¿Es legal usar *taser y gas pimienta* como defensa personal?
Es de noche, caminas deprisa sin audífonos, sin distracciones. Cada cinco pasos miras sobre tu hombro para asegurarte que nadie se esconde en esos espacios que el farol de la calle no ilumina. Aprietas el paso, tomas las llaves y por fin, abres la puerta y estás en casa. Un día más a salvo.
Para quienes no lo han vivido, la narración puede parecer exagerada. En realidad, las mujeres en este país vivimos constantemente alerta ante la posibilidad de ser acosadas o agredidas.
Como respuesta a esta falta de seguridad, han circulado en redes sociales recetas para elaborar gas pimienta o consejos para adquirir y utilizar inmovilizadores eléctricos (tasers) para defenderse en caso de enfrentar una agresión. Pese a que no hay leyes en México que avalen su uso, hay quienes deciden portarlos y utilizarlos bajo el argumento de la legítima defensa.
¿Qué es la legítima defensa?
En México, esta se define como cualquier situación en la que “se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende”.
Es decir, poder responder al ataque de un agresor, si esto pone en peligro nuestra vida, seguridad o libertad, sin tener que afrontar consecuencias legales por ello.
Además, la legítima defensa se rige bajo el concepto de proporcionalidad, lo que significa que la defensa debe ser proporcional al riesgo que se enfrenta. Por ejemplo, ante una amenaza de muerte con un arma de fuego, la víctima puede arrebatar la pistola y matar en defensa, sin recibir castigo.
Pero ¡ojo! porque la proporcionalidad puede variar caso por caso, y dependerá del juez en turno analizar las circunstancias y determinar si existe o no argumento para validar la legítima defensa.
Taser y spray pimienta, ¿cómo funcionan?
Usar un taser solo un segundo provoca la contracción en los músculos de la zona corporal donde se aplique. Con dos segundos, ocurren espasmos musculares y se experimenta desorientación.
Si se utiliza de tres a cinco segundos, se puede perder el balance del cuerpo. Todo ello si únicamente es aplicado en zonas alejadas de la caja toráxica, como un brazo o una pierna.
Sin embargo, si se aplica en la cabeza o en el pecho, puede provocar que se detengan las funciones del cerebro o corazón, lo cual podría ser tipificado como homicidio o tentativa de homicidio.
Por su parte, el spray pimienta es un compuesto químico -aunque también existen preparaciones caseras- que irrita fuertemente los ojos. Puede provocar lágrimas, dolor e incluso ceguera temporal.
Expertos en defensa personal advierten que estos dispositivos pueden ser un arma de doble filo. Si el portador enfrenta una agresión y no sabe utilizarlos correctamente, estos instrumentos pueden ser arrebatados por el atacante y ser usados en contra de la víctima.
Entonces, ¿es legal usarlos o no?
Está prohibido, pero no está prohibido… digamos que existe un vacío legal.
Está prohibido porque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuenta con un Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, que tipifican al taser y al spray pimienta como artículos exclusivos para las fuerzas del orden.
Sin embargo, tanto el Código Penal Federal, como el de la Ciudad de México, no los prohíben puntualmente, aunque sí menciona las posibles agravantes para infringir lesiones u homicidios.
Una de estas agravantes es la portación de un arma blanca, un rubro en el que se considera tanto al taser como al spray pimienta, aunque no está especificado como tal en la legislación.
Este vacío legal depende de diversas circunstancias que consideran la manera en la que las personas se defienden y los daños que se ocasionan a los presuntos atacantes.
La abogada de Equis Justicia para Mujeres, Viridiana Valgañón, comentó que, ante la laguna legal, si una persona lo utiliza contra su agresor y luego se da una detención, dependerá de la interpretación del Ministerio Público, el juez de control y juez de primera instancia determinar si quien se defendió, cometió o no un delito.
