Víctimas de violencia digital: entre la revictimización y omisión de las autoridades
Las conductas que violan la intimidad de las personas, como la difusión de contenido sexual no autorizado, se encuentran tipificadas como delito en 29 estados del país, y se castigan incluso cuando las imágenes y videos son creados mediante el uso de inteligencia artificial.
Sin embargo, especialistas coinciden en que a la fecha persisten las omisiones y falta de conocimiento entre las autoridades encargadas de su investigación, lo que dificulta que los agresores reciban castigo y que las víctimas obtengan la reparación del daño.
El caso reciente de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que hallaron contenido sexual falso con sus rostros y sin su consentimiento en el dispositivo móvil de uno de sus compañeros, es ejemplo de la vulnerabilidad ante la cual se encuentran las mujeres frente a este tipo de ilícitos, y sobre las dificultades que enfrentan las denunciantes para obtener justicia.
Aunque el IPN ya expulsó a Diego N. —quien estudiaba en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA)—, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continúa investigando los más de 160 mil videos y fotografías que se encontraron en el dispositivo móvil, las denunciantes aseguran que los tratos por parte de todas las autoridades fueron revictimizantes, y pusieron en riesgo el avance de las investigaciones.
De acuerdo con las ocho estudiantes que acudieron ante la Fiscalía, fue hasta después de que se movilizaron para denunciar las omisiones por parte de la FGJCDMX —donde inicialmente les dijeron que no podían denunciar porque no eran víctimas directas, aunque entre las imágenes sí había algunas con sus rostros— y del IPN —Instituto al que acusan de no darles acompañamiento jurídico ni psicológico—, que las autoridades de ambas dependencias las buscaron para continuar con el proceso contra Diego N.
Gracias a estos reclamos, a los que se sumó Olimpia Coral Melo —quien impulsó las reformas a los códigos penales para tipificar la violencia digital contra mujeres—, fue que se les brindó protección policiaca a las denunciantes y la certeza de que el caso no va a ser desechado, sino que se continuará con las indagatorias, a las que piden sumarse a las estudiantes del IPN que tengan conocimiento de haber sido víctimas.
Datos del Módulo sobre Ciberacoso, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestran que el 22.4% de las mujeres que usaron internet en 2022 fueron víctimas de situaciones en las que se vieron expuestas, de manera repetida y prolongada, a acciones negativas que buscan hacer daño o causar molestias mediante internet.
El mayor porcentaje de casos ocurrió entre mujeres de entre 12 y 19 años (29.3%), de 20 a 29 años (29.3%) y de 30 a 39 años (23.7%), teniendo mayor prevalencia en los estados de Tlaxcala, Yucatán y Tabasco.
El 9.2% de las mujeres encuestadas señaló haber sido amenazada con publicar información personal, audios o videos para extorsionarlas, y en el 7% de los casos se consumó la publicación de este tipo de materiales.
Además, en el 4.2% señalaron que tuvieron conocimiento de la venta de imágenes con contenido sexual.
“Necesario que instituciones educativas refuercen protocolos contra violencia digital”
Leslie Jiménez, abogada integrante de la asociación Impunidad Cero, explicó que actualmente el Código Penal Federal y los 29 códigos estatales, en los que se encuentra tipificada la ciberviolencia que viola la intimidad sexual, contemplan el castigo para quienes graben, elaboren o distribuyan el material, sea real o simulado. Las únicas entidades donde aún no se ha incorporado al catálogo de delitos son Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí.
La abogada señaló en entrevista que a pesar del reconocimiento del hecho como delito, persisten algunas problemáticas para que este se persiga.
“La persona acusada permanece en libertad durante el periodo de investigación, con los riesgos que esto conlleva, y hay dificultades técnicas para investigar el origen de los contenidos y el alcance que pudo tener su distribución”, comentó.
Además, mencionó que en los códigos penales donde se encuentra este delito las definiciones sobre lo que implica son ambiguas, por lo que existen casos en los que no se reconoce que el material sea “de contenido sexual”, lo que imposibilita el avance de las investigaciones y se niega el acceso a la justicia de quienes denuncian.
Acerca del actuar por parte de las autoridades educativas, Jiménez comentó que, en general, es necesario que a partir de casos como el suscitado en el IPN, y previamente en la Universidad Anáhuac Mayab —donde estudiantes denunciaron la difusión de contenido sexual sin consentimiento por redes sociales—, las instituciones refuercen sus protocolos contra la violencia de género, para que no se actúe de forma revictimizante u omisa.
