Cuatro años después de la muerte de Diego Maradona, comienza este martes en Argentina el juicio a siete profesionales de la salud para determinar sus responsabilidades en el fallecimiento de la leyenda del fútbol.
Tras varias postergaciones, la primera audiencia está prevista para las 09H30 locales (12H30 GMT) en los tribunales de la localidad de San Isidro, una ciudad satelital al norte de Buenos Aires, y se espera que el juicio dure al menos hasta julio.
Siete miembros del equipo médico de Maradona están imputados por “homicidio simple con dolo eventual”, es decir sin premeditación pero en el que el victimario sabe que podría ocasionarle la muerte a alguien e igualmente continúa con su accionar. Los acusados arriesgan entre ocho y 25 años de prisión.
Durante el proceso declararán cerca de 120 testigos, entre familiares, peritos y médicos de Maradona a lo largo de los años, dijeron las partes a la AFP.
El carismático jugador falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, a causa de una crisis cardiorrespiratoria mientras cumplía una internación domiciliaria en su residencia particular en Tigre, al norte de Buenos Aires, tras una cirugía en la cabeza por un hematoma.
Según la autopsia, el héroe del Mundial de 1986 con la Albiceleste murió por “edema pulmonar agudo secundario e insuficiencia cardíaca crónica agravada”.
Maradona padecía múltiples patologías: problemas renales, hepáticos, insuficiencia cardíaca, deterioro neurológico y dependencia del alcohol y psicofármacos.
Su muerte conmocionó al mundo deportivo y fue llorada por millones de argentinos. Hubo tres días de duelo nacional y se realizó un multitudinario y emotivo velatorio en el palacio presidencial.
Enfrentarán al tribunal el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y el enfermero Ricardo Omar Almirón.
Los cinco hijos de Maradona y sus hermanas son querellantes en la causa.
La enfermera Dahiana Gisela Madrid, la octava acusada, será juzgada de forma separada al término de este proceso, en un juicio por jurados a pedido de su defensa.
Los fiscales consideraron en la acusación que el ídolo del argentino Boca Juniors y el italiano Nápoles se encontraba “en situación de desamparo” y “librado a su suerte”, sin la atención debida ante la gravedad del cuadro: “Hay un cúmulo de conductas penalmente relevantes que condujeron a Maradona a su triste fallecimiento”, afirmaron.
Un informe médico de mediados de 2021 sugirió que el tratamiento de Maradona había sido “inadecuado, deficiente y temerario”.
En su petición de elevar la causa a juicio oral, el juez del caso, Orlando Díaz, cuestionó “la conducta que cada uno de los incusos (acusados) habría desplegado, no cumpliendo con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas”.
Los acusados niegan cualquier responsabilidad en la muerte la leyenda del fútbol mundial escudándose en su propia especialidad o tarea segmentada.
El abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Cosachov, declaró a la AFP que era “muy optimista respecto a una absolución”.
“Mi defendida estaba velando por la salud mental de Maradona, pero él falleció por un evento cardíaco, por lo que de ninguna manera (ella) debería haber llegado a este juicio”, dijo.
La familia de Maradona hace foco en audios y mensajes escritos que se filtraron al inicio de la investigación, según los cuales “quedó claro que ellos (el equipo médico) sabían que si Diego seguía así, iba a morir”, dijo recientemente Mario Baudry, abogado de Dieguito, uno de los hijos de Maradona.
Dos de las hijas del “diez”, Dalma y Gianinna, pidieron repetidamente en redes sociales “justicia” por la muerte de Maradona, un pedido al que se sumaron miles de argentinos.
“¡Justicia para Diego!”, proclaman pintadas en el barrio de La Paternal, en Buenos Aires, donde Maradona se inició como futbolista en el club Argentinos Juniors.
“Nos merecemos tener justicia y saber realmente qué fue lo que pasó, quién lo abandonó y que pague quien tiene que pagar”, dijo a la AFP Hilda Pereira, una jubilada, en vísperas del juicio. “Él no merecía morir así, en soledad, eso da mucha tristeza”, añadió.
La hospitalización del papa Francisco ha evidenciado, según los expertos, un vacío normativo en el Vaticano que deja varias cuestiones sin resolver.
El papa Francisco, de 88 años, enfrenta una crisis de salud que mantiene en vilo a millones de católicos en todo el mundo.