La legítima defensa se establece legalmente bajo el supuesto de que dos individuos con capacidades físicas y materiales iguales, se enfrentan. No se prevé un contexto en el que las fuerzas son desiguales, como el de muchas mujeres al ser agredidas.
“El miedo que sentimos las mujeres al salir en la calle ante las amenazas inminentes es diferente a la seguridad con la que caminan los hombres en la calle”, afirmó la abogada.
Valgañón concluyó que los tasers, gas pimienta o técnicas de autodefensa, colocan en igualdad de circunstancias o posición de poder a las mujeres que son atacadas. Por esto, dice, debe ser tomada en cuenta por el juez al analizar un caso.
*Con información de Yuriria Ávila
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El atentado al aspirante presidencial, Miguel Uribe Turbay, recordó los peores años de la violencia política que se vivió en Colombia a finales de los 80 con Pablo Escobar.
Que en 2025 atenten contra la vida de un precandidato presidencial en Colombia es reabrir una herida dolorosa que muchos creían cerrada.
Fuera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, colombianos depositan flores, velas, banderas nacionales y rezan en vigilia por Miguel Uribe Turbay.
Este senador de 39 años del partido Centro Democrático permanece grave en esa clínica tras ser baleado este sábado durante un acto político en Bogotá.
Su salud y los motivos de su intento de homicidio tienen en vilo al país. Se sabe que el sospechoso, menor de edad, fue arrestado inmediatamente.
Para aquellos que vivieron los peores años de la violencia política de finales de los 80, con Pablo Escobar en guerra contra las instituciones públicas, el atentado recuerda a aquella sangrienta campaña presidencial de 1989 cuando, en seis meses, fueron asesinados tres candidatos presidenciales.
A pesar de la barbarie cometida contra Uribe Turbay, es osado comparar la Colombia de hoy a la de entonces.
“En datos, no tenemos la gran amenaza del narcotráfico de esa época. Aunque el acto fue vil, no estamos en el nivel de sometimiento estatal a las oleadas de violencia que tuvimos en el pasado”, aclara Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Colombia.
“Pero sí llaman la atención algunas coincidencias de entonces con la situación actual del país”, añade la investigadora para BBC Mundo.
Colombia vive en medio de una tensa disputa política protagonizada por el gobierno izquierdista de Gustavo Petro contra un amplio sector del Congreso y miembros de la oposición, enfrentados por las reformas del presidente que, en su mayoría, no alcanzan los consensos necesarios para concretarse.
Uribe Turbay, político de la agrupación de derecha Centro Democrático, critica a Petro con frecuencia.
Tanto su partido como el expresidente fundador del mismo, Álvaro Uribe Vélez, son también blanco frecuente de los reproches del presidente contra sus adversarios.
La disputa política alcanzó una tensión crítica en esta semana que acaba con todo un país pendiente de la supervivencia de un líder político baleado en público.
La polémica reforma laboral
Después de que el proyecto de reforma laboral de Petro se hundiera en el Congreso el pasado marzo, éste lleva intentando lanzar una consulta popular para que sea el pueblo colombiano quien se pronuncie y apoye, o no, sus reformas.
Dicha consulta fue también rechazada por el Congreso en mayo, pero Petro, alegando irregularidades en la votación, anunció esta semana que firmaría lanzar la consulta popular por decreto.
Esto generó un rechazo inmediato desde la oposición, varios juristas y expertos, quienes alertaron que, como poco, el “decretazo” podría romper el orden constitucional.
Horas antes del atentado, Uribe Turbay dijo en X que demandaría por prevaricato a los ministros que firmaran el decreto con el que Petro pretende lanzar una consulta popular en Colombia.
Esto ocurrió justo después de que el mandatario dijera en la misma plataforma que “ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va”.
El ya llamado “decretazo” de esta consulta popular es el origen de la tensión agravada esta semana.
