Plástico es plástico: lo que hay detrás de las *bolsas biodegradables*
Para la naturaleza nada es desechable. Para bien o para mal, lo que consumamos volverá al medio ambiente.
En un esfuerzo por disminuir la contaminación por plásticos, en Ciudad de México y Querétaro iniciamos el 2020 con la prohibición de bolsas de un solo uso.
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Apenas empezábamos a modificar nuestros hábitos de consumo, cuando la pandemia cayó encima y dimos varios pasos hacia atrás: tan sólo de abril a junio, la producción de bolsas plásticas se incrementó 200% a nivel nacional, según informó el Centro Empresarial de Plástico a Forbes.
Sí, los mexicanos duplicamos el uso de bolsas plásticas en solo tres meses. Eso sin contar que en nuestro país se fabrican más de un millón de cubrebocas desechables por día, según la UNAM.
Podríamos pensar que con la prohibición de bolsas plásticas tradicionales hechas de polietileno y la llegada de las bolsas biodegradables o compostables, el impacto ambiental podría ser menor.
La realidad es que estas opciones son una suerte de espejismo.
Sí, pueden ser más “amigables con el ambiente”, pero únicamente si su destino final cumple con condiciones específicas, como temperatura o humedad, para su degradación.
Plástico tradicional vs. Compostable y biodegradable: ¿cuál conviene?
Desde la prohibición de bolsas de plástico de un solo uso, los comercios han intentado adaptarse y en los supermercados vemos “bolsas biodegradables” en letras grandes y verdes; o en el mercado, la señora de la fruta nos entrega las uvas en una bolsa delgadita con una leyenda que dice “compostable”.
Pero el hábito de consumir y desechar continúa, sólo se le cambia el branding.
“Cualquier artículo que consumamos, por mucho que desaparezca de nuestras manos, va a terminar en algún lugar, muy probablemente va a terminar en un relleno sanitario”, dice Miguel Rivas, doctor en Ciencias Biológicas por el Instituto de Ecología de la UNAM y divulgador de ciencia.
Para empezar debemos distinguir los diferentes tipos de bolsas. Así lo explica el doctor Rivas:
- Bolsas tradicionales: hechas de polietileno de baja densidad, que es una película delgadísima, elástica, resistente y muy barata de producir.
- Bolsas biodegradables: generalmente se fabrican con una mezcla de recursos naturales renovables y derivados del petróleo. Esta combinación ayuda a que se descompongan más rápido, pero ojo, sólo se deforman en fragmentos más pequeños, no quiere decir que sean orgánicos.
- Bolsas oxo-biodegradables: con la acción del oxígeno se degradan, pero como sus compañeras anteriores, el contaminante sigue existiendo, sólo fragmentado. Estas podrían degradarse en un período de 10 años.
- Bolsas compostables: significa que pueden integrarse a una composta, por lo que se van a degradar. Sin embargo, se requiere que lleguen a una composta tipo industrial, nada de ponerlo en tu composta casera o dárselo a tus lombrices.
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“Lo principal es que este tipo de bolsas siguen siendo parte de un mismo modelo cultural que se basa en usar y tirar, una cultura de desecho”, dice Miguel Rivas, quien ahora trabaja con Oceana y ha colaborado con Green Peace.
El engaño del plástico biodegradable y compostable
El año pasado, la Universidad de Plymouth, en Reino Unido, publicó una investigación sobre la degradación de bolsas de plástico diferentes.
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El profesor Richard Thompson y la investigadora Imogen Napper probaron bolsas compostables, biodegradables, oxo-biodegradables y las convencionales.
El experimento consistió en enterrarlas en la tierra, exponerlas al aire y al sol y sumergirlas en el mar. Es decir, cualquier ambiente en que una bolsa común pudiera encontrarse.
Todas fueron monitoreadas por períodos regulares para anotar si había pérdidas visibles, si se desintegraban, perdían fuerza, elasticidad o si acaso su estructura química se modificaba.
Sorpresa, sorpresa: después de tres años, las bolsas seguían funcionando perfectamente. Estaban sucias, eso sí, pero todavía sostenían lo de una ida al súper.
