Sin becas ni apoyos de la Conade de Ana Guevara, deportistas rompen récord de medallas en Panamericanos
Ana Gabriela Guevara titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) les quitó apoyos, les llamó “deudores” y se burló de que vendían trajes de baño para poder costear sus competencias, pero las y los atletas mexicanos rompieron récord en los Juegos Panamericanos 2023, pues México terminó en tercer lugar del medallero general.
La delegación mexicana consiguió 142 medallas: 52 de oro, 38 de plata y 52 de bronce, lo que contrasta con la falta de becas y apoyo para los entrenamientos y viajes de atletas, como denunciaron en su momento las nadadoras Nuria Diosdado y Joana Jiménez; las clavadistas Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco y la raquetbolista Paola Longoria.
A pesar de las quejas de los deportistas por la falta de apoyo del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un tuit este domingo donde reconoció a Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, por los resultados en los Juegos Panamericanos.
Enfrentamientos con Ana Gabriela Guevara
El equipo de natación artística es uno de los que ha tenido mayores diferencias con la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara; a pesar de ello, consiguieron dos medallas de oro, por equipo y en pareja, en la competencia Panamericana de 2023, además de dos pases para los Juegos Olímpicos de 2024 en París, lo que no se conseguía desde Atlanta 1996.
El equipo mexicano compuesto por las atletas Regina Alferez, María Arellano, Nuria Diosdado, Daniela Estrada, Itzamary González, Luisa Jailib, Joana Jiménez, Jessica Sobrino y Pamela Toscano tuvieron que vender trajes de baño para costear sus viajes a competencias internacionales.
Ante la denuncia que hicieron de la situación, Ana Guevara descalificó al equipo que ganó el oro en la Copa del Mundo Egipto y las llamó deudoras y mentirosas en una entrevista para W Radio.
“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware… pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado”, dijo Guevara, luego de que las competidoras denunciaron el nulo apoyo de la Conade.
El equipo de natación artística solicitó un amparo porque Guevara les negó becas y apoyos argumentando un pleito legal con la Federación Internacional de Natación, quien impuso a México un Comité de Estabilización para reestructurar la organización de natación en el país, que no fue reconocido jurídicamente por la Conade.
Tras ganas la demanda, el 20 de junio el equipo mexicano de natación artística comenzó a recibir el pago de sus becas.
Como dueto, Nuria Diosdado y Joana Jiménez ganaron el oro Panamericano y su pase para la justa olímpica en 2024. Tras su triunfo, reconocieron que para obtener este resultado tuvieron que sortear varios obstáculos, pero que resurgieron como “ave fénix”.
“Esta rutina que nadamos es Ave Fénix. Como saben el ave fénix renace de las cenizas. Hemos tenido literalmente muchos incendios, nos han atacado por muchos lados, hemos vivido muchas pruebas que enfrentar y es el día en el que el ave fénix renació de las cenizas”, dijo Jiménez.
Clavadistas en Panamericanos
Los logros de equipos como el de clavados, que obtuvo ocho medallas, también contrasta con la falta de apoyos por parte de la Conade, pues atletas han denunciado a la directora y exdeportista, Ana Gabriela Guevara, de retirarles becas y recursos para sus entrenamientos y viajes.
Las atletas Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco, quienes obtuvieron primero y segundo lugar en la plataforma de 10 metros en Santiago-2023, tuvieron que buscar nuevas formas de financiamiento para seguir su preparación y participar en competencias.
Luego de que dejaron de recibir sus becas a principios de año por el conflicto entre la Conade y la federación internacional (World Aquatics), ellas asumieron los gastos de competir en pruebas internacionales como el Mundial de natación de Fukuoka (Japón) de julio.
Las clavadistas comentaron a la agencia AFP que incluso se plantearon subastar las medallas de bronce que lograron en los Juegos Olímpicos de Tokio para poder viajar al Mundial, donde estaban en juego cupos para París-2024.
Otro caso es el de la dupla Kevin Berlín y Randal Willars, quienes obtuvieron medalla de oro en plataforma de 10 metros en clavados sincronizados en los Panamericanos; sin embargo, también se han tenido que enfrentar a la Conade y a Guevara por falta de becas.
En septiembre, junto a otros nadadores y clavadistas anunciaron que emprenderían acciones legales para recuperar sus becas, que no recibieron pese a tener buenos resultados en el campeonato Mundial de Fukuoka.
La raquetbolista Paola Longoria, quien consiguió su décimo oro en unos Juego Panamericanos, es otro caso.
En agosto, Paola Longoria señaló que había ganado una demanda interpuesta contra la Conade y su titular, Ana Gabriela Guevara, por un supuesto adeudo de la raquetbolista hacia el organismo. Detalló que tenía tres años en los que no recibía beca ni apoyos por parte de la Conade.
