A la mayoría de las personas nos encanta viajar: conocer nuevos lugares, experiencias y culturas. En México tenemos muchísimo por descubrir, ya que cada estado de nuestro país tiene su propia identidad, colores y sabores que encantan a cualquier turista.
El Gobierno sabe muy bien esto y por eso ha aprovechado la riqueza -natural y cultural- de cada estado con su programa de “Pueblos Mágicos”, con el cual busca explotar los recursos de diferentes lugares de nuestro país para atraer turistas.
En la actualidad existen 177 Pueblos Mágicos -con 45 que se unieron al listado hace apenas unas semanas– y si estás pensando salir de vacaciones, tal vez tienes en mente visitar alguno (o varios) de estos pueblitos.
Checa: Descender al inframundo maya para limpiarlo: los buzos que buscan sanear los cenotes en Yucatán
Pero es importante que sepamos que este programa, si bien ha ayudado a dar a conocer un abanico amplio de lugares increíbles por explorar, también ha resultado en consecuencias graves para los habitantes y sus recursos naturales.
Y no, no decimos que no deben visitarse, solo que para recorrerlos hay que saber ser un turista responsable que respete las localidades que visita.
Para comprender más sobre este tema, en Animal MX hablamos con Carla Escoffié, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y abogada dedicada al tema del derecho a la vivienda y derecho a la ciudad.
La Secretaría de Turismo resalta que este programa de desarrollo busca organizar “diversas acciones de carácter económico, social y ambiental con el propósito de mejorar condiciones de vida de una localidad turística”.
En el papel, esto suena muy bonito, pero como explica Carla, los Pueblos Mágicos están basados en un modelo turístico que busca homogeneizar las experiencias turísticas. Es como hacer de los lugares un “escenario” para atraer visitantes, sin tener en cuenta las necesidades y realidades de las comunidades locales.
“Este programa está basado en un modelo creado en los 60 y 70, de cuando se gestaron proyectos como Cancún, justamente con esta lógica de que el turismo sea como una especie de motor de la economía nacional. Entonces podemos entender que los pueblos mágicos como como programa parte de la misma idea. Pero hay que entender que la derrama económica no genera necesariamente una mejor calidad de vida”, menciona la abogada.
Y la derrama económica tampoco es una certeza.
Como menciona el artículo Los Pueblos Mágicos: una visión crítica sobre su impacto en el desarrollo sustentable del turismo, publicado por Universidad Autónoma de Nayarit, en 2012, México cayó del lugar 48 al 74 en desarrollo turístico.
Y eso no es todo, ya que en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2010, la Sectur fue amonestada por la Auditoría Superior de la Federación por las inconsistencias en el programa de Pueblos Mágicos.
Carla Escoffié añade que enfocar estas localidades al programa de Pueblos Mágicos trae consigo varios problemas que afectan directamente a las personas que viven en estos lugares.
Entre los efectos negativos se encuentran el aumento de precios, las afectaciones a recursos como acceso al agua, desplazamiento, gentrificación, modificación de la identidad del pueblo y espacios.
“Por ejemplo, lo que sucede en Mérida donde el mismo gobierno habla de una ciertas cuadras que son el ‘corredor gastronómico’, que son cuadras destinadas al turismo gastronómico y restaurantes para los turistas y lo generan estos procesos de turistificación es la modificación de los espacios y de la identidad con tal de vender un producto”, menciona Carla.
La activista y abogada señala que de esta forma se crean “montajes” con los que se busca atraer el turismo no por lo que es un lugar, sino que se modifica para parecerse más a los estereotipos y expectativas que traen los mismos turistas, volviéndose así “una caricatura de sí mismos”.
Como menciona el libro de Pueblos Mágicos. Una visión interdisciplinaria, de Liliana López Levi y más investigadores de la UNAM y UAM, este modelo se vuelve una especie de “autoboicot” con la llegada masiva de visitantes se acaban los recursos naturales de los pueblos, transformando el atractivo turístico de los pueblos, que se terminan convirtiendo en ciudades repletas de edificios, contaminación y sin áreas verdes.