“El alegato de Petro no parece convencer mucho a especialistas y juristas. Da la impresión que está cruzando la frontera en su enfrentamiento con el Congreso por más que ya tenía una retórica agresiva en contra del mismo”, le dice a BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.
“Retórica violenta”
El presidente es frecuentemente criticado por sus largos trinos en X y en televisión, donde a menudo emplea un lenguaje hostil contra sus adversarios.
El atentado, precisamente, fue utilizado por algunos de sus rivales para criticar este estilo de gobierno.
Uno de los pronunciamientos más fuertes se produjo desde el exterior de Colombia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en X que “esta es una amenaza directa a la democracia y el resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano”.
Petro, durante su alocución presidencial en la noche del sábado, criticó -por su parte- a quienes politizan la tragedia:
“Tengo también que rechazar el intento oportunista, bajo, de truhan, de utilizar con fines políticos el dolor de la familia y del mismo Miguel Uribe Turbay (…) Los patrones del crimen repiten los patrones de la muerte de la mayoría de los dirigentes políticos de Colombia”.
Pero el presidente no es el único en utilizar sus redes para lanzar dardos contra sus oponentes.
En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, mientras que los críticos más cautos han tildado la consulta popular como anticonstitucional, los más fervientes lo han acusado de autoritario y “dictador”.
“¡Petro cruza la línea y se convierte en dictador! Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado (…) Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar alerta ante cualquier golpe contra la Constitución y la democracia por parte de Petro y su Gobierno”, dijo en un par de publicaciones entre el 3 y 4 de junio en X la precandidata derechista Vicky Dávila.
Un pasado traumatizante
Aunque pide no frivolizar, Laura Bonilla, de Pares, ve en el clima político colombiano de 2025 coincidencias con la violencia de fines de los 80.
“Que esto se produzca en la llegada del primer gobierno de izquierdas de la historia moderna de Colombia hace que en la memoria colectiva fluya el pasado”, explica.
En aquellos fatídicos seis meses entre 1989 y 1990, los tres candidatos asesinados eran de corte izquierdista.
El primero, Luis Carlos Galán Sarmiento, abanderado de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, murió el 18 de agosto de 1989 tras ser baleado por sicarios en una acción atribuida al cartel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado.
Menos de un año después, el 22 de marzo y el 26 de abril 1990, fueron asesinados respectivamente Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.
Jaramillo Ossa era miembro de la Unión Patriótica, alianza fundada por miembros de las Farc-EP y del Partido Comunista Colombiano en 1985.
Pizarro Leongómez era candidato de la Alianza Democrática M-19, surgida a raíz de la desmovilización de la guerrilla izquierdista M-19.
La propia madre de Uribe Turbay, Diana Turbay, murió en 1991 durante un intento de rescate tras pasar meses secuestrada por hombres comandados por Pablo Escobar.
Aquellos años fueron el punto más álgido que se recuerda de una historia política bañada en sangre en Colombia, siendo el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948 el desencadenante para muchos de la violencia y la guerra que por décadas ha estigmatizado al país.
Desde entonces, políticos, miembros de la fuerza pública, sindicalistas, medioambientalistas y líderes sociales viven bajo frecuentes amenazas de muerte, presiones y atentados.
La tasa de asesinatos en Colombia sigue siendo, junto a Ecuador y Brasil, de las más altas de la región.
Según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación de la seguridad en América Latina y el Caribe, en 2024 Colombia registró una tasa de asesinatos de 25.4 por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cuatro años.
En 1990 la tasa de homicidios superaba los 70 por cada 100 mil habitantes.
Con una clara tendencia a la baja, comparar a esta Colombia con la del pasado es, cuanto menos, prematuro.
Podría incluso argumentarse que solo el hecho de que el país haya elegido hace tres años a su primer presidente izquierdista es signo de madurez democrática.
Pero los datos difícilmente tranquilizarán a quienes en las últimas horas viven, traumados, fantasmas de otros tiempos.
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