Donald Trump se convertirá este lunes en el 47 presidente de los Estados Unidos. Ahora se podrá ver si el republicano cumple todas las promesas que hizo en su campaña, como la deportación masiva de aquellos que no tienen permiso para permanecer en ese país.

Tras ganar las elecciones de noviembre, aseguró que planea declarar una emergencia nacional y utilizar al ejército estadounidense para llevar a cabo su plan.

“No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos otra opción”, dijo Trump en una entrevista hace unas semanas.

Durante la campaña, su equipo respondió de distintas formas a la pregunta de cuántos migrantes podrían terminar siendo expulsados.

“Empecemos con un millón de personas. Ahí fue donde Kamala Harris falló y a partir de ello podemos nosotros comenzar a trabajar”, señaló.

Esta idea está contemplada en la plataforma electoral de Trump bajo el lema “¡Deportaciones masivas, ahora!”. Los expertos advierten que expulsar del país a tantas personas implicaría una serie de desafíos legales e incluso prácticos.

¿Cuáles son los desafíos legales?

De acuerdo con las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional y del instituto de investigación Pew Research, hoy viven en el país unos 11 millones de migrantes indocumentados, un número que ha permanecido relativamente estable desde 2005.

Los inmigrantes que están en el país sin un estatus legal tienen derecho al debido proceso, incluida una audiencia judicial antes de ser expulsados.

Así que un aumento drástico en las deportaciones pasaría probablemente por expandir antes el sistema de tribunales de inmigración, hoy saturado y con retrasos a la hora de resolver los casos.

La mayoría de los inmigrantes que se encuentran en el país no ingresaron en el sistema de deportaciones después de haber sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sino por la policía local.

Sin embargo, en muchas de las principales ciudades del país se han aprobado leyes que restringen la cooperación entre la policía y el ICE.

La campaña de Trump se ha comprometido a emprender acciones contra esas urbes, llamadas “ciudades santuario”, pero el entramado de leyes locales, estatales y federales en EU complican la situación.

Kathleen Bush-Joseph, una analista del Instituto de Políticas de Migración con sede en Washington, señala que la cooperación entre agentes del ICE y las autoridades locales será fundamental para poder llevar a cabo un programa de deportación masiva.

“Es mucho más fácil para el ICE ir a recoger a alguien a la cárcel si las autoridades locales colaboran, en vez de tener que ir a buscarlo a las calles”, señala Bush-Joseph.

Como ejemplo de cuán crucial es este aspecto, Bush-Joseph recuerda las declaraciones de principios de agosto de funcionarios de la Oficina del Alguacil de los condados de Broward y Palm Beach en Florida, que aseguraron que no enviarían a ninguno de sus agentes a ayudar en planes de deportaciones en masa.

“Hay muchos otros condados que no van a cooperar con el plan de deportación masiva de Trump. Y eso lo vuelve mucho más difícil”, explica.

Cualquier programa de deportación masiva también tendrá muchas implicaciones legales, especialmente por las demandas que se prevé presentarán las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de 2022 estableció que los tribunales no pueden emitir mandatos judiciales sobre las políticas de aplicación de la ley de inmigración, lo que significa que estas continuarían en vigor incluso mientras las impugnaciones se abren paso en el sistema legal.

¿Es factible desde el punto de vista logístico?

Ahora, si el gobierno de EU lograra avanzar con los pasos legales que posibiliten su plan de deportación masiva, las autoridades todavía tendrían que lidiar con los enormes desafíos logísticos.

Durante el mandato de Joe Biden, los esfuerzos de deportación se enfocaron en los migrantes detenidos en la frontera.

Los que ya estaban en el país y terminan siendo deportados suelen contar con antecedentes penales o son considerados una “amenaza para la seguridad nacional”.

En 2021 quedaron suspendidas las controvertidas redadas que se llevaron a cabo durante el primer gobierno de Donald Trump en los lugares de trabajo.

Y a diferencia de los detenidos en la frontera, la cifra de deportaciones de personas que fueron arrestadas dentro de EU ha ido cayendo en la última década hasta situarse por debajo de los 100 mil anuales, después de haber alcanzado su máximo —230 mil— durante los primeros años del gobierno de Barack Obama.

“Para multiplicar ese número y que en un solo año se alcance el millón (de deportados) va a necesitar una inversión enorme de recursos que hoy por hoy no parecen existir”, le dijo a la BBC Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el Concejo de Inmigración de EU.

Por una parte, los expertos dudan de que los 20 mil agentes del ICE y el personal de apoyo vayan a ser suficientes para buscar y encontrar incluso a una fracción de esa cantidad a la que apunta el equipo de Trump.

Además, Reichlin-Melnick señaló que el proceso de deportación es largo y complicado y que la identificación y el arresto de un migrante indocumentado no es más que el inicio.

Después, los detenidos van a tener que estar en un centro de detención o en un programa alternativo, a la espera de comparecer ante un juez de inmigración, y el sistema lleva años acumulando casos sin poder cerrarlos.

Una vez superado ese paso es que se procede a la deportación, lo que también requiere de la cooperación diplomática del país recipiente.

“En cada uno de esos pasos, el ICE simplemente no tiene la capacidad de procesar a millones de personas”, señala Reichlin-Melnick.

