Termina la huelga de guionistas y así es el acuerdo al que llegaron con estudios
Luego de 148 días, la huelga de escritores en Hollywood llegó a su fin. El sindicato de guionistas Writers Guild of America (WGA) aprobó la noche del martes 26 de septiembre un acuerdo salarial con los estudios de cine y televisión.
Tras un paro que duró casi cinco meses y paralizó Hollywood, este miércoles guionistas reanudaron actividades. Aunque recordemos que la industria no está al 100% activa, pues todavía permanece la huelga de actores.
Ojo: hay que resaltar que el acuerdo entre guionistas y estudios (WGA y AMPTP, respectivamente) todavía puede ser rechazado. Los 11 mil 500 integrantes del WGA votarán entre el 2 y 9 de octubre para aprobar o no el convenio.
En caso de ser aprobado, este nuevo acuerdo entre estudios y guionistas de Hollywood será vigente hasta el 1 de mayo del 2026.
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Las conquistas del acuerdo de estudios y guionistas de Hollywood
Desde el domingo que se anunció que se había alcanzado un nuevo trato con la AMPTP, la WGA lo describió como un “convenio excepcional”.
Ahora, el sindicato de guionistas publicó el acuerdo tentativo (que puedes leer completito aquí) con los estudios. Pa’que no te confundas, te explicamos cuáles son los principales beneficios y conquistas:
La lucha contra la inteligencia artificial
Una de las principales luchas de la huelga de escritores era contra el uso indiscriminado de la inteligencia artificial en la industria.
Según el acuerdo tentativo, la IA no podrá ser usada para escribir o reescribir guiones. Se deja muy en claro que los estudios no pueden exigir el uso de esta tecnología (como ChatGPT), aunque un escritor puede elegir usarla siempre y cuando el estudio lo apruebe.
Pero ojo: el material generado con esta tecnología NO podrá usarse para quitar el crédito, derechos de autoría y remuneración de un escritor.
Otra de las cláusulas dice que “queda prohibida la explotación del material de los guionistas para entrenar la IA”. En otras palabras, los robots no pueden recibir guiones de creadores del sindicato para mejorar sus capacidades narrativas.
Las bonificaciones y residuales
Otro punto importante en la huelga de guionistas eran el reparto de beneficios residuales. O sea, el pago que reciben todos los miembros de una producción (serie, programa, película) cuando esta se pasa en televisión o plataformas.
Se supone que a mayores visualizaciones, hay mayores pagos. Pero en la práctica esto no sucedía y mucho menos con el streaming.
Esto es algo en lo que los estudios no cedían y que detuvo durante semanas las negociaciones… hasta ahora.
En el acuerdo tentativo, se menciona una nueva bonificación que aplicará a series o películas hechas para plataformas de streaming lanzados a partir del 1 de enero del 2024.
Cuando “el 20% o más de los suscriptores nacionales del servicio” vean la producción “en los primeros 90 días de su estreno” obtendrán una bonificación equivalente al 50% del residual fijo nacional y extranjero.
Para dar fe y legalidad a todo esto, los estudios se comprometieron a compartir con el sindicato (mediante un acuerdo confidencial) el total de horas de reproducción local e internacional de las producciones.
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La cantidad de guionistas por producción
Además de hablar de un incremento de sueldos, el nuevo contrato generado por la huelga de escritores impone un mínimo de guionistas por temporada para la producción de una serie.
Para una serie de seis episodios, la WGA solicita un mínimo de seis escritores; tres de ellos deberían tener el cargo de escritor/productor y ese número puede incluir al showrunner de la serie.
El número de escritores aumenta dependiendo del número de episodios. Seis guionistas sería el mínimo para una temporada de 13 o más episodios, más los tres guionistas-productores que debe tener toda serie.
La huelga de actores continúa
Como dijimos al inicio, Hollywood regresa en parte a sus actividades, pues todavía se encuentra paralizado debido al paro de actores.
Aunque el acuerdo que salió de la huelga de escritores luce esperanzadora para las celebridades de Hollywood, actualmente no hay negociaciones entre el SAG-AFTRA (sindicato de intérpretes) y la AMPTP (Alianza de Películas y Productores de Televisión, por sus siglas en inglés).