Al mismo tiempo, esto ocasiona muchos desplazamientos de la población local por el encarecimiento de la vida en los Pueblos Mágicos.
Carla explica que una posible solución para esta problemática sería replantear el modelo turístico en México, dándole más importancia a la participación de las comunidades en la gestión del turismo y preservación de su identidad.
Sin embargo, esto es un problema estructural que depende del Estado y requiere acciones nivel gubernamental y de políticas públicas. Pero eso no significa que nosotros, como turistas, no podamos hacer nada.
La ONU, a través de la Organización Mundial del Turismo, lanzó hace años un código ético para realizar turismo responsable. Es decir, una especie de guía con puntos que debemos considerar al momento de viajar y así respetar los espacios que visitamos.
Por último, Carla agrega que debemos pensar en cómo nos comportamos al viajar, ser conscientes de no apoyar el consumo depredador con el que varias empresas grandes están identificadas, preguntar a las personas locales los lugares bonitos que podemos visitar -más allá de los spots más populares-, esto nos ayudará a verdaderamente conocer los pueblos y sus culturas.
Así que si estás planeando una visita por los Pueblos Mágicos del país, recuerda que sí podemos hacer un turismo responsable.
Antes de que te vayas: ¿Con ganas de aventuras? Escápate a Mil Cascadas, la maravilla natural cerca de Taxco
El texto, tan antiguo como Estados Unidos, fue promulgado para prevenir el espionaje y el sabotaje extranjero en tiempos de guerra. Según expertos consultados por BBC Mundo, este instrumento legal permite al gobierno detener y expulsar a personas sin tener que ofrecerles el derecho a defenderse.
De las calles de varias ciudades estadounidenses como Miami, Houston, Chicago o Nueva York a una celda del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), también conocida como la “megacárcel” de El Salvador.
Este es el viaje que hicieron en marzo más de 200 venezolanos, a los cuales el gobierno de Donald Trump acusó, sin aportar pruebas, de formar parte del temido Tren de Aragua, una de las bandas criminales más peligrosas de Venezuela.
Para llevar a cabo la deportación al país centroamericano de los migrantes, que estaban en situación irregular en Estados Unidos, la Casa Blanca utilizó una ley casi tan antigua como el propio país: la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798.
Al hacerlo, pasó por alto la orden de un juez, quien decidió paralizar las expulsiones, por considerar que ese instrumento legal no se podía aplicar a este caso.
Sin embargo, este lunes la Corte Suprema de EU dictaminó que el gobierno de Trump puede seguir utilizando esta ley para las deportaciones, aunque debe darles a los migrantes “la oportunidad de impugnar su expulsión”, algo que no ocurrió en marzo.
“La notificación debe darse en un tiempo razonable y de tal manera que les permita efectivamente solicitar el hábeas corpus en el lugar apropiado antes de que ocurra dicha remoción”, escribieron los jueces en su fallo.
En su decisión de este lunes, la Corte Suprema no determinó la legalidad del uso de la ley para llevar a cabo deportaciones, algo que deberá resolverse en los tribunales inferiores.
Pero, ¿qué dice la Ley de Enemigos Extranjeros, qué poderes distintos otorga a las autoridades y cuándo fue la última vez que se aplicó?
La Ley de Enemigos Extranjeros es una norma de 227 años de antigüedad, la cual le otorga a los presidentes la autoridad para ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de aquellos países con los que EU se encuentre en guerra. Es decir, naciones con las que mantenga hostilidades reales.
La ley, que fue aprobada por el Congreso con el apoyo del presidente John Adams cuando Estados Unios estaba al borde de la guerra con Francia, buscó prevenir el espionaje y el sabotaje extranjeros.
“Se generó mucho alarmismo sobre los simpatizantes franceses en el país y sobre conspiraciones para, básicamente, poner a EU del lado de Francia”, explicó Steve Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, a la Radio Pública Nacional de EU NPR.
A lo largo de los últimos dos siglos, la ley se ha aplicado en tres ocasiones.
La primera fue en 1812, durante la guerra que EU mantuvo con Reino Unido y en la que la Casa Blanca fue incendiada por tropas británicas.
