Este 21 de marzo quedó inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y todavía hay muchas dudas en cuanto a su operación, pero también sobre cómo llegar al AIFA.
Aunque por ahora solo cuatro empresas (Aeroméxico, VivaAerobus, Volaris, Coviasa) han confirmado vuelos en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, habitantes y turistas de la CDMX comienzan a buscar opciones y rutas para ir a este aeropuerto ubicado en Zumpango, Estado de México.
Llegará el día en que tendrás que tirar paro y te pedirán llevar o recoger a alguien del AIFA. Si vas en carro desde la CDMX, la opción más viable es ir hacia Insurgentes Norte para después tomar la Autopista México-Pachuca. Luego tendrás que pasar al Circuito Exterior Mexiquense para dirigirte al AIFA.
Otra opción, si sales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es tomar Circuito Interior, luego Av. Gran Canal del Desagüe y tomar la Autopista Urbana Siervo de la Nación. Ahí podrás tomar una desviación para seguir al Circuito Exterior Mexiquense que te llevará al AIFA.
El pasado 16 de marzo, el gobierno federal anunció 14 rutas de transporte público para llegar al nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
Y aunque es una opción mucho más barata que un taxi, el costo del traslado dependerá de dónde abordes, pues habrá salidas desde el centro, sur, oriente y poniente.
A continuación, te decimos desde dónde saldrán estos transportes con ruta al AIFA, su costo y el tiempo aproximado:
Te recomendamos salir con mucha anticipación y no confiarte de estos tiempos estimados, pues el tráfico nunca falta en la CDMX.
Además, saldrán transportes desde las cuatro centrales de autobuses (C. Norte, C. Poniente, TAPO, Taxqueña); todas con un costo de $125.
Aunque todavía no se ha dado la información completa (como si podremos comprar los boletos en algún sitio web), durante la mañanera del 17 de marzo se mencionó que los vehículos de estas rutas saldrán en horarios establecidos en función de los horarios de las aerolíneas.
Además de las rutas anteriores, hay varias aerolíneas y autobuses que ya comenzaron a sacar sus propios servicios para que las usuarias puedan realizar su conexión con algún vuelo del AIFA sin problema.
Uno de ellos es Viva Aerobús, una de las aerolíneas que ya opera en el AIFA. En su página web, aparece el servicio Vivabus, que en la CDMX te lleva del AIFA a la Central de Autobuses Norte o viceversa.
El boleto sencillo saliendo tanto del aeropuerto como de la terminal de autobuses es de $75. Se especifica que desde la Central Norte los autobuses salen cada 3 horas (antes de la salida del vuelo). Y desde el Aeropuerto de Santa Lucía salen después de la llegada de cada vuelo.
Igualmente, el servicio ETN Turistar abrió una nueva ruta que conecta al AIFA con las Centrales Norte y Sur en la CDMX.
La salida desde la Central Sur es a las 07:00; mientras que en la Norte es a las 08:00. Para el regreso, el camión del AIFA sale a las 12:30.
¡Te conectamos a tus destinos! Adquiere tus boletos en nuestro sitio web desde/hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles #AIFA a las Centrales Norte y Sur. Comencemos el viaje juntos.
https://t.co/gskqjDGEbO pic.twitter.com/bNGP6wABSt
— ETN Turistar Lujo (@ETNTURISTAR) March 19, 2022
Para quienes vienen de Querétaro, Primera Plus también ya añadió su servicio directo hacia al AIFA y de regreso. Toma en cuenta que al buscar el servicio en su sitio, el AIFA aparece como “Zumpango, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”.
Salidas diarias desde #Queretaro y #SanJuanDelRio hacia #AIFA Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pic.twitter.com/XHKQvvBd3r
— Primera Plus (@Primera_Plus) March 21, 2022
Te puede interesar: 32 lugares increíbles en México que queremos explorar en 2022
El servicio de transporte Caminante también ofrece una opción para llegar al AIFA. Las salidas son desde las terminales:
Recuerda que desde la Terminal de Tollocan tenemos salidas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a partir del próximo 21 de Marzo.#AIFA #Toluca #TMTCaminante pic.twitter.com/iKjcAUowL1
— Caminante (@tmtcaminante) March 19, 2022
Quienes viajen desde Puebla, las rutas de Estrella Roja se amplían con un par que nos llevarán al AIFA. Una de ellas parte desde la Central de Autobuses CAPU (Terminal Central de Autobuses de Pasajeros de la Ciudad de Puebla). El otro parte de Paseo Destino, ubicado en la zona sur de la capital poblana. El costo aproximado es de $430.
Te invitamos a conocer los horarios disponibles que tenemos en nuestra nueva rutas hacia/desde #aeropuertointernacionalfelipeangeles #AIFA pic.twitter.com/zEbG0nEpvV
— Estrella Roja (@estrellarojapue) March 14, 2022
Igualmente, Pullman de Morelos anunció una nueva ruta que saldrá desde Cuernavaca Casino con dirección al Aeropuerto Felipe Ángeles y viceversa.
El costo de viaje sencillo es de $500 y desde Cuernavaca Casino la salida es a las 06:30; mientras que saliendo del AIFA es a las 15:30.
¡Ya puedes adquirir tus boletos! 🚌
Viajes entre Cuernavaca Casino y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles #AIFA ✈️
👉🏼 Da clic en el siguiente enlace:https://t.co/oWFQ9tLncI pic.twitter.com/gMVVENEh3h— Pullman de Morelos (@PullmanDeMorOf) March 18, 2022
Aunque ADO ya anunció que contará con conexiones y rutas al AIFA, todavía no se encuentran disponibles en su sitios web.
Este 21 de marzo tenemos una cita juntos en el #AIFA 😎. ¡Busca tus boletos en nuestras taquillas o en https://t.co/zdct73rZAo! 🛩️❤️🚌#ADOTeAcerca pic.twitter.com/URyKBr9h0I
— Autobuses De Oriente (@tuADO) March 19, 2022
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.