Blue Origin, de Jeff Bezos, consigue poner en órbita su cohete New Glenn
Blue Origin, la empresa espacial del fundador de Amazon Jeff Bezos, logró este jueves su primer vuelo en órbita en más de 20 años de existencia con su nuevo cohete New Glenn, con el que espera competir con SpaceX de Elon Musk.
La nave de 98 metros de alto, equivalente a un edificio de 32 pisos, despegó a las 02H03 de la madrugada (07H03 GMT) desde la estación espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.
Con esta misión, bautizada NG-1, Bezos apunta directamente al hombre más rico del mundo, Elon Musk, cuya empresa SpaceX domina el mercado de lanzamientos orbitales con sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy.
La misión alcanzó su “objetivo principal”, es decir poner en órbita el segundo piso del cohete, anunció Ariane Cornell, ejecutiva de Blue Origin, durante la retransmisión en directo.
Esta era la ambición declarada de la empresa. “Lo conseguimos”, dijo su director David Limp en X.
Blue Origin ya tiene experiencia desde hace años en llevar a turistas al espacio durante unos minutos gracias a sus cohetes New Shepard, mucho más pequeños. Pero hasta ahora no había llevado ningún vuelo en órbita.
El vuelo inaugural de New Glenn, bautizado en honor a un legendario astronauta, se esperaba desde hacía años y se había pospuesto varias veces.
“¡Felicidades por llegar a la órbita en el primer intento! @JeffBezos”, escribió Musk en su plataforma X.
Bezos fundó Blue Origin en 2000, dos años antes que Musk creara SpaceX, pero adoptó un desarrollo más cauteloso, en contraste con la filosofía de sus rivales.
“Perdimos el propulsor”
Además de poner el cohete en órbita, Blue Origin pretendía intentar recuperar el propulsor del cohete, posándolo de forma controlada en una barcaza en el océano Atlántico, una maniobra compleja similar a las realizadas por SpaceX, que no tuvo éxito.
“Perdimos el propulsor”, reconocieron durante la retransmisión en directo los portavoces de la compañía.
Blue Origin ya tiene un contrato con la NASA para el lanzamiento de dos sondas hacia Marte a bordo del New Glenn. El cohete también apoyará el despliegue del proyecto Kuiper, un satélite diseñado para competir con la red de internet de Starlink.
Físicamente, New Glenn supera al Falcon 9 de 70 metros de alto y está diseñado para cargas útiles mayores.
Su capacidad en términos de masa está entre la del Falcon 9 y su hermano mayor, el Falcon Heavy, pero tiene la ventaja de un compartimiento útil más ancho, ideal para cargas más voluminosas.
Por ahora, sin embargo, SpaceX mantiene el liderazgo en esta carrera espacial, mientras que otros competidores como United Launch Alliance, Arianespace y Rocket Lab, van muy rezagados.
Antes de irte: “Probamos todo ahora para ir a Marte después”: Una ingeniera de la NASA nos habla de la importancia de Artemis II
La empresa de Musk está desarrollando el cohete más grande y potente jamás diseñado, Starship, que realizará su séptimo vuelo de prueba este mismo jueves.
Como Musk, Bezos siente una pasión de toda la vida por el espacio. Pero mientras Musk sueña con colonizar Marte, Bezos imagina trasladar la industria pesada fuera del planeta a plataformas espaciales flotantes para preservar la Tierra, “el origen azul de la humanidad”.
La ley Laken Riley podría entrar en vigor antes de que comience su mandato Donald Trump, que ha prometido mano dura contra la inmigración ilegal.
Para los migrantes irregulares en Estados Unidos, una acusación de hurto o robo será motivo de arresto y probablemente deportación.
Lo recoge una nueva y polémica ley que podría entrar en vigor incluso antes de que el próximo lunes 20 de enero Donald Trump inicie su mandato como presidente del país norteamericano.
El aún proyecto de ley Laken Riley, que en este momento se encuentra en fase de debate en el Senado, es obra del Partido Republicano de Trump pero también cuenta con el apoyo de numerosos congresistas y senadores demócratas.
La ley también permitirá a los estados demandar al gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias.
Sus defensores creen que aumentará la seguridad ciudadana, mientras las voces críticas aseguran que contradice los valores constitucionales y viola la presunción de inocencia de los migrantes.
Analizamos en qué consiste esta ley, cuáles serán sus repercusiones y por qué es tan polémica.
Así es la ley
El nombre de la ley, Laken Riley, es el de una estudiante de enfermería de 22 años brutalmente asesinada en febrero del año pasado en el estado de Georgia.
El venezolano de 26 años José Ibarra interceptó a Riley mientras hacía ejercicio en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, intentó violarla y, como la víctima se resistía, la golpeó hasta la muerte, según lo revelado en el juicio.
Ibarra, quien fue condenado a cadena perpetua en noviembre, es un migrante indocumentado venezolano que tenía pendientes acusaciones previas de al menos dos delitos menores en Estados Unidos, uno de ellos el hurto de varios productos en un supermercado.
El caso generó conmoción en la sociedad estadounidense. Los conservadores argumentaron que, si el agresor hubiera sido detenido y expulsado por sus casos previos, Laken Riley todavía estaría viva.
Esto llevó al Partido Republicano a proponer, un mes después del suceso, una ley específica para evitar casos similares.
De hecho, bajo la ley Laken Riley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará obligado a detener a extranjeros en situación migratoria irregular que hayan sido arrestados previamente por robo, hurto y similares.
