Al menos 297 mil 150 de las más de 800 mil muertes en exceso ocurridas en México durante la pandemia por covid no pueden explicarse mediante determinantes estructurales que escapan al control de las autoridades, ni son atribuibles a condiciones y características preexistentes a la pandemia en nuestro país.
Esto significa que entre un 37 y 39% no fueron resultado de la prevalencia de enfermedades crónicas, niveles de desarrollo económico, economía informal, deficiencias en el acceso y calidad del sistema de salud –agravadas desde antes de la crisis–, la estructura demográfica u otras condiciones previas difíciles de modificar, señala el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México.
“Es decir, si México hubiera tenido un desempeño apenas promedio en la gestión de la emergencia sanitaria, se pudieron evitar alrededor de 300 mil muertes”, concluye el documento.
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El desempeño nacional
De acuerdo con la Comisión, los indicadores más relevantes de desempeño ante la pandemia de covid, que motivaron su investigación, son 260.7 decesos por cada 100 mil habitantes, 807 mil 720 muertes en exceso al cierre de 2022, 5 mil 800 decesos entre el personal de salud hasta mayo de 2023, 215 mil niños y niñas en orfandad de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2022, 8.7% de caída del PIB en 2020, 10.6 millones de empleos perdidos ese mismo año con 3.8 millones más de personas en pobreza y 4 años de reducción de la esperanza de vida.
Según las conclusiones del grupo de académicos y exfuncionarios, durante la crisis por covid-19 persistió una discrepancia entre estimaciones y comunicación, por un lado, y la realidad epidémica por otro, lo que dejó a la población sin información certera sobre el riesgo real. Así, aproximadamente 6.4 de cada mil mexicanos murieron a causa de la pandemia de forma directa o indirecta.
Mientras que la edad promedio de personas fallecidas por covid fue de 63.6 años, se registraron 38 de cada 100 muertes en menores de 60 años, mientras que el promedio mundial fue de 20 por cada ciento. Aunado a ello, pese a que los lineamientos de atención a la pandemia requerían pruebas diagnósticas al 100% de los casos graves en las unidades de salud, el sistema no captó cerca de 35 de cada 100 muertes.
“Los lineamientos no pudieron ser seguidos en un porcentaje importante de los casos… Una proporción considerable de muertes por covid-19 ocurrieron fuera de instituciones de salud (en casa) y/o antes de que el caso fuera analizado y registrado en el Sisver, que fue la base de la comunicación gubernamental durante la emergencia”, apunta el informe.
De hecho, el porcentaje de muertes ocurridas específicamente en el hogar aumentó aproximadamente cuatro puntos porcentuales durante la pandemia. Con el paso de los años, este aumento no se ha revertido: hoy un porcentaje más alto de personas muere fuera de las unidades médicas, incluso por encima de otros países, pues en el resto del mundo ese patrón de lugar de fallecimiento también se modificó.
Municipios marginados en México enfrentaron más letalidad por Covid
Los municipios con mayores índices de marginación en nuestro país registraron una mayor letalidad derivada de la pandemia por covid y, al mismo tiempo, fue donde menos pruebas se aplicaron, de acuerdo con el informe que presenta este martes la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México.
De acuerdo con los datos analizados por el grupo, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez y Tapachula, los tres en Chiapas, son algunos de los municipios en los que existiendo un alto índice de marginación, se aplicaron menos pruebas por cada mil habitantes, seguidos por otros como Tehuacán, Acolman y Valle de Chalco.
El documento muestra que en los municipios de mayor desarrollo –es decir, el 10% con menor índice de marginación–, el promedio de pruebas registradas por habitante casi duplica a los del siguiente decil, y además es 10 veces mayor al del 10% de municipios del país con los mayores índices de marginación.
“Esto ocurre a pesar de que, muy probablemente, el número de pruebas no registradas en los sistemas de vigilancia, por ejemplo, pruebas realizadas por laboratorios privados y pruebas de antígeno adquiridas por pacientes, es mayor para la población residente de municipios más desarrollados”, precisa el informe.
