Mientras tanto, el presidente de la república, quien gracias al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene la facultad de remover al Fiscal General, ha decidido no cuestionar su gestión ni someramente. Por el contrario, en la llamada “reforma judicial” se ha optado por adjudicar a los tribunales el fracaso en el procesamiento de los casos o la liberación de personas imputadas. Fallas que, en su mayoría, se explican por deficiencias procesales, falta de investigaciones sólidas y de medios de prueba, que son competencia de la FGR.

1. La FGR se está reduciendo a una mera oficialía de partes. El inicio de investigaciones se limita a los casos de denuncias formales. Esto es contrario al inicio de investigaciones proactivas sobre la comisión de posibles delitos o la extensión de fenómenos, estructuras y mercados criminales.  El inicio de investigaciones ha disminuido en una tercera parte (31.2 %) del 2018 a 2022, al pasar de 112,917 investigaciones (309 diarias) a 77,693 (212 diarias).
2. Dependencia a la flagrancia para judicializar los casos. 6 de cada 10 casos judicializados ante los tribunales se presentan con personas detenidas, en detrimento de investigaciones que pudieran conducir a la posterior aprehensión de las personas imputadas. Por otro lado, según datos del Consejo de la Judicatura Federal al 2023, más de la mitad de los esfuerzos de judicialización de la FGR permanecen concentrados principalmente en delitos en materia de armas y explosivos (56.75%). Le siguen los delitos contra la salud (18.23%). Los ilícitos relacionados con hidrocarburos y los delitos fiscales apenas alcanzan 3.7% y 3% respectivamente.
3. Eficacia prácticamente nula. Sólo 4 de cada 100 casos conocidos por la Fiscalía General en el ámbito federal, recibieron alguna respuesta efectiva, ya sea en términos de sentencia, o de alguna salida alterna o anticipada. Esto de acuerdo al Índice de Impunidad Federal para 2022, calculado anualmente por México Evalúa. Datos del Inegi señalan que en 2022, del total de investigaciones iniciadas sólo se determina un 45%. De ellas, un elevado 64.1% deriva en resoluciones para no ejercitar la acción penal. Hay además un uso ínfimo de acuerdos reparatorios (1.5 %) y de criterios de oportunidad (0.3 %). Por el tipo de delitos judicializados, no sorprende que la medida cautelar más solicitada y concedida a nivel federal sea la prisión preventiva. Esta figura ha observado un incremento significativo a partir de la reforma del 2019, que la impulsó.
4. Presupuesto sin cambios y opaco. El plan de transición de la FGR establecía la necesidad de transformar a la institución y orientar su labor con un carácter más estratégico. Era necesaria una inversión presupuestal importante para soportar los procesos de innovación, profesionalización y depuración del personal, entre varios más. Sin embargo, el presupuesto ejercido se ha mantenido prácticamente sin cambios. Pasó de 16.7 mil millones de pesos (mmdp) al cierre de 2018 a 17 mmdp para 2022 (+2.2 %). No pueden saberse la racionalidad de la asignación ni las prioridades establecidas.
5. Reducción de personal. La Fiscalía, muestra una disminución en su planta laboral de 14.65% del inicio de 2019 al cierre de 2022, al pasar de 22,825 a 19,479 personas.
6. Negligencia ante las disposiciones establecidas en la Ley. En vez de ceñirse a la Ley de la Fiscalía General de la República (LFGR) publicada el 20 de mayo de 2021, la gestión actual de la institución ha sido confeccionada por el fiscal. Por citar algunos ejemplos, se desconoce el estatus de los siguientes rubros pendientes:

c) la implantación del modelo de gestión diferenciado con una política de priorización (art. 28 de la LFGR), y

Si queremos un verdadero estado de derecho, la FGR no puede seguir ausente, debilitada y siendo comparsa. Hoy estamos frente a la oportunidad de una Presidencia que exija resultados y rendición de cuentas en el combate a la criminalidad. De lo contrario, sólo damos luz verde para que la delincuencia opere impunemente.