Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists
Un programa de retiro de redes de pesca que llevaba cuatro años de operación en el alto Golfo de California, con el objetivo de proteger especies en peligro de extinción como la vaquita marina, fue abandonado desde 2021, año en el que la administración actual decidió dejar de asignarle recursos del presupuesto público.
El proyecto “Eliminación Artes Pesca Fantasma en el Alto Golfo de California”, que comenzó a funcionar desde 2016, a la mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto, desapareció del presupuesto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
A través de una solicitud de información, la Semarnat informó que, de 2017 a 2020, este programa obtuvo más de 22.8 millones de pesos del presupuesto, la mayor parte de ellos en el sexenio de Peña Nieto. Según el Concentrado por proyecto de 2017 a 2023, en 2019 -primer año del actual sexenio, se asignaron 2 millones 709 mil pesos para el retiro de redes entre enero y agosto, y en 2020, la asignación de recursos fue de un millón 673 mil pesos entre marzo y abril.
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Después de ello no se reportan más gastos, pese a que la iniciativa tuvo cuatro años seguidos de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de proteger y conservar las especies marinas del Alto Golfo de California, entre ellas la vaquita marina, especie endémica en peligro de extinción.
El proyecto de “Eliminación de artes de pesca fantasma” comenzó en 2016 y para los años 2017 y 2018, los recursos entregados para esta actividad permitieron el retiro de redes durante ocho meses por año. En 2018 el programa alcanzó su presupuesto máximo, con 15 millones 323 mil pesos.
En cambio, en el sexenio del presidente López Obrador se ejercieron apenas 4 millones 382 mil pesos, en dos meses de 2019 y 2020.
En una respuesta a una solicitud de información que se hizo en 2021, y que es pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) señalaron que en el 2019 “no se ejecutaron proyectos de ordenamiento”.
Y, en lo que corresponde a 2020 y 2021, ambas instituciones federales respondieron que: “por cambios en Reglas de Operación ya no se destinaron recursos para este tipo de proyectos y con apego a las atribuciones institucionales de las dependencias participantes, toda vez que dichas acciones son materia de inspección y vigilancia en al ámbito de las respectivas atribuciones y facultades”.
Es decir, en el segundo año de este sexenio el gobierno federal abandonó el retiro de redes de pesca fantasma en el Alto Golfo de California, iniciativa que permitía vigilar y ‘limpiar’ el mar de estas artes de pesca. Esto, pese a que desde 2016 se tenía identificado que la pesca incidental pone en riesgo latente a la vaquita marina.
Sobre la cantidad de especies enmalladas en las redes extraídas, la Semarnat, a través de la Conabio, reportó haber encontrado caracol, cangrejos, chanos, tortuga Golfina, mantarraya, bivalbos, estrella de mar, pulpos, gorgonias rojas, cochitos y cráneo de totoaba.
Mientras tanto, la Conanp a través de la Dirección Regional Noroeste y Alto Golfo de California, respondió por transparencia que, de 2019 a 2020, no contaron con datos sobre especies enmalladas y de 2021 a 2023 no hubo hallazgos.
Alejandro Olivera, biólogo marino en el Centro para la Diversidad Biológica, explicó que las redes de pesca fantasma están en todos lados y en todo México. Éstas, se atoran en los corales y son un problema importante de basura. Por ello, se buscan principalmente en el área de la vaquita marina.
“No se sabe cuántos metros hay de redes. La otra también es que por el sistema de corrientes [las artes de pesca] a veces se van, se usan en el área de vaquita y pueden viajar kilómetros. Entonces no se sabe cuántos metros o kilómetros de redes quedan actualmente. Por eso, lo que sí se tiene que hacer es que mientras más actividad de pesca haya, hay que buscarlas”, dijo Alejandro Olivera en entrevista para Animal Político y Border Hub.