En entrevista con ESPN, Longoria le recordó a Guevara que fue deportista y que tiene que dejar los egos personales para el beneficio de los atletas.
“No hay apoyo”
El fondista Daniel Martínez, quien obtuvo primer lugar en los 5 mil metros en la justa panamericana, pero posteriormente fue descalificado por presuntamente obstaculizar a un competidor, denunció que desde hace mucho tiempo le quitaron los apoyos y arremetió contra la Conade y su titular.
“Yo con ella no tengo contacto, no hay apoyo hacia mí, ya tiene mucho tiempo que me quitaron mis becas, el Gobierno Federal no me apoya… Con Ana Guevara no cruzo palabra, intento comunicarme con quienes le ayudan, pero las respuestas son nulas”, comentó Martínez.
Donar estímulos de deportistas a damnificados en Acapulco
Aunado a la falta de becas y apoyos, la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, sugirió -hace unos días- al presidente López Obrador que tras la emergencia en Acapulco por el huracán Otis, “se pueda exentar el recurso” que está destinado a los deportistas que ganaron medallas en los Panamericanos 2023 y donarlo para la recuperación de la ciudad.
La exvelocista dijo que, aunque el presidente no ha respondido a su solicitud, el dinero no viene de la Conade sino que es una excepción que hizo el mandatario y debido a la “situación crítica en Acapulco” recomendó “ser solidarios”.
La sugerencia no fue muy bien recibida por el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la presidenta María José Alcalá se pronunció a favor de los atletas. Ante medios de comunicación pidió a las autoridades que antes de tomar una decisión les pregunten su postura a los deportistas.
“Hay otros espacios de la administración pública donde se puede encontrar el tema financiero para lo de Acapulco, nosotros somos solidarios, pero creo que los atletas necesitan los apoyos, y yo creo que también primero hay que preguntarles a los atletas cuál es su postura, yo creo que se les debe de respetar. Creo que lo más importante es que se terminen los juegos, que se analice todo lo de las necesidades de los atletas y que estos apoyos lleguen, no están pidiendo nada que no se ganaron”, dijo.
Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní han reabierto el debate sobre el uso legítimo de la fuerza en la escena internacional.
Los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní ya han causado víctimas civiles. También provocaron la condena del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien instó a todas las partes a respetar el derecho internacional.
Ambos bandos afirman que sus acciones armadas están justificadas, pero para verificar si los ataques iniciales contra Irán fueron legales debemos remontarnos a los estándares del derecho internacional que la mayoría de países acordaron, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial.
Poco después de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán el 28 de febrero, el presidente Donald Trump acusó a Teherán de construir armas nucleares que amenazan a los aliados de Washington y podrían “pronto alcanzar territorio estadounidense”.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el 2 de marzo que Estados Unidos tuvo que “atacar preventivamente” ya que la administración sabía que iba a producirse “una acción israelí” contra Irán.
Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, dijo a la BBC que los presuntos planes de Irán para “desarrollar una bomba” son, por sí solos, motivo suficiente para los ataques.
Irán ha respondido bombardeando Israel y países de Oriente Medio que albergan bases militares estadounidenses, alegando la legítima defensa.
Las cifras de víctimas siguen aumentando. De acuerdo con organizaciones humanitarias, más de 1.000 personas han muerto en Irán desde el inicio de los ataques. Mientras, en Líbano, decenas de personas han perdido la vida a causa de los bombardeos israelíes.
Por otro lado, decenas más, incluidos seis soldados estadounidenses, han muerto en Israel y en los países del golfo Pérsico.
¿Fueron legales los ataques?
Los expertos legales con los que ha hablado la BBC sostienen que las condiciones jurídicas necesarias para el ataque inicial de Estados Unidos e Israel no parecen haberse cumplido, aunque la represalia de Irán también podría haber violado el derecho internacional.
Según la Carta de la ONU, el documento fundacional de la organización, los países, por regla general, no pueden recurrir a la fuerza militar contra otro Estado, salvo que exista una excepción específica.
Dos disposiciones son fundamentales:
- Artículo 2(4): prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra otros Estados.
- Artículo 51: permite el uso de la fuerza en respuesta a un ataque armado. Algunos Estados sostienen que esto también incluye ataques inminentes.
La cuestión jurídica clave es, por tanto, si Irán representaba una amenaza inminente.
Susan Breau, experta en derecho internacional del Instituto de Estudios Legales Avanzados, un centro de análisis británico, señaló que una defensa legítima requeriría “pruebas irrefutables de un ataque inminente”, y añadió que no ha visto ninguna evidencia de ese tipo.
Coincide con ella el destacado abogado de derechos humanos Geoffrey Nice, quien entre 1998 y 2006 dirigió la acusación contra el expresidente yugoslavo Slobodan Milošević en el Tribunal Penal Internacional.
