Proyecto Saguaro: cinco juicios de amparo en su contra impiden su construcción, informó ASEA
El Proyecto Saguaro tiene en su contra cinco juicios de amparo, este instrumento jurídico impide que se realice cualquier trabajo de construcción hasta que sean resueltos.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dijo en un comunicado que dichos juicios de amparo siguen su curso legal.
Sobre lo anterior, la Asea señaló que autoridades ambientales analizan “cuidadosamente el proyecto”, en atención a la solicitud que colectivos climáticos y ambientales han hecho.
La agencia también señaló que dentro de ese análisis prioriza en todo momento “el cuidado del Golfo de California y su biodiversidad”.
¿Qué es la Asea?
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) es un órgano administrativo que regula y supervisa la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente respecto de las actividades del sector hidrocarburos.
Además, se encarga de garantizar que las actividades del sector hidrocarburos se desarrollen con criterios de protección al ambiente, bienestar social y desarrollo económico.
Con lo anterior, tanto la Semarnat como la Asea indicaron que, respecto al proyecto Terminal de Gas Natural de Gas Licuado GNL de Sonora, conforme a sus facultades, analizan las autorizaciones otorgadas en los años 2006 y 2023; así como, las condiciones interpuestas en ese momento.
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Sheinbaum habla del proyecto Saguaro
En días recientes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló en su conferencia matutina sobre el proyecto Saguaro después de que una reportera le preguntó si sabía de él.
Sheinbaum contestó que, el proyecto, lo “está viendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ellos tendrán que hacer un análisis profundo con manifestaciones de impacto ambiental para saber si es viable o no es viable”, indicó en conferencia.
Al cuestionarla, de nuevo, para saber si el proyecto puede o no realizarse, la mandataria confirmó que eso “aún no se determina”.
Pese a la respuesta de la presidenta Sheinbaum Pardo, organizaciones ambientalistas y climáticas de la Coalición Ballenas o Gas señalaron en un vídeo en redes sociales que la Semarnat conoce los riesgos que representa el proyecto Saguaro y no debe ser omisa frente a ellos.
Colectivos exigen que no avance esta “catástrofe”
Cabe recordar que el pasado 29 de enero la Coalición Ballenas o Gas entregó a la presidencia de la república más de 200 mil firmas de personas que exigen que México no permita que se construya el Proyecto Saguaro en el Golfo de California.
Con la acción pacífica conocida como Ballena Fest ciudadanos y activistas se reunieron frente a Palacio Nacional para informar a la población sobre los riesgos de este diseño que pone en peligro a las ballenas y convertirá en una zona de sacrificio al Puerto Libertad en Sonora.
La Asea señaló en su comunicado que la decisión se tomará con base en los criterios de la política ambiental ecológica y humanista del actual Gobierno de México y se dará a conocer de manera oportuna”.
Por su parte, la Coalición Ballenas o Gas exige a la Semarnat no permitir “que avance esta catástrofe”.
Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní han reabierto el debate sobre el uso legítimo de la fuerza en la escena internacional.
Los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní ya han causado víctimas civiles. También provocaron la condena del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien instó a todas las partes a respetar el derecho internacional.
Ambos bandos afirman que sus acciones armadas están justificadas, pero para verificar si los ataques iniciales contra Irán fueron legales debemos remontarnos a los estándares del derecho internacional que la mayoría de países acordaron, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial.
Poco después de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán el 28 de febrero, el presidente Donald Trump acusó a Teherán de construir armas nucleares que amenazan a los aliados de Washington y podrían “pronto alcanzar territorio estadounidense”.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el 2 de marzo que Estados Unidos tuvo que “atacar preventivamente” ya que la administración sabía que iba a producirse “una acción israelí” contra Irán.
Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, dijo a la BBC que los presuntos planes de Irán para “desarrollar una bomba” son, por sí solos, motivo suficiente para los ataques.
Irán ha respondido bombardeando Israel y países de Oriente Medio que albergan bases militares estadounidenses, alegando la legítima defensa.
Las cifras de víctimas siguen aumentando. De acuerdo con organizaciones humanitarias, más de 1.000 personas han muerto en Irán desde el inicio de los ataques. Mientras, en Líbano, decenas de personas han perdido la vida a causa de los bombardeos israelíes.
Por otro lado, decenas más, incluidos seis soldados estadounidenses, han muerto en Israel y en los países del golfo Pérsico.
¿Fueron legales los ataques?
Los expertos legales con los que ha hablado la BBC sostienen que las condiciones jurídicas necesarias para el ataque inicial de Estados Unidos e Israel no parecen haberse cumplido, aunque la represalia de Irán también podría haber violado el derecho internacional.
Según la Carta de la ONU, el documento fundacional de la organización, los países, por regla general, no pueden recurrir a la fuerza militar contra otro Estado, salvo que exista una excepción específica.
Dos disposiciones son fundamentales:
- Artículo 2(4): prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra otros Estados.
- Artículo 51: permite el uso de la fuerza en respuesta a un ataque armado. Algunos Estados sostienen que esto también incluye ataques inminentes.
La cuestión jurídica clave es, por tanto, si Irán representaba una amenaza inminente.