Esta última representa a los grandes estudios como Disney, Warner Bros., Universal, Sony, Paramount; y a las grandes cadenas televisivas y plataformas de streaming como Netflix y Apple TV.
Incluso podría sumarse a este paro de labores los intérpretes para videojuegos (actores de doblaje y de captura de movimiento).
MEdiante un comunicado, SAG-AFTRA mencionó que desde octubre del 2022 han tenido negociaciones con compañías de videojuegos que se han negado “a ofrecer condiciones aceptables” para sus miembros.
Destacan “salarios que se mantengan al día con la inflación, protección en torno al uso de la inteligencia artificial y precauciones básicas de seguridad”.
Los estudios involucrados son: Activision Productions Inc, Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Epic Games, Take 2 Productions Inc., VoiceWorks Productions Inc., and WB Games Inc.
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La ley Laken Riley podría entrar en vigor antes de que comience su mandato Donald Trump, que ha prometido mano dura contra la inmigración ilegal.
Para los migrantes irregulares en Estados Unidos, una acusación de hurto o robo será motivo de arresto y probablemente deportación.
Lo recoge una nueva y polémica ley que podría entrar en vigor incluso antes de que el próximo lunes 20 de enero Donald Trump inicie su mandato como presidente del país norteamericano.
El aún proyecto de ley Laken Riley, que en este momento se encuentra en fase de debate en el Senado, es obra del Partido Republicano de Trump pero también cuenta con el apoyo de numerosos congresistas y senadores demócratas.
La ley también permitirá a los estados demandar al gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias.
Sus defensores creen que aumentará la seguridad ciudadana, mientras las voces críticas aseguran que contradice los valores constitucionales y viola la presunción de inocencia de los migrantes.
Analizamos en qué consiste esta ley, cuáles serán sus repercusiones y por qué es tan polémica.
Así es la ley
El nombre de la ley, Laken Riley, es el de una estudiante de enfermería de 22 años brutalmente asesinada en febrero del año pasado en el estado de Georgia.
El venezolano de 26 años José Ibarra interceptó a Riley mientras hacía ejercicio en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, intentó violarla y, como la víctima se resistía, la golpeó hasta la muerte, según lo revelado en el juicio.
Ibarra, quien fue condenado a cadena perpetua en noviembre, es un migrante indocumentado venezolano que tenía pendientes acusaciones previas de al menos dos delitos menores en Estados Unidos, uno de ellos el hurto de varios productos en un supermercado.
El caso generó conmoción en la sociedad estadounidense. Los conservadores argumentaron que, si el agresor hubiera sido detenido y expulsado por sus casos previos, Laken Riley todavía estaría viva.
Esto llevó al Partido Republicano a proponer, un mes después del suceso, una ley específica para evitar casos similares.
De hecho, bajo la ley Laken Riley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará obligado a detener a extranjeros en situación migratoria irregular que hayan sido arrestados previamente por robo, hurto y similares.
La ley se alinea con las políticas de línea dura que Trump previsiblemente aplicará en su próximo mandato.
El republicano prometió llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, enfocándose inicialmente en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
La ley Laken Riley, según algunos expertos, facilitará la deportación de quienes estén acusados de cometer estos delitos menores, que se tramitará durante su arresto y sin necesidad de juicio.
Según la actual legislación, solo están sujetos a una posible deportación los migrantes a quienes un tribunal haya condenado en firme por al menos dos delitos menores.
Por otro lado, las autoridades de cada estado podrán demandar al gobierno federal si creen que no está aplicando correctamente las leyes sobre migración.
Los incumplimientos denunciables de Washington incluirían liberar a migrantes en custodia, no arrestar a personas con orden de expulsión, otorgar libertad condicional de forma inadecuada a irregulares o no aplicar restricciones de visados a los países que rechacen recibir a sus ciudadanos deportados desde EU.
La tramitación
La ley Laken Riley fue aprobada por primera vez en la Cámara de Representantes en marzo de 2024, pero se estancó en el Senado controlado por los demócratas y regresó a la cámara baja.
El pasado 7 de enero los congresistas la volvieron a aprobar con 264 votos a favor, (entre ellos 48 demócratas) y avanzó de nuevo al Senado.
