La contaminación en Monterrey es un problema complejo y dos expertos nos explican qué la ocasiona
La problemática de la contaminación en Monterrey ha estado muy presentes desde finales del año pasado.
Según la herramienta AirVisual de IQAir, una página suiza que ofrece información sobre la calidad del aire en tiempo real, Monterrey ocupó por algunos días el primer lugar en el ranking de las ciudades más contaminadas del mundo.
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¡Pero eso no es todo! 6 municipios de Nuevo León estuvieron entre los 10 más contaminados del mundo hasta hace unos pocos días, entre los que se encontraban Apodaca, Juárez, Cadereyta, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza y el sur de Monterrey.
Para ayudarnos a comprender más sobre lo que está ocasionando este grave problema, en Animal MX hablamos con José Antonio Torre, director del Centro para el Futuro de las Ciudades, y Perla Martínez, gerente del Centro para el Futuro de las Ciudades, dos especialistas de medioambiente del Tec de Monterrey.
¿Cuáles son las causas de la contaminación en Monterrey y Nuevo León?
Perla Martínez explica que no hay solo un causante de la contaminación, sino que hay varios factores que ocasionan que la situación esté tan grave actualmente.
Algunos de los causantes que menciona incluyen:
- Actividades industriales.
- La gran cantidad de obras de construcción.
- El uso excesivo de automóviles.
- Falta de un sistema efectivo de transporte público.
- Ubicación geográfica de Monterrey.
- Condiciones atmosféricas causadas por la época del año.
“Al ser una ciudad rodeada de montañas hace que los contaminantes se concentren y no circulen, y en esta época del año se acentúen estos episodios de este calidad del aire extremadamente mala”, resalta la especialista.
José Antonio explica que cuando llegamos a invierno y bajan las temperaturas, esto ocasiona que las partículas se dispersen menos, por lo que la contaminación incrementa cuando hace frío.
“Cuando hay mayor temperatura hay más dispersión, pero cuando hay menor temperatura, hay menor dispersión y entonces se concentra y se genera este efecto con la contaminación”, agrega el director del Centro para el Futuro de las Ciudades.
Sin embargo, como subraya José Antonio, la contaminación está presente todo el año y esta problemática continua creciendo por todas las obras de expansión que se hacen.
PM 2.5, el principal contaminante en Monterrey
Como ha mostrado el análisis de IQAir, el principal contaminante en Monterrey es uno llamado PM 2.5.
Según la Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental de California del gobierno de Estados Unidos, este contaminante está compuesto de sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales que provienen de autos, camiones, fábricas, quema de maderas y más actividades.
“Las PMO 2.5 son partículas microscópicas y que son las más peligrosas porque entran directamente al torrente sanguíneo y son justamente las que están más relacionadas con la con afectaciones a la salud”, explica Perla.
La gerente del Centro para el Futuro de las Ciudades añade que en Monterrey el mayor causante de PM 2.5 es el azufre, el cual genera estas partículas cuando entra en contacto con la atmósfera.
¿Cuántas personas mueren por contaminación en Nuevo León?
Perla señala que el gobierno ha dado dos cifras aproximadas de muertes relacionadas con la contaminación.
Por un lado, en el Plan Integral de Gestión Estratégica de la Calidad del Aire (PIGECA) -el cual es el plan del Gobierno para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire-, señala que en 2019 (que es la fecha más reciente) hubo mil 700 muertes relacionadas a la contaminación.
Sin embargo, el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Félix Arratia, dijo en agosto del 2023 durante un taller ambiental que se han registrado 2 mil 500 muertes prematuras asociadas a la contaminación atmosférica en ese estado.
La especialista resalta que es muy difícil también definir las muertes relacionadas a la mala calidad del aire, ya que pueden ir desde enfermedades respiratorias a las cardiovasculares y hasta el Alzheimer.
El gobierno no está haciendo lo necesario para combatir esta situación
Como mencionaos arriba, el PIGECA es la estrategia actual para reducir la contaminación en Nuevo León. El programa cuenta con la participación de 82 empresas que se comprometieron con una inversión conjunta de 2 mil 500 millones de pesos para reducir sus contaminantes.
En teoría, el PIGECA es una estrategia en conjunto del gobierno, sociedad y sector privado el cual “busca cumplir con las normativas vigentes”. Pero hay varios problemas con este plan.
- José Antonio Torre explica que el PIGECA no incluye la refinería, que es una de las actividades que generan más contaminación. Por otro lado, no hay acciones claras sobre cómo este plan ayudará a combatir la problemática.
