Organizaciones climáticas llaman a Claudia Sheinbaum tener una transición energética justa y sin gas
Organizaciones climáticas y ambientales se reunieron para exigir a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y autoridades ambientales federales, una transición energética justa durante su sexenio, sin que se ponga en riesgo la salud de las comunidades y las metas que tiene el país ante el contexto global de la crisis climática.
En conferencia expresaron su preocupación por la multiplicidad de proyectos de gas fósil en México que amenazan con tener una mayor dependencia energética con Estados Unidos.
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Ante esto, llamaron a la presidenta mexicana para definir cuál será su herencia energética, si una transición justa o el sacrificio de la salud de comunidades con proyectos de gas.
También recordaron que la urgente acción climática en México es incompatible con las propuestas de más proyectos de gas que se proponen y proyectan para los próximos años.
Pablo Montaño, coordinador de comunicación en la organización Conexiones Climáticas llamó a Claudia Sheinbaum y las autoridades federales a no tener un sexenio de gas.
“No queremos que este sea un sexenio de gas”, dijo en conferencia de prensa virtual.
Proyectos sin justicia energética y climática
Montaño habló de cuatro temáticas en materia energética con las que el sexenio de Sheinbaum Pardo comenzó y de las que preocupa la falta de justicia climática y una transición energética justa que pueda tener para las comunidades.
Las organizaciones y comunidades señalaron que ven con preocupación los planes en materia energética de la actual administración federal, ya que, en ellos, predominan proyectos de gas fósil llamados de “gas natural”.
De acuerdo con las organizaciones, dichos proyectos contradicen la política de transición energética justa que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso desde el inicio de su mandato.
Entre los objetivos propuestos en su política están atender la seguridad energética y la emergencia climática en México.
Los cuatro ejes que preocupan a las organizaciones y comunidades son:
- Anuncios de nuevas termoeléctricas que se suman a las que ya estaban en proceso de construcción en el sexenio pasado.
- Terminales de Exportación de Gas Natural Licuado que es un esquema de exportación de gas proveniente de Estados Unidos hacia mercado asiáticos y europeos atravesando territorio nacional.
- Impacto que tienen estos proyectos para funcionar porque necesitan de gasoductos para que llegue a ellos el gas y que estas estructuras tienen su propio impacto.
- Amenaza evidente del fracking y que toma relevancia de nuevo como alternativa.
Más proyectos a base de gas fósil
Antes de hablar de los proyectos a base de “gas fósil” que la administración actual propone, es importante entender qué es y en dónde encontramos este elemento.
Las organizaciones explicaron que el gas fósil se compone, principalmente, de metano (CH4), un elemento que potencia los gases de efecto invernadero. Además, calienta hasta 80 veces más el planeta que el CO2.
Ante el contexto político actual entre México y Estados Unidos, las organizaciones advierten que la construcción de una nueva infraestructura de gas incrementará la dependencia del país con su homólogo que importa el 90% del gas que consumimos en el sector eléctrico mexicano.
También contextualizan las recientes políticas del nuevo gobierno de Estados Unidos con el regreso a la presidencia de Donald Trump al mostrar una marcada hostilidad hacia nuestro México.
“Nuestra matriz energética ya depende severamente del gas, cerca del 60% de la electricidad es generada por este combustible fósil. Se necesita reducir este porcentaje, no incrementarlo”, señalaron organizaciones y comunidades.
Por otro lado advierten sobre los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, que se esperaba, desde su inicio, como un sexenio que vería por la ciencia, el medioambiente y la crisis climática para las organizaciones y comunidades, pero esto no es claro por el anuncio de nuevos anuncios en materia energética.
Uno de ellos fue el anuncio de la construcción de nuevas plantas termoeléctricas que se suman a proyectos que provienen de sexenios anteriores.
Las organizaciones anunciaron haber identificado, al menos, 19 nuevas plantas termoeléctricas en planeación o en proceso de construcción. Sin embargo, dichas infraestructuras traen consigo consecuencias negativas en la salud de las poblaciones donde se ubican, destacando la quema ininterrumpida de gas y la contaminación del aire.