Olivera señaló que el Alto Golfo de California es una zona bastante olvidada, al igual que la pesca; hasta que llegó la presión internacional durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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“Se tardaron dos años en sacar regulaciones pesqueras que fueron en el 2020 pero, en resumen, las fallas han sido las políticas públicas que no están protegiendo del todo a la vaquita marina de su principal amenaza que son las redes y la impunidad y falta de cumplimiento de la Ley que sigue hasta la fecha, porque se siguen utilizando redes prohibidas para capturar camarón”, denunció.
Desde el momento en que se identificó que las redes de pesca fantasma son una amenaza latente de la vaquita marina, México estuvo obligado internacionalmente a proteger, conservar y detener el drástico descenso en la población de la vaquita marina.
Ante esto, la respuesta más importante fue en abril de 2015 con la publicación de un Acuerdo Secretarial con el que se estableció el polígono para proteger a la vaquita marina. Dicha delimitación dentro del Alto Golfo de California, sitio donde habita este ejemplar marino, se debía eliminar las redes de enmalle por dos años pero permitió la pesca de curvina.
Al inicio del sexenio de Peña Nieto, la población de vaquita marina era de 200 ejemplares. Para 2017, se estimaba la existencia de 30 individuos de esta especie. En el sexenio de López Obrador, el último registro que se tiene es de 10 a 13 vaquitas, dos de ellas crías, según el último reporte de observación por parte de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en 2023.
Actualmente, como parte de la última Notificación de las Partes que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) realiza para que México cumpla con su compromiso por conservar a la vaquita marina (Phocoena sinus) la secretaria general de CITES Ivonne Higuero visitó el país para analizar con su equipo si México ha cumplido con su compromiso o no.
Ésta es la tercera visita que la CITES realiza a la reserva de la vaquita marina del 10 al 15 de marzo.
Fuentes locales consultadas en la comunidad de San Felipe, Baja California, señalaron que, días previos a la visita del secretariado y autoridades de la CITES, autoridades representantes de la Conapesca dieron el “aviso” a las pesquerías de no salir a pescar durante esa semana.
“Nos hicieron la invitación a representantes legales para no pescar en el Alto Golfo. No pescar con redes. Cuando viene CITES, se respeta el mar, cuando no regresa la ilegalidad”, señalaron.
La vaquita marina es una especie endémica de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado de 2017 a 2020. En este sitio de conservación habita la vaquita marina (Phocoena sinus), una especie decretada en Peligro de Extinción por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 sobre la protección ambiental de especies nativas en México con alguna categoría de riesgo.
Además habita la totoaba (Totoaba macdonaldi), un pez conocido como el más grande del Alto Golfo de California. Sus dimensiones son similares a la vaquita, distinguida además como la marsopa más pequeña del mundo.
Ambas especies tienen la categoría En Peligro de Extinción de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 sobre la protección ambiental de las especies nativas de flora y fauna silvestres de México. Fuera del territorio mexicano —tanto la vaquita marina como la totoaba— cuentan con alguna etiqueta que alerta sobre su conservación.
Para la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) la vaquita se encuentra en el Apéndice I —de tres— sobre especies de flora y fauna con mayor grado de peligro.
Además, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), tiene tanto a la vaquita como a la totoaba en la Lista Roja de las especies con alguna amenaza para continuar en su ecosistema. Ambas están clasificadas en Peligro Crítico de Extinción.
Fuentes locales en el puerto de San Felipe, Baja California, señalaron a Animal Político y Border Hub que la pesca ilegal aún amenaza su permanencia en el hábitat de la reserva del Alto Golfo de California.
En cambio, autoridades federales como la Conanp y Semar señalaron que según los resultados del Crucero de Observación de vaquita marina 2023 se observó una disminución de más de 90% de la presencia de pangas y redes de enmalle dentro de la Zona de Tolerancia Cero de la vaquita marina.
Datos compartidos por Sea Shepherd Conservation Society, organización internacional dedicada a la protección de la vida marina en el mar, señaló que desde 2015 en colaboración con la Armada de México y otros socios locales, se ha centrado en mitigar la captura incidental de vaquita durante todo el año.
