Grandes construcciones y cierre ilegal de playas: inmobiliarias amenazan la vida en Telchac Puerto, en Yucatán
Una reja incendiada que obstruía un acceso a la playa pública es la última muestra del hartazgo de los pobladores de Telchac Puerto, municipio de Yucatán. Los habitantes de esta localidad denuncian la destrucción de dunas, el crecimiento excesivo de desarrollos inmobiliarios y la prohibición de acceso libre al mar.
En un tramo de 39 kilómetros, entre Telchac Puerto y Dzilam de Bravo, hay por lo menos 500 construcciones, de las cuales alrededor del 20 % son nuevos edificios que alcanzan los 10 ó más pisos de altura. Un paisaje que hasta hace cinco años no existía en esta parte de la costa yucateca.
En su mayoría se promocionan para venta o renta como residenciales de lujo y, mientras construyen, cierran el acceso a las playas. Así, los casi dos mil habitantes del lugar se quedan con espacios reducidos para la recreación.
Ante la situación que se agrava, vecinas y vecinos del lugar recolectaron firmas para pedir la vigilancia del gobierno del Estado que impida el cierre ilegal de accesos a la playa. Quienes cierran no cuentan con permisos y autorizaciones para hacerlo, pero al mismo tiempo no reciben sanciones.
Programa de Ordenamiento costero en Yucatán
Del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), Ana García Silberman, describió el crecimiento de la urbanización por parte de grupos inmobiliarios como ‘brutal’.
En 2007 ella, junto con un equipo, encabezó la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán.
“Para entonces, lo hicimos siguiendo los lineamientos oficiales que se establecen y con la lógica de los ordenamientos, es decir, minimizando el daño costero. Trabajamos sobre procesos fundamentales como no rellenar los manglares y evitar la erosión costera, entre muchos otros aspectos”, recordó.
En la elaboración del Programa estuvieron involucrados académicos del Cinvestav, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), de los Tecnológicos de Conkal y Monterrey.
Los expertos priorizaron la fragilidad del ecosistema de la zona costera del estado. Por ejemplo, para evitar la erosión enfatizaron en proteger la duna de la deforestación, ya que se trata de una formación de arena cubierta por vegetación que preserva ecosistemas ante huracanes y tormentas tropicales.
Para proteger la arena del ecosistema, el documento estableció que las construcciones debían alejarse como mínimo 60 metros de costa y respetar la duna. Además, los edificios no podrían tener una altura mayor a los siete metros. Sin embargo, la propuesta tuvo oposición de parte del sector inmobiliario que lo vio como una amenaza a la propiedad privada.
“Cuando hicimos la consulta para la creación de estos documentos, participaba más la población local y tenían una petición clarísima: no queremos convertirnos en otro Cancún. Eso estaba en voz de todos”, describió.
En el documento del Programa de Ordenamiento Ecológico establecieron que se permitiría un máximo de dos pisos de altura y sin bardas para dejar libre el paso a la fauna.
A pesar de los logros que se consiguieron con este ordenamiento territorial, en 2014 se modificó y uno de los cambios consistió en que, desde ese año, cada municipio es libre de aplicar o no dicho instrumento.
“En este momento hay un Ordenamiento Territorial indicativo que no sirve. Ahora en la costa pueden construir donde quieran, con la altura que quieran y eso es lo que estamos viendo el Telchac Puerto”, mencionó
Ahora se ve cómo el mar golpea la orilla de algunas casas y residencias, así como su consecuente erosión.
A pesar de que el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán no es obligatorio, uno de los lineamientos que se mantiene es el respeto a la duna, ya que en el Artículo 12 se plantean criterios de regulación ecológica.
“Para la construcción de casas-habitación, desarrollos habitacionales y urbanos, piscinas, restaurantes, instalaciones de comercio y servicios en general, marinas, no nivelarán ni destruirán la primera duna y respetarán la vegetación rastrera y de matorral existente tanto en la duna como en la playa”, indica el artículo referido.