En consecuencia, algunas comunidades se han manifestado ante el rechazo de esos proyectos.
Comunidades rechazan la instalación de nuevos proyectos
En conferencia de prensa, organizaciones ambientales y climáticas mencionaron el caso de dos comunidades: El Salto y Juanacatlán, Jalisco, donde se oponen a que agrave más la contaminación que existe alrededor del Río Santiago.
Otro proyecto que preocupa es la ampliación del Puerto de Manzanillo, el cual se anunció a finales del 2024 y que contempla la importación y distribución de gas fósil.
Del lado de la iniciativa privada, organizaciones y comunidades tienen detectado la construcción de nuevas terminales de exportación de gas natural licuado (GNL) que representan una amenaza directa para las comunidades de las costas de México.
Sobre esto, advierten que las terminales de Gas Natural Licuado son infraestructuras que se pretenden usar para exportar gas que proviene de Texas hacia Europa y Asia.
“Las plantas de GNL son altamente contaminantes, tan solo en Estados Unidos se les atribuyen directamente 60 muertes anuales, por las afectaciones que provocan en la calidad del aire”, exhortaron.
Otro efecto secundario en el traslado del gas es el uso de grandes buques que impacta en las economías locales que dependen de la pesca o el turismo. Incluso, ponen en riesgo a las especies marinas y las 31 especies de cetáceos (ballenas, delfines y una marsopa).
¿Qué organizaciones participan en este movimiento?
Las organizaciones firmantes son: Abeja y Planta, Alianza Mexicana Contra el Fracking, BCSicletos A.C., Altar Centro de Investigación, Beta Diversidad, Caminantes del Desierto A.C., CartoCrítica, A.C., Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) A.C.
También se encuentran organizaciones como el Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, Colectivo Raíces (ITESO), Comités de Cuenca Río Sonora, Conexiones Climáticas, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Constituyentes, Corason Huasteca Totonacapan, DEPESCA, Engenera A.C., Eskuela Radical, Flor del Desierto: Comunidad de Aprendizaje, Fundación Mar y Ciencia, GeoComunes, Gdl en Bici, Greenpeace México A.C. La Sandía Digital, Marea A.C., Metiches Por Naturaleza, Nuestro Futuro A.C., Organización Familia Pasta de Conchos, Orgcas, Planeteando, PRIMMA/UABCS, Programa de Movilidad Urbana Sustentable del ITESO, Red de turismo sustentable y desarrollo social A.C., Tsikini A.C., UCIZONI, Un Salto de Vida A.C., Viernes por el Futuro Chihuahua, Wildlands Network México.
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Del tamaño de un carnet de identidad, lleva casi 20 años en circulación, pero su demanda se ha disparado desde que Trump asumió la presidencia.
“Llevándola encima me siento más segura”.
Así dice Verónica Velásquez, una inmigrante indocumentada originaria de Filipinas y residente en Los Ángeles, de una tarjeta roja del tamaño de un carnet de identidad que mantiene siempre en su cartera.
Llamada también know-your-rights card (tarjeta conozca sus derechos) o simplemente “la tarjeta roja”, recuerda a quien la tiene entre manos algunos de sus derechos constitucionales y le resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Disponible en 19 idiomas e ideada por la organización Immigrant Legal Resource Center (ILRC), lleva en circulación casi dos décadas.
Aunque su uso y demanda se han disparado desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero, con la promesa, entre otras, de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia del país”.
Lista de derechos e instrucciones
Todo el que se encuentre en Estados Unidos, independientemente de su condición migratoria, tiene ciertos derechos garantizados por la Constitución.
La tarjeta roja enumera algunos de los más relevantes para alguien que no tenga el permiso legal para residir en el país y corra el riesgo de ser deportado, como el derecho a permanecer en silencio recogido en la Quinta Enmienda o a no dejar entrar a la casa a un agente que no porte una orden firmada por un juez, tal como especifica la Cuarta Enmienda.