La ley se alinea con las políticas de línea dura que Trump previsiblemente aplicará en su próximo mandato.
El republicano prometió llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, enfocándose inicialmente en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
La ley Laken Riley, según algunos expertos, facilitará la deportación de quienes estén acusados de cometer estos delitos menores, que se tramitará durante su arresto y sin necesidad de juicio.
Según la actual legislación, solo están sujetos a una posible deportación los migrantes a quienes un tribunal haya condenado en firme por al menos dos delitos menores.
Por otro lado, las autoridades de cada estado podrán demandar al gobierno federal si creen que no está aplicando correctamente las leyes sobre migración.
Los incumplimientos denunciables de Washington incluirían liberar a migrantes en custodia, no arrestar a personas con orden de expulsión, otorgar libertad condicional de forma inadecuada a irregulares o no aplicar restricciones de visados a los países que rechacen recibir a sus ciudadanos deportados desde EU.
La tramitación
La ley Laken Riley fue aprobada por primera vez en la Cámara de Representantes en marzo de 2024, pero se estancó en el Senado controlado por los demócratas y regresó a la cámara baja.
El pasado 7 de enero los congresistas la volvieron a aprobar con 264 votos a favor, (entre ellos 48 demócratas) y avanzó de nuevo al Senado.
Allí corrió mejor suerte que en la primera ocasión, ya que todos los senadores republicanos y una mayoría de demócratas (en total 84 votos a favor y 9 en contra) aceptaron someter a debate el texto para su posible enmienda y aprobación.
Expertos señalan que la derrota en las elecciones de 2024, en las que la inmigración fue un tema central de campaña, ha llevado a muchos demócratas a respaldar propuestas más restrictivas en esta materia, e incluso el propio partido está cambiando su enfoque al respecto.
“Estoy a favor de dar a las autoridades las herramientas para prevenir tragedias como ésta mientras trabajamos en soluciones integrales para nuestro sistema roto”, afirmó recientemente John Fetterman, senador del Partido Demócrata por Pensilvania, uno de los “estados péndulo” que cambiaron su voto a republicano el pasado noviembre.
La fase de deliberación en la cámara alta podría prolongarse por unas pocas semanas o incluso días, y según analistas, existe la posibilidad de que la ley se apruebe antes de que Trump se instale el día 20 en la Casa Blanca.
En todo caso, está en fase de deliberaciones y existen discrepancias entre republicanos y demócratas sobre su contenido final.
Mientras los republicanos defienden aprobar el texto íntegro original, los demócratas han señalado su intención de enmendar aspectos controvertidos, como la posibilidad de detener y deportar, sin necesidad de pruebas ni juicio, a migrantes acusados de pequeños delitos.
Por qué es polémica
La aparente violación de la presunción de inocencia de los detenidos es el aspecto más polémico de esta nueva ley, que ha generado una oleada de críticas de quienes la consideran incompatible con los valores democráticos y constitucionales de Estados Unidos.
Sus defensores argumentan que, al privar de libertad o expulsar a presuntos delincuentes, se protegerá a las comunidades de delitos cometidos por personas en situación irregular.
También sostienen que la posibilidad de deportación por delitos menores disuadirá a los migrantes indocumentados de involucrarse en actividades ilegales.
Mientras, las voces críticas la consideran una amenaza a las protecciones constitucionales y un retroceso en los principios de justicia.
“Es esencialmente una autopista hacia la deportación masiva; se puede detener a cualquier cantidad de personas y meterlas en el sistema de justicia penal simplemente por haber sido acusadas, sin condena ni admisión de culpabilidad”, declaró este domingo en un programa televisivo Pramila Jayapal, una de los congresistas que han criticado el proyecto de ley en el dividido Partido Demócrata.
Los detractores de esta polémica legislación argumentan que la detención sin fianza de cualquier migrante acusado -aunque no necesariamente condenado- de delitos menores como el hurto eliminaría el derecho a audiencias individualizadas, algo garantizado incluso en casos de delitos graves en el sistema de justicia penal.
Esto plantea serias preocupaciones sobre la presunción de inocencia y el debido proceso, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC por sus siglas en inglés).
El NILC también advierte que obligar a las autoridades migratorias a detener a las personas antes de que puedan asistir a sus audiencias penales podría obstaculizar gravemente el trabajo de los fiscales, aumentar el caos en los tribunales y complicar la resolución de casos criminales.
Los detractores de la ley también creen que la avalancha de trabajo que caería sobre jueces y fiscales por delitos menores como hurtos o robos les restaría tiempo y recursos para abordar casos de delitos más graves.
La organización Voto Latino argumenta que la ley no mejorará la seguridad pública ya que no hay evidencia de una correlación entre el estatus migratorio y la criminalidad.
Esta ONG considera la ley Laken Riley una herramienta política para estigmatizar a los migrantes y acentuar las divisiones sociales.
Otro aspecto polémico es la capacidad que la ley otorga a los estados para demandar al gobierno federal sobre acciones relacionadas con políticas migratorias.
Según el NILC, esto podría convertir los tribunales en escenarios de interminables disputas entre los estados y Washington, obstaculizando la implementación efectiva de la ley.
Sus defensores, sin embargo, alegan que permitirá a las autoridades locales, que conocen más de cerca los problemas de sus comunidades, participar de forma más activa a la hora de aplicar y supervisar las leyes de inmigración.
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