De igual forma, en el Programa de Ordenamiento se plantea optar por sistemas de construcción elevados sobre pilotes, que mantengan la duna y la vegetación, que requerirán evaluación en materia de impacto ambiental. Sin embargo, en un recorrido se constató que en el territorio no hay proyectos de tal tipo.
Además, aunque se proponen únicamente construcciones con superficie mínima de 300 metros cuadrados, las actuales rebasan estas medidas.
José Inés Loría Palma es habitante de la zona y también testigo de la expansión de edificios en el lugar. “Es una aberración ambiental porque hay más y más construcciones sin tomar en cuenta todo lo que implica”, expresó.
Él nota el cambio de las rutas de las aves. Antes no se encontraban con altos edificios a su paso. Mismo caso de las tortugas, que de un momento a otro encontraron concreto en la zona de anidación.
“Otro tema que nos preocupa es a dónde se van los residuos sólidos y aguas negras que generan estos nuevos edificios y no hay quien vigile que cumplan con las leyes ambientales”, señaló.
Aunque el sector empresarial vende la idea de que es un beneficio económico para la localidad, lo cierto es que quienes habitan en el lugar no manifiestan que haya sido un cambio positivo.
“Muchos dicen que se trata de modernidad, pero no tiene nada de moderno si no mejora la calidad de vida de las personas del lugar. O sea, se trata de modelos también excluyentes, porque no involucran para nada a quienes aquí viven”, dijo.
Residenciales tipo Cancún
La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Claudia Pérez Aguilar, reconoció que la costa yucateca tiene, actualmente, alta presión con construcciones.
“Para algunas personas tener una propiedad o un terreno frente al mar en otros lugares del mismo México corresponde a un precio demasiado alto y aquí en Yucatán hay muchísima construcción porque hay bastante oferta, sobre todo de departamentos, desarrollos verticales frente al mar -tipo Cancún-, tipo resorts, porque estos complejos tienen albercas, gimnasio, bar, tienen demasiadas amenidades dentro del mismo lugar”, describió.
La especialista en el tema inmobiliario resaltó que la población yucateca solía tener sus casas de verano cerca de las playas, pero ahora a esta demanda se suman personas de otros estados o países que tienen una segunda residencia en esta zona, ya que buscan sitios más tranquilos que Cancún, Playa del Carmen, Tulum y otras zonas populosas.
Un nuevo proyecto se avecina
En una revisión de los ingresos de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de 2024 a la fecha ingresaron cada mes en promedio hasta 10 documentos para nuevas construcciones en Yucatán; al menos dos corresponden a los municipios de Telchac Puerto o Dzilam Bravo.
Uno de los proyectos más recientes que pretende establecerse en Telchac Puerto es un desarrollo inmobiliario, privado mixto y habitacional, el cual estima una inversión de 10 millones de pesos para abarcar más de dos mil hectáreas.
Cabe mencionar que el nombre del proyecto no es público y se anuncia como: Construcción y Operación de un Desarrollo en Telchac Puerto.
Incluso para el abastecimiento de agua, el promovente Martín Antonio Santamaría Suárez confirma que buscarán conectarse a la red municipal actual, sin especificar si ya tramitaron los permisos ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para tal acción y tampoco cuál sería la capacidad del abastecimiento.
En la MIA entregada a la Semarnat indican que habrá remoción de la vegetación de la duna, incluso que se retirará la primera capa de suelo hasta que se alcance el estrato rocoso, pero no mencionan un porcentaje de conservación de vegetación que es la exigencia de las personas que habitan en la zona.
Respecto a la generación de aguas residuales admiten que estarían produciendo mil 300 litros por lote vendible y de igual forma no describen el tratamiento que se les dará.
A pesar de que se les solicitó mayor información vía correo para profundizar en estos puntos del proyecto, no hubo respuesta.
Las dunas, las principales afectadas en los proyectos inmobiliarios de Yucatán
Las construcciones entre Telchac Puerto y Dzilam de Bravo llevan a que se reduzca la vegetación de dunas y esto representa un peligro tanto para la fauna como para la población porque queda desprotegida ante la llegada de huracanes y tormentas.
