en el último trimestre, fue de 3.2 %. En el primer trimestre de 2024, con<a href="https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/" target="_blank" rel="noopener"> cifras oportunas</a>, el PIB creció 2.0 % anual y 0.2 % real trimestral.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1395475" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/evolucion-reciente-pib.jpg" alt="Gráfica con la evolución reciente del PIB." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/evolucion-reciente-pib.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/evolucion-reciente-pib-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/evolucion-reciente-pib-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/evolucion-reciente-pib-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
En el caso de la situación para los estados, el panorama es desigual. Con los últimos datos disponibles, al <a href="https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/">4T2023</a>, Tabasco, Oaxaca e Hidalgo muestran la mayor recuperación de su actividad económica, mientras que <a href="https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/">seis entidades todavía no logran recuperarse</a>. Es importante mencionar que en el caso de Guerrero, al 3T2023 mantenía un nivel por encima del prepandemia, pero en el 4T2023 mantiene un nivel inferior al registrado en el 1T2020 por el impacto del huracán Otis que azotó las costas del estado en octubre de 2023.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1395477" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/entidades-recuperacion-prepandemia.jpg" alt="Gráfica con las entidades que recuperaron sus actividades económicas prepandemia." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/entidades-recuperacion-prepandemia.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/entidades-recuperacion-prepandemia-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/entidades-recuperacion-prepandemia-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/entidades-recuperacion-prepandemia-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Por esto es importante discutir estrategias que consideren que el crecimiento debe ir acompañado de un aumento en el progreso social, asegurando que sea incluyente y considere las disparidades regionales, a fin de promover un desarrollo compartido y sostenible para toda la población. Además de resaltar los grandes obstáculos para el crecimiento del país.
En la apertura del primer tema del debate titulado <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GykiUx2bnEM" target="_blank" rel="noopener">“La ruta hacia el desarrollo” </a>sobre crecimiento económico, empleo e inflación, la candidata Xochitl Gálvez planteó que el principal problema económico de los mexicanos es la extorsión y el cobro de piso, subrayando la necesidad de enfrentar la delincuencia. Por su parte, la candidata <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GykiUx2bnEM" target="_blank" rel="noopener">Claudia Sheinbaum</a> enfatizó que el modelo económico que inició en este sexenio es humanista y honesto, resaltando los logros de la administración. Además, afirmó que se continuará con el segundo piso de la cuarta transformación. El candidato <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GykiUx2bnEM" target="_blank" rel="noopener">Jorge Álvarez Máynez</a> mencionó que para aprovechar el fenómeno del nearshoring se requiere resolver cuatro pendientes: seguridad, energía, agua y educación.
La segunda pregunta ciudadana de este primer bloque del debate planteó la cuestión sobre las <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GykiUx2bnEM" target="_blank" rel="noopener">propuestas para apoyar a los microempresarios y empresarios</a>, asegurando salarios justos y evitando el cierre de sus negocios. Al respecto, la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, mencionó la creación de una institución que brinde créditos para el emprendimiento, además de la necesidad de contar con seguridad pública.
Por su parte, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GykiUx2bnEM" target="_blank" rel="noopener">Claudia Sheinbaum </a>mencionó la construcción de un millón de viviendas en el país, previendo la generación de aproximadamente dos millones de empleos en la siguiente administración. Además, afirmó que se impulsará la creación de 100 parques industriales vinculados con las vocaciones regionales.
Finalmente, el candidato por Movimiento Ciudadano, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GykiUx2bnEM" target="_blank" rel="noopener">Jorge Álvarez Máynez</a>, resaltó que se requiere facilitar la creación y supervivencia de las empresas. Para ello, propuso otorgar financiamiento con tasas preferenciales, eliminar la adjudicación directa de contratos y favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante criterios preferenciales en los procesos de licitación.
Es importante destacar la relevancia que dos de los tres candidatos han otorgado a la seguridad pública en el contexto del crecimiento económico en este segundo debate presidencial, además de resaltar la ausencia de este tema por parte de la candidata Claudia Sheinbaum, debido a que si aspiramos a un desarrollo sólido, la seguridad se torna indispensable. Promover el crecimiento económico requiere implementar estrategias que empiecen por lo fundamental: garantizar la seguridad. Esto crearía un entorno favorable para la atracción de inversiones, así como para que los individuos y empresas puedan tomar decisiones con la certeza y la libertad necesarias para impulsar el crecimiento económico de manera sostenida.
La percepción de inseguridad afecta las decisiones de las personas y además tiene un costo importante para la economía. A nivel nacional, <a href="https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/estado-de-derecho/">34.8 % de la población </a>de 18 años y más considera segura su ciudad, porcentaje inferior al registrado en el trimestre anterior de 40.5 %, el cual ha sido el valor máximo desde que se tiene registro. Aun así, la situación para las mujeres ha permanecido igual; el porcentaje de mujeres que considera segura su ciudad es menor que para los hombres. Por cada 100 hombres que consideran segura su ciudad, solo <a href="https://mexicocomovamos.mx/infobites/2024/04/estado-de-derecho-1t2024/" target="_blank" rel="noopener">74 mujeres</a> comparten esta percepción.
De acuerdo con la <a href="https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7BEBE3E9ED-1BCB-CDEB-3AD0-ABA005E0689E%7D.pdf" target="_blank" rel="noopener">encuesta banxico</a>, el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento económico de México es la inseguridad pública. Del mismo modo, la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/CenEconResDef2019_Nal.pdf" target="_blank" rel="noopener">inseguridad pública</a> es el principal problema que manifiestan las pequeñas, medianas y grandes empresas en México. Además, en relación a los costos de la inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/envipe2023_3_costo_delito.pdf" target="_blank" rel="noopener">319.1 millones de pesos</a>; equivalente a 1.08 % del PIB.
En suma, es relevante conocer las estrategias de los candidatos para mantener un crecimiento económico sostenido, destacando especialmente la inclusión de la seguridad en las propuestas de la candidata Xochitl Gálvez y el candidato Jorge Álvarez Máynez. Sin embargo, es fundamental que la seguridad se convierta en una prioridad en la agenda de todos los candidatos a la presidencia. Por lo que será importante aguardar al tercer debate presidencial, en donde uno de los temas a discutir es inseguridad y crimen organizado.
* Sandra Martínez (<a href="https://twitter.com/sandrammarpe" target="_blank" rel="noopener">@sandrammarpe</a>) es analista en <a href="https://mexicocomovamos.mx/" target="_blank" rel="noopener">México, ¿cómo vamos?</a>

La ruta hacia el desarrollo requiere seguridad

Hoy mismo se está discutiendo en las Naciones Unidas la posibilidad de crear un sistema tributario más justo, que beneficie a los países de bajos y medios ingresos. El proceso de negociación tomará su tiempo y enfrentará muchas resistencias por parte de los países más poderosos, pero México no puede dejar pasar esta oportunidad histórica para incrementar su recaudación y avanzar en la reducción de los niveles extremos de desigualdad que el neoliberalismo trajo consigo.