La segunda y tercera vez ocurrieron durante la Primera (1914-1919) y Segunda Guerra Mundial (1939-1945) respectivamente.
Durante el primer conflicto global, las autoridades estadounidenses utilizaron la ley para internar a más de 6 mil “extranjeros enemigos”, muchos de ellos alemanes, en campos de internamiento, y algunos permanecieron detenidos hasta dos años después del fin de los combates.
Por su parte, el Servicio de Alguaciles de EU registró a 480 mil “extranjeros enemigos” alemanes y arrestó a 6 mil 300 entre la declaración de guerra en abril de 1917 y el armisticio en noviembre de 1918.
Décadas después, durante la Segunda Guerra Mundial, el texto fue utilizado para permitir el encarcelamiento de ciudadanos alemanes, italianos y japoneses que vivían en EU.
Fue así como más de 30 mil personas pasaron la guerra presas en campos de internamiento, dado que Washington los consideraba potencialmente peligrosos.
Para justificar su aplicación ahora, en 2025, el presidente Donald Trump dictó un decreto en el cual declaró que el Tren de Aragua estaba “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EU”.
Y para enfrentar dicha amenaza, el mandatario ordenó que todos los ciudadanos venezolanos que estén en EU, que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que “no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales” sean “detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros”.
Sin embargo, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, consideró que esta declaración era insuficiente para aplicar la ley, en tanto que fue creada pensado en un conflicto bélico.
Y, por ello, el funcionario judicial ordenó la paralización de las deportaciones. Pese a ello, su orden fue ignorada.
“La ley de 1798 es clara en el sentido de que una ‘invasión o incursión depredadora’ debe ser realizada por una ‘nación o gobierno extranjero’ para que pueda invocarse”, explicó a BBC Mundo Dan Tichenor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oregón, hace unas semanas.
¿Por qué Trump recurre a una ley tan antigua? y ¿Qué ventajas tiene al hacerlo?
Según expertos consultados por BBC Mundo, el instrumento legal permite al gobierno detener y expulsar a personas sin tener que garantizarles el debido proceso, es decir, sin tener que ofrecerles el derecho a defenderse, a apelar ante una instancia superior, entre otros.
“La Alien Enemies Act da al gobierno de Trump un poder ejecutivo muy amplio y sin restricciones para detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados a voluntad”, explicó Tichenor.
“La norma autoriza a los presidentes a agilizar el proceso de deportación, dejando a los no ciudadanos sin posibilidad de recurrir a los tribunales de inmigración”, agregó el experto.
Al impedirle a los inmigrantes poder acceder a sus garantías judiciales se reducen los tiempos y se pueden ejecutar deportaciones más rápidas y a gran escala, tal y como prometió Trump a lo largo de su campaña.
Otro elemento es que la Ley de Enemigos Extranjeros no requiere que se presenten pruebas de que un extranjero es una amenaza, basta con la simple sospecha. Así lo advirtió Katherine Yon Ebright, del Centro Brennan para la Justicia.
Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha identificado a los venezolanos deportados, ni ha presentado pruebas que confirmen su relación con el Tren de Aragua ni que hubieran cometido delitos en EU.
De hecho, varias familias de hombres que también fueron llevados al Cecot han dicho que sus familiares no forman parte de grupos criminales, y se desconoce el estándar que usó el gobierno de EU para determinar que sí lo eran.
La decisión de Trump de recurrir a este instrumento legal ha provocado controversia.
“Una ley de tiempos de guerra no tiene cabida para aplicarse en tiempos de paz”, agregó Yon Ebrigth.
Por su parte, desde el Centro para el Progreso Americano (CAP, por sus siglas en inglés) denunciaron que la implementación actual de la ley constituye “un peligroso abuso de poder que busca privar a las personas de sus derechos legales”.
“Todo estadounidense, independientemente de su ideología política, debería estar preocupado por el hecho de que el presidente esté recurriendo a poderes que se invocaron por última vez para detener a miles de estadounidenses de origen japonés en campos de reclusión, uno de los momentos más vergonzosos de la historia de EU”, afirmó la organización no partidista en un comunicado.
*Con investigación de Cristina J. Orgaz
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.