Personas de la comunidad se organizan para frenar estos efectos. Uno es Elías Estrada, quien se convirtió en voluntario del Programa de Protección y Conservación de la Tortuga Marina. Él es consciente de que el mayor reto que enfrentan es el establecimiento de proyectos inmobiliarios y turísticos y la destrucción de la duna costera.
“No existe una conciencia sobre la preservación y sobre la importancia de la duna en la playa. Los inversionistas vienen y lo primero que hacen es desmontar, quitan toda la duna costera sin saber que es la primera barrera que tenemos”, relató.
La agrupación a la que pertenece trabaja en la reforestación de dunas desde el 2022. Ellos contabilizan al menos cada mes una nueva construcción.
A partir de la recolección de semillas formaron un vivero en el que cuentan con variedad de plantas que al crecer son distribuidas en la orilla de la playa.
Preguntan casa por casa, desarrollo por desarrollo, si es posible sembrar vegetación, les explican la importancia de contar con ellas y les piden que se comprometan a cuidarlas, o sea que no las fumiguen y talen.
“Es difícil que las personas tengan conciencia ambiental. Mi aprendizaje por ejemplo es conocer la importancia de la vegetación porque ellas hacen raíz que se forma debajo de la tierra y generan más montículos de arena que nos ayuda a retener nuestras playas. Así ya sé que no sólo cuidamos nuestro hábitat; con la duna costera también cuidamos el entorno de los animales que ahí viven”, dijo.
Aunque observan un cambio positivo entre las personas de la comunidad, denuncian que las empresas constructoras no tienen perspectiva de cuidado ambiental.
“Lo que queremos es que las empresas constructoras entiendan que no queremos convertirnos en un Playa del Carmen o un Cancún porque allá ya no tienen vegetación, es pura arena blanca y nada más edificios”, agregó.
Su compañera Arelda Berenice Chay, especificó que su trabajo se centra en la conservación de las tortugas marinas que llegan a anidar a la playa, pero notan que las construcciones afectan la vegetación y, por lo tanto, esta fauna se queda sin espacio para desovar.
“Existe una estrecha relación entre las dunas y las tortugas. Nosotros nos dimos cuenta de esta necesidad y por lo tanto lo que buscamos es protegerlas y para ello tenemos que proteger su hogar, porque buscan un árbol, una mata de playa y si no las encuentran, no tienen a dónde ir. Por eso lamentamos que haya muchas construcciones porque están devastando la duna”, describió.
Las personas de la comunidad reconocen que el turismo conlleva beneficios económicos, pero consideran que estos son mínimos en comparación con los efectos en el ambiente.
También lee: Semarnat suspende autorizaciones de impacto ambiental de los megaproyectos La Abundancia y Baja Bay Club
Actualmente, trabajan en la reforestación de 25 variedades de plantas para evitar que se pierda por completo la vegetación de la duna de la zona.
“Lo que buscamos es que las personas que construyen reconozcan la importancia de la duna porque muchos piensan que es mala hierba o mal monte, lo ven como un desperdicio, pero no, esta es parte de nuestra vida silvestre y es la casa de fauna importante en nuestra comunidad”, dijo.
Este artículo fue originalmente publicado en Causa Natura Media
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Del tamaño de un carnet de identidad, lleva casi 20 años en circulación, pero su demanda se ha disparado desde que Trump asumió la presidencia.
“Llevándola encima me siento más segura”.
Así dice Verónica Velásquez, una inmigrante indocumentada originaria de Filipinas y residente en Los Ángeles, de una tarjeta roja del tamaño de un carnet de identidad que mantiene siempre en su cartera.
Llamada también know-your-rights card (tarjeta conozca sus derechos) o simplemente “la tarjeta roja”, recuerda a quien la tiene entre manos algunos de sus derechos constitucionales y le resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Disponible en 19 idiomas e ideada por la organización Immigrant Legal Resource Center (ILRC), lleva en circulación casi dos décadas.
Aunque su uso y demanda se han disparado desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero, con la promesa, entre otras, de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia del país”.
Lista de derechos e instrucciones
Todo el que se encuentre en Estados Unidos, independientemente de su condición migratoria, tiene ciertos derechos garantizados por la Constitución.