Lo que está pasando en la ONU podría poner fin a los abusos fiscales de las multinacionales y los pocos impuestos que pagan las personas multimillonarias alrededor del mundo. Para nuestro país, estos fenómenos producen que anualmente no se recauden cerca de 7 mil millones de dólares, lo que equivaldría a más del 20% de nuestro presupuesto en salud o al 13% de gasto en educación pública.
Durante décadas, estas y otras injusticias han sido permitidas por la OCDE, una organización internacional que tiene el poder de implementar el tipo de políticas tributarias que más le convengan a empresas y personas inversionistas de los países poderosos. La OCDE ha hecho pocos esfuerzos para terminar con los paraísos fiscales, se ha negado a incrementar sustancialmente el pago de impuestos de las multinacionales, e incluso ha impedido que estas empresas estén sujetas a mayores mecanismos de rendición de cuentas, <a href="https://taxjustice.net/press/ft-confirms-oecd-lobbied-against-australian-tax-transparency/" target="_blank" rel="noopener">como ocurrió recientemente en Australia</a>, cuando una iniciativa de ley que proponía transparentar la información tributaria de las multinacionales fue bloqueada tras la intervención de la OCDE.
En nuestro país, muchas de las políticas tributarias que necesitamos para incrementar los recursos disponibles y reducir la extrema concentración de la riqueza dependen de las discusiones en los espacios de negociación de la OCDE, espacios opacos, ajenos a la ciudadanía y contrarios a los intereses de los países de bajos y medios ingresos. Por estas y otras razones, el Grupo de África y países del Sur Global apoyaron <a href="https://financing.desa.un.org/un-tax-convention" target="_blank" rel="noopener">la creación de una Convención Tributaria de la ONU</a> y la creación de un Comité que tenga la posibilidad de discutir abiertamente un sistema tributario que ponga fin a los abusos fiscales globales y responda a los intereses de los países más afectados por la globalización.
A comparación de hace un par de meses, cuando México se abstuvo de iniciar el proceso de negociación y redacción de una Convención Tributaria, nuestro país se ha mostrado más comprometido con este proceso. Por ejemplo, México ha adelantado que la Convención debe jugar un rol decisivo en la prevención de la evasión fiscal y la promoción de la cooperación internacional, y por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el funcionario Carlos Castillo Pérez formará parte del grupo de 20 países que durante los siguientes meses discutirá un primer borrador de la Convención Tributaria.
Durante este proceso histórico, <a href="https://fundar.org.mx/participacion-de-mexico-en-la-onu-oportunidad-para-reducir-impactos-de-la-evasion-fiscal-en-los-derechos-humanos/" target="_blank" rel="noopener">desde Fundar daremos seguimiento a las sesiones de negociación del Comité</a> e impulsaremos que la Convención retome dentro de sus principios generales el resguardo y garantía de los derechos humanos, la justicia ambiental, la perspectiva de género y el combate a las desigualdades. En estas primeras sesiones, confiamos en que México se sume a los esfuerzos por la creación de una Convención inclusiva, equitativa y que vele principalmente por las necesidades de los países de ingresos medios y bajos.
* Iván Benumea y Ana María Morales son parte del <a href="https://fundar.org.mx/justicia-fiscal/" target="_blank" rel="noopener">equipo de Justicia Fiscal</a> de <a href="https://twitter.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.

Hacia la justicia tributaria global

Mayasa está sentada en la cama de su hijo en el hospital general de Abs, en la gobernación yemení de Hajjah. Mohammad, de dos años, ingresó en el centro intensivo de nutrición terapéutica tras recibir un diagnóstico de desnutrición acompañada de neumonía y diarrea.
Mohammad lleva tiempo sin ingerir alimentos. Mayasa no tenía dinero para comprar leche de fórmula cuando era bebé, así que lo alimentó con leche de vaca, pan y patatas. Esta es la quinta estancia de Mohammad en el centro intensivo de nutrición terapéutica; la primera fue cuando tenía tan solo seis meses.
El centro intensivo de nutrición terapéutica del hospital de Abs cuenta con el apoyo de MSF. Aunque el tratamiento de Mohammad es gratuito, Mayasa ha tenido que endeudarse para pagar los elevados costes de transporte, ya que su casa está a unas dos a tres horas del hospital. A pesar de ello, Mayasa nunca deja de llevar a su hijo al hospital cuando se enferma. Se preocupa enormemente por la salud de sus hijos, a veces a costa de su propia salud. Actualmente está embarazada de su cuarto hijo y sufrió desnutrición en el cuarto mes de embarazo.
“Mis hijos se fueron a casa de su tío a desayunar y yo me fui al hospital esta mañana con el estómago vacío”, dice Mayasa. “No tengo dinero para comprar comida. Si como por la mañana, no me queda nada para el mediodía ni para la noche”.
Como muchas madres yemeníes, Mayasa se preocupa cada día por cómo alimentará a sus hijos, y se enfrenta a la disyuntiva de alimentarse ella o dejar su parte para sus niños.
“En el centro intensivo de nutrición terapéutica vemos a muchos cuidadores con desnutrición”, afirma el doctor Hilaire Pato, pediatra de MSF en el hospital de Abs. “Esto se debe a la inseguridad alimentaria en Yemen. Si una mujer está desnutrida, es difícil para ella darle al bebé lo que necesita”.
Esto se repite en los servicios de maternidad del hospital. Saada, que está en su noveno mes de embarazo, acaba de ser ingresada debido a una hemorragia y una obstrucción intestinal. Ella también padece desnutrición. Saada no se sometió a ningún control prenatal durante el embarazo, puesto que el coste de acudir al centro de salud más cercano le resultaba prohibitivo.
El pueblo natal de Saada está “muerto”, como dice ella; no hay trabajo ni formas de ganarse la vida. Son ocho en su familia y les cuesta mucho encontrar comida que alcance para todos. “Comemos pan y bebemos té, pero no comemos carne ni pescado”, dice. “Antes, recibíamos ayuda alimentaria (una bolsa de harina y una botella de aceite solamente), pero en los últimos cinco meses no hemos recibido nada”.
El personal de MSF mide el perímetro mesobraquial de todas las mujeres ingresadas en los servicios de maternidad de Abs para determinar su estado nutricional. El número de mujeres con desnutrición moderada o grave ha aumentado constantemente en los dos últimos años.