“Desafortunadamente es algo que ocurre de forma reiterada en este tipo de espacios, por eso es que más allá de las acciones por parte de las fiscalías, es necesario que las instituciones educativas públicas o privadas refuercen sus protocolos para investigar casos de violencia de género”, señaló.
“Por ejemplo, en el caso concreto del IPN, este no reconoce de manera específica la violencia digital, y eso es preocupante”, añadió.
Para la especialista, el tema de fondo es que se trata de algo sistémico y meramente estructural, “que al día de hoy no se atiende de manera pronta, porque este tipo de delitos particularmente deben atenderse de manera rápida, antes de que se pueda bajar el contenido o que este ya se haya esparcido por internet, lamentablemente las fiscalías siguen siendo sumamente lentas”.
“Autoridades sin sensibilización y capacitación sobre violencia digital”
Angie Contreras, de la asociación Cultivando Género, afirmó que la lentitud de los procedimientos judiciales y el desconocimiento de lenguaje técnico y uso de tecnologías están entre los principales factores que imposibilitan el acceso a la justicia en este tipo de casos.
“Aunque tengamos las tipificaciones y se realicen reformas, seguimos con autoridades sin sensibilización o capacitación en el tema, no conocen cómo realizar este tipo de investigaciones, la capacidad de la policía cibernética incluso es limitada, y esto solo va a resolverse cuando tengan voluntad de atender el tema e invertir lo necesario para que se implementen correctamente las leyes que ya tenemos”, agregó.
La consultora especializada en tecnología, perspectiva de género y derechos digitales consideró que a ello se suma que esta violencia se encuentra normalizada y sigue siendo un estigma para las víctimas, quienes deben lidiar con los tratos insensibles de las autoridades, que además actúan con plazos que en algunos casos impiden que se resguarde la evidencia digital de los delitos.
“Las autoridades no saben que la información puede ser resguardada, porque incluso cuando se eliminan las publicaciones hay un resguardo de información por parte de las plataformas, que varía en su temporalidad, pero desafortunadamente entre el desconocimiento y las tardanzas del sistema se pierde el control sobre esos contenidos”, lamentó.
Ante este panorama, la activista señaló que, en caso de que se tenga conocimiento de algún hecho de violencia digital relacionado con contenido sexual no autorizado, es recomendable que las denunciantes cuenten —de ser posible— con capturas de pantalla, enlaces y toda evidencia que puedan presentar en lo inmediato a las autoridades, con la finalidad de exigir que se actúe de manera pronta y evitar la eliminación o viralización de las publicaciones.
“Tanto las escuelas como todas las instituciones tienen que entender su responsabilidad de garantizar que el espacio físico y digital de quienes interactúan en ellas sea seguro, es necesario que dejen de reproducir violencias contra quienes denuncian porque esto no es un juego, y si no se actúa en consecuencia las mujeres seguirán teniendo que acudir a redes sociales para garantizar que haya consecuencias, y ahí sí van a preocuparse, como en este caso”, concluyó.
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Mas de 350 palestinos han muerto desde el pasado 10 de octubre en Gaza, donde seis semanas después del inicio del alto el fuego la situación sigue siendo desesperada para la gran mayoría de sus habitantes.
Israel y Hamás sellaron el pasado 10 de octubre un acuerdo de cese el fuego que debía poner fin a dos años de un conflicto que ha devastado la Franja de Gaza.
Seis semanas después del inicio de ese cese de hostilidades, el derramamiento de sangre no ceja en Gaza, donde civiles palestinos siguen muriendo a diario por disparos o ataques israelíes.
La intensidad del conflicto se ha reducido, pero eso no ha evitado que la cifra de víctimas palestinas siga creciendo, aunque más lentamente.
La ayuda humanitaria, tras meses de férreo bloqueo, vuelve a entrar a la Franja, pero no en el volumen necesario para hacer frente a las necesidades de una población que sigue, en su gran mayoría, desplazada y en un territorio que se ha quedado prácticamente sin infraestructuras.
El alto el fuego ha permitido que la ONU empiece a reabrir las escuelas que opera en la Franja, la mayor parte de ellas dañadas por los bombardeos y que siguen sirviendo de refugio para muchas familias. El sistema sanitario también sigue siendo muy precario. Solo 36 de los hospitales de Gaza están parcialmente operativos, según Naciones Unidas.
Hamás, aunque ha quedado muy debilitado, se niega a desarmarse, como demostró al día siguiente de iniciarse el alto el fuego, cuando sacó a 7.000 milicianos armados a las calles para reafirmar el control sobre zonas de Gaza desocupadas por las tropas israelíes. Pero su hegemonía está siendo cuestionada por un nada desdeñable número de grupos armados han proliferado en la Franja dispuestos a hacerle frente.
