Organizaciones civiles y víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en marzo de 2023, acusaron al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, de por tercera vez intentar evadir la justicia a través de recursos legales.
En una carta firmada por organizaciones, mujeres víctimas del incendio y familiares de quienes perdieron la vida esa noche, exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum la destitución inmediata de Garduño al frente del Instituto.
“Por tercera ocasión, F. G., actual comisionado del INM, ha solicitado un recurso de suspensión condicional del proceso con el fin de eludir su responsabilidad penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público”, señala la carta.
En el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido la noche del 27 de marzo de 2023, fallecieron 40 personas migrantes, sobrevivieron 27 personas con lesiones permanentes y 15 mujeres con repercusiones psicológicas a tratar.
Actualmente, aunque Francisco Garduño continúa en el cargo, a cinco años de ser nombrado, enfrenta un proceso por uso indebido de la función pública. Y es el único funcionario de alto nivel que ha sido juzgado por el caso.
Las organizaciones y particulares firmantes de la carta enviada a Claudia Sheinbaum también acusaron a Francisco Garduño de utilizar recursos públicos para acudir a sus comparecencias ante el juez (cada 15 días), en Ciudad Juárez.
“Destacamos que no es su primer intento por evitar la acción penal. En el pasado, el comisionado ha propuesto pagar la diferencia del valor de los daños materiales al inmueble siniestrado, sin considerar la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas fallecidas ni a los sobrevivientes para absolverse del delito”, puntualizaron.
Otra irregularidad señalada por las víctimas y los colectivos que las acompañan en la misiva es que el equipo de defensa de Garduño solicitó adelantar una audiencia programada para marzo, el juez admitió ese recurso y ahora se llevará a cabo el 24 de enero.
“A esto se suma que el proceso penal relacionado con el incendio ha estado marcado por diversas irregularidades, como la resolución apresurada de algunas causas penales, la clasificación poco razonable del delito imputado y la restricción, en determinadas etapas judiciales, de la participación de la sociedad civil en la representación de las víctimas”.
A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció desde el 8 de octubre pasado que Francisco Garduño sería relevado por el entonces aún gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, el cambio no se ha dado.
A finales de diciembre, Sheinbaum fue cuestionada respecto a la fecha del cambio, aunado al anuncio de una “profunda transformación” dentro del Instituto Nacional de Migración.
La mandataria solo dijo que habría un periodo de transición entre ambos y que aún no estaban listos los cambios que legalmente se ocupan para el ingreso de Salomón Céspedes al frente de la dependencia.
Yoon es investigado por insurrección por haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre, una medida que provocó una grave crisis política en Corea del Sur.
El destituido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue arrestado por las autoridades del país asiático en la mañana de este miércoles luego de varias horas de tensión en los alrededores de su residencia.
Yoon, quien está siendo investigado por insurrección y abuso de poder, es el primer presidente surcoreano en la historia en ser detenido durante su mandato. Su destitución aún debe ser confirmada por la Corte Constitucional surcoreana.
La operación se extendió durante casi seis horas, desde las 4:20 am (hora local) hasta pasadas las 10:00 am.
Los más de mil agentes de policía que llegaron a la residencia presidencial fueron recibidos por multitudes tanto a favor como en contra de Yoon, y tuvieron que superar varias barreras en su camino hacia la puerta de la residencia del mandatario.
El 3 de enero, más de 150 agentes de policía lo intentaron durante horas, pero fueron superados en número: primero por una multitud de seguidores del presidente, y luego por un muro humano de escoltas de seguridad dentro de la propiedad.
Yoon Suk-yeol fue destituido por el Parlamento el 14 de diciembre, después de que declarara la ley marcial en el país y desatara una caótica jornada en Seúl.
Tras una votación de los legisladores, quedó formalmente despojado de sus poderes y a la espera de un juicio.
Sin embargo, Yoon había permanecido hasta este miércoles refugiado en la residencia presidencial, protegido por la guardia presidencial, y se había negado a cooperar con las autoridades, ignorando todas las citaciones para ser interrogado.
El lunes 13 de enero comenzó el juicio de destitución en su contra, pero terminó a los cuatro minutos, porque Yoon no se estaba presente.
Por ello, los fiscales habían expresado que no les quedaba más remedio que detenerlo.
Tras consumarse la detención este miércoles, se hizo pública una declaración grabada en video del destituido presidente, en la que dice que aceptó comparecer ante la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC), a pesar de que considera que se está llevando a cabo una “investigación ilegal” en su contra.
En el video dice que lo hace para evitar “cualquier desagradable derramamiento de sangre”.
También, afirma que el Estado de derecho en el país se ha roto, y que ni el organismo que lo investiga, ni el tribunales que dictó la orden de detención, tienen potestad para hacerlo.
Los seguidores de Yoon permanecieron fuera de la residencia presidencial a lo largo de la mañana del miércoles expresando su apoyo al presidente destituido y tratando de evitar su arresto.
Yoon, un fiscal estrella convertido en político, llegó al poder tras ganar popularidad entre los votantes conservadores gracias a una plataforma antifeminista y una postura de línea dura respecto a Corea del Norte.
Pero tras llegar a la presidencia en 2022, se vio envuelto en escándalos personales y enfrentó a una oposición cada vez más poderosa.
A medida que se acumulaban sus problemas políticos, Yoon declaró la ley marcial el 3 de diciembre, con lo cual sumió a Corea del Sur, un país con una democracia estable desde hace 40 años, en el caos político.
Su apuesta resultó ser un fracaso, que desembocó en su destitución por parte del Parlamento e investigaciones penales.
Desde su destitución, Yoon ha resistido los intentos arrestarlo, lo que ha sumido al país en una mayor agitación política.
Aunque está suspendido, Yoon permanecerá en el cargo hasta que el Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirme su destitución.
Cuando Yoon hizo su breve declaración de ley marcial en diciembre, citó amenazas de “fuerzas antiestatales” y de Corea del Norte para justificar medida.
Pero pronto quedó claro que su decisión no había sido impulsada por amenazas externas, sino por sus propios problemas políticos internos.
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