Las ballenas francas del Atlántico Norte se encuentran en peligro crítico de extinción debido a amenazas como los enredos en equipos de pesca utilizados para capturar langosta, cangrejo y otras especies. Además, su tránsito en el mar peligra por atropellamientos con grandes embarcaciones causándoles lesiones y la muerte.
Para señalar que Estados Unidos incumple con proteger a la ballena franca del Atlántico Norte (Eubalaena glacialis), la organización Oceana inició una Petición ante la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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La Petición inició el pasado 4 de octubre de 2021, cuando la Secretaría de la CCA notificó que había comenzado a revisar dicha presentación de conformidad con los artículos 24.27(2) y (3) del T-MEC.
En la Petición, Oceana afirma que Estados Unidos no cumple de manera efectiva con sus leyes ambientales diseñadas para proteger a esta especie de las principales amenazas humanas.
Además de la actividad humana, las ballenas están expuestas a factores estresantes del cambio climático, el ruido oceánico y el desarrollo de energía en alta mar.
Oceana, una organización internacional dedicada a proteger los océanos, señaló que en la última década, el Servicio de Pesca informó que “218 ballenas francas del Atlántico Norte probablemente hayan sucumbido a enredos en artes de pesca y choques con embarcaciones”.
El proceso de esta Petición ha llevado cuatro años de trabajo donde, el pasado 24 de enero, la Secretaría de la CCA hizo público su plan de trabajo sobre expediente de hechos, resultado de esta Petición inicial.
Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México, señala en entrevista para Animal MX que “todos los animales marinos son importantes, pero desafortunadamente los mamíferos marinos están en un nivel que reciben una presión mucho mayor y son fundamentales”.
Oceana fue notificada el pasado 17 de enero de 2025 que los miembros del Consejo de la CCA adoptaron la Resolución 25-01 que instruye al Secretariado a preparar un expediente de hechos de conformidad con el Artículo 24.28(2) de las Naciones Unidas.
La Petición SEM-21-003 es el folio con el que se identifica al caso de la ballena franca del Atlántico Norte.
En un comunicado, la organización sostuvo que el gobierno de Estados Unidos ha violado el T-MEC al no hacer cumplir la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA, por sus siglas en inglés), la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés) y la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés).
Esta falta de compromiso al no tomar las medidas adecuadas que protejan a esta especie de ballena. Oceana señaló que, hasta ahora, solo quedan 370 ejemplares, aproximadamente.
Renata Terrazas añade que el estado crítico de la ballena franca del Atlántico Norte, que habita en las costas de Canadá y Estados Unidos, se convierte en un tema de interés para los tres países por el acuerdo comercial del T-MEC, pese a que a México no llegan.
“En México estamos más familiarizados con el tema de la vaquita marina. Desafortunadamente, son más los animales marinos que están en una situación de vulnerabilidad y al borde de la extinción. Este es el caso de la ballena franca”, señala.
En Oceana existe una campaña de protección a la ballena franca. Por su parte, el gobierno de Canadá, a diferencia de Estados Unidos, ya implementa medidas para protegerla.
“Estados Unidos no ha implementado acciones contundentes que protejan a esta ballena y fue cuando Oceana buscó incluir en esta Comisión de Cooperación Ambiental el iniciar un expediente que investigue a Estados Unidos, investigue la falta de acciones por cuidar a esta ballena para implementar medidas que permitan su protección”, explicó.
El Plan de trabajo general tendrá como objetivo recabar información y preparar el expediente de hechos sobre la ballena franca del Atlántico Norte.
Por un lado, la Secretaría del CCA, con apoyo de expertos independientes, buscará información disponible públicamente como publicaciones científicas e informes gubernamentales, publicaciones y sitios web relevantes información técnica, científica o de otro tipo, de conformidad con el artículo USMCA/CUSMA 24.28(4).
Además, de conformidad con el Artículo 24.28(4) del T-MEC/CUSMA, la Secretaría considerará cualquier información que proporcione una Parte, es decir, alguno de los tres países que forman el T-MEC.
En cambio, el Artículo 14 del Acuerdo de Cooperación Ambiental (ECA, por sus siglas en inglés) establece que “Cada Parte cooperará con la Secretaría para proporcionar información relevante para la preparación de un expediente de hechos”.
Como parte de ese trámite la Secretaría presentará una solicitud de información al gobierno de Estados Unidos para obtener datos fácticos relevantes. Todo esto se realizará en los siguientes 60 días.
“Lo que más nos importa es que se establezcan las protecciones necesarias para esta ballena y que los tratados comerciales [como T-MEC], a diferencia de otro tipo de acuerdos comerciales, sí tiene dientes para obligar a los estados a implementar estas protecciones”, añade Terrazas.
Ante el contexto actual de Estados Unidos con el regreso a la presidencia del empresario Donald Trump, Terrazas recordó que él tiene una disposición a negar el cambio climático y a rechazar medidas de cuidado ambiental.
“Eso será todo un reto para la agenda ambiental de Estados Unidos y de América del Norte. Sin embargo, la apuesta es que ese instrumento internacional sí pueda ser implementado para que Estados Unidos implemente esas protecciones”, explica.
Mariana Reina, bióloga y coordinadora de ciencia en Oceana México, explica que los cetáceos son un grupo de mamíferos marinos en el que se encuentran las ballenas, estos ejemplares tienen una principal característica y es que no presenta dientes duros como los odontocetos, que son los más parecidos a los delfines.
La bióloga también explicó que casi todos los grupos de cetáceos viven en algún tipo de comunidad, es decir, socializan bastante, algunas viajan o deciden estar solas en algún momento de sus vidas.
Sin embargo, lo que las caracteriza cuando se reúnen es casi siempre la reproducción.
