El éxito de Euphoria no es asunto menor: actualmente es el segundo proyecto de la plataforma HBO Max con mayor número de audiencia después de Game of Thrones. Pese a las advertencias respecto al contenido sensible que predomina en la serie, la particular estética visual, la estridente banda sonora, así como la crudeza con la que aborda temas sobre sexualidad, violencia, salud mental y uso de drogas, la vuelven sumamente atractiva para espectadores jóvenes.
Sam Levinson, el creador de Euphoria, además de inspirarse en el programa israelí del mismo nombre, se basó en su propia experiencia de adicción durante la adolescencia para construir el personaje de Rue.
Más allá de la calidad en la trama, ésta muestra una diversidad de matices en cuanto a la manera de explorar este controversial tema. En este texto se contrastarán tanto los puntos a favor, como todo aquello que puede mejorarse.
La transmisión de la segunda temporada —casi tres años después que la primera— ha avivado el debate sobre la forma en que la serie retrata el uso de sustancias psicoactivas.
Por una parte, se habla de una idealización o glorificación de la práctica, así lo ha afirmado la Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.), un programa reconocido contra el abuso de drogas en Estados Unidos, el cual mantiene un enfoque prohibicionista. Por otra, un reciente sondeo en España asegura que, gracias a la serie, algunas personas jóvenes han manifestado su deseo de abstenerse del consumo de sustancias ilegales.
Uno de los aciertos que tiene la producción, es cuando la protagonista narra el contexto que originó el problema de dependencia que se manifiesta durante su vida, resaltando que éste responde a la suma de distintos factores, y no se detonó por el simple contacto con sustancias.
La misma Rue hace hincapié en dos sucesos clave: el primero cuando, en su niñez temprana, la diagnostican con trastorno obsesivo-compulsivo, déficit de atención, ansiedad generalizada, y bipolaridad. El segundo se remonta a sus trece años, cuando su padre enferma de cáncer, y su madre tiene que asumir todos los gastos del hogar, por lo que Rue debe fungir como cuidadora principal.
Su compleja situación de salud mental, más el trauma severo que le ocasionó ser espectadora del deterioro físico de su principal figura de afecto —y más tarde, su muerte—, la volvieron particularmente vulnerable al momento de consumir Oxicodona por primera vez. Su hermana Gia, por el contrario, a pesar de haber crecido en el mismo ambiente familiar, sufrir la misma pérdida, fumar cannabis ocasionalmente (y hasta estar expuesta a los mismos analgésicos), no genera ningún uso problemático o dependencia durante la serie.
Esto confirma la necesidad de abandonar el reduccionismo, al igual que particularizar el contexto cuando hablamos de adicciones o dependencias.
La serie hace alusión al serio problema que existe en materia de suministro inseguro, el cual ha aumentado exponencialmente las muertes por sobredosis en el país vecino, y erróneamente se le ha nombrado “crisis de opioides”.
Por ejemplo, cuando Fezco, el dealer local y amigo de Rue, se niega en una escena a surtir su mercancía de fentanilo, argumentando el creciente número de pérdidas humanas adjudicadas a esta sustancia.
Un guiño similar ocurre cuando nos cuentan la historia de dependencia del padre de Cassie y Lexi que, al haber sufrido un accidente automovilístico, los médicos le recetan un cóctel de fármacos con el fin de paliar el dolor e intentar reparar el daño neuronal. A pesar de no profundizar tanto en este personaje, la serie sí devela una fórmula similar a la de Rue: un evento traumático que agudizó las afectaciones a la salud mental que ya se encontraban latentes en un contexto de precariedad laboral.
Las lecciones de reducción de riesgos y daños en Euphoria son ambivalentes.
Por un lado, no vemos muchos cigarrillos convencionales de tabaco durante los capítulos, pero sí varias escenas con dispositivos electrónicos alternativos a estos, específicamente los vapes. Lo cual refleja una dinámica de consumo emergente: jóvenes sustituyendo la combustión por opciones menos perjudiciales para la salud.
