Comienza el juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina
Cuatro años después de la muerte de Diego Maradona, comienza este martes en Argentina el juicio a siete profesionales de la salud para determinar sus responsabilidades en el fallecimiento de la leyenda del fútbol.
Tras varias postergaciones, la primera audiencia está prevista para las 09H30 locales (12H30 GMT) en los tribunales de la localidad de San Isidro, una ciudad satelital al norte de Buenos Aires, y se espera que el juicio dure al menos hasta julio.
Así será el juicio de la muerte de Diego Maradona
Siete miembros del equipo médico de Maradona están imputados por “homicidio simple con dolo eventual”, es decir sin premeditación pero en el que el victimario sabe que podría ocasionarle la muerte a alguien e igualmente continúa con su accionar. Los acusados arriesgan entre ocho y 25 años de prisión.
Durante el proceso declararán cerca de 120 testigos, entre familiares, peritos y médicos de Maradona a lo largo de los años, dijeron las partes a la AFP.
El carismático jugador falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, a causa de una crisis cardiorrespiratoria mientras cumplía una internación domiciliaria en su residencia particular en Tigre, al norte de Buenos Aires, tras una cirugía en la cabeza por un hematoma.
Según la autopsia, el héroe del Mundial de 1986 con la Albiceleste murió por “edema pulmonar agudo secundario e insuficiencia cardíaca crónica agravada”.
Maradona padecía múltiples patologías: problemas renales, hepáticos, insuficiencia cardíaca, deterioro neurológico y dependencia del alcohol y psicofármacos.
Su muerte conmocionó al mundo deportivo y fue llorada por millones de argentinos. Hubo tres días de duelo nacional y se realizó un multitudinario y emotivo velatorio en el palacio presidencial.
La causa
Enfrentarán al tribunal el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y el enfermero Ricardo Omar Almirón.
Los cinco hijos de Maradona y sus hermanas son querellantes en la causa.
La enfermera Dahiana Gisela Madrid, la octava acusada, será juzgada de forma separada al término de este proceso, en un juicio por jurados a pedido de su defensa.
Los fiscales consideraron en la acusación que el ídolo del argentino Boca Juniors y el italiano Nápoles se encontraba “en situación de desamparo” y “librado a su suerte”, sin la atención debida ante la gravedad del cuadro: “Hay un cúmulo de conductas penalmente relevantes que condujeron a Maradona a su triste fallecimiento”, afirmaron.
Un informe médico de mediados de 2021 sugirió que el tratamiento de Maradona había sido “inadecuado, deficiente y temerario”.
En su petición de elevar la causa a juicio oral, el juez del caso, Orlando Díaz, cuestionó “la conducta que cada uno de los incusos (acusados) habría desplegado, no cumpliendo con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas”.
Las posturas
Los acusados niegan cualquier responsabilidad en la muerte la leyenda del fútbol mundial escudándose en su propia especialidad o tarea segmentada.
El abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Cosachov, declaró a la AFP que era “muy optimista respecto a una absolución”.
“Mi defendida estaba velando por la salud mental de Maradona, pero él falleció por un evento cardíaco, por lo que de ninguna manera (ella) debería haber llegado a este juicio”, dijo.
La familia de Maradona hace foco en audios y mensajes escritos que se filtraron al inicio de la investigación, según los cuales “quedó claro que ellos (el equipo médico) sabían que si Diego seguía así, iba a morir”, dijo recientemente Mario Baudry, abogado de Dieguito, uno de los hijos de Maradona.
Dos de las hijas del “diez”, Dalma y Gianinna, pidieron repetidamente en redes sociales “justicia” por la muerte de Maradona, un pedido al que se sumaron miles de argentinos.
“¡Justicia para Diego!”, proclaman pintadas en el barrio de La Paternal, en Buenos Aires, donde Maradona se inició como futbolista en el club Argentinos Juniors.
“Nos merecemos tener justicia y saber realmente qué fue lo que pasó, quién lo abandonó y que pague quien tiene que pagar”, dijo a la AFP Hilda Pereira, una jubilada, en vísperas del juicio. “Él no merecía morir así, en soledad, eso da mucha tristeza”, añadió.
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Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El doble asesinato
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
Cómo funciona esta ejecución
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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