En medio de todo esto, los palestinos aguardan a que el plan de paz que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del que el alto el fuego solo constituía una primera fase, avance y pueda comenzar la reconstrucción de un territorio controlado aún en su mayoría por el ejército israelí.
Más de 350 muertos en ataques israelíes
El goteo de víctimas desde el día en que entró en vigor el alto el fuego no se ha detenido.
Más de 350 personas han muerto en Gaza en ataques israelíes desde entonces, lo que elevan la cifra total de víctimas palestinas desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023 a 70.100, muchas de ellas mujeres y niños, según cifras del ministerio de Sanidad de Gaza.
Los milicianos de Hamás continúan siendo objetivo del ejército israelí, pero la enorme mayoría de víctimas siguen siendo civiles, como el fotógrafo Mahmud Wadi, fallecido este martes en un ataque con dron en Jan Yunis. O los hermanos Fadi y Juma Abu Assi, de 8 y 11 años que, según su familia, estaban buscando leña para cocinar al este de esta misma ciudad cuando fueron alcanzados el pasado sábado por el fuego israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron a la BBC que habían disparado sobre dos sospechosos que cruzaron la Línea Amarilla.
Esta demarcación, que delimita el territorio al que Israel aceptó retirarse tras el alto el fuego, no está claro para muchos palestinos, a veces con consecuencias fatales.
Pero las muertes no solo se han producido en las inmediaciones de la Línea Amarilla. Israel ha llevado a cabo bombardeos de zonas densamente pobladas en Gaza en respuesta, según las FDI, a ataques de Hamás.
En uno de ellos, en la noche del pasado 28 de octubre, murieron 104 palestinos en una oleada de bombardeos en Ciudad de Gaza, Beit Lahia, Bureij, Nuseirat y Jan Yunis, según el ministerio de Sanidad de la Franja. Israel alegó que actuó contra “decenas de objetivos terroristas”.
Tanto las FDI como Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego en repetidas ocasiones.
El pasado 21 de noviembre, el portavoz de Unicef, Ricardo Pires, recordó que, desde el cese el fuego, dos niños han muerto de media cada día en Gaza.
“Esto no son estadísticas. Cada uno de ellos era un niño con una familia, un sueño, una vida truncada repetidamente por la violencia continuada”, dijo Pires a los periodistas.
Qué ha pasado con la ayuda humanitaria
El estricto bloqueo que Israel impuso en Gaza durante meses antes del alto el fuego, impidiendo el acceso de ayuda humanitaria a la Franja, provocó una hambruna que mató a más de 200 personas, según la propia denuncia de la ONU.
El acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás establecía que 600 camiones de ayuda humanitaria debían entrar diariamente a la Franja para satisfacer las necesidades básicas de sus 2,1 millones de habitantes.
Sin embargo, aunque desde el 10 de octubre Israel ha aflojado los controles y se ha permitido la entrada de ayuda, no se han alcanzado los niveles necesarios, según la ONU.
El acceso humanitario sigue estando muy restringido, tal y como denunciaron recientemente un grupo de expertos de Naciones Unidas, entre otras cosas porque solo se han reabierto dos de los seis pasos fronterizos.
“El volumen de camiones de ayuda que entran en Gaza nunca ha alcanzado el objetivo acordado de 600 al día y, con frecuencia, ha sido inferior a la mitad de esa cifra”, afirmaron los expertos, entre los que se encuentra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos.
Amnistía Internacional también ha denunciado que Israel sigue bloqueando “la entrada de equipos y materiales necesarios para reparar las infraestructuras vitales y retirar municiones sin explotar, escombros contaminados y aguas residuales”, señaló recientemente la organización en un comunicado.
Israel asegura que desde el inicio del alto el fuego han entrado en Gaza una media de 600 a 800 camiones diarios con alimentos, suministros para refugios y material médico, según la Coordinadora de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT). El 41% de esos camiones van al sector privado, según sus propias cifras.
Según la OCHA, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, aunque la frecuencia con la que los gazatíes comen ha mejorado en la mayoría de los hogares, “el consumo de alimentos sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto”, y la dieta se basa principalmente en cereales, legumbres y cantidades moderadas de lácteos y aceite, con un acceso muy limitado a alimentos nutritivos como la carne, las verduras y las frutas.
