Proyecto Saguaro: cinco juicios de amparo en su contra impiden su construcción, informó ASEA
El Proyecto Saguaro tiene en su contra cinco juicios de amparo, este instrumento jurídico impide que se realice cualquier trabajo de construcción hasta que sean resueltos.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dijo en un comunicado que dichos juicios de amparo siguen su curso legal.
Sobre lo anterior, la Asea señaló que autoridades ambientales analizan “cuidadosamente el proyecto”, en atención a la solicitud que colectivos climáticos y ambientales han hecho.
La agencia también señaló que dentro de ese análisis prioriza en todo momento “el cuidado del Golfo de California y su biodiversidad”.
¿Qué es la Asea?
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) es un órgano administrativo que regula y supervisa la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente respecto de las actividades del sector hidrocarburos.
Además, se encarga de garantizar que las actividades del sector hidrocarburos se desarrollen con criterios de protección al ambiente, bienestar social y desarrollo económico.
Con lo anterior, tanto la Semarnat como la Asea indicaron que, respecto al proyecto Terminal de Gas Natural de Gas Licuado GNL de Sonora, conforme a sus facultades, analizan las autorizaciones otorgadas en los años 2006 y 2023; así como, las condiciones interpuestas en ese momento.
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Sheinbaum habla del proyecto Saguaro
En días recientes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló en su conferencia matutina sobre el proyecto Saguaro después de que una reportera le preguntó si sabía de él.
Sheinbaum contestó que, el proyecto, lo “está viendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ellos tendrán que hacer un análisis profundo con manifestaciones de impacto ambiental para saber si es viable o no es viable”, indicó en conferencia.
Al cuestionarla, de nuevo, para saber si el proyecto puede o no realizarse, la mandataria confirmó que eso “aún no se determina”.
Pese a la respuesta de la presidenta Sheinbaum Pardo, organizaciones ambientalistas y climáticas de la Coalición Ballenas o Gas señalaron en un vídeo en redes sociales que la Semarnat conoce los riesgos que representa el proyecto Saguaro y no debe ser omisa frente a ellos.
Colectivos exigen que no avance esta “catástrofe”
Cabe recordar que el pasado 29 de enero la Coalición Ballenas o Gas entregó a la presidencia de la república más de 200 mil firmas de personas que exigen que México no permita que se construya el Proyecto Saguaro en el Golfo de California.
Con la acción pacífica conocida como Ballena Fest ciudadanos y activistas se reunieron frente a Palacio Nacional para informar a la población sobre los riesgos de este diseño que pone en peligro a las ballenas y convertirá en una zona de sacrificio al Puerto Libertad en Sonora.
La Asea señaló en su comunicado que la decisión se tomará con base en los criterios de la política ambiental ecológica y humanista del actual Gobierno de México y se dará a conocer de manera oportuna”.
Por su parte, la Coalición Ballenas o Gas exige a la Semarnat no permitir “que avance esta catástrofe”.
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Zamora, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.
Un juez de Guatemala ordenó este lunes el regreso a prisión preventiva de José Rubén Zamora, un laureado periodista al que fiscales acusan de lavado de dinero en un proceso ampliamente señalado como una persecución política.
Zamora, fundador del desaparecido diario El Periódico en el que destapó importantes casos de corrupción, calificó la resolución como “arbitraria” durante su comparecencia en el tribunal.
También afirmó que el juez no tenía otra opción: “Lo dejaron acorralado, sin salida”, declaró”.
La orden del magistrado llegó después de que un tribunal superior revocara la medida de arresto domiciliario que se le había concedido previamente.
Prisión preventiva
El periodista, que durante sus más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas y ataques, entró en prisión preventiva en julio de 2022, acusado de lavado de dinero por la venta de un cuadro por valor de unos US$30.000.
En junio de 2023 lo condenaron a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia por errores en el proceso y está a la espera de un nuevo juicio.
El 18 de octubre del año pasado, cuando llevaba 813 días entre rejas, un juez dictó que José Rubén Zamora pasara a arresto domiciliario al considerar que no tenía sentido mantenerlo en prisión preventiva.
Un mes después el tribunal superior ordenó su regreso a la cárcel, pero los abogados de Zamora habían logrado retrasar la aplicación del fallo en los últimos meses.
Zamora aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión y denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público.
Este organismo está liderado por la fiscal Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.
Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Bajo la mira de los fiscales
El periodista guatemalteco había destapado varias tramas corruptas vinculadas al expresidente Giammattei, entre ellas la presunta concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos.
La fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso contra Zamora está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero en la comunidad internacional se considera ampliamente una represalia y un intento de amordazarlo.
Amnistía Internacional considera las causas contra él “infundadas”, en línea con otras organizaciones internacionales.
Estas han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también considera que Zamora es víctima de una persecución política de la fiscalía.
Arévalo, que asumió el cargo en enero de 2024, mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los citados fiscales afines a Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.
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