En años anteriores se recuperaron más de 1,000 redes, principalmente, de totoaba. A través del proyecto Operación Milagro monitorean las 24 horas del día, los siete días de la semana, la Zona de Tolerancia Cero (ZTC) y sus alrededores, un sitio crucial para la supervivencia de la especie.
Desde 2023, según señala Sea Shepherd, han empleado tecnología de radar y sonar de última generación a bordo de la embarcación M/V ‘Seahorse’ las 24 horas del día en la ZTC para rastrear actividades ilegales y localizar redes para su extracción.
Un mar libre de redes de pesca fantasma fue la acción urgente que autoridades mexicanas debían realizar para evitar el descenso en la población de la vaquita marina y así, garantizar su supervivencia en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta Colorado, área natural protegida decretada desde 1993 por su alto valor ecosistémico.
En el borrador de la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Artes de Pesca Fantasma en México del Gobierno de México, documento obtenido por transparencia se reconoce que las artes de pesca fantasma son un peligro para la fauna del Alto Golfo de California.
Además, en él se afirma que México “incrementó su preocupación e interés en el tema de la pesca fantasma a partir del complejo reto que implica impedir la extinción de la vaquita marina (Phocoena sinus), de la que se sabe que su principal amenaza es la muerte accidental (enredos y ahogos) durante las actividades pesqueras, especialmente de totoaba (Totoaba macdonaldi)”.
El objetivo fue extraer del mar la mayor cantidad de redes de pesca fantasma que quedaron abandonadas, sin señalar una cifra meta. En el año 2016 el Gobierno de México junto con Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) lanzaron el programa multiinstitucional de eliminación de redes fantasma del Alto Golfo de California.
Dalia, nombre que usaremos para proteger la identidad de la persona entrevistada, formó parte de este programa de limpieza conocido también como Plan Maestro. Ella fue parte de una de las organizaciones de la sociedad civil que se encargó de realizar bitácoras, informes y comunicaciones con los diferentes entes de gobierno y privados que formaron parte del programa.
Dalia dijo en entrevista que el proyecto comenzó en octubre de 2016 hasta 2020. En ese periodo lograron recuperar más de mil 300 artes de pesca de diferentes pesquerías, algunas activas y otras abandonadas. Entre ellas se encuentran redes que se usaron para pescar totoaba y camarón. “La mayoría eran de totoaba”, señaló.
Incluso, con el inicio del programa el 16 de octubre de 2016, en menos de un mes localizaron alrededor de 136 artes de pesca abandonadas en el mar. “De esas se lograron retirar 109, es decir, no el 100 por ciento de las redes que se localizaban era posible extraerlas”, añadió.
Para conocer el impacto en la conservación de la vaquita marina y la totoaba, se solicitó información vía transparencia al Fondo para la Biodiversidad de la Semarnat, Semar, Conapesca e Inapesca sobre los resultados en la extracción de redes de pesca fantasma, el plan de manejo, bitácoras, embarcaciones que usaban y cantidad de redes extraídas y fauna enmallada.
En su mayoría, las dependencias, se declararon “incompetentes” para entregar la información o señalaron no contar con ella después de “búsquedas exhaustivas”. El Fondo para la Biodiversidad de la Semarnat fue el único ente que no dio respuesta a la solicitud.
En una revisión a los informes de labores de la Secretaría de Marina (Semar) tanto del sexenio de Peña como de López Obrador, pudo detectarse que, en los periodos 2016-2017 y 2017-2018, la Secretaría participó en el “Programa de Atención Integral al Alto Golfo de California” sin mencionar el presupuesto que fue asignado.
La Semar dijo haber coordinado con dependencias de los tres niveles de Gobierno acciones de inspección y vigilancia en esa área en San Felipe, Baja California, y realizó “1,409 operaciones contra la pesca ilícita en el Alto Golfo de California”, en ambos periodos.
En ambos periodos aseguraron una suma de 2 mil 783 redes abandonadas en alta mar sin señalar qué especies encontraron enmalladas o tuvieron que ser aseguradas de manera precautoria por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Sobre el tratamiento de redes tampoco lo mencionan en los informes.