Susan Breau, experta en derecho internacional del Instituto de Estudios Legales Avanzados, un centro de análisis británico, señaló que una defensa legítima requeriría “pruebas irrefutables de un ataque inminente”, y añadió que no ha visto ninguna evidencia de ese tipo.
Coincide con ella el destacado abogado de derechos humanos Geoffrey Nice, quien entre 1998 y 2006 dirigió la acusación contra el expresidente yugoslavo Slobodan Milošević en el Tribunal Penal Internacional.
“No se ha presentado ninguna prueba”, dijo Nice. “Existe una buena posibilidad de que el inicio de la guerra no haya sido legal”.
En Estados Unidos, muchos demócratas sostienen que la operación contra Irán es ilegal, al argumentar que solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra.
Sin embargo, como comandante en jefe, un presidente estadounidense puede llevar a cabo ciertas operaciones militares sin una declaración formal de guerra.
¿Había una amenaza inminente?
El presidente Trump ha dicho que Estados Unidos intentó negociar con Irán después de bombardear tres instalaciones nucleares en junio de 2025, pero que Teherán “rechazó cada oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares”.
Ha sostenido que Irán estaba intentando reconstruir su programa nuclear y desarrollar misiles de largo alcance capaces de amenazar a aliados de Estados Unidos, a tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero y, al final, de alcanzar territorio estadounidense.
“Hay más que suficiente información que muestra que… los iraníes estaban preparando sus fuerzas de misiles para atacar antes de que Estados Unidos o Israel tomaran la decisión de seguir adelante”, dijo a la BBC Ezra Cohen, quien formó parte del equipo de inteligencia y seguridad del presidente Trump durante su primera administración.
Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, afirmó en una rueda de prensa el lunes que Irán tenía “un programa nuclear muy grande y ambicioso”, pero que él no había visto pruebas que sugirieran “un programa estructurado para fabricar armas nucleares”.
Un informe de mayo de 2025 de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos (DIA) concluyó que Irán seguía a años de producir misiles de largo alcance.
Los expertos también señalan que la afirmación de Trump de que el programa nuclear iraní había quedado “aniquilado” después de la guerra de 12 días del año pasado parece incompatible con la idea de que Teherán representara una amenaza inminente.
Uno de los debates centrales en derecho internacional gira en torno a cuán estrictamente debe interpretarse el concepto de “inminencia”.
Tradicionalmente, inminencia significa “el último momento posible en que puedes interrumpir un ataque que, de otro modo, llegaría de forma inevitable a tu territorio”, explica Marc Weller, académico de derecho internacional de la Universidad de Cambridge.
También existe un debate de larga data sobre cuándo un Estado puede emplear la fuerza de forma legítima en defensa propia anticipada, señala Breau: algunos sostienen que el ataque debe haber comenzado ya; otros afirman que la defensa anticipada ya estaría justificada si existen pruebas creíbles de que un ataque ocurrirá muy pronto.
“Pero no dentro de diez años”, remarca.
Breau añade que la defensa propia legítima exige dos condiciones: la necesidad —”sin otra opción posible”— y la proporcionalidad.
Weller y Breau consideran que el ataque israelí contra Egipto en 1967, durante la Guerra de los Seis Días, es uno de los ejemplos más citados de defensa propia anticipada en la historia moderna.
En ese momento, muchos creían que las tropas egipcias concentradas en la frontera estaban listas para lanzar un ataque, afirma Breau.
Sin embargo, sostiene que, incluso entonces, el ataque israelí se consideró “controvertido”.
¿Ha sido legal la respuesta iraní?
Muchos expertos consideran que la respuesta de Irán también podría haber vulnerado el derecho internacional.
Weller afirma que Teherán ha infringido el derecho internacional al llevar a cabo “ataques indiscriminados” contra países del Golfo.
Geoffrey Nice subraya que, aunque Irán pueda invocar la legítima defensa, su respuesta debe ser “proporcionada”. La proporcionalidad, explica, exige valorar el objetivo militar frente al daño colateral que se puede prever.
“En el caso de Irán, el uso de misiles que quizá no estén dirigidos de manera precisa y estricta puede considerarse con facilidad como desproporcionado y, por tanto, ilegal”.
Breau coincide y menciona el célebre hotel Fairmont del centro de Dubái, que ha sido impactado por fuerzas iraníes. “Ese no era un objetivo militar, sino un objetivo civil”.
Un peligroso precedente
Los expertos advierten que no identificar con claridad los casos de usos ilícitos de la fuerza podría acabar debilitando el sistema jurídico internacional.
Breau alerta de que otros países podrían invocar razonamientos similares y recurrir al uso de la fuerza, como China, que podría recurrir al uso unilateral de la fuerza contra Taiwán, a la que considera una provincia separatista.
“No hay nada más peligroso para el sistema internacional que aceptar usos ilícitos de la fuerza”, señala.
En un artículo para Chatham House, Weller advierte que será difícil oponerse a “más agresiones rusas o a un posible expansionismo chino” sin “desatar acusaciones de doble rasero e hipocresía”, y que Estados Unidos y otros Estados podrían lamentar “la pérdida de autoridad legal y moral que esto implicaría”.
Si los países poderosos violan repetidamente el derecho internacional sin consecuencias, muchos temen que el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial colapse y dé paso a la ley del más fuerte.
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