En 2021, el 51 % de las mujeres ingresadas en los servicios de maternidad del hospital de Abs estaban desnutridas, mientras que el 4 % sufría desnutrición aguda grave.
En 2022, esta cifra aumentó hasta situarse en un 64 %, con un 6 % de desnutrición aguda grave. En febrero de 2024, el 68 % de las mujeres ingresadas en los servicios de maternidad estaban desnutridas, una cifra muy elevada. ​
La situación es similar en el hospital materno-infantil Al-Qanawis de la gobernación de Al-Hudaydah, situado a 60 km de Abs, que cuenta con el apoyo de MSF. En 2023, el 47 % de las mujeres ingresadas sufrían desnutrición, porcentaje que aumentó al 49 % en febrero de 2024.
“Las mujeres embarazadas con desnutrición corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto; la principal complicación es la deficiencia de hierro o anemia”, afirma el Dr. Pato. “Una mujer desnutrida tiene un alto riesgo de dar a luz a un bebé desnutrido y, además, le será más difícil amamantar a su hijo”.
El riesgo de que madres desnutridas den a luz a bebés que, a su vez, son susceptibles de sufrir desnutrición, queda demostrado en el programa nutricional de MSF en Abs, donde el 24 % de todos los ingresos en 2023 fueron niños menores de seis meses.
Para detectar a mujeres y niños desnutridos y evitar que empeoren, los trabajadores sanitarios comunitarios de MSF van de puerta en puerta por la gobernación de Al-Hudaydah midiendo el perímetro mesobraquial de niños, embarazadas y madres recientes. Todas las personas con signos de desnutrición son remitidas al centro de salud más cercano con capacidad de nutrición terapéutica.
Sin embargo, los propios trabajadores de MSF han manifestado que existen dificultades para garantizar la continuidad del tratamiento para las embarazadas y madres recientes con desnutrición, ya que existen importantes lagunas en este tipo de programas en los centros sanitarios regionales.
La crisis de desnutrición en Yemen tiene muchas causas subyacentes. Tras más una década de conflicto y una crisis económica que no da tregua, muchos yemeníes han perdido sus medios de subsistencia. Las elevadas tasas de inflación han reducido el poder adquisitivo de la población, y esto hace que ahora no puedan permitirse una cantidad suficiente de alimentos nutritivos. La disminución de las distribuciones de ayuda alimentaria, incluida la suspensión de las distribuciones generales de alimentos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el norte de Yemen, ha exacerbado una situación que ya de por sí era grave.
Al mismo tiempo, el acceso de la población a la atención médica se ve drásticamente limitado por la falta de centros de atención primaria funcionales y el elevado coste del transporte. Esto afecta al acceso de las mujeres embarazadas a la atención prenatal y posnatal y, en consecuencia, no se detectan los primeros signos de desnutrición.
Además, muchas mujeres yemeníes desconocen que la lactancia materna puede reducir el riesgo de desnutrición de sus hijos y las complicaciones asociadas.
“Para abordar el problema de la desnutrición de madres y niños en Yemen, es fundamental cubrir las críticas carencias de los programas de nutrición y asistencia alimentaria”, asevera el Dr. Pato. “En vista de las dramáticas deficiencias en la financiación de los donantes que estamos viendo en Yemen, es esencial que se aplique un enfoque selectivo, centrado en los grupos más vulnerables, concretamente los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas y las madres recientes. También es muy necesario aumentar la concienciación sobre la importancia de la lactancia materna. Esto ayudará a reducir el riesgo de desnutrición y las complicaciones asociadas a ella”.
<a href="https://twitter.com/MSF_Mexico" target="_blank" rel="noopener">@MSF_Mexico</a>

“¿Me alimento yo o le doy de comer a mi hijo?”: la pregunta que se hacen las madres en Yemen

<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1395292" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/convocatoria-ciudad-comunal.jpg" alt="Cartel de la convocatoria a El Encuentro de Pueblos, Barrios y Colonias por la Defensa del Territorio de Ciudad de México. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/convocatoria-ciudad-comunal.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/convocatoria-ciudad-comunal-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/convocatoria-ciudad-comunal-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/convocatoria-ciudad-comunal-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
El Encuentro de Pueblos, Barrios y Colonias por la Defensa del Territorio de Ciudad de México ha hecho una declaración pública que desde nuestra Asamblea Ecologista Popular nos hace muy felices: la esperanza no reside en los partidos políticos, reside en nosotres, la gente. Es por ello que en su novena asamblea presencial, a celebrarse este sábado 4 de mayo, se harán talleres comunitarios para impulsar una ciudad comunal, comités vecinales autónomos y propuestas de democracia directa basadas en la justicia socio-ambiental, la interseccionalidad, la innovación y el amor a nuestro territorio.
La novena edición del encuentro, a iniciarse a las 10 am en “las Islas” de Ciudad Universitaria, bajo la Facultad de Filosofía y Letras, avanzará hacia la formación de una “<a href="https://www.instagram.com/reel/C6KexQROKYU/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=MzRlODBiNWFlZA==" target="_blank" rel="noopener">Ciudad Comunal</a>”: crear comités comunales con nuestres vecines, y desarrollar desde allí soluciones contra la gentrificación, el despojo de los pueblos y barrios originarios, el cartel inmobiliario, la destrucción de áreas de conservación, entre otras problemáticas.
La <a href="https://www.instagram.com/reel/C6KexQROKYU/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=MzRlODBiNWFlZA==" target="_blank" rel="noopener">tarea principal</a> de los comités comunales será la creación de un Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) de manera asamblearia. Y es que es desde el PGOT que se establece el modelo de desarrollo y la organización del territorio de Ciudad de México en temas como uso del suelo, infraestructura, transporte, vivienda, medio ambiente y más.
<figure id="attachment_1395293" aria-describedby="caption-attachment-1395293" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1395293" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/protestas-en-el-congreso-local-en-septiembre-2023.jpg" alt="Protestas en el Congreso de la CDMX. Septiembre 2023." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/protestas-en-el-congreso-local-en-septiembre-2023.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/protestas-en-el-congreso-local-en-septiembre-2023-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/protestas-en-el-congreso-local-en-septiembre-2023-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/protestas-en-el-congreso-local-en-septiembre-2023-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1395293" class="wp-caption-text">Foto: Asamblea Ecologista Popular.</figcaption></figure>
El camino hacia este momento fue marcada por las fervientes <a href="https://animalpolitico.com/estados/plan-de-ordenamiento-territorial-cdmx-congreso-planton" target="_blank" rel="noopener">protestas</a> que surgieron en contra del último PGOT propuesto por el Gobierno de la Ciudad de México. Estas fueron posibles solo gracias a que durante los últimos años la indignación social creció lo suficiente como para impulsar la formación de nuevas redes de defensa territorial, como el mismo Encuentro de Pueblos, Barrios y Colonias, <a href="https://cpbocx.wordpress.com/2022/02/08/pronunciamiento-del-encuentro-por-la-defensa-del-territorio-de-pueblos-barrios-y-colonias-de-ciudad-de-mexico/" target="_blank" rel="noopener">fundado a inicios de 2022</a>.