Tal y como relató a la BBC Sami Matar, de la ONG Anera, que gestiona una cocina comunitaria en Gaza, “nos vemos obligados a cocinar principalmente tres tipos de comidas a la semana: arroz, pasta y lentejas (…) Necesitamos que la comida sea más variada, para garantizar verduras frescas y proteínas esenciales como la carne y el pollo”.
Estos productos, asegura, “no pueden entrar en Gaza para su distribución como ayuda humanitaria”, y solo las importan vendedores locales, aunque muchos gazatíes no tienen dinero para comprarlas.
Quien ha dejado de operar en Gaza seis meses después de ponerse en marcha es la polémica Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), que crearon Estados Unidos e Israel para eludir el sistema tradicional de ayuda de la ONU. Cientos de personas murieron por disparos israelíes durante sus caóticas entregas de cajas de ayuda humanitaria.
Dónde está el ejército israelí
El acuerdo de alto el fuego establecía que el ejército israelí se retiraría de Gaza “en base a estándares, hitos y plazos” que debían ser acordados por todas las partes.
Un mapa que distribuyó la Casa Blanca entonces mostraba las tres etapas propuestas para la retirada de las tropas israelíes, que dejaba en la primera fase, la única que se ha acordado por el momento, bajo control israelí un 53% de Gaza, toda la franja que se extiende a lo largo de la frontera con Israel.
En las siguientes fases, este territorio debería reducirse hasta el 40% en la segunda etapa y hasta el 15% en la última, una suerte de “perímetro de seguridad” que “permanecería hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgimiento de la amenaza terrorista”.
Actualmente, las FDI permanecen tras la conocida como Línea Amarilla, en un territorio que, según una investigación de BBC Verify que analizó videos e imágenes satelitales, es mayor de lo previsto en el acuerdo con Hamás.
En algunos puntos, los marcadores colocados por las tropas israelíes para señalizar la división se encontraban cientos de metros más al interior de la Franja de lo que se esperaba según la línea de retirada.
En este territorio, Israel ha destruido además barrios enteros en lo que parecen demoliciones intencionadas. Según un análisis de BBC Verify, al menos 1.500 edificios fueron derribados en el primer mes tras el alto el fuego.
Israel alega que estas demoliciones no violan lo acordado ya que según los términos del cese al fuego, “todas las infraestructuras del terror, incluyendo túneles, deben ser desmantelados en Gaza. Israel actúa en respuesta a las amenazas, violaciones y la infraestructura del terror”, dijo un portavoz de las FDI.
Pero algunos analistas y expertos en derecho internacional opinan que estas demoliciones podrían estar violando las leyes de la guerra, que prohíben la destrucción de propiedad civil por parte de una potencia ocupante, así como poniendo en peligro el acuerdo de alto el fuego.
Más del 90% de la población de Gaza se ha visto desplazada durante los dos años de conflicto y la mayoría sigue viviendo en tiendas de campaña improvisadas.
Muchos no pueden regresar a sus hogares porque ya no están ahí. Según cifras de la ONU, el 80% de los edificios de la Franja han sido destruidos. En la Ciudad de Gaza, el principal núcleo urbano del territorio, esta cifra se eleva hasta el 92%.
Proliferación de grupos armados rivales de Hamás
En los últimos meses y, especialmente desde el inicio del alto el fuego, una serie de facciones armadas enfrentadas a Hamás han proliferado en la Franja de Gaza.
Entre ellos hay grupos que se apoyan en clanes familiares, bandas criminales y nuevas milicias, algunas de las cuales cuentan con el respaldo de Israel, como ha admitido el propio primer ministro Benjamin Netanyahu.
Hamás no parece estar dispuesto a ceder el control de la Franja y en las semanas posteriores al alto el fuego se han podido ver videos en redes sociales de sus milicianos propiciando palizas o ejecutando a plena luz del día de miembros de grupos rivales a los que acusan de colaborar con Israel.
Estas nuevas formaciones operan, cada uno en su porción de territorio, dentro de la Línea Amarilla, la parte de la Franja que sigue controlada por el ejército israelí.
Están, por ejemplo, las Fuerzas Populares, el grupo que lidera Yaser Abu Shabab en la zona de Rafah, que ha sido acusado de haber saqueado camiones de ayuda humanitaria enviados a Gaza durante la guerra. O las Fuerzas de Ataque Antiterrorista, que dirige Hossam al Astal en los alrededores de Jan Yunis. Otro de los grupos es el Ejército del Pueblo – Fuerzas del Norte, que está liderado por Ashraf al Mansi y que opera en el norte de la Franja.