Allí corrió mejor suerte que en la primera ocasión, ya que todos los senadores republicanos y una mayoría de demócratas (en total 84 votos a favor y 9 en contra) aceptaron someter a debate el texto para su posible enmienda y aprobación.
Expertos señalan que la derrota en las elecciones de 2024, en las que la inmigración fue un tema central de campaña, ha llevado a muchos demócratas a respaldar propuestas más restrictivas en esta materia, e incluso el propio partido está cambiando su enfoque al respecto.
“Estoy a favor de dar a las autoridades las herramientas para prevenir tragedias como ésta mientras trabajamos en soluciones integrales para nuestro sistema roto”, afirmó recientemente John Fetterman, senador del Partido Demócrata por Pensilvania, uno de los “estados péndulo” que cambiaron su voto a republicano el pasado noviembre.
La fase de deliberación en la cámara alta podría prolongarse por unas pocas semanas o incluso días, y según analistas, existe la posibilidad de que la ley se apruebe antes de que Trump se instale el día 20 en la Casa Blanca.
En todo caso, está en fase de deliberaciones y existen discrepancias entre republicanos y demócratas sobre su contenido final.
Mientras los republicanos defienden aprobar el texto íntegro original, los demócratas han señalado su intención de enmendar aspectos controvertidos, como la posibilidad de detener y deportar, sin necesidad de pruebas ni juicio, a migrantes acusados de pequeños delitos.
Por qué es polémica
La aparente violación de la presunción de inocencia de los detenidos es el aspecto más polémico de esta nueva ley, que ha generado una oleada de críticas de quienes la consideran incompatible con los valores democráticos y constitucionales de Estados Unidos.
Sus defensores argumentan que, al privar de libertad o expulsar a presuntos delincuentes, se protegerá a las comunidades de delitos cometidos por personas en situación irregular.
También sostienen que la posibilidad de deportación por delitos menores disuadirá a los migrantes indocumentados de involucrarse en actividades ilegales.
Mientras, las voces críticas la consideran una amenaza a las protecciones constitucionales y un retroceso en los principios de justicia.
“Es esencialmente una autopista hacia la deportación masiva; se puede detener a cualquier cantidad de personas y meterlas en el sistema de justicia penal simplemente por haber sido acusadas, sin condena ni admisión de culpabilidad”, declaró este domingo en un programa televisivo Pramila Jayapal, una de los congresistas que han criticado el proyecto de ley en el dividido Partido Demócrata.
Los detractores de esta polémica legislación argumentan que la detención sin fianza de cualquier migrante acusado -aunque no necesariamente condenado- de delitos menores como el hurto eliminaría el derecho a audiencias individualizadas, algo garantizado incluso en casos de delitos graves en el sistema de justicia penal.
Esto plantea serias preocupaciones sobre la presunción de inocencia y el debido proceso, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC por sus siglas en inglés).
El NILC también advierte que obligar a las autoridades migratorias a detener a las personas antes de que puedan asistir a sus audiencias penales podría obstaculizar gravemente el trabajo de los fiscales, aumentar el caos en los tribunales y complicar la resolución de casos criminales.
Los detractores de la ley también creen que la avalancha de trabajo que caería sobre jueces y fiscales por delitos menores como hurtos o robos les restaría tiempo y recursos para abordar casos de delitos más graves.
La organización Voto Latino argumenta que la ley no mejorará la seguridad pública ya que no hay evidencia de una correlación entre el estatus migratorio y la criminalidad.
Esta ONG considera la ley Laken Riley una herramienta política para estigmatizar a los migrantes y acentuar las divisiones sociales.
Otro aspecto polémico es la capacidad que la ley otorga a los estados para demandar al gobierno federal sobre acciones relacionadas con políticas migratorias.
Según el NILC, esto podría convertir los tribunales en escenarios de interminables disputas entre los estados y Washington, obstaculizando la implementación efectiva de la ley.
Sus defensores, sin embargo, alegan que permitirá a las autoridades locales, que conocen más de cerca los problemas de sus comunidades, participar de forma más activa a la hora de aplicar y supervisar las leyes de inmigración.
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