Desde el 14 de febrero permanece ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por una grave infección pulmonar que evolucionó a neumonía bilateral.
En los últimos días sufrió episodios de insuficiencia respiratoria aguda, lo que requirió intervenciones médicas urgentes -como la ventilación mecánica no invasiva- para facilitar su respiración.
Aunque el pontífice está consciente, su estado sigue siendo delicado al presentar un cuadro “complejo”, según los médicos.
Además de las preocupaciones por su salud, la hospitalización de Francisco ha evidenciado, según algunos expertos, un vacío normativo dentro de la Iglesia que deja sobre la mesa varias cuestiones sin resolver.
Una de ellas es qué sucede si un Papa no puede seguir gobernando, pero tampoco ha fallecido ni ha renunciado.
El Papa es la máxima autoridad de la Iglesia católica y del Estado Vaticano, por lo que su liderazgo es vital tanto en la dimensión religiosa como en la administrativa y la diplomática.
Como solo lleva unos días hospitalizado y mantiene la lucidez, de momento no se han observado trastornos importantes en la actividad de la Santa Sede.
“Los departamentos del Vaticano ya tenían su calendario programado. Este año se celebra el Jubileo y todo el programa ya estaba previsto”, indica a BBC Mundo Filipe Domingues, director del Centro Laico en Roma y especialista en asuntos del Vaticano.
El experto aclara que “los responsables de cada dicasterio pueden dirigir sus propias áreas, más o menos como ministros en un gobierno, por lo que no es necesario que el Papa tome cada decisión individualmente”.
Algunas tareas específicas sí están reservadas exclusivamente al pontífice, como los nombramientos de obispos, aprobar las canonizaciones de nuevos santos y sus mensajes a los fieles de los miércoles o domingos.
“Estos mensajes están saliendo, pero de manera limitada. Cuando él puede aprobarlos, se publican. Si no puede, tardan más en salir”, explica el experto.
Cuando el Papa no puede ejercer sus funciones de manera presencial, la administración de la Iglesia recae en la Curia Romana, el órgano de gobierno eclesiástico, y especialmente en el Secretario de Estado del Vaticano, cargo que actualmente ocupa el cardenal Pietro Parolin.
“Si el Papa no estuviera consciente, por ejemplo, todo seguiría más o menos igual: cada cardenal tiene su propio rol en el Vaticano y el secretario de Estado desempeña un papel muy importante en este contexto”.
Parolin supervisa asuntos diplomáticos y administrativos y actúa como una especie de “primer ministro” del Vaticano.
Sin embargo, su autoridad no sustituye la del Papa: el secretario de Estado “no puede tomar las decisiones que corresponden al pontífice, como por ejemplo el nombramiento de obispos”, subraya Domingues.
“Si el Papa no está consciente, no habrá nuevos nombramientos. Se tendrá que esperar -no existe un ‘vicepapa’- pero pueden seguir ejecutando los proyectos que ya estaban diseñados, manteniendo las prioridades del pontífice”, explica.
Mientras tanto, las celebraciones religiosas y eventos eclesiásticos siguen adelante.
Por ejemplo, el pasado domingo el arzobispo Rino Fisichella presidió la Misa Jubilar en la Basílica de San Pedro que originalmente debía oficiar el Papa.
En todo caso, aunque la Santa Sede cuenta con ciertos mecanismos para mantenerse operativa en ausencia de su líder, existen carencias en su sistema normativo que podrían plantear dificultades si la salud del pontífice se complica por un período más largo.
A diferencia de lo que ocurre en caso de fallecimiento o renuncia, donde existen normas bien establecidas para la sucesión, no hay un protocolo claro para delegar el liderazgo de la Iglesia si el Papa no puede ejercer plenamente sus funciones debido a una enfermedad grave.
La Santa Sede tampoco cuenta con un mecanismo para sustituir temporalmente al pontífice por enfermedad o incapacidad.
El director del Centro Laico atribuye esto, en parte, a la tradición e idiosincrasia de la Iglesia católica.
“Hay una comprensión de que el Papa es el sucesor de San Pedro, el líder de la Iglesia, y que su papel va más allá de un simple cargo. No es solo un puesto de trabajo que alguien ocupa temporalmente y luego deja”, explica.
Agrega que “uno de los títulos del Papa es ‘Vicario de Cristo’, lo que significa que es el principal representante de Cristo en la Tierra; por eso el planteamiento de ‘si ya no está bien, pongamos a otro’ no encaja con la lógica de la Iglesia”.