La tarjeta roja enumera algunos de los más relevantes para alguien que no tenga el permiso legal para residir en el país y corra el riesgo de ser deportado, como el derecho a permanecer en silencio recogido en la Quinta Enmienda o a no dejar entrar a la casa a un agente que no porte una orden firmada por un juez, tal como especifica la Cuarta Enmienda.
Usted tiene derechos constitucionales:
• No abra la puerta si un agente de inmigración está tocando la puerta.
• No conteste ninguna pregunta de un agente de inmigración si trata de hablar con usted. Usted tiene el derecho a guardar silencio.
• No firme nada sin antes hablar con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con un abogado.
• Si usted está fuera de su casa, pregúntele al agente si tiene la libertad de irse y si le dice que sí, váyase con tranquilidad.
• Entréguele esta tarjeta al agente. Si usted está dentro de su casa, muestre la tarjeta por la ventana o pásela debajo de la puerta.
Su formato es una referencia a las tarjetas rojas que usan los árbitros en los partidos de fútbol para expulsar a los jugadores.
Y la idea de crearlas surgió en 2007, a raíz de una serie de redadas llevadas a cabo en entornos laborales que “aterrorizaron a la comunidad”, explican desde ILRC, que tiene su sede en la ciudad californiana de San Francisco.
La organización las distribuye directamente a otras entidades, que a su vez las reparten en escuelas, iglesias, clínicas o bancos de alimentos, y a abogados que trabajan con migrantes y solicitantes de asilo.
También ofrece la posibilidad de descargar el diseño a través de su página web, para que quien las quiera pueda imprimirlas y montarlas por su cuenta.
“Desde las elecciones (presidenciales del 5 de noviembre) nos han llegado pedidos para un total de nueve millones de tarjetas, más que el total de los 17 años anteriores”, informa la organización.
En una cara llevan la información en inglés, y en la otra la traducción a uno de los 19 idiomas disponibles, desde el español y el portugués, pasando por el árabe, el creole, el ruso y el ucraniano, hasta el vietnamita y el chino, como muestra del diverso origen de los inmigrantes que hoy por hoy están en riesgo de deportación en EE.UU.
Según un análisis del Centro de Investigación Pew en base a los datos más recientes disponibles, en 2022 había 11 millones de personas indocumentadas en EE.UU., el 23% de los inmigrantes y un 3,3% del total de la población.
En torno a cuatro millones eran originarias de México, 1,9 millones nacieron en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica – El Salvador, Honduras y Guatemala, y los provenientes de Venezuela pasaron de ser 55.000 en 2007 a más de 270.000 en 2022.
Y también hay amplias comunidades originarias de otros continentes, como por ejemplo 750.000 residentes no autorizados que nacieron en India.
“Sencilla, pero de alto impacto”
Para muchos de estos inmigrantes sin papeles, hacer valer los derechos que recoge la tarjeta roja podría marcar la diferencia entre quedarse en el país o ser deportado, advierten activistas y abogados.
Por ello, organizaciones como TODEC, con sede en tres municipios de zonas rurales de California donde un alto porcentaje de trabajadores agrícolas son indocumentados, ha repartido hasta 500.000.
“Asegúrate de que portas siempre la tarjeta roja, para explicar y hacer cumplir tus derechos si llega a detenerte un agente migración”, dice la hoja informativa que suele repartir en comunidades con población en riesgo de ser deportada.
“Es una herramienta sencilla pero puede tener un alto impacto”, subraya Dalia Zetina, del Dream Project Center de la Universidad Coastline de Newport Beach, California.
“Además ayuda a quien lo lleva a sentirse más seguro a la hora de salir de casa o para ir al trabajo”, le dice a BBC Mundo.
“Probablemente te pongas nervioso si un agente te para. Así que solo tienes que agarrar la tarjeta y leerla, o entregársela directamente”, explica.
El centro para el que trabaja ha distribuído 700 unidades en la comunidad, en español, tagalo y vietnamita.