Aunado a ello, en los dos primeros años de la pandemia, aproximadamente 9% de las personas con covid-19 residentes en municipios menos marginados fallecieron. En contraste, el mismo indicador se acerca al 17% para los más marginados, lo cual sugiere que el acceso al diagnóstico y atención médica –e incluso la posibilidad de ser “contado”– estuvo fuertemente condicionado por la desigualdad socio-territorial.
La orfandad pospandemia
Una de las realidades que el documento califica como “más desconsoladoras” es la alta incidencia de orfandad provocada por la pandemia, que se estima en cerca de 215 mil 300 niños. “Atender esta realidad con medidas enfocadas a apoyar el desarrollo integral de los menores afectados es un reto mayúsculo, pero una de las mayores obligaciones colectivas que nos ha legado la pandemia”, añade.
Además, cuando esa estimación se extiende a los cuidadores principales de los menores –en algunos casos, incluso, la custodia no la ejercían los padres, sino abuelos u otros familiares–, la cifra asciende a 229 mil 300, mientras que al ampliar el espectro a cuidadores primarios y secundarios, al menos 318 mil 100 menores de edad sufrieron la pérdida de una figura adulta con la que vivían.
Estas cifras deben ser suficientes –señala el informe– para considerar la pandemia una catástrofe para la niñez mexicana, que demanda acciones remediales urgentes. A los efectos de las pérdidas por fallecimiento de sus cuidadores, deben sumarse las consecuencias generales de la crisis en población infantil y juvenil por el cierre de escuelas y el aislamiento prolongado, que causaron un impacto emocional y educativo.
Los más de 215 mil huérfanos estimados colocan a México entre los ocho países más afectados del mundo, junto con otros de mayor población como India, Indonesia y Estados Unidos. En nuestro país, 5.6 de cada mil menores de 18 años de edad quedaron huérfanos, la novena tasa más alta del mundo para países con más de cinco millones de habitantes.
La actuación de México frente a la pandemia
De acuerdo con la Comisión Independiente existen diversos estudios que han construido tipologías de la actuación de los gobiernos, y México se enmarca en un subtipo que agrupa a aquellos gobiernos nacionales que adoptaron una posición negacionista que subestimó sin fundamento la gravedad de los riesgos iniciales.
Algunas características recurrentes de los países que han sido colocados en esta categoría son la simplificación y negación de la complejidad de la situación, la utilización de la pandemia para reforzar la centralización y concentración de atribuciones y poderes, así como para amplificar la polarización y la propagación de mensajes sin sustento científico ni respaldo médico.
Así, según el grupo de académicos y exfuncionarios son tres las claves que permiten comprender lo que califican como “el fracaso” de México en su respuesta a la pandemia: la permanente subestimación de la gravedad del virus, la centralización y personalización de las decisiones, y la política de austeridad.
Entre estos factores, subrayan la fallida creación del Insabi y la cancelación del Seguro Popular, que debilitaron aún más al sistema de salud mexicano. En 2028, 20.1 millones de mexicanos (16%) no tenían acceso a la salud, pero en 2022 esta carencia alcanzó a 50.4 millones de personas (39%). “Ese enorme quebranto en las capacidades del sistema estaba ocurriendo cuando arribó la pandemia”, subraya.
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El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la medida solo afectará a un grupo pequeño de personas, pero no dio el alcance real de su magnitud.
“Identificar y eliminar más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad” para Estados Unidos.
Ese es el objetivo de la última medida para el control migratorio en la frontera sur que presentó este jueves el gobierno de Joe Biden, que se rechacen las peticiones de asilo más rápidamente y, a su vez, que se aceleren las deportaciones.
La regla, dicen, aplicará a un grupo pequeño de personas. En específico, para quienes puedan suponer “un riesgo para la seguridad nacional y pública”.
Esta medida se toma en un momento en que la inmigración es un tema caliente de cara a las elecciones de Estados Unidos el próximo noviembre.