Asimismo, cuando Rue tiene una sobredosis que la lleva a rehabilitación, la médica especializada en urgencias le inyecta naloxona, un fármaco que obstruye los receptores opioides, y puede ser un factor decisivo cuando la persona usuaria se tambalea entre la vida y la muerte.
Por otro lado, como menciona Estefanía Villamizar de Échele Cabeza, cuando Maddie y Cassie consumen MDMA en el capítulo de la feria, lo hacen por vía intranasal y sin medir adecuadamente la dosis, lo cual vuelve desagradable su experiencia.
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De igual forma, cuando a Rue le da bradicardia por la combinación de algunas sustancias, toma la decisión de ingerir Adderall para disminuir de golpe su ritmo cardíaco, lo cual puede ser extremadamente peligroso en ausencia de supervisión profesional. No obstante, a diferencia de la primera temporada, ya no estaba desprevenida y pudo controlar efectos adversos.
A lo largo de dieciséis episodios, se observa cómo Rue reproduce dinámicas autodestructivas que fisuran todas sus relaciones interpersonales. En una escena, ella se adjudica varios de los adjetivos estigmatizantes que se utilizan para describir a las personas con dependencia.
Textualmente dice: “si tuviera que describirme con honestidad, soy una mentirosa, ladrona, violenta, abusiva y manipuladora”. Por estos detalles, la serie no solo falla en idealizar el consumo, sino que llega a caer en lugares comunes respecto a los prejuicios que permean la concepción que se tiene de las personas usuarias. Sin embargo, esto se contrarresta con otros aspectos, como el relatar los antecedentes de los personajes.
Villazimar plantea que, al salirse del discurso hegemónico que ha sido reproducido hasta el cansancio en un contexto de prohibición, se puede malinterpretar el mensaje: “la serie juega en una línea muy delgada, ya que reproduce ciertos estereotipos del consumo de drogas, al mismo tiempo que propone otra narrativa”.
Lo más rescatable del desenlace personal de Rue en estas dos temporadas, fue observar que la rehabilitación convencional no la alejó de la dependencia, sino el poner límites con su entorno y reconstruir su red de apoyo.
Lamentablemente, no se le presta suficiente atención al vínculo que otros personajes principales mantienen con las sustancias, más allá de que pudieron ser mejores experiencias de, quizás, haber prolongado la edad del primer contacto e implementado estrategias de autocuidado. No obstante, nos muestra casos como el de Jules o Elliot, donde su consumo personal —ocasional o recurrente— no representa ningún obstáculo en sus acciones cotidianas.
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Ojalá, en el futuro cercano, contemos con más productos culturales que muestren otros escenarios de uso de drogas en personas adultas, donde predominen elementos como la responsabilidad, la reducción de riesgos y daños, y la gestión de los placeres.
Romina Vázquez estudió Derechos Humanos y Gestión de Paz en el Claustro de Sor Juana.
Es coordinadora en el Instituto RIA e investiga sobre temas relacionados a la política de drogas.
Desde que asumió la presidencia de EU, Trump ha ampliado el alcance de su misión sobre deportaciones, apuntando no sólo a criminales, sino también a trabajadores migrantes, activistas estudiantes e incluso turistas.
Durante la campaña electoral, Donald Trump fue muy claro: “Lanzaré el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos”.
Esa promesa, según sugirieron las encuestas de opinión, resultó muy popular entre la población estadounidense, incluidos muchos inmigrantes legales que sentían que demasiadas personas estaban entrando al país por el “camino equivocado”.
Desde que el presidente asumió el cargo, ha ampliado el alcance de su misión, apuntando no sólo a los criminales, sino también a los trabajadores migrantes, ciertos activistas estudiantiles e incluso a turistas con problemas de visa.