Algunos de estos grupos aspiran a acabar formando parte de las futuras fuerzas policiales de Gaza y aseguran, aunque no está confirmado, que trabajan en coordinación con la Junta para la Paz, el organismo internacional que deberá administrar Gaza bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump.
Su despliegue despierta recelos entre parte de la población gazatí y de la Autoridad Nacional Palestina, que desconfía del apoyo que Israel parece prestar a algunos de estos grupos.
“Israel podría exigir la integración de estas milicias, debido a sus propias consideraciones políticas y de seguridad específicas”, señaló el general Anwar Rajab, portavoz de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, a la corresponsal de la BBC en Medio Oriente Lucy Williamson.
Pero las exigencias de Israel, prosiguió, “no necesariamente benefician a los palestinos. Israel quiere seguir imponiendo su control de una u otra manera en la Franja de Gaza”.
Retorno de cuerpos de rehenes y de palestinos
En el acuerdo de alto el fuego, Hamás se comprometió a devolver en un plazo de 72 horas a los 20 rehenes israelíes vivos y los cadáveres de los 28 secuestrados que aún se encontraban en Gaza.
Según los términos de lo pactado, Israel debería devolver 15 cadáveres de palestinos en su poder por cada rehén fallecido en manos de Hamás.
Todos los rehenes vivos fueron liberados el 13 de octubre a cambio de 250 presos palestinos y 1.718 detenidos de Gaza.
Hasta ahora se han entregado los restos mortales de 26 secuestrados, 23 de ellos israelíes, así como un tailandés, un nepalí y un tanzano.
A cambio, Israel ha devuelto los cadáveres de 330 palestinos muertos durante la guerra. En su mayoría son cuerpos sin identificar de los que no está claro si fallecieron en Gaza o bajo custodia israelí, y algunos muestran signos de tortura, según han denunciado los doctores que los recibieron.
Israel ha acusado a Hamás de retrasar deliberadamente la recuperación de los cadáveres de los rehenes, mientras que Hamás ha insistido en que está luchando por encontrarlos bajo los escombros.
La lentitud de los avances ha supuesto que no se haya avanzado en la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump para Gaza. Este incluye planes para la gobernanza de Gaza, la retirada de las tropas israelíes y el desarme de Hamás y la reconstrucción.
Hamás tomo 251 rehenes el 7 de octubre de 2023, cuando lanzó un ataque sorpresa sobre el sur de Israel en el que mató a más de 1.200 personas -en su mayoría civiles- que desencadenó una respuesta militar de una intensidad sin precedentes del ejército israelí sobre Gaza.
En qué punto se encuentra la negociación de la segunda fase del plan de paz
El cese de las hostilidades, el retorno de los rehenes, la retirada del ejército israelí de zonas de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria forman parte de la primera fase del conocido como plan de paz de Trump para Gaza, que cuenta con 20 puntos.
Una vez alcanzado, la partes debían avanzar hacia las siguientes etapas, que prevén el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) y, en un futuro, el posible camino hacia el establecimiento de un Estado palestino, algo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado.
El pasado 17 de noviembre, el plan presentados por Estados Unidos recibió el espaldarazo del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que permitiría avanzar desde el alto el fuego hacia la reconstrucción de la Franja.
La resolución prevé la creación de una “Junta para la paz” que supervisaría la gobernanza de un comité tecnocrático y apolítico palestino y supervisaría la reconstrucción de Gaza y la entrega de ayuda humanitaria, aunque no especifica quién formaría parte de esa junta.
Tampoco está claro por ahora qué países aportarían efectivos para esas fuerzas de estabilización, ni el papel que tendrá en Gaza la Autoridad Nacional Palestina, a la que el plan exige una reforma profunda.
El plan también prevé la desmilitarización de Hamás y otros grupos en la Franja, algo a lo que la milicia islamista se ha negado.
Según la resolución, la fuerza de estabilización colaborará con Israel y Egipto, junto con una fuerza policial palestina de nueva formación debidamente seleccionada, para ayudar a proteger las zonas fronterizas y garantizar el proceso de desarme permanente de los grupos armados no estatales, incluido Hamás.
La incertidumbre en torno a todas estas cuestiones ha frenado el inicio de la segunda fase del plan de paz, para la que aún no hay fecha.
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- Los grupos armados palestinos enfrentados a Hamás en Gaza que son apoyados por Israel y EE.UU.
- Las imágenes de satélite que muestran que Israel ha destruido al menos 1.500 edificios en Gaza desde el inicio del alto el fuego