Usted tiene derechos constitucionales:
• No abra la puerta si un agente de inmigración está tocando la puerta.
• No conteste ninguna pregunta de un agente de inmigración si trata de hablar con usted. Usted tiene el derecho a guardar silencio.
• No firme nada sin antes hablar con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con un abogado.
• Si usted está fuera de su casa, pregúntele al agente si tiene la libertad de irse y si le dice que sí, váyase con tranquilidad.
• Entréguele esta tarjeta al agente. Si usted está dentro de su casa, muestre la tarjeta por la ventana o pásela debajo de la puerta.
Su formato es una referencia a las tarjetas rojas que usan los árbitros en los partidos de fútbol para expulsar a los jugadores.
Y la idea de crearlas surgió en 2007, a raíz de una serie de redadas llevadas a cabo en entornos laborales que “aterrorizaron a la comunidad”, explican desde ILRC, que tiene su sede en la ciudad californiana de San Francisco.
La organización las distribuye directamente a otras entidades, que a su vez las reparten en escuelas, iglesias, clínicas o bancos de alimentos, y a abogados que trabajan con migrantes y solicitantes de asilo.
También ofrece la posibilidad de descargar el diseño a través de su página web, para que quien las quiera pueda imprimirlas y montarlas por su cuenta.
“Desde las elecciones (presidenciales del 5 de noviembre) nos han llegado pedidos para un total de nueve millones de tarjetas, más que el total de los 17 años anteriores”, informa la organización.
En una cara llevan la información en inglés, y en la otra la traducción a uno de los 19 idiomas disponibles, desde el español y el portugués, pasando por el árabe, el creole, el ruso y el ucraniano, hasta el vietnamita y el chino, como muestra del diverso origen de los inmigrantes que hoy por hoy están en riesgo de deportación en EE.UU.
Según un análisis del Centro de Investigación Pew en base a los datos más recientes disponibles, en 2022 había 11 millones de personas indocumentadas en EE.UU., el 23% de los inmigrantes y un 3,3% del total de la población.
En torno a cuatro millones eran originarias de México, 1,9 millones nacieron en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica – El Salvador, Honduras y Guatemala, y los provenientes de Venezuela pasaron de ser 55.000 en 2007 a más de 270.000 en 2022.
Y también hay amplias comunidades originarias de otros continentes, como por ejemplo 750.000 residentes no autorizados que nacieron en India.
“Sencilla, pero de alto impacto”
Para muchos de estos inmigrantes sin papeles, hacer valer los derechos que recoge la tarjeta roja podría marcar la diferencia entre quedarse en el país o ser deportado, advierten activistas y abogados.
Por ello, organizaciones como TODEC, con sede en tres municipios de zonas rurales de California donde un alto porcentaje de trabajadores agrícolas son indocumentados, ha repartido hasta 500.000.
“Asegúrate de que portas siempre la tarjeta roja, para explicar y hacer cumplir tus derechos si llega a detenerte un agente migración”, dice la hoja informativa que suele repartir en comunidades con población en riesgo de ser deportada.
“Es una herramienta sencilla pero puede tener un alto impacto”, subraya Dalia Zetina, del Dream Project Center de la Universidad Coastline de Newport Beach, California.
“Además ayuda a quien lo lleva a sentirse más seguro a la hora de salir de casa o para ir al trabajo”, le dice a BBC Mundo.
“Probablemente te pongas nervioso si un agente te para. Así que solo tienes que agarrar la tarjeta y leerla, o entregársela directamente”, explica.
El centro para el que trabaja ha distribuído 700 unidades en la comunidad, en español, tagalo y vietnamita.
A la semana de la toma de posesión de Trump y en vista de las primeras redadas, María Fernanda García Castillo, nacida en EE.UU. de padres inmigrantes, decidió imprimir tarjetas y repartirlas en su entorno en Charlotte, Carolina del Norte.