Para el sexenio de López Obrador, el proyecto de extracción de redes de pesca fantasma que anteriormente operaba pasó a tener tres nombres distintos con actividades similares en el Alto Golfo de California.
En el primer informe de labores de la Semar, del periodo 2018 al 2019, se llevó a cabo la “Iniciativa para la sustentabilidad en el Norte del Alto Golfo de California” donde la secretaría desarrolló y aplicó la “Estrategia Integral para la Atención del Alto Golfo de California” que aborda tanto la protección de la vaquita marina, como la prevención de la pesca ilegal de totoaba.
Según las cifras presentadas en el reporte aseguraron 174 artes de pesca con un total de 49 mil 698 metros, pero no mencionaron la fauna que encontraron enmallada ni el tratamiento a las redes aseguradas que garanticen que esas redes no volverán al mar.
Para el segundo, tercer y cuarto informe el aseguramiento de redes fantasma fue de menos de 169 artes de pesca y en el periodo de 2019 a 2020 la Semar no reportó el aseguramiento o hallazgo de artes de pesca.
El nombre del programa también varió y recibió títulos como: Operaciones para la Preservación de los Recursos Naturales Marítimos, Iniciativa para la sustentabilidad en el Norte del Alto Golfo de California, Operaciones para la Preservación de la Vaquita Marina (Phocoenasinus) y Operaciones para la Preservación de la vaquita marina (Phocoenasinus).
“Si quieres cuantificar el éxito de la política pública del Alto Golfo [de California] es el día en que haya más vaquitas, así de fácil. Por más que [la] Profepa te diga que hizo tantos recorridos, por más que Guardia Nacional diga que hizo tantas inspecciones, aprendimos a tanta gente, no. El indicador número uno es el número de vaquitas que sobreviven, esto hace evidente que no ha sido suficiente”, señaló el biólogo marino Alejandro Olivera.
Para conocer los trabajos de conservación la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se solicitó a esta dependencia, desde el departamento de comunicación, una entrevista y acceso a la reserva de la vaquita marina para documentar los esfuerzos que realizan, pero la autoridad respondió que, desde el 1 de marzo de 2024, con el inicio de las campañas electorales, no podía dar declaraciones a la prensa, por “veda electoral”.
Por su parte, Semarnat, accedió a resolver una serie de preguntas aún en veda electoral, pero sobre la asignación de los recursos y la información de especies enmalladas tras la extracción de redes de pesca fantasma, recomendaron hacer una nueva solicitud por transparencia.
El nuevo gobierno de Donald Trump ha lanzado una serie de operaciones para la detención migrantes. Entre sus objetivos están las “ciudades santuario”, ¿qué son?
Hay ciudades a lo largo de Estados Unidos que se autodenominan “santuario”.
Los Ángeles, Nueva York, Houston, Chicago o Atlanta son algunas de las urbes con una alta presencia de migrantes indocumentados que tienen políticas locales más amigables hacia la migración que otras partes del país.
Pero, al igual que sucedió durante su primer gobierno, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca presenta un desafío a eso.
El presidente ha prometido implementar una dura política de deportación de indocumentados con el objetivo de expulsar del país a un millón de personas. Y tanto él como sus altos funcionarios han puesto en la mira a tales ciudades santuario.
Chicago es una de las primeras. El gobierno de Trump activó los primeros operativos y redadas para detener y deportar a indocumentados en esa ciudad del norte del país. Pero también durante el fin de semana se vieron en Atlanta, Denver, Miami y San Antonio.
¿Qué implica que una ciudad se autodenomine “santuario” y en qué puede beneficiar a los indocumentados realmente?
El término de “santuario” de estas ciudades viene de la Edad Media, cuando los monasterios eran un santuario o protección a caminantes que se querían proteger de maleantes o gente que sufría persecución esclavista. Pero en EE.UU. se empezó a usar a finales del siglo XX.