Durante las protestas, las organizaciones partícipes del Encuentro se esforzaron por visibilizar cómo el <a href="https://www.cronica.com.mx/metropoli/comunidades-organizan-rechazar-programa-ordenamiento-territorial-ciudad-mexico.html" target="_blank" rel="noopener">proyecto anterior de PGOT</a> carecía de falta de lineamientos básicos y directrices claras, así como de indicadores medioambientales completos, entre otros problemas significativos.
Con el respaldo de <a href="https://www.cronica.com.mx/metropoli/ciudadanos-entregan-23-mil-firmas-protesta-programa-ordenamiento-territorial.html" target="_blank" rel="noopener">más de 23 mil firmas</a> y el apoyo decidido de autoridades académicas, estudiantes y movimientos sociales, el Encuentro de Pueblos, Barrios y Colonias se enfrentó a una serie de desafíos, incluida la <a href="https://piedepagina.mx/policia-reprime-protesta-de-pueblos-y-barrios-originarios-de-la-cdmx-exigian-dialogo-con-la-autoridad/" target="_blank" rel="noopener">represión policial</a> y el agotamiento constante. A pesar de todo, al final, <a href="https://desinformemonos.org/celebran-pueblos-originarios-victoria-sobre-pgot-y-pgd/" target="_blank" rel="noopener">ganamos</a>: Martí Batres, actual jefe de Gobierno, anunció el retiro tanto de sus propuestas de PGOT como de Plan General de Desarrollo.
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<h2>Más allá de la protesta, la construcción comunitaria</h2>
El Encuentro de Pueblos, Barrios y Colonias está ahora comprometido directamente en la elaboración de su propia propuesta de PGOT. En la red participan numerosas organizaciones y asambleas territoriales de la ciudad, como la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco, la Asamblea Popular Resistencia Atlitic, el Frente por la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios de la cuenca del Anahuac, el Colectivo Claudia Cortés, el Centro Nacional de Organizaciones en Reingeniería Urbana y Social A.C., el Movimiento Vecinal de Tlalpan, el Colectivo de Vecinos Originarios de la Colonia Tabacalera, la Asamblea Vecina Contra las mega-construcciones Tlalpan Coyoacán Cooperativa Acción Comunitaria, Legado Gaia, la Red de Mujeres en la Defensa del Territorio y, por supuesto, la  Asamblea Ecologista Popular, organización ambientalista juvenil y LGBTQ+.
Y si la anterior propuesta de PGOT <a href="https://animalpolitico.com/estados/cdmx-proyecto-plan-ordenamiento-omite-regular-precio-vivienda" target="_blank" rel="noopener">se negaba confrontar a los grandes capitales</a> y <a href="https://piedepagina.mx/el-nuevo-plan-de-ciudad-de-mexico-pretende-urbanizar-30-mil-hectareas-forestales-acusan-pueblos-y-barrios/" target="_blank" rel="noopener">planteaba reformas ecocidas</a>, ahora toca impulsar un proceso justo, que redignifique a la gente y a la naturaleza. La bio-arquitecta Ameyalli Magallón, integrante del Encuentro, también profundiza sobre esto: “Tenemos que avanzar hacia indicadores para la vida. Indicadores de calidad, que por ejemplo eviten el desplazamiento forzado de las personas por la falta de acceso a la vivienda en el centro de la ciudad, por la mala calidad del agua entubada que se reciben los hogares, o por el asedio de la ciudad mercancía”.
Durante la asamblea del 4 de mayo se realizará también una breve protesta frente a la Facultad de Arquitectura para denunciar cómo muches de sus egresades, amparándose en una supuesta apoliticidad, han contribuido como principales arquitectos del modelo de ciudad-mercancía que actualmente enfrentamos y que genera tantos problemas.
Desde la Asamblea Ecologista Popular allí estaremos durante todo el evento, y esperamos que ustedes lectores también jalen: 4 de mayo, a las 10 de la mañana, en “las Islas” de Ciudad Universitaria bajo la Facultad de Filosofía y Letras. ¡Bonita semana!
* La Asamblea Ecologista Popular (<a href="https://twitter.com/AsambleaEpop" target="_blank" rel="noopener">@AsambleaEpop</a>) es una organización de defensa del territorio, liderada por juventudes LGBTQ+, cuyo objetivo principal es profundizar la democracia comunitaria para fortalecer a nuestros territorios ante la actual crisis ecológico-social. El objetivo es promover la participación ciudadana y abordar la crisis civilizatoria a través de la implementación de redes de apoyo mutuo, la defensa del territorio, proyectos jurídico-legislativos disruptivos, y manifestaciones. Buscamos fortalecer vínculos entre la defensa del territorio, las luchas sociales y el movimiento climático internacional, pues creemos que solo la unión de luchas, de manera estratégica, solidaria, profundamente democrática e interseccional, logrará crear una alternativa política capaz de evitar el colapso climático.

Democracia chilanga SIN partidos: hacia una ciudad comunal para pueblos, barrios y colonias de CDMX

El debate presidencial del 19 de mayo próximo es diferente porque incluye los temas de “inseguridad y crimen organizado”. Ya sé que todos los temas de los tres debates son importantes, solo que ahora debemos responder la siguiente pregunta: ¿la próxima o el próximo jefe de Estado sabrá conducir al país hacia el fin de la epidemia de homicidios?
En 2012, cuando se publicó <a href="https://publications.iadb.org/es/antipodas-de-la-violencia-desafios-de-cultura-ciudadana-para-la-crisis-de-inseguridad-en-america" target="_blank" rel="noopener">Antípodas de la violencia: Desafíos de cultura ciudadana para la crisis de (in)seguridad en América Latina</a>, trascendió que miembros del equipo de investigación se preguntaron por qué es tanto el desvalor de la vida en México. Se dijeron muy sorprendidos en términos comparados frente a otros países de la región; tal vez no hay otro lugar donde hubieran encontrado tal precariedad en el aprecio a la vida, habrían reconocido.
En mis más recientes colaboraciones en este blog vengo insistiendo desde varios ángulos en una pregunta que, en rigor, solo puede contestarse reuniendo múltiples saberes académicos y no académicos: ¿qué le ha pasado a nuestra sociedad luego de casi dos décadas de violencia homicida desproporcionada? ¿En qué condiciones se encuentran los pensares y sentires habiéndose instalado la experiencia directa e indirecta de la disponibilidad de la vida a través de la violencia? Y desde luego esto a su vez merece diferenciación desde múltiples criterios construidos desde las metodologías especializadas y las experiencias de las personas concernidas.