“No se ha presentado ninguna prueba”, dijo Nice. “Existe una buena posibilidad de que el inicio de la guerra no haya sido legal”.
En Estados Unidos, muchos demócratas sostienen que la operación contra Irán es ilegal, al argumentar que solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra.
Sin embargo, como comandante en jefe, un presidente estadounidense puede llevar a cabo ciertas operaciones militares sin una declaración formal de guerra.
¿Había una amenaza inminente?
El presidente Trump ha dicho que Estados Unidos intentó negociar con Irán después de bombardear tres instalaciones nucleares en junio de 2025, pero que Teherán “rechazó cada oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares”.
Ha sostenido que Irán estaba intentando reconstruir su programa nuclear y desarrollar misiles de largo alcance capaces de amenazar a aliados de Estados Unidos, a tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero y, al final, de alcanzar territorio estadounidense.
“Hay más que suficiente información que muestra que… los iraníes estaban preparando sus fuerzas de misiles para atacar antes de que Estados Unidos o Israel tomaran la decisión de seguir adelante”, dijo a la BBC Ezra Cohen, quien formó parte del equipo de inteligencia y seguridad del presidente Trump durante su primera administración.
Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, afirmó en una rueda de prensa el lunes que Irán tenía “un programa nuclear muy grande y ambicioso”, pero que él no había visto pruebas que sugirieran “un programa estructurado para fabricar armas nucleares”.
Un informe de mayo de 2025 de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos (DIA) concluyó que Irán seguía a años de producir misiles de largo alcance.
Los expertos también señalan que la afirmación de Trump de que el programa nuclear iraní había quedado “aniquilado” después de la guerra de 12 días del año pasado parece incompatible con la idea de que Teherán representara una amenaza inminente.
Uno de los debates centrales en derecho internacional gira en torno a cuán estrictamente debe interpretarse el concepto de “inminencia”.
Tradicionalmente, inminencia significa “el último momento posible en que puedes interrumpir un ataque que, de otro modo, llegaría de forma inevitable a tu territorio”, explica Marc Weller, académico de derecho internacional de la Universidad de Cambridge.
También existe un debate de larga data sobre cuándo un Estado puede emplear la fuerza de forma legítima en defensa propia anticipada, señala Breau: algunos sostienen que el ataque debe haber comenzado ya; otros afirman que la defensa anticipada ya estaría justificada si existen pruebas creíbles de que un ataque ocurrirá muy pronto.
“Pero no dentro de diez años”, remarca.
Breau añade que la defensa propia legítima exige dos condiciones: la necesidad —”sin otra opción posible”— y la proporcionalidad.
Weller y Breau consideran que el ataque israelí contra Egipto en 1967, durante la Guerra de los Seis Días, es uno de los ejemplos más citados de defensa propia anticipada en la historia moderna.
En ese momento, muchos creían que las tropas egipcias concentradas en la frontera estaban listas para lanzar un ataque, afirma Breau.
Sin embargo, sostiene que, incluso entonces, el ataque israelí se consideró “controvertido”.
¿Ha sido legal la respuesta iraní?
Muchos expertos consideran que la respuesta de Irán también podría haber vulnerado el derecho internacional.
Weller afirma que Teherán ha infringido el derecho internacional al llevar a cabo “ataques indiscriminados” contra países del Golfo.
Geoffrey Nice subraya que, aunque Irán pueda invocar la legítima defensa, su respuesta debe ser “proporcionada”. La proporcionalidad, explica, exige valorar el objetivo militar frente al daño colateral que se puede prever.
“En el caso de Irán, el uso de misiles que quizá no estén dirigidos de manera precisa y estricta puede considerarse con facilidad como desproporcionado y, por tanto, ilegal”.
Breau coincide y menciona el célebre hotel Fairmont del centro de Dubái, que ha sido impactado por fuerzas iraníes. “Ese no era un objetivo militar, sino un objetivo civil”.
Un peligroso precedente
Los expertos advierten que no identificar con claridad los casos de usos ilícitos de la fuerza podría acabar debilitando el sistema jurídico internacional.
Breau alerta de que otros países podrían invocar razonamientos similares y recurrir al uso de la fuerza, como China, que podría recurrir al uso unilateral de la fuerza contra Taiwán, a la que considera una provincia separatista.
“No hay nada más peligroso para el sistema internacional que aceptar usos ilícitos de la fuerza”, señala.
En un artículo para Chatham House, Weller advierte que será difícil oponerse a “más agresiones rusas o a un posible expansionismo chino” sin “desatar acusaciones de doble rasero e hipocresía”, y que Estados Unidos y otros Estados podrían lamentar “la pérdida de autoridad legal y moral que esto implicaría”.
Si los países poderosos violan repetidamente el derecho internacional sin consecuencias, muchos temen que el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial colapse y dé paso a la ley del más fuerte.
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