El nombre de Fabián Chairez tal vez no te sonaba familiar antes de ver la publicidad de Emiliano. Zapata Después de Zapata, una exposición que busca presentar las diferentes representaciones que este personaje ha tenido en el arte durante los siglos XX y XXI.
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La exposición abrió sus puertas al público el pasado 27 de noviembre y ocupará las salas del Museo del Palacio de Bellas Artes, en CDMX, hasta el 26 de febrero de 2020.
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En el sitio web del Inbal se explica que la muestra despliega las diferentes representaciones de este personaje de la Revolución Mexicana “como héroe revolucionario, símbolo racial, guerrillero contemporáneo o bandera de las luchas feministas y los activismos contemporáneos”.
Este último concepto es el que ha causado controversia a través de La Revolución (2014), la pieza de Fabián Chairez que aparece en la publicidad.
Fabián Chairez es un artista plástico mexicano nacido en Chiapas en 1987 y, en su obra, busca representar a personas de nuestra cotidianidad fuera de cánones como la hipermasculinidad.
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En La Revolución, presenta a Emiliano Zapata desnudo montando un caballo blanco mientras porta un sombrero de charro rosa y una banda tricolor alrededor de su cuerpo.
Sus piernas guardan semejanza con las de una mujer y usa zapatillas cuyo tacón tiene la forma de una pistola.
Estos rasgos se encuentran en la obra de Chairez, quien como puede pintar a Zapata desde esta perspectiva, también toma personajes como luchadores o sacerdotes para despojarlos de los cánones que los representan: machos, fuertes e invencibles, para mostrarlos como seres afeminados y, en muchos casos, incluso desde una mirada erótica.
Aquí te contamos más de su obra y lo que quiso representar en esta pintura:
Aunque La Revolución es una obra que salió del taller de Chairez hace cinco años, es hasta ahora que está causando controversia a muchos niveles: primero desde aquel que discrimina a las personas por su color de piel y su aspecto físico.
A inicios de diciembre, un usuario de redes sociales comparó al actor Tenoch Huerta con uno de los personajes de las pinturas de Chairez, luego de que se publicara una de sus obras con el mensaje: “Mi chacal me pidió que lo pintara como a mis chicas francesas”, haciendo referencia a una escena de la película Titanic.
Huerta respondió al tuit asegurando que la comparación no lo ofendía.
https://www.facebook.com/chairez.art/photos/a.156890747737238/2648634621896159/?type=3&theater
El pasado 9 de diciembre, Jorge Zapata, nieto de revolucionario, anunció que la familia tomará acciones legales contra el Inbal y el autor de la obra ya que consideran que esta denigra la imagen del Caudillo del Sur.
“Lo que venimos a exponer es la burrada que hicieron de exponer una fotografía de nuestro General en Bellas Artes. Un pintor desconocido que creo que quiere fama saca a nuestro general de gay. Como familia, como pueblo, donde somos netamente zapatistas, eso no lo vamos a permitir. Vamos a demandar tanto al pintor como a la encargada de Bellas Artes por exponer la figura de nuestro general de esa forma”, señaló Jorge Zapata en Cuernavaca, Morelos.
“Yo no tengo nada contra los gay, tengo muchos amigos pero pues la verdad se han conducido de la mejor manera y no sé por qué Bellas Artes, un lugar tan importan para todos fueron a exponer la figura de nuestro general en esta forma y no lo vamos a permitir”.
El secuestro y asesinato de 13 mineros ha sacudido a Perú, un país en el que la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones.
El asesinato de 13 personas en una mina de Pataz, en el departamento de La Libertad, conmocionó a Perú y puso de relieve la crisis de seguridad que sufre el país.
Los cuerpos de los 13 trabajadores fueron hallados el domingo con indicios de haber sido ejecutados a sangre fría en un socavón dentro de una mina propiedad de la empresa Poderosa, después de días de rumores e informaciones sin confirmar sobre su presunto secuestro.
El episodio ha sacudido a un país en el que la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población y copa el debate político.
El hecho de que la provincia de Pataz llevara en estado de emergencia desde febrero del año pasado para frenar la delincuencia no impidió las muertes y ha agravado las dudas en torno a la gestión de las autoridades.
El auge del crimen ha llevado al gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, a declarar el estado de emergencia en diferentes lugares del país, incluida Lima, y la matanza de Pataz ha abierto el debate sobre si se le está dando la respuesta adecuada al problema.
Este mismo lunes, Boluarte declaró un toque de queda en Pataz y les otorgó el control de la zona de la minera a las Fuerzas Armadas.