El primer y segundo debate presidencial provocaron, como suele suceder, muchas más reacciones relacionadas con las percepciones asociadas a las imágenes y mucho menos relativas a las promesas de las y el candidato. Hay mucha investigación sobre lo que son y no son los llamados debates; para los efectos de este texto, cuestiono si las formas ayudan a la argumentación y contra argumentación o no. Mi hipótesis es que el principal incentivo de estos formatos que se usan en cada elección presidencial es cuidar la imagen de su respectiva o respectivo candidato.
En mi experiencia cercana a decenas de campañas, se invierte mucho más en tratar de controlar aquello que puede dañar la imagen de la persona candidata que en construir y comunicar contenidos que pasen la prueba del análisis informado y basado en evidencias. Si el tercer debate presidencial sigue un formato similar al primero y el segundo, ya podemos anticipar que lo que se diga relacionado a la inseguridad y el crimen organizado nos dejará muy pocas posibilidades de responder la pregunta inicial: ¿la próxima o el próximo jefe de Estado sabrá conducir al país hacia el fin de la epidemia de homicidios?
Antanas Mockus, alcalde mayor de Bogotá, Colombia, en los periodos 1995-1997 y 2001-2004, colocaba en el centro de su política de cultura ciudadana, convivencia y seguridad la protección de la vida (“la vida es sagrada”, repetía en la base de su construcción discursiva). Su impresionante propuesta pedagógica desplegó múltiples iniciativas para reducir la pérdida de vidas por las violencias y la accidentalidad, mostrando un compromiso que transitaba por la condolencia, no en pocas ocasiones acompañada por el llanto. Sus gobiernos tuvieron tales éxitos en estos y otros temas, que se convirtieron en referencia ejemplar internacional.
Ya en la campaña presidencial de 2018 en una mesa en radio me preguntaron qué esperaba de las personas candidatas y eso fue justamente lo que contesté: condolencia, cuya definición es “participación en el pesar ajeno”.
Si queremos como sociedad recuperar nuestra humanidad, no cabe para el tercer debate el pragmatismo político que cierra el paso al auténtico escrutinio social sobre las candidatas y el candidato, metiéndolos en un formato rígido que, en lugar de abrir la llave para dejar fluir su pensar y sentir, la cierra al máximo posible.
Por el contrario, debemos romper esa bolsa de contención cambiando las reglas, comenzando por ampliar el tiempo para ponerles a prueba por varias horas, solo contestando a múltiples preguntas asociadas a la descomunal agenda de reconstrucción que supone una ruta fundamentada para acabar con la epidemia de homicidios.
Seguiré esta reflexión con una propuesta precisa de formato y las preguntas mínimas que deberían incluirse.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

Tercer debate presidencial: seguridad, condolencia y cambio de reglas

En esta primera entrega abordamos la <a href="https://readymag.website/u3038421399/informeINM/" target="_blank" rel="noopener">militarización del Instituto Nacional de Migración (INM)</a>, principal ejecutor de la política migratoria y de la construcción de narrativas coercitivas y criminalizantes que colocan a las personas migrantes como enemigos externos, y que a su vez se encargan de legitimar mecanismos simbólicos, comunicativos, jurídicos con los que se ejecutan acciones arbitrarias y discriminatorias y que, en suma, construyen la idea de la migración como un riesgo a la soberanía y la seguridad nacional del país.
Aunque los orígenes de la militarización en nuestro país se remontan a varias décadas atrás, es importante destacar que en los últimos cinco años ésta se ha agudizado <a href="https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2024/02/Negocio2.0.pdf" target="_blank" rel="noopener">al otorgar a las fuerzas armadas un papel preponderante en varios ámbitos de la vida nacional</a>, entre ellas las labores de seguridad pública y de control migratorio. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Tan sólo la Guardia Nacional, creada en 2019 como una institución federal de seguridad pública, hoy se ubica como una de las cuatro fuerzas armadas en el país. No sólo su personal tiene una formación y disciplina militar, también se caracteriza por estar liderada por altos mandos del Ejército y por los dispositivos que implementa de manera táctica,<a href="https://ejercitoespia.r3d.mx/" target="_blank" rel="noopener"> como la tecnología de videovigilancia o de ciber inteligencia</a>.
La militarización del Instituto Nacional de Migración, una institución de carácter civil con atribuciones directas a la Seguridad Nacional, tiene implicaciones graves para los derechos humanos de las personas migrantes. Implica que sus funciones como instancia ejecutora de las disposiciones (en virtud de la ley mexicana) para la regulación en el ingreso, tránsito y salida de las personas dentro de territorio nacional ha sido permeado por una estructura militar en dos sentidos: el primero, al concederle atribuciones a la Guardia Nacional en materia migratoria, como el control y verificación en coordinación con elementos del INM, y al incorporar en su organización interna a personal militar, incluso en cargos estratégicos.
La participación de la GN en tareas de control migratorio destaca en el amplio despliegue de elementos que se ha tenido desde 2019 en la frontera sur y que hasta enero de 2024, de acuerdo con cifras públicas, 32,150 elementos de la Guardia Nacional se encuentran incorporados al Plan de migración en la frontera norte y sur. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
En cuanto a la incorporación de elementos militares a la estructura del INM, a junio de 2023 14 de los 32 titulares de las oficinas de representación del INM tienen una formación militar, cuyos nombramientos se dieron entre 2019 y 2023, de acuerdo con el PRAMI-IBERO. Además, de los estados donde militares ocupan cargos titulares de las Oficinas de Representación, Sonora, Veracruz y Chiapas coinciden en tener las tasas más altas de violaciones a derechos humanos hacia personas migrantes.
Finalmente está el uso de eufemismos como eje de la<a href="https://concopiaoculta.org/" target="_blank" rel="noopener"> narrativa gubernamental</a>, que intenta manipular la realidad y ocultar la grave situación de los derechos humanos de las personas en contexto de migración forzada en México. Se trata de una narrativa que, por un lado, nombra como “rescate” a lo que de facto son detenciones arbitrarias cometidas casi siempre con uso de violencia verbal y física, entre otras violaciones a derechos humanos. Y que, por otro lado, criminaliza y estigmatiza a las personas migrantes como enemigos y una amenaza a la seguridad, como ha sucedido recientemente en Chihuahua.