A la semana de la toma de posesión de Trump y en vista de las primeras redadas, María Fernanda García Castillo, nacida en EE.UU. de padres inmigrantes, decidió imprimir tarjetas y repartirlas en su entorno en Charlotte, Carolina del Norte.
“Supe de gente que no estaba yendo al trabajo porque vivían en un área con alta población latina y laboraban en sectores que están en el punto de mira de las autoridades migratorias, como la construcción”, le contó al medio local WCNC.
“Se me acabaron pronto y me di cuenta que la gente tenía muchas preguntas acerca de cuáles eran sus derechos”, así que decidió fundar Project Red Cards, para distribuir todas las que pudiera en tiendas, restaurantes, clínicas, lavanderías y otros puntos de su municipio y en localidades aledañas.
A kilómetros de allí, en el estado de Maryland, Marlon A. Cruz, un ingeniero de 23 años hijo de inmigrantes guatemaltecos, organizó este martes un taller para imprimir y montar 400 tarjetas rojas en 10 idiomas distintos.
Ahora pretende entregarlas entre la comunidad hispana del condado en el que vive, Prince George’s, en las afueras de Washington DC, le dice a BBC Mundo, y trabajar en red con organizaciones para ampliar su alcance.
Son solo unos ejemplos de los grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país que llevan semanas organizándose y ofreciendo la tarjeta como parte de una serie de recursos a la población en peligro de deportación.
También organizan talleres y sesiones informativas en centros comunitarios, escuelas e iglesias bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
Asimismo, existe una serie de aplicaciones para celular que contienen una información similar a la de las tarjetas rojas en audio, y que permiten a sus usuarios no tener que mediar palabra con los agentes migratorios.
“Yo lo llamo ‘cómo escapar del arresto'”
Mientras, funcionarios de la administración Trump han arremetido contra la actividad de ONGs y voluntarios, subrayando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo Thomas D. Homan, a quien el presidente nombró “zar de la frontera” y que está al frente de las operaciones de deportación.
También aclaró que eso no frenará las expulsiones, como ya lo ha dicho sobre las “ciudades santuario”, aquellas donde los funcionarios municipales no están obligados a colaborar con los agentes federales en materia migratoria.
“Nada impedirá que deportemos a migrantes criminales. Haremos el trabajo con su ayuda o sin ella”, aseguró en una entrevista en la cadena Fox News nada más ser elegido para el cargo, que asumió tras fungir como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esa fue una de las principales promesas de campaña de Trump y desde que asumió la presidencia ha ordenado redadas en todos los rincones del país, enviado aviones con deportados a Colombia o Venezuela, algunos tras haber estado detenidos en Guantánamo, y usado como países “puente” a Panamá y Costa Rica.
El nuevo gobierno ha hecho un gran despliegue mediático con las detenciones y las deportaciones.
A diario, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales y páginas web, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE publican imágenes de personas que han sido arrestadas, a veces a punto de subirse a un vuelo, encadenados de manos y pies.
Sin embargo, y aunque la seguridad nacional sea el argumento con el que el nuevo gobierno justifica las deportaciones y Trump y Homan insistan en que se están repatriando “delincuentes”, cifras obtenidas por la cadena NBC muestran que más del 40% de los detenidos no tenía antecedentes penales.
El medio encontró que de los 4.422 arrestados por el ICE en las primeras dos semanas de febrero, 1.800 (un 41%), no tenían ninguna condena ni cargos penales pendientes.
Ante ello, el temor a encontrarse con un agente migratorio se ha extendido como la pólvora entre los inmigrantes indocumentados y las familias con estatus mixto, en las que al menos uno de los miembros no tiene la residencia legal.
“Ni voy a salir de casa”, le decía a BBC Mundo José, quien lleva más de 25 años en el país pero no ha logrado regularizar su situación por haber cruzado la frontera desde México de forma ilegal, después de que el diario LA Times, en base a la filtración de un documento oficial del DHS, informara de unas posibles redadas masivas en Los Ángeles antes de que termine febrero.
En ese contexto de miedo, una herramienta tan básica como una tarjeta roja puede marcar la diferencia.
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