“Supe de gente que no estaba yendo al trabajo porque vivían en un área con alta población latina y laboraban en sectores que están en el punto de mira de las autoridades migratorias, como la construcción”, le contó al medio local WCNC.
“Se me acabaron pronto y me di cuenta que la gente tenía muchas preguntas acerca de cuáles eran sus derechos”, así que decidió fundar Project Red Cards, para distribuir todas las que pudiera en tiendas, restaurantes, clínicas, lavanderías y otros puntos de su municipio y en localidades aledañas.
A kilómetros de allí, en el estado de Maryland, Marlon A. Cruz, un ingeniero de 23 años hijo de inmigrantes guatemaltecos, organizó este martes un taller para imprimir y montar 400 tarjetas rojas en 10 idiomas distintos.
Ahora pretende entregarlas entre la comunidad hispana del condado en el que vive, Prince George’s, en las afueras de Washington DC, le dice a BBC Mundo, y trabajar en red con organizaciones para ampliar su alcance.
Son solo unos ejemplos de los grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país que llevan semanas organizándose y ofreciendo la tarjeta como parte de una serie de recursos a la población en peligro de deportación.
También organizan talleres y sesiones informativas en centros comunitarios, escuelas e iglesias bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
Asimismo, existe una serie de aplicaciones para celular que contienen una información similar a la de las tarjetas rojas en audio, y que permiten a sus usuarios no tener que mediar palabra con los agentes migratorios.
“Yo lo llamo ‘cómo escapar del arresto'”
Mientras, funcionarios de la administración Trump han arremetido contra la actividad de ONGs y voluntarios, subrayando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo Thomas D. Homan, a quien el presidente nombró “zar de la frontera” y que está al frente de las operaciones de deportación.
También aclaró que eso no frenará las expulsiones, como ya lo ha dicho sobre las “ciudades santuario”, aquellas donde los funcionarios municipales no están obligados a colaborar con los agentes federales en materia migratoria.
“Nada impedirá que deportemos a migrantes criminales. Haremos el trabajo con su ayuda o sin ella”, aseguró en una entrevista en la cadena Fox News nada más ser elegido para el cargo, que asumió tras fungir como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esa fue una de las principales promesas de campaña de Trump y desde que asumió la presidencia ha ordenado redadas en todos los rincones del país, enviado aviones con deportados a Colombia o Venezuela, algunos tras haber estado detenidos en Guantánamo, y usado como países “puente” a Panamá y Costa Rica.
El nuevo gobierno ha hecho un gran despliegue mediático con las detenciones y las deportaciones.
A diario, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales y páginas web, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE publican imágenes de personas que han sido arrestadas, a veces a punto de subirse a un vuelo, encadenados de manos y pies.
Sin embargo, y aunque la seguridad nacional sea el argumento con el que el nuevo gobierno justifica las deportaciones y Trump y Homan insistan en que se están repatriando “delincuentes”, cifras obtenidas por la cadena NBC muestran que más del 40% de los detenidos no tenía antecedentes penales.
El medio encontró que de los 4.422 arrestados por el ICE en las primeras dos semanas de febrero, 1.800 (un 41%), no tenían ninguna condena ni cargos penales pendientes.
Ante ello, el temor a encontrarse con un agente migratorio se ha extendido como la pólvora entre los inmigrantes indocumentados y las familias con estatus mixto, en las que al menos uno de los miembros no tiene la residencia legal.
“Ni voy a salir de casa”, le decía a BBC Mundo José, quien lleva más de 25 años en el país pero no ha logrado regularizar su situación por haber cruzado la frontera desde México de forma ilegal, después de que el diario LA Times, en base a la filtración de un documento oficial del DHS, informara de unas posibles redadas masivas en Los Ángeles antes de que termine febrero.
En ese contexto de miedo, una herramienta tan básica como una tarjeta roja puede marcar la diferencia.
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