Durante casi cinco meses, las detenciones y deportaciones encontraron poca resistencia. Pero ahora , en algunas partes de Los Ángeles han estallado protestas después de que los funcionarios de inmigración intensificaran sus redadas en los lugares de trabajo.
Pero ¿quiénes son los migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)? Y ¿a quién más tienen en el punto de mira?
Desde que asumió el cargo, el presidente Trump ha destacado la caída en picada de los números de cruces fronterizos y los arrestos récord que se han registrado bajo su administración.
Aproximadamente 51 mil migrantes indocumentados permanecían detenidos por ICE a principios de junio, la cifra más alta registrada desde septiembre de 2019.
Si bien no hay cifras precisas y actualizadas que estén disponibles públicamente sobre el número total de arrestos llevados a cabo por los servicios de inmigración desde el 20 de enero, algunos funcionarios de la Casa Blanca han dicho que esperan que ICE pueda aumentar la cifra de arrestos por día de los aproximados 660 que se registraron durante los primeros 100 días de la presidencia de Trump hasta los 3 mil arrestos diarios.
Inicialmente, los funcionarios estadounidenses insistieron en que las operaciones estaban “dirigidas” a criminales y potenciales amenazas a la seguridad pública.
Pero un número significativo de migrantes indocumentados detenidos por la administración Trump no tienen antecedentes, según un rastreador de datos.
El Transactional Records Access Clearinghouse, un proyecto de la Universidad de Syracuse que compila cifras de inmigración, estima que de las 51 mil 302 personas que se encontraban en centros de detención de ICE para el 1 de junio, aproximadamente el 44 % no tenía antecedentes penales, más allá de haber ingresado a Estados Unidos sin permiso.
Los disturbios en Los Ángeles fueron provocados por una serie de arrestos de migrantes que dejaron un total de 118 personas detenidas, entre las que, según el Departamento de Seguridad Nacional, había cinco miembros de pandillas.
ICE dice que los arrestados en Los Ángeles son “lo peor de lo peor”. La agencia identificó a un puñado de personas con antecedentes penales, incluidos tráfico de drogas, agresión, crueldad infantil, violencia doméstica, robo y tráfico de inmigrantes.
Sin embargo, no está claro cuántos del total de arrestos tienen antecedentes penales.
Los padres de un migrante indocumentado de 23 años, miembro de la comunidad indígena zapoteca de México, le dijeron al diario The Washington Post que su hijo, quien según ellos no tenía antecedentes penales, fue detenido afuera de una tienda de ropa.
La BBC no puede confirmar de forma independiente los detalles de este caso.
El zar fronterizo Tom Homan dijo que estos arrestos eran un “daño colateral”, argumentando que los agentes no pueden justificar legalmente el encuentro con inmigrantes indocumentados y no detenerlos.
Se han dado varios casos de turistas arrestados y retenidos en centros de detención.
En abril, por ejemplo, una turista galesa de 28 años fue retenida durante 19 días en un centro de procesamiento de ICE en el estado de Washington después de que se le negara la entrada a Canadá por lo que luego resultó ser una “confusión de visa”.
En otro incidente más reciente en junio, Khaby Lame, ciudadano italiano de 25 años (la estrella de TikTok más popular del mundo con 162 millones de seguidores), fue detenido en el aeropuerto de Las Vegas por “violaciones migratorias”.
ICE alegó que Lame excedió el plazo de su visa después de haber ingresado al país el 30 de abril. Las autoridades dijeron más tarde que se le concedió la “salida voluntaria” y abandonó el país.
Además, en marzo, la actriz canadiense Jasmine Mooney estuvo detenida durante dos semanas tras ser arrestada en el cruce fronterizo de San Ysidro, desde donde intentaba ingresar a Estados Unidos.
Más tarde describió las condiciones de su detención como “inhumanas” y contó que la mantenían en una celda de cemento sin mantas y con baños limitados. Posteriormente fue puesta en libertad sin ser acusada de ningún delito.