La manipulación de la realidad y el uso de eufemismos en la narrativa gubernamental constituyen una forma de control social desde el poder político. Son mecanismos que, junto con la impunidad, protegen a los perpetradores de violencia, sean estatales o criminales, evaden la responsabilidad estatal de proteger los derechos de las personas, e intentan imponer una mentira como verdad social. Por eso más que nunca es fundamental la participación y organización de la sociedad para atender la crisis de derechos humanos en nuestro país.
* La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes – REDODEM (<a href="https://twitter.com/RedodemMX" target="_blank" rel="noopener">@RedodemMX</a>) es una red nacional de albergues, casas para migrantes y organizaciones en 14 estados del país.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Para profundizar en el tema, cinco organizaciones de sociedad civil (Intersecta, R3D, Data Cívica, México Unido contra la Delincuencia y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de la CDMX) han publicado este año diversos informes que profundizan y producen una radiografía del tema.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Informe de seguridad, 16 de enero de 2024, disponible <a href="https://www.gob.mx/presidencia/documentos/informe-deseguridad-16-de-enero-de-2024" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Claves para comprender la militarización de la política migratoria en México (Parte 1)

Cuando alguien habla de los derechos de los trabajadores nos imaginamos posiblemente a jornaleros que laboran en distintas industrias: textiles, automotrices, mineras o de la construcción. Tal vez pensamos en la lucha social de los campesinos y obreros que exigen condiciones de trabajo justas. Pero pocas veces nos viene a la mente las mujeres que ejercemos el trabajo sexual.
Las teiboleras, ficheras, las que nos paramos a talonear en las calles, avenidas o parques, incluso las que generan contenido para plataformas como Onlyfans o redes sociales. Las mujeres que con nuestra chamba formamos parte del 60 % de trabajadores que nos dedicamos a la economía informal en México.
<figure id="attachment_1395007" aria-describedby="caption-attachment-1395007" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1395007" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajo-sexual-es-trabajo.jpg" alt="Trabajadora sexual en calles de la Ciudad de México." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajo-sexual-es-trabajo.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajo-sexual-es-trabajo-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajo-sexual-es-trabajo-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajo-sexual-es-trabajo-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1395007" class="wp-caption-text">Trabajo sexual es trabajo. Foto: Natalia Lane.</figcaption></figure>
Hace poco leía un artículo sobre Marcelina Bautista, una mujer referente importante en la lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar y de su sindicato nacional. El texto se titulaba “De sirvientas a trabajadoras” y en él se hablaba de la desprotección del Estado, la falta de seguridad social o jubilaciones y la discriminación laboral cotidiana que viven las compañeras en América Latina.
No pude evitar pensar en que cómo estas violencias y estigmas no son distintas a las que vivimos las trabajadoras sexuales. Con la gran diferencia que a las compañeras jamás se les pone en duda que su trabajo sea un trabajo de verdad.
&#8220;¿Y aparte de esto te dedicas a otra cosa? ¿Si tienes un trabajo en serio?&#8221;. Esas son algunas de las preguntas que nos han hecho clientes o personas cercanas a nosotras. Porque el trabajo sexual ni siquiera se considera como un trabajo en sí. Esta permeado por los estigmas de la sexualidad y el machismo.
Muchos de nosotras crecimos con el imaginario de la puta y la santa en un sistema de creencias religiosas y familiares que basan el valor de las mujeres en nuestra virginidad o la vida sexual que llevemos. Entonces, ¿por qué el trabajo sexual incomoda tanto a la sociedad?
Históricamente el papel de las trabajadoras sexuales ha sido motivo de repudio y asombro. Desde la Malinche, esa mujer inteligente que sirvió como puente de comunicación entre los genocidas españoles y el pueblo azteca, pasando por Sien Hoornik, una costurera y cortesana que inspiró al mismo Vincent Van Gogh, hasta la propia Cleopatra, una gobernante seductora y capaz de dominar a emperadores como Julio Cesar y Marco Antonio.
A todas ellas se les juzgó e interpeló como mujeres sin escrúpulos y calculadoras. Y aunque sería una imprecisión histórica verlas como trabajadoras sexuales exclusivamente, fueron mujeres que supieron capitalizar su sexualidad y erotismo para conseguir sus objetivos.
Pero regresando al artículo de Marcelina Bautista, gracias a la lucha política de las trabajadoras del hogar se logró incorporar algunas de sus exigencias a la Ley Federal del Trabajo en el 2019. Exigencias como el derecho a horas de descanso, alimentación adecuada y espacios dignos de trabajo.
¿Imagínense cómo es entonces la situación de las mujeres trabajadoras sexuales en nuestro país? Cómo lo dice Georgina Orellano, secretaría general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales en Argentina (AMMAR): &#8220;Si las feministas blancas están intentando romper el techo de cristal, las trabajadoras sexuales estamos apenas escarbando un piso sin pavimentar&#8221;.
Aún son muchas las batallas que faltan por ganar, quizás la que más nos aterra es ser visibles y dejar la clandestinidad. Salir del clóset puteril no es nada fácil, implica renunciar a un chingo de cosas. Particularmente de la propia mirada de nuestros conocidos y familia.
<figure id="attachment_1395017" aria-describedby="caption-attachment-1395017" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1395017" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajadoras-sexuales.jpg" alt="Trabajadoras sexuales en las calles de la Ciudad de México." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajadoras-sexuales.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajadoras-sexuales-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajadoras-sexuales-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajadoras-sexuales-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1395017" class="wp-caption-text">Movilización comunitaria, clave para el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. Foto: Natalia Lane.</figcaption></figure>
En la Ciudad de México el trabajo sexual no es considerado como un delito, ni siquiera se contempla como una falta administrativa en la Ley de Cultura Cívica, pero eso no quiere decir que las colegas no padezcamos los estragos de la criminalización de la policía y la violencia institucional del gobierno.
Durante la pandemia, los hoteles y establecimiento comerciales cerraron sus puertas desalojando a muchas trabajadoras sexuales del centro y quitándoles sus fuentes de trabajo e incluso las habitaciones que rentaban al ser foráneas de la capital. Para las que trabajamos en la calle, nunca ha sido un secreto que los policías extorsionan y persiguen a nuestros clientes cuando nos contratan.
La movilización comunitaria ha sido clave para que se reconozcan algunos de nuestros derechos laborales. Gracias al juicio de amparo en 112/2013, interpuesto por organizaciones de la sociedad civil, el trabajo sexual pudo ser reconocido bajo el esquema de trabajo no asalariado por parte de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México.
Pero de nada nos sirve ser reconocidas en el papel como trabajadoras no asalariadas, si en el día a día las compañeras seguimos sin tener acceso a derechos básicos como seguridad social, prestaciones o jubilación digna.