Reina también señala que algunas ballenas -sino es que casi todas-, se comunican a través de llamados que pueden usar para buscar pareja o si son mamás con crías. Incluso para buscar alimento en algunas rutas migratorias como la ballena gris que viene del Pacifico hasta México.
“Reconocen a su grupo [y] son muy interesantes de aprendizaje social. Estos sonidos que no escuchamos nosotros afuera, en el mar viaja diferente y se mantiene muchos kilómetros, donde se hacen canales de sonido en donde viaja a grandes distancias y puede avanzar desde 10 a 20 km. Esa es la forma en que ellas se comunican para socializar”, detalla.
Oceana comparte en su campaña de protección a las ballenas francas del Atlántico Norte, cinco datos curiosos:
Renata Terrazas agrega que la ballena franca, como todas las ballenas, necesita respirar oxígeno. Además, es una especie que nada muy en la superficie y pese a esta habilidad, no es fácil avistarlas en el mar.
“Lo que más nos encantaría es que Estados Unidos reconociera la importancia de proteger a esta ballena, que entendiera el actual presidente la importancia que tiene en el equilibrio ecológico esta ballena y estableciera las medidas necesarias para su protección que son sobre todo la reducción de la velocidad de las embarcaciones”, finaliza.
Negar la ciudadanía por derecho de nacimiento requeriría el apoyo de 2/3 del Congreso y 3/4 de los estados de EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea poner fin a la “ciudadanía por derecho de nacimiento”, en referencia a la ciudadanía estadounidense que se concede automáticamente a cualquier persona nacida en el país.
Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que aborda la definición de ciudadanía por derecho de nacimiento, aunque los detalles hasta ahora no están claros.
La ciudadanía por derecho de nacimiento se deriva de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que “todas las personas nacidas” en EE.UU. “son ciudadanos de Estados Unidos”.
Aunque Trump prometió poner fin a esta práctica, tratar de hacerlo supondría enfrentarse a importantes obstáculos legales. La Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos demandaron inmediatamente al gobierno de Trump por la orden ejecutiva.
La primera frase de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense establece el principio de “ciudadanía por derecho de nacimiento”:
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Los partidarios de la línea dura en materia de inmigración argumentan que la política es un “gran imán para la inmigración ilegal” y que anima a las mujeres embarazadas indocumentadas a cruzar la frontera para dar a luz, un acto que se ha denominado peyorativamente “turismo de natalidad” o tener un “bebé ancla”.
La 14ª enmienda se adoptó en 1868, tras el final de la Guerra Civil. La 13ª enmienda había abolido la esclavitud en 1865, mientras que la 14ª resolvía la cuestión de la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados nacidos en Estados Unidos.
Decisiones anteriores del Tribunal Supremo, como Dred Scott contra Sandford en 1857, habían establecido que los afroamericanos nunca podrían ser ciudadanos estadounidenses. La 14ª enmienda anuló esa decisión.
En 1898, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó que la ciudadanía por nacimiento se aplica a los hijos de inmigrantes en el caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos.
Wong era un joven de 24 años, hijo de inmigrantes chinos, que nació en EE.UU., pero al que se le denegó la reentrada cuando regresó de una visita a China. Wong alegó con éxito que, al haber nacido en EE.UU., la condición de inmigrantes de sus padres no afectaba a la aplicación de la 14ª enmienda.
“El caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos afirmaba que, independientemente de la raza o el estatus migratorio de los padres, todas las personas nacidas en Estados Unidos tenían todos los derechos que ofrecía la ciudadanía”, escribe Erika Lee, directora del Centro de Investigación de Historia de la Inmigración de la Universidad de Minnesota.
“El tribunal no ha vuelto a examinar esta cuestión desde entonces”.
La mayoría de los juristas coinciden en que el presidente Trump no puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva.
“Está haciendo algo que va a molestar a mucha gente, pero en última instancia esto lo decidirán los tribunales”, señaló Saikrishna Prakash, experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. “Esto no es algo que él pueda decidir por su cuenta”.
Prakash dijo que, aunque el presidente puede ordenar a los empleados de las agencias federales que interpreten la ciudadanía de forma más restrictiva -los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., por ejemplo-, eso daría lugar a impugnaciones legales por parte de cualquier persona a la que se denegara la ciudadanía.
Esto podría dar lugar a una larga batalla judicial que acabaría en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Una enmienda constitucional podría suprimir la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero para ello se necesitarían dos tercios de los votos de la Cámara de Representantes y del Senado y la aprobación de tres cuartas partes de los estados de EE.UU.
Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2016 nacieron en EE.UU. unos 250.000 bebés de padres inmigrantes no autorizados, lo que supone un descenso del 36% respecto al máximo alcanzado en 2007. En 2022, el último año del que se dispone de datos, hubo 1,2 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres inmigrantes no autorizados, según Pew.
Pero como esos niños también tienen hijos, el efecto acumulativo de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento aumentaría el número de inmigrantes no autorizados en el país a 4,7 millones en 2050, según el Instituto de Política Migratoria.
En una entrevista con el programa “Meet the Press” de la NBC, Trump dijo que pensaba que los hijos de inmigrantes no autorizados debían ser deportados junto a sus padres, aunque hubieran nacido en EE.UU.
“No quiero estar rompiendo familias”, dijo Trump el pasado diciembre. “Así que la única manera de no romper la familia es mantenerlos juntos y tienes que enviarlos a todos de vuelta”.
Más de 30 países -entre ellos Canadá y México- practican el “Ius soli” automático o “derecho de suelo” sin restricciones.
Otros países, como Reino Unido y Australia, permiten una versión modificada en la que la nacionalidad se concede automáticamente si uno de los progenitores es ciudadano o residente permanente.
*Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto.
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