“En los años 80 y 90 renace por algunos miembros religiosos y activistas que ayudan a migrantes de El Salvador o Guatemala a escapar de regímenes dictatoriales y entrar a EE.UU. y estar en comunidades seguras, en ciudades como Los Ángeles, San Francisco o Washington”, le explica a BBC Mundo el sociólogo Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración y el Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington DC.
Con el movimiento de esos años por los derechos de los inmigrantes, que se inspiró en luchas de Francia y otros países, en EE.UU. algunos activistas empezaron a referirse a esas ciudades con mucha población indocumentada como “santuarios”.
“Es una autodeclaración simbólica. No tiene ninguna definición legal, no hay una ley federal ‘santuario’ que diga qué es legal, qué es ilegal. Es caso por caso. Pero son ciudades donde se aspira a la tolerancia para las poblaciones extranjeras, de minorías e indocumentadas”, aclara Castañeda.
Desde entonces, autoridades de grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles comenzaron a adoptar políticas más amigables con esos migrantes, siendo una de las principales el tipo de colaboración que tienen con las agencias federales de migración.
Cuando un indocumentado es detenido por la policía local, hay dos opciones: verificar su estatus migratorio y notificarlo a las autoridades de la materia, o no hacerlo.
“En Nueva York, por ejemplo, no es requisito que si alguien es detenido y no tiene documentos, se le dé aviso inmediato a las autoridades federales. Pero las autoridades migratorias sí pueden pedir que la persona sea retenida”, explica Castañeda.
Otras ciudades, principalmente de gobiernos republicanos del sur del país, sí buscan el procesamiento de los indocumentados a través de las agencias federales.
“La cuestión es si las policías esperan a esas autoridades federales para entrevistar e iniciar casos de deportación, o si la gente es puesta en libertad si no es culpable de algún delito grave. Ahí es donde hay discreción”.
Debido a que cada autoridad estatal o local tiene sus propias leyes y políticas, cada corporación de policía local -incluso entre las de una misma metrópoli- puede o no colaborar con las agencias federales de migración.
La policía de la ciudad de Los Ángeles es diferente a la de la ciudad de Santa Mónica, siendo que están en la misma metrópoli. Al igual que los alcaldes, los jefes de policía pueden seguir sus propias normas.
Castañeda incluso indica que entre los propios agentes de policía hay discreción, y hasta entre las mismas oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cada localidad.
Sin embargo, el gobierno de Trump -y de otros republicanos en el pasado- busca que existan la máxima coordinación y colaboración posibles.
Cuando un indocumentado vive en una ciudad santuario, si bien puede esperar facilidades para hacer gestiones ante la autoridad sin involucrar la comprobación de su estatus migratorio, no es garantía de que agentes federales no puedan ejercer sus funciones.
Si un indocumentado es detenido por algún delito, las autoridades migratorias que lo lleguen a saber tienen derecho a iniciar un proceso. También pueden hacer redadas en sitios como empresas o lugares públicos, así como en viviendas privadas.
“En el Estados Unidos contemporáneo no ha habido una ciudad verdaderamente ‘santuario’, donde no entren las agencias federales como ICE para deportación. No es verdad que una persona indocumentada llegue ahí y pida asilo y que no la puedan deportar”, señala Castañeda.
Asegura que es algo que muchos migrantes indocumentados saben: “Que si están en un estatus de indocumentado y tienen órdenes de deportación, tienen mucha desconfianza de todas las policías, no quieren cometer ningún delito, tratan de no conducir ni salir para no enfrentarse a alguna autoridad. Manejar en estado de ebriedad o algo así los puede llevar a la deportación”.
Sin embargo, las críticas de Trump y otros políticos republicanos han sido constantes sobre una supuesta “protección” a los indocumentados que hacen gobiernos demócratas en ciudades santuario.
También critican que estos migrantes puedan hacer uso de programas de apoyo o salud, o que son favorecidos por recursos públicos.
