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“Las autoridades nos han fallado”: atletas buscan reforma al Código Penal para que se reconozca y castigue la violencia deportiva
“Las autoridades nos han fallado”: atletas buscan reforma al Código Penal para que se reconozca y castigue la violencia deportiva
Imagen: Facebook Teresa Ixchel Alonso García
7 minutos de lectura

“Las autoridades nos han fallado”: atletas buscan reforma al Código Penal para que se reconozca y castigue la violencia deportiva

La colectiva “Ni Una Atleta Más” impulsa una reforma para que se reconozca y castigue un delito que está invisibilizado por las autoridades y ausente en el Código Penal: la violencia deportiva.
25 de agosto, 2025
Por: Dalila Sarabia
@Dalila_Sarabia 

Después de mucho pensarlo por miedo a perder su beca y renunciar a su sueño de ser una porrista profesional, Iztayana Gress, acudió a la fiscalía capitalina a denunciar que era víctima de discriminación y violencia psicológica por parte de su entrenador; sin embargo, la denuncia no procedió porque las autoridades no supieron cómo calificar el delito.

“Calificaron mi denuncia como violencia intrafamiliar sin razón de parentesco (…)  me paré y les dije ‘que qué estaban haciendo, calificándolo de esa forma si no era mi familia’, y el argumento que me dio la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México fue ‘porque es la manera en la que tú puedes comprobar que pasabas mucho tiempo con él’”, recuerda.

A la fecha, en el Código Penal federal no se contempla la violencia deportiva o violencia contra deportistas como un delito, por lo que la colectiva “Ni Una Atleta Más” busca impulsar reformas a la legislación federal.

“(Impulsamos) una reforma al Código Penal Federal para la tipificación y sanción de la violencia deportiva. Que haya sanciones específicas estableciendo penalizaciones claras a actos de agresiones psicológicas, chantaje, agresión sexual u hostigamiento”, explicó Teresa Ixchel Alonso García, exseleccionada nacional de natación artística y sobreviviente a la violencia deportiva.

“Además debe haber investigación y prevención, así como implementación de censos nacionales y estatales sobre la violencia en el deporte (…) formación a entrenadores de bienestar psicológico, salud, atletas y perspectiva de género porque muchas veces los entrenadores nos tratan como peones y no como seres humanos”, reprochó.

atletas buscan reforma al Código Penal para que se reconozca y castigue la violencia deportiva
Foto: Dalila Sarabia

De hecho, la propuesta de la colectiva impulsa la creación de una fiscalía especializada en violencia deportiva.

“Tengo el caso de una chica de judo que le hicieron una llave prohibida dentro del deporte y ahora tiene una lesión de por vida (…) cuando llega a la fiscalía le dicen que si es un deporte de contacto ¿cómo no va a haber lesiones?, entonces, ese tipo de contextos no los entienden dentro de la fiscalía”, detalló Alonso García.

“Ni Una Atleta Más” es una colectiva fundada por la exseleccionada nacional luego de que ella fuera víctima de acoso y discriminación de quien fuera su entrenadora. Por su caso, ni la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ni el Comité Olímpico Mexicano (COM) la apoyaron.

Atletas buscan reforma al Código Penal para incluir la violencia deportiva
Instagram “Ni Una Atleta Más”.

 

Actualmente son 15 los atletas mexicanos que forman parte de la colectiva, pero de acuerdo con Alonso García, son decenas de deportistas que se acercan a ella todos los días para pedirle orientación, pues por miedo a perder sus becas han optado por guardar silencio.

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“No queremos reformar por reformar, no queremos hacer iniciativas por hacer iniciativas, sino que queremos que sean claras, específicas, reales y sancionables para que la violencia deportiva pare”, subrayó.

Como parte del trabajo que hacen para impulsar reformas a la ley y visibilizar la violencia deportiva, la colectiva hizo un pliego petitorio que han comenzado a entregar a las autoridades a fin de trabajar y materializar la respuesta a sus demandas.

En días pasados, la colectiva ya se reunió con la Conade, así como con la exraquetbolista y actual diputada federal, Paola Longoria, para darle a conocer sus preocupaciones y demandas en la materia.

“Está muy padre la idea de la colaboración que nos están ofreciendo, pero no llega a materializarse y eso es lo que nos preocupa, porque nosotros no ganamos ni un peso, todo lo hemos hecho en números rojos y lo hemos hecho con mucha convicción y honestidad porque creemos firmemente en el cambio, pero sí nos parece lamentable esta burocracia que existe para poder accionar y hacer los siguientes pasos”, reprochó Alonso García.

Animal Político buscó al titular de la Conade, Rommel Pacheco, para preguntarle sobre los casos de violencia deportiva, cómo los están atiendo y si acompañará la propuesta de la colectiva; sin embargo, hasta la publicación de este texto no hubo respuesta.

“Todos se lavaron las manos”

En 2020 y después de tres años de vivir violencia psicológica, Teresa Ixchel Alonso García, entonces seleccionada nacional en nado artístico, decidió levantar la voz y denunciar a su entrenadora.

Han pasado cinco años en los que la atleta no ha recibido apoyo por parte de las instancias que podrían haber hecho algo, al contrario, lamenta que se lavaron las manos.

Levantar la voz y denunciar el maltrato del que era víctima tuvo como consecuencia que le quitaran su beca, la marginaran de la selección y terminaran con su sueño de participar en los Juegos Olímpicos.

Atletas buscan reforma al Código Penal para incluir la violencia deportiva
Foto: Especial.