El pasado viernes, después de días de especulaciones, la minera Poderosa denunció en un comunicado que un grupo de “mineros ilegales coludidos con criminales” atacaron una de sus instalaciones en la provincia de Pataz y secuestraron a 13 trabajadores.
Según relató la empresa, los trabajadores prestaban servicios a un “minero artesanal” que mantiene “un contrato de explotación” con la minera.
La empresa señaló que lo ocurrido “pone en evidencia el terrible deterioro de las condiciones de seguridad en Pataz”.
Denunció que la minería ilegal se ha adueñado de gran parte de sus instalaciones pese a la declaración del estado de emergencia y el despliegue de 800 policías en un operativo realizado la semana pasada.
El domingo, los medios peruanos informaron del hallazgo de 13 cadáveres en un socavón de la mina, confirmando los peores temores de los familiares, que fueron llegando a la zona desde diferentes lugares del país.
Fuentes policiales citadas por el medio peruano RPP indicaron que las víctimas se encontraban “maniatadas, vendadas y desnudas cuando fueron ejecutadas con un disparo en el cuello”.
Aunque no se ha publicado una lista oficial de víctimas, los medios peruanos ya han comenzado a difundir algunos nombres, y algunos familiares se han presentado en la morgue de la ciudad de Trujillo, donde esperan a que se completen los trámites legales y forenses con los cuerpos de sus seres queridos.
Enrique Carbonell, que se identificó como padre de uno de los trabajadores asesinados, se mostró muy crítico con la gestión de las autoridades en declaraciones a Canal N.
“No hay ni un puesto policial ni un puesto de auxilio rápido” en la zona, se quejó Carbonell.
Según el relato de la compañía, las 13 personas fueron asesinadas tras ser secuestradas en el ataque de un grupo armado que se hizo con el control de la zona de las instalaciones en la que trabajaban.
Los ataques armados y las muertes en minas de Perú han aumentado y la compañía informó que ya son 39 los “colaboradores, mineros artesanales y trabajadores ultimados” por los grupos criminales que han tomado el control de la zona.
Perú tiene una inmensa riqueza minera. Es uno de los mayores productores de oro del mundo y aporta cerca del 4 % del suministro mundial.
Y muchos buscan, especialmente en el Perú rural, donde no abundan las oportunidades económicas, ganarse la vida en el negocio de la minería, un sector en el que prevalece la informalidad y en torno al que en los últimos años han proliferado los grupos criminales.
Muchas de las explotaciones clandestinas se encuentran en zonas de difícil acceso, con frecuencia en áreas de sierra o de selva, donde el Estado y sus fuerzas de seguridad tienen escasa presencia.
La extorsión, la trata de personas y la explotación sexual son algunos de los problemas que suelen acompañar a la expansión de estos grupos criminales.
El gobierno peruano estableció en 2017 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que permitía registrarse y formalizar su situación a los mineros artesanales.
Aunque nació como un mecanismo temporal, se ha ido prorrogando y los últimos intentos de ponerle fin se han topado con la fuerte oposición de los grupos de interés creados en torno a la minería artesanal.
Sus detractores denuncian que el Reinfo se ha convertido en la práctica en la vía que permite actividades ilícitas sin una fiscalización efectiva y está siendo utilizado por redes de crimen organizado implicadas en la minería ilegal para crear tapaderas y blanquear sus activos.
La minería ilegal ha sido identificada por los expertos como uno de los motores del aumento de la criminalidad y violencia que sufre Perú.
El país había registrado más de 640 homicidios hasta mediados de abril de este año, lo que supone un 19 % más que las contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.
Días antes de que se hallaran los cadáveres, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, puso en duda la veracidad de las informaciones sobre los 13 secuestrados en Pataz.
En una rueda de prensa el pasado miércoles, Adrianzén dijo: “Nuestros cuerpos de seguridad no tienen indicios de que el suceso reportado sea veraz”, y añadió que no constaba “ninguna denuncia hasta el momento”.
Pero Carbonell dijo que presentó la denuncia por la desaparición de su hijo en la noche del martes y calificó los comentarios de Adrianzén como “una mentira muy grande”.
Ya el lunes, con el país impactado por el hallazgo de los cuerpos, la presidenta, Dina Boluarte, ofreció un mensaje televisado al país en el que defendió que “desde el primer momento que se rumoreaba que había personas secuestradas, el Ejecutivo tomaba las acciones debidas”.
Boluarte declaró la imposición de un toque de queda en el distrito de Pataz entre las 06:00 am y las 06:00 pm, y anunció que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la mina y establecerán una base militar.
La presidenta anunció también que se suspenderán todas las actividades mineras en Pataz por un periodo inicial de 30 días para “facilitar la instalación” de militares y policías en la zona.
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