“Los migrantes usan menos programas de bienestar que otros grupos. Pagan más impuestos y jubilación que nunca piden cuando se retiran, porque han usado números de seguro social falsos o se van del país”, expone Castañeda, coautor del libro Immigration realities: Challenging Common Misperceptions (“Realidades de la inmigración: Desafiando las percepciones erróneas comunes”).
“No piden devoluciones de impuestos sobrepagados. Y muchos no tienen derechos a programas de asistencia por temor a exponerse”, añade.
El hecho de que las ciudades santuario no cooperen con agencias migratorias también implica un diferendo en cuanto a la obtención de recursos del gobierno federal.
La Casa Blanca puede favorecer a autoridades estatales y locales que sí ayuden a sus políticas migratorias.
Gobiernos republicanos, como el de George W. Bush o el primero de Donald Trump, usaron normativas como la “Sección 287g” para incentivar con recursos a autoridades locales para ejercer tareas federales como la revisión del estatus migratorio.
En su primer día de gobierno, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas sobre migración que incluían la derogación de una ley que prohibía a los agentes federales buscar indocumentados en iglesias, escuelas y hospitales, lugares que antes eran considerados “sensibles” y que debían permanecer exentos de redadas migratorias.
Tom Homan, uno de sus jefes en la estrategia contra los indocumentados que ha sido llamado el “zar de la frontera”, aseguró que una de las primeras ciudades en tener búsqueda y captura de estos migrantes sería Chicago.
La ciudad y el estado son gobernados por demócratas. El alcalde Brandon Johnson y el gobernador JB Pritzker han sostenido que respaldan las leyes de ciudades santuario, conocidas como ordenanzas de “Ciudad Acogedora”.
Pero el domingo fueron ejecutadas operaciones migratorias en Chicago por parte de múltiples agencias, con la presencia de altos funcionarios en la ciudad para supervisarlas.
Múltiples fuentes dijeron a CBS News, socio de la BBC en EE.UU., que el objetivo eran migrantes con órdenes de arresto activas.
Pero desde la llegada de Trump al poder, existe la preocupación de que no se limite a aquellos ya sujetos a un proceso, sino que se aplique a todos los indocumentados en general para lograr los grandes números prometidos de cientos de miles de deportados en su gobierno.
Incluso una iglesia dejó de ofrecer misas en español ante el temor de que migrantes latinos sean objetivo de agentes.
“Ya tenemos niños que están empezando a tener miedo de ir a la escuela y no encontrar a sus padres cuando vuelvan a casa… No queremos poner a ningún miembro de nuestra congregación en el riesgo de ser deportado”, le dijo a BBC Mundo la reveranda Tanya Lozano hace unos días.
Castañeda sostiene que “lo que está haciendo ahora el llamado ‘zar de la migración’, Homan, es viajar a ciudades como Chicago a observar cómo funcionan las oficinas locales de ICE y a poner presión sobre las autoridades locales a través de medios con amenazas para hacer redadas”.
“En La Villita, un barrio muy mexicano y muy latino en Chicago, la gente tiene miedo. Y se ve que hay menos actividad económica y presencia en las calles, más allá de la temporada de frío. Después de todo, si llega ICE no hay mucho que el alcalde pueda hacer para evitar redadas”, añade.
Otras ciudades que también registraron redadas u operativos de agentes federales durante el fin de semana fueron Denver, Houston, San Antonio, Miami y Atlanta.
Sin embargo, Castañeda precisa que hasta ahora no se ha visto algo a una escala muy diferente a lo que ya ocurrió en el pasado, incluso durante gobiernos demócratas en la Casa Blanca.
“Las deportaciones han existido, incluidas las de Joe Biden o las de Barack Obama, que eran muy grandes. Pero había menos seguimiento mediático del día a día de estas deportaciones. Y ahora por lo pronto los números son similares, pero hay mucha más atención del público hacia lo que está pasando y cómo se está haciendo”, señala el especialista.
“Pero parece que sí quiere hacer algo a mayor escala, a mayor velocidad, con más agresividad”.
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