“Denuncié más que nada porque sabía que ya había pasado (el abuso) y pues dije ‘si ya ha pasado y si ya han denunciado, pues por fin nos van a hacer caso’… fui ingenua, la verdad”, lamenta la joven.

Así que al ver que las autoridades -ni deportivas ni judiciales- actuaban, decidió echar mano de las redes sociales.

“No quiero que ningún atleta viva por lo que yo viví (…)  cada vez se escuchan más y más denuncias dentro del deporte y sé que en algún momento se va a tener que accionar porque ya es un tema verdaderamente urgente”, explicó.

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Es así que decidió impulsar la colectiva “Ni Una Atleta Más”, y aunque la mayoría de quienes la han buscado solicitan el anonimato por miedo a perder sus becas y apoyos, ella se ha dado a la tarea de documentarse, de buscar a la Conade y demás autoridades para pedirles trabajar en conjunto y atender este tema.

Violencia deportiva: abandona su sueño de ser porrista profesional

A inicio de 2022, Itzayana Gress se vio obligada a poner en pausa su sueño de convertirse en porrista profesional -disciplina que practicó por seis años- después de denunciar a su entrenador por discriminación y violencia psicológica.

Su denuncia en la Fiscalía capitalina fue encarpetada porque de inicio las autoridades no supieron cómo clasificar las agresiones de las que fue víctima.

Le quitaron la beca y aunque ansía poder volver a practicar, el miedo de encontrarse en las competencias a su agresor se lo impide.

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“La mayoría de los atletas nos vemos sometidos a violencia psicológica desde el hecho en el que hacen que olvides que tienes lesiones y que te laven la cabeza diciendo que si no (entrenamos así) vamos a perder el lugar”, compartió la joven.

“Los deportistas saben que la razón por la que se han quedado es porque tienen un apoyo de por medio y si se quejan, lo van a perder como fue mi caso (…) a mí me gustaría retomar mi entrenamiento, pero mi corazón está fragmentado y aunque quisiera regresar, no quiero regresar a un lugar donde sé que en competencias lo voy a ver (a mi agresor) porque al final las autoridades no han hecho nada al respecto”, dijo.

Atletas buscan reforma al Código Penal para incluir la violencia deportiva
Instagram “Ni Una Más”.

Denuncia violencia y la demandan por difamación

Antya Guadalupe Estrada Muñoz, de 18 años, es atleta de paradanza deportiva en silla de ruedas quien después de sufrir violencia psicológica por parte de la entrenadora con la que entrenaba alzó la voz y se sumó a la colectiva “Ni Una Atleta Más”.

En entrevista, la joven explicó que privilegiando su bienestar -aunque esto significara salirse del equipo en el que entrenaba el deporte de sus sueños-, tomó distancia.

Buscó otra entrenadora con quien seguir practicando y se contactó con la colectiva para que la orientaran sobre qué podía hacer para dar a conocer su caso y con ello evitar que más deportistas guardaran silencio.

“Hago una publicación vía Instagram donde cuento lo que me pasó durante 6 años (…) lo que me sucedió, lo que sufrí y días después me llega una denuncia donde la entrenadora me denuncia por difamación, cuando ni siquiera mencioné nombre, fotos, ni cómo se llamaba el club donde ella estaba”, cuenta.

Antya reconoce que después de su diagnóstico ella decidió aguantar y guardar silencio porque en Nuevo León, donde vive, solo había una entrenadora y un grupo donde poder prepararse para cumplir su sueño.

“No quería que por terceras personas mi sueño se acabara”, subraya.

“Sabía que habría represalias, que probablemente me iba a quedar sin beca, que a lo mejor hasta sin deporte, pero creo que lo que me ayudó mucho es siempre tener el enfoque y mi objetivo deportivo y no abandonar mi sueño”, agrega.

Actualmente, Antya sigue entrenado gracias a un grupo que conformó con sus compañeras que también decidieron abandonar donde entrenaban previamente.

“Nuestro equipo somos a exatletas de la otra entrenadora que sufrimos por lo mismo”, detalló.

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Cómo el indulto de Trump al expresidente de Honduras plantea “una incoherencia” con su mensaje contra el narcotráfico en América
7 minutos de lectura

El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.

03 de diciembre, 2025
Por: BBC News Mundo
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Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.

Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.

La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.

“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.

Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.

El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.

Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.

Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.

Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.

“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.

“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.

“En sus narices”

Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.

De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.

Juan Orlando Hernández esposado y rodeado de policías en Honduras
Getty Images
Hernández fue extraditado a EE.UU. tras dejar el poder en 2022 para ser juzgado por conspiración para narcotráfico.

Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.

El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.

Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.

Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.

La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.

Juan Orlando Hernández sonríe frente a militares siendo presidente de Honduras en 2019.
AFP via Getty Images
Hernández fue señalado por los fiscales de EE.UU. como el líder de un “narcoestado” en América Latina.

En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.

Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.

“Un mensaje horrible”

Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.

En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.

“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.

Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.

 El destructor lanzamisiles guiados clase Arleigh Burke USS Stockdale en las costas de Puerto Rico.
Getty Images
Con buques de guerra y aviones de combate, Trump mantiene una presencia militar extraordinaria en el Caribe para lo que define como acciones antinarcóticos.

Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.

Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.

“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.

Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.

“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.

Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.

Trump en la Casa Blanca junto a Marco Rubio y Pete Hegseth
AFP via Getty Images
El indulto de Trump a Hernández ha levantado cuestionamientos desde su propio Partido Republicano.

Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.

Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.

Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.

“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.

“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.

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