No tiene sentido tener un carnet de trabajo sexual si las colegas debemos pagar de nuestros bolsillos un servicio médico privado o se nos niega rentar un departamento o habitación por no contar con un comprobante de ingresos oficial.
Uno de los argumentos más comunes para negar estos derechos es creer que las trabajadoras sexuales no pagamos impuestos, ni tenemos un esquema patronal de trabajador-empleador. Por tanto no cumplimos con las obligaciones fiscales que cualquier otro ciudadano tiene.
¿Saben cuál es la derrama económica y la cantidad de dinero que aportamos a la economía informal las trabajadoras sexuales? De acuerdo con la segunda encuesta en este rubro que hizo el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), el 80 % de las compañeras mantenemos económicamente a nuestras familias o tenemos más de un dependiente económico.
Entre maternar a nuestros hijos, cuidar a nuestros padres y madres y pagar los servicios básicos de vivienda como luz, agua potable, comunicaciones, entre otros. Las trabajadoras sexuales aportamos grandes cantidades, hasta ahora incuantificables por el INEGI o el SAT, a la vida diaria de nuestras familias y la economía de este país.
Viendo la otra cara de la moneda, ¿saben cuántas personas, cadenas de hoteles, farmacias, sex shops, servicios taxis o por aplicación como Uber o Indrive se benefician directa o indirectamente de nuestra chamba cotidiana en el talón?
La Organización Internacional de Trabajo OIT ha señalado que los gobiernos deben reconocer oficialmente la industria del sexo y el trabajo sexual, pero esto no lo hacen por ser buenas personas o por proteger nuestros derechos laborales, sino por la oportunidad de los Estados para recaudar impuestos directamente de este sector.
Estas visiones fiscales dejan a un lado a las trabajadoras sexuales que se encuentran en mayores condiciones de pobreza y desigualdad.
El problema no está en los impuestos, sino en la clandestinidad de nuestro trabajo. Las colegas somos clandestinas en un sistema que está más preocupado por &#8220;rescatarnos&#8221; del trabajo sexual que en garantizarnos condiciones laborales seguras y dignas para seguir ejerciéndolo.
El feminismo blanco de escritorio no se queda atrás. Sus prejuicios racistas y falta de conciencia de clase han contribuido a alimentar la narrativa de la buena víctima. De quitarnos toda capacidad de agencia y vernos como mujeres explotadas por la industria sexual. No pueden imaginar a una mujer trans trabajadora sexual haciendo políticas de calle y organizándose colectivamente con otras compañeras.
La pregunta no es si las colegas necesitamos ser rescatadas del trabajo sexual. La pregunta es ¿por qué tenemos que seguir en la clandestinidad y sin derechos laborales?  
Y así como alguna vez Marcelina Bautista y las trabajadoras del hogar renunciaron a ser las sirvientas sin derechos, nosotras renunciamos a la criminalización de nuestro oficio y reivindicamos el trabajo sexual como nuestro proyecto de vida. Es tiempo de que las trabajadoras sexuales nos miremos a nosotras mismas con derechos y no clandestinas.
* Natalia Lane (<a href="https://twitter.com/natalia_lane" target="_blank" rel="noopener">@natalia_lane</a>) es mujer trans, comunicóloga y Asambleísta Consultiva en <a href="https://twitter.com/COPRED_CDMX" target="_blank" rel="noopener">@COPRED_CDMX</a>.

¿Nos queremos clandestinas o con derechos? La lucha de las trabajadoras sexuales

En nuestra conversación pública ya no es extraño, salvo para los círculos promotores del oficialismo, que se reconozca a la militarización como una de las claves de la política del presente. Para estos últimos, no vale la pena siquiera hablar del asunto, a menos que sea para reiterar la indispensabilidad del Ejército para construir y gestionar caminos, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, aduanas y bancos; para repartir los recursos de la política social y, como condición básica, para hacerse cargo de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional.
Haciendo caso a la realidad, la historia del sexenio de López Obrador es la de una reorganización profunda de la estructura del Estado mexicano, con las Fuerzas Armadas readquiriendo cuotas de poder que modifican de manera definitiva el equilibrio de fuerzas entre civiles y militares. La enorme cantidad de dinero venido del presupuesto, sumada a las nuevas oportunidades para los negocios, el respaldo político y el poder de las armas, han consolidado a la SEDENA como una institución con carta libre para cometer todo tipo de actos y omisiones sin tener que preocuparse por rendir cuentas ante la sociedad o cualquier otra institución.
La publicación del <a href="https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/3/2024-02-01-1/assets/documentos/2do_Informe_Semestral_Fuerza_Armada_Permanente.pdf" target="_blank" rel="noopener">Segundo Informe de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública</a>, remitido al Senado el pasado 1° de febrero, sirve para profundizar sobre este último argumento. Entre otras cosas, el informe da cuenta sobre la cantidad y el resultado de los enfrentamientos entre miembros del Ejército y civiles, como parte de las operaciones contra el crimen organizado. Llama la atención la intrascendencia del tema en la conversación pública, pero también la manera en que la SEDENA presenta las cifras. Nadie en el Senado, ni en los medios de comunicación, pareció interesado en revisarlas o en verificar la información. El actuar de las Fuerzas Armadas se dejó pasar, otra vez, sin supervisión alguna.
Investigaciones en el pasado arrojan, una y otra vez, la misma conclusión: el Ejército es una corporación propensa al uso de la fuerza letal, <a style="color: #0000ff;" href="#_edn2" name="_ednref2">i</a> que opera sin protocolos para corroborar que ese uso de la fuerza se hace conforme a los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas.<a style="color: #0000ff;" href="#_edn3" name="_ednref3">ii</a> Sin más, por regla, en sus conteos oficiales y comunicados de prensa, las Fuerzas Armadas se refieren a estos hechos como “agresiones” que siguen un patrón sospechosamente idéntico: siempre se trata de un patrullaje de rutina emboscado con violencia, que resulta en una gran cantidad de agresores muertos y una menor cantidad (en ocasiones cero) de heridos o detenidos.<a style="color: #0000ff;" href="#_edn4" name="_ednref4">iii</a>
Conforme a esta descripción oficial de SEDENA, el uso de la fuerza letal de sus elementos queda sin más justificado como un acto de defensa propia frente a la delincuencia; pero sin proporcionar evidencia o rendir explicaciones adicionales que permitan saber realmente quiénes eran esas personas a quienes el Ejército dio muerte. Las Fuerzas Armadas no informan sobre qué hacía el Ejército al momento de las llamadas agresiones, o si existen las debidas constancias de lo sucedido elaboradas por el ministerio público, y tampoco sabemos dónde están o qué pasó con los heridos, los detenidos y los muertos. La falta de interrogaciones y el silencio de la clase política, como pasa hoy, alimentan un clima de opacidad e impunidad que sólo puede ser redituable para las propias Fuerzas Armadas.