Trump ha dicho que va a involucrar a la Guardia Nacional y al ejército para que asistan en las deportaciones.

Históricamente, las fuerzas militares estadounidenses han tenido un papel limitado, más de apoyo, en la frontera entre México y EU.

Ahora, más allá de apoyarse en los militares y de contar con la ayuda de “cuerpos policiales locales“, Trump ha dado pocas pistas sobre cómo llevaría a cabo su plan de deportación masiva.

En una entrevista con la revista Time hace unos meses, el republicano dijo que no descarta construir nuevas instalaciones de detención de migrantes y que tomaría medidas para brindar inmunidad procesal a la policía, para blindarla ante posibles demandas de grupos progresistas.

Y añadió que podría haber incentivos para los cuerpos policiales locales y estatales que participen en el plan, y que aquellos que no lo quieran hacer “no van a participar de los beneficios”.

“Tenemos que hacerlo. No es sostenible para nuestro país”.

Además, Tom Homan, el “zar fronterizo” designado por Trump, dijo hace unas semanas que el uso de centros de detención familiar para migrantes está “sobre la mesa”, planteando la posibilidad de que la práctica terminada por la administración Biden pueda regresar próximamente.

“Es algo que estamos considerando”, dijo en una entrevista Homan, quien fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante la primera administración Trump.

Homan también ha dicho que la prioridad de las deportaciones serán los 1.4 millones de inmigrantes que han recibido órdenes de deportación después de no calificar para un estatus legal en EU.

Eric Ruark, el director de investigaciones de NumbersUSA —una organización que aboga por controles más estrictos a la inmigración— dijo que cualquier programa de deportación desde el interior del país solo será efectivo si va de la mano de un aumento del personal que controla la frontera.

“Esa tiene que ser la prioridad. Si no lo es, no va a haber un gran progreso en el tema. Es lo que hace que la gente siga llegando hasta la frontera”, apunta.

Y agregó que también es necesaria una ofensiva contra las empresas que contratan inmigrantes indocumentados.

“(Los inmigrantes) están viniendo por el trabajo”, subrayó. “Y lo están consiguiendo, básicamente porque la capacidad de vigilar y hacer cumplir la ley ha sido desmantelada”.

El costo político y financiero

Los expertos calculan el costo de mantener un plan como el que propone Trump en unos US$100.000 millones.

El presupuesto de 2023 del ICE para el traslado y deportación fue de US$420 millones, y expulsó del país a cerca de 140 mil personas.

De acuerdo con el plan de Trump, miles de personas que están a la espera de sus audiencias de inmigración podrían ser detenidas y se prevé construir grandes campamentos para albergarlas.

También se tendrían que multiplicar los vuelos para llevar a cabo las deportaciones, y eso pasaría probablemente por contar con el apoyo de la Fuerza Aérea.

Lo que está claro es que cualquier aumento en la operatividad de los departamentos correspondientes implica que los costos se disparen.

“Incluso un cambio menor supone decenas de millones de dólares”, explicó Reichlin-Melnick.

Además, tendrían que sumarse a los gastos de otros esfuerzos de control fronterizo que Trump ha prometido: seguir construyendo el muro en la frontera con México, un bloqueo naval para evitar que el fentanilo ingrese al país y el traslado de miles de soldados a la frontera.

Adam Isacson, experto en migración y fronteras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo que “imágenes espantosas de deportaciones masivas” también podrían tener un costo político para Trump a nivel de relaciones públicas.

“Cada comunidad de Estados Unidos vería a personas que conoce y ama siendo subidas a esos autobuses”, explicó.

“Habría imágenes muy dolorosas de niños llorando, de familias, en la televisión. Todo eso es muy mala prensa. Es lo que ya vimos con la política de separación familiar, pero amplificado”, remató.

Otro factor limitante es la capacidad o voluntad de los países de aceptar de vuelta a los deportados.

Incluso los países que cooperan con ICE, como México, Honduras y Guatemala, no tienen en la actualidad la capacidad de recibir a muchas más personas de las que ya están aceptando.

¿Ha habido deportaciones masivas antes?

El único programa comparable con el que propone Trump sería quiza el que se llevó a cabo en 1954 en el marco de la llamada “Operación espaldas mojadas” (Operation Wetback), bautizada así por un insulto común que se usaba en aquel entonces contra los mexicanos, y que supuso la deportación de 1.3 millones de personas.

Aunque hay historiadores que ponen en duda la cifra.

El plan, aprobado bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, se topó con una considerable oposición pública —en parte porque también se deportaba a algunos ciudadanos estadounidenses—, así como con la falta de financiación.

En 1955 se suspendió.

Los expertos en inmigración dicen que, el hecho de que se centrara en personas originarias de México y la falta del debido proceso hacen que aquella operación no se pueda comparar con un programa de deportación masiva actual.

“Los deportados eran hombres solteros, mexicanos”, señaló Bush-Joseph.

“Ahora, la gran mayoría de los que cruzan la frontera por zonas entre puertos de entrada no son originarias de México, ni siquiera de la parte norte de Centroamérica. Y eso hace que sea mucho más difícil deportarlos”, añadió.

“Son situaciones incomparables”.

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