- Además, no es obligatorio cumplir con lo que dice y no hay sanciones para las empresas que inclumplan con el plan. Eso quiere decir que al no tener reformas legislativas, no hay consecuencias.
- Por otro lado, José Antonio agrega que no se ha comunicado lo suficiente sobre el PIGECA, por lo que muchas personas de Nuevo León no están familiarizadas con esta estrategia.
¿Cómo poner nuestro granito de arena para luchar contra la contaminación?
Perla Martínez resalta que si las medidas gubernamentales no son suficientemente buenas, entonces lo primero que recomienda es que la gente se movilice y sepa qué exigirle a los gobernantes.
Por otro lado, explica que no debemos ridiculizar estos movimientos, ya que eso los puede deslegitimar y causar que no se les tome en serio. Además, especialmente en época de elecciones, señala que debemos fijarnos en las propuestas de candidatas y candidatos para ver quiénes se toman en serio el tema medioambiental.
“Hay que tener este cuidado en identificar qué acciones (que proponen los políticos) verdaderamente pueden tener un impacto para solucionar y cuáles son meramente mediáticas”, finaliza la especialista del Tec.
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Activistas y venezolanos en EE.UU. aseguran que las medidas de Trump criminalizan a los migrantes venezolanos y lamentan que la suspensión del TPS ponga en riesgo a sus beneficiarios.
Cuando el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, ciudadanos de 17 países disponían de un Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
En la lista figuraban países como Afganistán, Somalia o Camerún, y otros de América Latina como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De momento, Trump sólo ha acabado con la protección migratoria de uno de esos países: Venezuela.
La decisión del gobierno Trump obligará a 348.202 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 a abandonar Estados Unidos antes del 7 de abril, a menos de que encuentren otro estatus migratorio para legalizarse o introduzcan peticiones de asilo para no ser deportados.
El anuncio provocó indignación entre los venezolanos en Estados Unidos, que días antes recibieron la noticia de que Trump también había ordenado la suspensión del parole, otro permiso humanitario que benefició a miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden.
“No sólo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados”, dijo Adelys Ferro, una activista venezolana y estadounidense que dirige la organización Venezuelan American Caucus en Miami.
La mañana del lunes 3 de febrero, Ferro encabezó una rueda de prensa de activistas venezolanos para condenar la eliminación del TPS en El Arepazo, un restaurante emblemático en Doral, el municipio de Miami que alberga la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida.
“El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus”, lamentó.
“¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?”, cuestionó Mayra Marchán, activista de la organización de ayuda humanitaria All For Venezuela.
“¿Cómo van a hacer cuando pierdan la cobertura del seguro o no puedan llevar a sus hijos a la escuela por temor a que los deporten?”.
Aquella convocatoria no solo atrajo a activistas y reporteros. También a beneficiarios del TPS que buscaban orientación para evitar sumarse a los 11 millones de indocumentados que carecen de un estatus legal en Estados Unidos y que son blanco de la política de deportaciones masivas de Trump.
“No sé qué voy hacer, pensaba que había hecho las cosas bien”, dijo a BBC Mundo un venezolano con TPS que pidió mantenerse anónimo y asistió como oyente a la convocatoria.
“Jamás pensé que me iba a sentir tan perseguido en Estados Unidos como en Venezuela”.
“Mejoras notables”
Al final de la rueda de prensa, todos en El Arepazo se preguntaban cuáles son las condiciones que han mejorado en Venezuela como para decidir enviar a los beneficiarios del TPS de vuelta a un país al que, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos califica de “dictadura” y con el que ha mantenido una tensa y hostil relación, sobre todo durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
La asignación de este alivio migratorio depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que concede esa protección a extranjeros que corren riesgos al volver a sus países de origen.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos contempla cuatro escenarios que justifican el TPS: conflictos armados, desastres naturales, limitaciones en el país de origen para recibir a sus connacionales o condiciones “temporales y extraordinarias” que impiden el regreso seguro de los ciudadanos.
La decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que fue publicada en el Registro Federal reconoce que se mantienen “ciertas condiciones” que justifican el TPS en Venezuela.
Sin embargo, asegura que hay “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales regresen de forma segura a su país de origen”.
Tres meses antes, el entonces secretario de Seguridad Nacional en el gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, concluyó exactamente lo contrario.
Anunció la extensión del TPS porque Venezuela “continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia”.