Ninguna de las bolsas se desintegraron por completo y, ¿adivina? La bolsa que decía “biodegradable” salió casi ilesa.
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Este experimento es uno de los más famosos, pero no es el único.
En 2018, Joseph Greene, profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica y Fabricación Sustentable de la Universidad Estatal de California, publicó un análisis que hizo sobre la biodegradación de plásticos biodegradables y compostables bajo composta industrial y un ambiente marino anaeróbico y aeróbico.
Greene hizo sus experimentos con plásticos fabricados a base de ácidos que, generalmente, tienen el nombre de “biodegradables”, los llamados PLA (ácido poliláctico), PHA (polihidroxialcanoato) y PHB (ácido polihidroxibutírico); también usó el plástico de polietileno (la bolsita tradicional que ya conocemos) y celulosa.
Sus resultados tampoco fueron muy alentadores.
Los plásticos biodegradables sí lograron desintegrarse en un ambiente controlado en el laboratorio y en la composta industrial, sin embargo los oxo-biodegradables y los UV-degradables, así como las bolsas tradicionales, no se descompusieron por completo ni presentaron una degradación importante.
Verdades ¿a medias?
El experimento del profesor Joseph Greene nos da algunas direcciones: muchos de estos plásticos que nos venden como más amables para el medio ambiente sí podrían degradarse, peeeero bajo condiciones controladas.
¿Cuánto tiempo les llevará? La respuesta no es sencilla, pues depende del tipo de plástico, cómo se fabricó y que cumpla ciertas normativas, como la UNE-EN 13432 de la Unión Europea, la cual explica que para que un plástico sea compostable debe degradarse al 90% en seis meses en un ambiente rico en dióxido de carbono.
Lo que sí es seguro es que si tú pones una bolsa compostable en la composta de tu casa o se lo das a tus lombrices no se va a descomponer.
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Pueden pasar meses o años y va a seguir existiendo, tal vez no intacta, pero sí en fracciones, porque para lograr su desintegración se requiere una composta de tipo industrial que tenga condiciones de humedad y temperatura específicas (entre 50ºC y 60ºC) que no se pueden dar de forma casera.
“El hecho de tener una bolsa biodegradable, que en este caso se composte, no es una garantía de que esto va a suceder, insisto, esto puede suceder en condiciones controladas y que el fabricante se ocupe para que esto ocurra”, dice el doctor Miguel Rivas.
En México, el plástico es libre: leyes sin dientes e iniciativas congeladas
Apenas este año, la CDMX prohibió el uso de bolsas de plástico en un primer intento por disminuir la contaminación que generan.
Pero hay un detalle: es una ley sin dientes.
Es decir, en la Gaceta Oficial de la CDMX se publicó el decreto de la Ley de residuos sólidos y sí, es muy clara en la prohibición de comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor.
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Por supuesto, tiene sus excepciones: las bolsas compostables están permitidas “siempre y cuando cumplan con las especificaciones de compostabilidad establecidas a través de normas ambientales”.
La cuestión es que esas especificaciones aún no llegan.
A la fecha, y con una pandemia atravesando al mundo, no existen reglas claras en la CDMX para saber qué es una bolsa compostable, ¿cuánto tiempo tarda en degradarse?, ¿de qué está hecha?, ¿quién certifica si es o no compostable?
Aún no hay una normativa y, hasta ahora, la única forma de “reconocer” una de estas bolsas es que sea verde y tenga la leyenda “compostable”.
Y esto sólo en lo que corresponde a la capital. A nivel federal la cosa pinta más difícil.
Organizaciones no gubernamentales llevan años empujando, sin éxito, una reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos que obligue a los fabricantes e importadores de plásticos a asumir su responsabilidad en la cadena de uso.
“Hay 40 iniciativas, tanto en Diputados como en Senadores, desde que inició esta legislatura y todas están en la congeladora”, explica Esteban García Peña, biólogo con posgrados en Política Pública y Ecología y Manejo de Medio Ambiente.
“Hay un cabildeo muy potente por parte de la industria, hay intereses creados con senadores y diputados dentro de la Cámara que están congelando estas 40 iniciativas”, continúa Esteban, quien también es director de Campañas de la organización Oceana México.