Su caso llamó la atención del primer ministro de la Columbia Británica, David Eby, quien dijo que el incidente aumentó aún más la ansiedad de los canadienses sobre viajar a EU.
“Nuestra relación es tan tensa en estos momentos que este caso nos hace preguntarnos: ¿qué pasa con nuestros familiares que trabajan en Estados Unidos?” dijo en una declaración a la cadena CBC.
Otros, como Fabian Schmidt, un ciudadano alemán de 34 años, fueron detenidos en los aeropuertos.
Schmidt, quien vive en Estados Unidos desde 2007, fue detenido cuando se dirigía a ese país desde Luxemburgo.
En una entrevista con WGBH, un medio de noticias de New Hampshire, Schmidt dijo que lo interrogaron sobre un cargo menor de drogas que luego fue desestimado y un cargo posterior que se impone a personas que conducen bajo la influencia del alcohol o de sustancias psicoactivas y que resultó en una multa.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha evitado en gran medida hacer comentarios sobre casos específicos, pero ha insistido repetidamente en que está operando legalmente.
Algunas de las imágenes más impactantes de la política migratoria de la administración Trump provienen de El Salvador.
Más de 250 personas a las que el gobierno de EU acusa de ser miembros de la banda Tren de Aragua fueron trasladadas a una megacárcel salvadoreña, el Cecot.
Sin embargo, los familiares de algunos de esos hombres han cuestionado cualquier vínculo con las pandillas y algunos argumentan que fueron arrestados como resultado de tatuajes inocentes.
“Es realmente desalentador”, le dijo a la BBC Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano-Estadounidense. “Todas estas decisiones son inhumanas, crueles y también ilegales”.
El caso más destacado es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño de 29 años residente en Maryland que fue deportado a El Salvado en marzo.
Varios jueces, incluidos los de la Corte Suprema, han dictaminado que Ábrego García fue deportado por error y que el gobierno debe “facilitar” su regreso a al país y a su familia.
El 6 de junio, fue devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos penales federales después de haber sido acusado formalmente de transportar ilegalmente a inmigrantes indocumentados mientras aún se encontraban en EE.UU..
Los extranjeros que participan en protestas políticas también se encuentran en en el punto de mira de la administración Trump, a pesar de que algunos tienen residencia permanente o visas de estudiante válidas.
Anthony Enriquez, abogado en la organización Robert F Kennedy Human Rights, le dijo a la BBC que había “cada vez más” titulares de permisos de residencia detenidos desde que Trump regresó a la presidencia.
“Las autoridades de inmigración se sienten facultadas para realizar detenciones que legalmente no les están permitidas”, afirmó.
A más de mil 600 estudiantes internacionales se les han revocado las visas por diferentes motivos, según Nafsa, una organización que se centra en la educación internacional.
Muchos de los arrestos se producen en el marco de la ofensiva de la Casa Blanca contra lo que percibe como “antisemitismo” en los campus estadounidenses, incluida la detención de Mahmoud Khalil, una figura prominente durante las protestas contra la guerra de Gaza en la Universidad de Columbia el año pasado.
Khalil, de 30 años, tiene un permiso de residencia y ha estado luchando para detener su deportación en los tribunales.
Rumeysa Ozturk, estudiante de la Universidad Tufts, también pasó seis semanas bajo custodia antes de ser liberada.
La universidad dijo más tarde que le habían dicho que a Ozturk, quien había participado en protestas propalestinas, le habían revocado la visa de estudiante. Ella continúa luchando contra su deportación en los tribunales.
Aunque estos casos han sido objeto de fuertes críticas, ICE ha justificado algunos de los arrestos diciendo que los estudiantes participaron en actividades “alineadas” con el grupo palestino Hamás.
“Una visa es un privilegio, no un derecho”, dijo la portavoz de Seguridad Nacional de EU, Tricia McLaughlin, en una publicación en X.
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