Mientras que los republicanos critican constantemente a la administración Biden por ser laxa en este tema y haber empeorado la situación de la frontera sur, desde las filas demócratas progresistas se pide más atención y protección a los migrantes.
Pero, qué cambia con esta nueva regla y a quiénes afectará.
Un cambio en los tiempos
La regla, expuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, afectará a aquellas personas que se cree que han cometido delitos graves.
Así, expone que se aplicará a “condenados por delitos particularmente graves”, relacionados con terrorismo o que hayan “participado en la persecución de otros”.
También incluye a aquellos “para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de Estados Unidos.”
Esto en sí no es un cambio sustancial, puesto que ya la ley federal ya recoge la negación de asilo en Estados Unidos quienes se consideran una amenaza pública.
El punto clave de la reforma es el cuándo ocurre esta negación de asilo.
Hasta ahora, cuando alguien llegaba a la frontera, se le detenía, y si solicitaba asilo pasaba un tiempo largo hasta que se estudiaba su caso y, si se determinaba que el solicitante había cometido delitos, se le detenía para su posterior deportación.
Según la regla propuesta, ahora los agentes de migración de la frontera, que atienden los casos en su etapa más inicial, podrán determinar si una persona tiene o no causa de asilo o decidir si el detenido es una amenaza para Estados Unidos.
“Miedo creíble”
En específico, esto se dará en una etapa inicial del proceso de asilo que se llama “evaluación de miedo creíble”, y que ocurre unos días después de que alguien sea detenido en la frontera.
Según el derecho internacional y de Estados Unidos, cualquiera que llegue al país puede solicitar asilo. Para que se les conceda, deben demostrar que sufren persecución o temor a ser perseguidas en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
Es aquí cuando entra esa “evaluación de miedo creíble”, en la que se exponen las razones por las que se solicita asilo.
Hasta ahora, tras esa fase previa el caso podía pasar a un agente de asilo y, si era necesario, ante un tribunal de inmigración, que decide si el solicitante permanece o no en Estados Unidos.
El proceso para finalmente ser asilado puede durar años en tribunales de inmigración saturados.
La mayoría de las personas que lo solicitan no califican para obtenerlo y, en el camino, explicaron en el Departamento, se detiene y expulsa a quien tiene a antecedentes.
Ahora, los agentes en frontera podrán considerar en esa entrevista si la persona tiene antecedentes penales o vínculos terroristas sin pasar por esos trámites y, si la decisión lleva a negarle la entrada, se procederá a su deportación expedita.
La agencia no dio cifras sobre cuántas personas se verían afectadas, pero dijo que era pequeña.
En general, los defensores de la inmigración se han mostrado reacios a cualquier medida que busque hacer más difícil la evaluación inicial y creíble del miedo, según recoge agencias, por ser el de la entrevista un momento de alta vulnerabilidad tras sobrevivir a un viaje largo y peligroso hasta llegar a Estados Unidos.
Más medidas de cara a las elecciones
“La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
“Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente solo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, agregó.
Más de 6,3 millones de migrantes han sido detenidos tratando de entrar de forma ilegal a EE.UU. durante el mandato de Biden, una cifra mayor que en las administraciones anteriores, tanto de Trump, como las de sus antecesores Barack Obama y George W. Bush.
SI bien alcanzaron un nivel récord en diciembre, los cruces fronterizos bajaron en los últimos meses, en gran parte debido a la aplicación de la ley por parte del gobierno mexicano.
Además, ya el gobierno de Biden había anunciado el año pasado otra norma mucho más amplia que la anunciada ahora para restringir el asilo
La regla hizo que fuera extremadamente difícil para los migrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo a menos que usaran una aplicación del gobierno para programar una cita o que ya hubieran intentado buscar protección en otro país en su camino a Estados Unidos.
Con el tema migratorio sobre el tapete electoral, se espera que, antes del 5 de noviembre, el gobierno sopese una acción más amplia para restringir más la inmigración en la frontera.
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