A grandes rasgos, explica, estas iniciativas buscan que con la reforma de ley el plástico se reduzca desde su origen, que los usuarios tengamos más alternativas para consumir productos libres de plástico y que exista una mayor responsabilidad para los productores e importadores, porque sí, la responsabilidad del uso del plástico es compartida entre gobierno y sociedad, pero también los industriales deben reconocer su parte del daño ambiental.
Entonces, ¿qué hacer?
Mientras esas iniciativas congeladas comienzan a “agarrar calorcito”, los usuarios también tenemos que poner manos a la obra.
Cambiar nuestros hábitos de consumo es clave: esas bolsas de plástico que te dan en el mercado o en la tienda pueden cambiarse por las de tela; tal vez los cacahuates que vienen en un empaque de celofán que dice “reciclable” puedan sustituirse por los que venden a granel; o qué tal que esa bolsa chiquita de plástico delgadito la cambias por una bolsa de red más grande que puedas usar incontables veces y hasta lavarla.
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Como dice el doctor Miguel Rivas: “no se trata de satanizar el plástico, como dice la industria“. Si una bolsa está bien hecha, con materiales altamente durables que sirvan por muchos años, está bien usarlas, “no se trata de que el plástico es malo porque es plástico. El plástico es malo porque se está quedando en el medioambiente más allá de su vida útil“.
Y sí, una buena parte de la chamba está en manos de que el gobierno ponga reglas claras y que los industriales asuman su responsabilidad, pero los usuarios también podemos presionar.
“Sí hay un impacto significativo si la gente dejamos y reducimos nuestro consumo de productos desechables. La industria se daría cuenta que ya no consumen tanto y entonces tiene que cambiar la narrativa, la producción y su forma de vender, y cambiar incluso su forma de mercadeo”, dice Esteban García Peña.
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Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias a un permiso humanitario con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023. Ahora recibieron un aviso anunciándoles su revocación.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”.
La mexicana Deysi Vargas habla sobre su hija, cuya identidad se protege con el seudónimo de Sofía, ante la decena de periodistas convocados a una rueda de prensa en Los Ángeles, en California.
La niña de 4 años también está presente y la observa de reojo mientras juega con un cochecito en una mesa contigua llena de libros infantiles.
Los hoyuelos que se le forman al sonreír y su vitalidad camuflan el grave síndrome que padece, al tiempo que desvían la atención de la mochila que carga permanentemente a la espalda y que la mantiene con vida.
Es parte del tratamiento que sigue gracias a la autorización con la que ella y sus padres ingresaron a Estados Unidos desde México en julio de 2023 y a la que su madre hace referencia.
Sin embargo, el pasado abril a la familia le fue notificado que la administración Trump les revocó el también llamado parole humanitario, así como las correspondientes visas de trabajo.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo Vargas en la conferencia del pasado miércoles.
La abogada Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel, informó que volvieron a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición está bajo evaluación y rechazando que este sea un caso “activo” de deportación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas al Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era EE.UU.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en EE.UU. de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en EE.UU., y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532.000 personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EE.UU., mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Una oportunidad que la familia teme se desvanezca, y con ella la salud y, según apuntan los médicos, potencialmente también la vida de su hija.
Revocación del permiso humanitario
Desde que el republicado Donald Trump llegara a la Casa Blanca habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EE.UU.”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EE.UU. bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EE.UU. por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, reza la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EE.UU., a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, dice la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Nuestro objetivo es evitar que Sofía sea deportada y muera. Ahora que el gobierno ha revocado el estatus legal de ella y sus padres, están en riesgo de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cualquier momento bajo esta administración. Manejar las necesidades médicas de Sofía es un proceso muy complejo, por lo que si ella y su madre fueran siquiera detenidas por ICE, se pondría en riesgo la salud de Sofía”, le dice la abogada Gina Amato a BBC Mundo.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó ella misma en la conferencia de prensa de la semana pasada.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Mientras se evalúa la solicitud, la madre de Sofía advierte: “Si nos deportan y le quitan a mi hija el acceso a su sistema especializado, ella morirá”.
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