De acuerdo con los reportes más actualizados de la SEDENA, desde 2007 y hasta el 1° de abril de 2024, se han registrado 5,832 enfrentamientos entre personal militar y civiles, que han resultado en 5,627 presuntos agresores muertos, 880 heridos y 4,914 detenidos. Estos valores son notoriamente más elevados que el total de 356 militares muertos y 1,958 heridos en el mismo periodo. En proporción, el número de presuntos agresores muertos es 1,480% superior al número de militares muertos en enfrentamientos.
<figure id="attachment_1394781" aria-describedby="caption-attachment-1394781" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1394781" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/agresiones-militares.jpg" alt="Tabla con los datos de la letalidad del Ejército desde 2007 a la fecha." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/agresiones-militares.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/agresiones-militares-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/agresiones-militares-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/agresiones-militares-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1394781" class="wp-caption-text">Elaboración propia, a partir de datos de SEDENA. iv</figcaption></figure>
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No es novedad, ni deja de ser cuestionable, que las autoridades presenten conteos o estadísticas sobre el número de muertes para presuntamente demostrar el cumplimiento de la ley o el avance de una estrategia. Sin embargo, llama la atención la manera en que la SEDENA presenta los anteriores datos como un indicador de éxito, remitiéndose al conocido “índice de letalidad”.
Explicado a grandes rasgos, este último es un recurso para medir y calificar el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las corporaciones de seguridad, calculando el número de civiles muertos por cada civil herido en enfrentamientos con elementos de seguridad. Si el resultado de este cálculo arroja valores superiores a uno, es pertinente advertir sobre la existencia de patrones de abuso de la fuerza, resaltando la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas sobre el actuar de las corporaciones de seguridad. <a style="color: #0000ff;" href="#_edn6" name="_ednref6">v</a> Sin embargo, lo que la SEDENA llama en su informe como “índice de letalidad” no se parece en nada a lo que recién acabamos de describir.
De acuerdo con la explicación adjunta al informe, la SEDENA calcula la letalidad de sus efectivos restando el número de presuntos agresores heridos y detenidos del total de presuntos agresores muertos. Si dicha operación arroja un número negativo, en palabras de la SEDENA, su desempeño puede calificarse como favorable, puesto que demostraría que las Fuerzas Armadas son más efectivas para incapacitar o detener a los agresores, en vez de sólo provocarles la muerte. Desde luego, se trata de una operación extraña. No tiene sentido que el número de detenidos y el número de heridos se cuenten como dos cosas diferentes a menos que, en un acto inverosímil y criminal, los heridos en los enfrentamientos no estén siendo remitidos al ministerio público como parte de los detenidos.
Un rápido cálculo mental, a partir de los datos expuestos en la tabla anterior, muestra que, de ajustarnos al método establecido por la SEDENA, con salvedad del periodo entre 2011 y 2013, en todos los años la institución alcanzó resultados favorables en cuanto al índice de letalidad. Lo que nos llevaría a concluir, como pretende la SEDENA, que las Fuerzas Armadas han recurrido al uso de la fuerza letal en completo apego a la ley. Sin embargo, el método exhibe la intención verdadera. De manera engañosa, indudablemente deliberada, la SEDENA calcula su letalidad mediante una doble contabilidad con la que restar valor a la gran cantidad de muertos que producen sus enfrentamientos con civiles.
En cambio, si calculamos el índice de letalidad como es debido, los resultados marchan en dirección contraria. De hecho, como puede verse en la siguiente gráfica, el índice de letalidad del Ejército durante el sexenio de López Obrador conserva valores superiores a la unidad deseada, contraviniendo la narrativa de un Ejército ajeno a los valores autoritarios y de una estrategia de seguridad enfocada en la construcción de paz. Pese a lo dicho, las Fuerzas Armadas continúan siendo tan letales como lo han sido desde el arranque de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
<figure id="attachment_1394783" aria-describedby="caption-attachment-1394783" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1394783" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Indice-de-letalidad-del-ejercito.jpg" alt="Gráfica con el índice de letalidad del ejército de 2007 al 2024." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Indice-de-letalidad-del-ejercito.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Indice-de-letalidad-del-ejercito-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Indice-de-letalidad-del-ejercito-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Indice-de-letalidad-del-ejercito-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1394783" class="wp-caption-text">Elaboración propia, a partir de datos de SEDENA.</figcaption></figure>
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No hay que perder de vista que, más allá de los números e indicadores, como se ha dicho incontables veces sobre los tiempos de violencia crónica en que vivimos, hay vidas humanas arrebatadas al amparo de instituciones irresponsables. Rumbo al fin del sexenio, las reglas del juego han cambiado en favor de las Fuerzas Armadas. En los hechos, han sustituido a las policías, sin contar con la debida preparación o regulación, y sin ninguna autoridad debidamente interesada en supervisar y hacerles rendir cuentas sobres sus acciones.
El nuevo lugar de las Fuerzas Armadas en la vida pública nacional se revela en el problema de su letalidad. Los militares tienen el poder de dar muerte a ciudadanos mexicanos, para después tergiversar la información y afirmar que esas muertes son coherentes conforme al derecho y favorables conforme a la estrategia. Pueden hacerlo porque es lo que el respaldo incondicional de las autoridades civiles les ha permitido. Ese fenómeno tiene un nombre en nuestro país: militarización.
* Fernando Escobar Ayala es investigador de <a href="https://twitter.com/causaencomun" target="_blank" rel="noopener">@causaencomun</a>.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ednref1" name="_edn1">i</a> Véase: Alejandro Madrazo, Rebeca Calzada y Jorge Javier Romero, “La guerra contra las drogas. Análisis de los combates de las fuerzas públicas 2006-2011”, Política y Gobierno, XXV, no. 2, 2018, pp. 379-402.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ednref3" name="_edn3">ii</a> Como se establece en: Diario Oficial de la Federación, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Artículo 4°.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ednref4" name="_edn4">iii</a> Véase: Catalina Pérez Correa, “Cuando los ciudadanos se vuelven enemigos”, Nexos, 1° de enero de 2021.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ednref5" name="_edn5">iv</a> Secretaría de la Defensa Nacional, Agresiones contra el personal militar. Disponible <a href="https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/agresiones-contra-el-personal-militar" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ednref6" name="_edn6">v</a> Este indicador ha sido replicado por diferentes organismos internacionales, a partir de las anotaciones de: Paul G. Chevigny, “Police Deadly Force as Social Control: Jamaica, Argentina and Brazil”, Crimminal Law Forum, 1, no. 3, 1990, pp. 389-425.

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