“La actitud es más bien: ‘Recemos por él para que mejore o pase por esta situación en paz. Y cuando llegue el momento, haremos lo que tengamos que hacer'”, explica el experto.
Los expertos señalan que el derecho canónico, que prevé procedimientos detallados para la sucesión papal en caso de muerte o renuncia, deja un vacío legal cuando el Papa sigue vivo pero no puede ejercer plenamente sus funciones.
El Canon 335 menciona la posibilidad de que la Santa Sede esté “vacante o totalmente impedida”, pero no define qué significa “totalmente impedida” ni establece pasos a seguir en ese escenario.
En el caso de los obispos, por ejemplo, la Iglesia sí tiene normas: según el Canon 412, una diócesis puede considerarse “impedida” si su obispo no puede ejercer su autoridad por razones de enfermedad, exilio o cualquier otra circunstancia, y el mando pasa a manos de un obispo auxiliar o vicario general.
Sin embargo, al no haber una disposición equivalente para el Papa, queda abierta la pregunta sobre quién debería asumir su rol en caso de incapacidad.
En teoría, si un Papa no pudiera continuar en su cargo por motivos de salud, la única solución sería su renuncia.
Esto ocurrió en 2013 con Benedicto XVI, quien dimitió alegando que su deterioro físico ya no le permitía ejercer su labor.
Francisco, consciente de esta posibilidad, confirmó en 2022 que había dejado escrita una carta de renuncia para ser utilizada en caso de incapacidad médica.
Sin embargo, existe la incógnita de cómo se activaría esta renuncia si el Papa ya no estuviera en condiciones de manifestar su voluntad, ya que el derecho canónico establece que una dimisión papal debe ser “libre y manifiesta”.
En el caso de Benedicto XVI (2005-2013) él mismo anunció públicamente su renuncia; pero, si Francisco quedara en coma o sufriera una demencia avanzada, se plantea la duda de quién decidiría si su dimisión redactada con anterioridad es válida.
“Si el Papa tuviera Alzheimer y llegara un momento en el que ya no pudiera tomar la decisión por sí mismo, alguien de la Secretaría de Estado debería hacer pública la carta y presentar un informe médico”, considera Domingues.
“No conocemos los detalles de la carta, pero se mencionó algún tipo de incapacidad. Supongo que se necesitaría una declaración médica que confirmara que la situación será prolongada y que probablemente no podrá recuperarse”, agrega.
Y, si por algún motivo se descarta esta opción, “la Iglesia simplemente continúa hasta que termine el pontificado, lo que sucede cuando el Papa fallece. Así que hay que seguir adelante. No es lo ideal, pero ha ocurrido antes en la historia”, apunta el experto.
Existen precedentes históricos de cartas de renuncia papales, como la de Pablo VI, quien redactó un documento para pedir que se aceptara su dimisión si enfermaba gravemente.
Sin embargo, su misiva nunca se utilizó y Pablo VI permaneció en el cargo desde 1963 hasta su fallecimiento en 1978.
Ante la falta de normas claras sobre la incapacidad papal, algunos especialistas en derecho canónico han propuesto reformas.
En 2021 un grupo de expertos sugirió que, en caso de que un Papa quedara completamente incapacitado, el Colegio de Cardenales debería asumir la gestión de la Iglesia y designar una comisión para evaluar periódicamente su estado de salud.
Esta propuesta implicaría que un comité médico revisara su estado de salud cada seis meses y, si se determinara que no puede seguir en su cargo, el Colegio de Cardenales podría activar un proceso para la elección de un sucesor.
Sin embargo, hasta ahora el Vaticano no ha aplicado ninguna de estas ideas, lo que significa que la Iglesia sigue sin un mecanismo formal para abordar la incapacidad prolongada de un Pontífice.
Preguntado sobre si existe debate dentro del Vaticano para reformar el derecho canónico en este sentido, Filipe Domingues dice “no haber escuchado nada al respecto”.
“No creo que haya planes en ese sentido, porque siempre existe la posibilidad de renuncia, y sigue siendo una opción”. afirma el director del Centro Laico.
Y agrega: “Por ahora estamos en una situación en la que él está consciente. Cada día informan de que está lúcido y al tanto de lo que le sucede a él y a la Iglesia. Todavía no hemos llegado a ese otro escenario”.
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