La decisión, publicada en octubre del año pasado, indicaba que todos esos factores tenían impacto en “el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y ha llevado a altos niveles de pobreza”.
Durante la última década, 7,89 millones de personas emigraron de Venezuela, el mayor éxodo en la historia de la región, según Naciones Unidas, debido a la crisis económica y política de los últimos años.
Aunque al menos 85% de ellas se instalaron en América Latina, miles de venezolanos entraron irregularmente a Estados Unidos a través de la frontera sur durante el gobierno de Biden, una situación que ha sido condenada por Trump y otros dirigentes republicanos.
Antes de asistir a la convocatoria en El Arepazo, la activista Mayra Marchán dijo que recibió un mensaje de un conocido en Venezuela preguntándole si ya había enviado un kit quirúrgico que le había solicitado para la cirugía de su hija, una joven de 18 años que tiene un tumor cerebral.
“Si no les hacemos llegar eso, no tienen cómo operarla. A ese país vamos a regresar a 300.000 personas”.
Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Maduro reconoció haber detenido a 2.000 personas durante las protestas contra los resultados electorales, luego de que fuera proclamado ganador pese a que la oposición reivindicara el triunfo de Edmundo González de acuerdo a los datos del 80% de las actas de votación.
“La mayoría de esos venezolanos que salieron huyendo por una crisis humanitaria sin precedentes, hoy sienten la angustia de una persecución política dentro de Estados Unidos”, dijo la activista venezolana Helene Villalonga.
Muchos en Doral creían que con Trump iban a estar más protegidos y que sería más factible el cambio político que desean en su país.
“En Venezuela no ha mejorado la situación, es todo lo contrario. No entendemos cuáles son los cambios de circunstancias para que un venezolano regrese a Venezuela”, afirmó Villalonga.
En medio de un acercamiento inesperado con el gobierno Maduro, Trump logró este lunes 10 de febrero deportar a 190 venezolanos que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, en dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.
Tras recibir a un emisario de Trump, Richard Grenell, y liberar a seis detenidos estadounidenses, Maduro aseguró que estaba dispuesto a aceptar los vuelos de deportados si el mandatario estadounidense levantaba las sanciones contra su gobierno y habló de que se había dado el “primer paso” para una agenda de entendimiento.
La deportación de migrantes es una de las políticas cruciales de Trump. Y para ejecutarla, necesita llegar a acuerdos con los países de origen para que reciban los vuelos.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que la visita del enviado especial a Caracas constituya una muestra de reconocimiento político al gobierno de Maduro.
“No hay conversaciones para reconocer a Maduro. De hecho, no lo reconocemos”, dijo Rubio durante una gira por Centroamérica a principios de febrero.
La sombra del Tren de Aragua
La decisión de Noem señala que es “contrario al interés nacional” permitirle a los venezolanos beneficiarios del TPS que permanezcan en Estados Unidos.
En una entrevista con el canal de noticias Fox News, la secretaria aseguró que la decisión de su predecesor de extender el TPS para los venezolanos “implicaba que ellos iban a poder permanecer aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y nosotros detuvimos eso”.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo en referencia al Tren de Aragua, la banda de crimen organizado venezolana que se gestó en una cárcel del estado homónimo.
Adelys Ferro recordó que, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, apenas 600 personas han sido identificadas como sospechosas de tener vínculos con el Tren de Aragua en Estados Unidos.
“Y ninguno de ellos tiene TPS. ¿Saben por qué?”, dijo ante los periodistas. “Porque una persona que tiene TPS debe poner sus huellas en un registro biométrico, pasar una revisión de sus antecedentes penales y tiene que probar dónde vive”.
“Estamos siendo señalados y nos convertimos en un objetivo por cómo nos vemos”, aseguró.
“Nos preocupa la creciente estigmatización de la que somos víctimas”, advirtió Helene Villalonga. “Es cierto que existe un grupo llamado Tren de Aragua, pero no podemos permitir que generalicen y asocien a toda la comunidad venezolana con estos delincuentes”.
- “Es muy duro saber que corro el riesgo de volver a Venezuela por perder el TPS”: el migrante que huyó del Tren de Aragua y busca protección en EE.UU.
- “Estoy pensando en irme de EE.UU.”: la desesperanza de los migrantes que llegaron legalmente al país ante las restricciones impuestas ahora por Trump
- Los mapas que muestran en qué países de América Latina están los migrantes venezolanos, el mayor éxodo de la historia de la región
