Un juez federal concedió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un amparo por el que ordenó eliminar el fallo que blindaba por tiempo indefinido a la ministra Yazmín Esquivel Mossa en el caso del presunto plagio de su tesis.
Así lo dictaminó el juez Eduardo Hernández Sánchez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al resolver el amparo 695/2023 promovido por la UNAM en contra de la resolución del juez José Manuel Salazar Uribe, del Juzgado Sexagésimo Civil de Proceso Escrito de la CDMX, quien desde el 10 de abril de 2023 otorgó a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diversas medidas cautelares a su favor.
De acuerdo con el expediente del caso, estas medidas cautelares fueron concedidas “a fin de lograr una abstención en la emisión de resolución, opinión o recomendación respecto a la controversia suscitada en torno a la elaboración de su tesis de licenciatura”, por lo que la UNAM había sido impedida de emitir cualquier resolución sobre el asunto.
Este blindaje protegía a Esquivel Mossa de cualquier resolución que pudiera tener en su contra por parte del Comité Universitario de Ética de la Universidad, el Consejo Universitario, así como el propio abogado general de la escuela.
Detalles del amparo en el caso de Yasmín Esquivel
De acuerdo con el amparo concedido, desde el 18 de mayo al apoderado legal de la ministra Esquivel solicitó al juez Salazar Uribe que “declarara la firmeza de las medidas cautelares”, por lo que el 22 de mayo se decretó que estas medidas “quedaban firmes”, impidiendo a las autoridades universitarias impugnar su decisión.
“Toda vez que ninguna de las partes en el presente cuaderno de medidas cautelares interpuso dentro del término concedido en la ley recurso alguno en contra del auto de (sic) fecha diez de abril del 2023, en consecuencia, se les tiene por perdido ese derecho, al no haberlo ejercitado en tiempo y forma”, se puede leer en la resolución de juez local Salazar Uribe.
Sin embargo, al analizar el caso el juez federal Hernández Sánchez concluyó que esta determinación evidencia “el exceso en la función del juez” y se hace presumible “su conducta parcial frente a los intereses de la actora, quien es Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Lo anterior debido a que a su consideración el juzgador local actuó contra lo establecido en el artículo 692 bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que establece que todas las decisiones de los juzgadores pueden ser impugnables en cualquier momento en tanto no se dicte la sentencia definitiva.
Además, especificó que la defensa de la ministra Yasmín Esquivel, al momento de pedir que quedaran “firmes” las medidas cautelares, en ningún momento solicitó que se declarara la prescripción para impugnar mediante apelación.
“Lo que se le pidió fue que declarara la firmeza de las medidas cautelares, situación que, por lo que ha sido expuesto, es jurídicamente inviable atento al régimen especial que las regula. En consecuencia, el suscrito es del criterio que lo decretado por la autoridad resulta violatorio de los derechos fundamentales de la universidad quejosa, y por ello ameritan reparación judicial”, señaló el juez Hernández Sánchez.
Acciones legales a seguir
Por todo lo anterior, se ordenó dejar insubsistente el acto reclamado, consistente en la “firmeza” de las medidas cautelares, y en su lugar pidió se dicte otra orden donde se atienda expresamente lo que le fue pedido por el la defensa de la ministra Esquivel y desestime la solicitud en el sentido de acordar la firmeza de las medidas cautelares.
Ahora, la ministra Esquivel Mossa podría de igual manera impugnar esta resolución mediante un recurso de revisión que deberá ser analizado por un Tribunal Colegiado.
En caso de que el amparo sea confirmado, la UNAM podría a su vez impugnar las medidas cautelares que le impiden pronunciarse sobre el tema, queja que podría interponer ante una Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
De manera general, la ministra Esquivel Mossa busca que el juez Salazar Uribe declare que ella es la autora original de la tesis que presentó en el año 1987 y no Edgar Ulises Báez, quien presentó el mismo trabajo académico en 1986.
Sin embargo, Yasmín Esquivel ya cuenta con una sentencia inapelable dictada por la juez Magdalena Malpica, titular del Juzgado Noveno de lo Civil en el ámbito local, que declaró que la ministra es la autora original de la tesis, asunto en el que la UNAM informó que no tiene vinculación, pues no formó parte de este juicio.
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Oficialmente no existe como una entidad jurídica, pero eso no impidió que el Tribunal Supremo de Rusia declarara como una organización extremista al “movimiento público internacional LGTB”.
Además, prohibió cualquiera de sus actividades en todo el país a raíz de un proceso impulsado por una moción del Ministerio de Justicia.
La audiencia se celebró a puerta cerrada sin la presencia de “la parte de demandada”, aunque sí se permitió la entrada de periodistas para escuchar la decisión del tribunal.
Hace tres años la Constitución rusa fue modificada para dejar claro que el matrimonio se refiere a la unión entre un hombre y una mujer.
Las relaciones entre personas del mismo sexo no están reconocidas en la Carta Magna rusa.
Los temores que despierta esta decisión
Antes de la sentencia, le pregunté a Sergei Troshin, diputado municipal en San Petersburgo, qué efecto tendría.
“Creo que esto significará que cualquiera que el Estado considere activista LGBT podría recibir una larga pena de prisión por ‘participar en una organización extremista'”, dijo el funcionario que se declaró homosexual el año pasado.
“Para el organizador de un grupo así, la pena de prisión será aún mayor”, agregó.
“Esto es una represión real. Hay pánico en la comunidad LGBT de Rusia. La gente está emigrando con urgencia. La palabra real que estamos utilizando es evacuación. Estamos teniendo que salir de nuestro propio país. Es terrible”, lamentó Troshin.
En los últimos años, la comunidad LGBT de Rusia se ha visto sometida a una presión cada vez mayor por parte de las autoridades. En 2013, se aprobó una ley que prohibía “la propaganda [dirigida a menores] de relaciones sexuales no tradicionales”.
El año pasado, esas restricciones se ampliaron a todos los grupos de edad en Rusia.
Las referencias al colectivo LGBT se han eliminado de libros, películas, anuncios y programas de televisión. A principios de este mes, un canal de televisión ruso decoloró un arco iris en un vídeo de una banda de kpop surcoreana para evitar ser acusado de violar la ley de “propaganda gay”.
“No las necesitamos”
En la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, Vitaly Milonov, famoso diputado del partido gobernante y que es conocido por sus posturas homófobas, afirmó que la prohibición de los grupos LGBT “no tiene que ver con las minorías sexuales ni con la vida privada de las personas”.
“Se trata más bien de la agenda política proclamada por este movimiento internacional LGBT”, me dijo.
“Tienen sus propias tareas, sus propios objetivos. Actúan como una fuerza política, una estructura política, y los objetivos de esta estructura contravienen la Constitución rusa”, aseguró.
En ese momento le aclaré que “no existe un movimiento llamado ‘Movimiento público internacional LGBT’. ¿Cómo puedes prohibir algo que no existe?”.
“Oh, es fácil”, respondió Milonov. “Podemos prohibir cualquier actividad de las organizaciones internacionales LGBT aquí en Rusia. Eso está muy bien. No las necesitamos”, dijo asegurando que todavía no había llegado al final de su lucha.
“Estoy deseando dar el siguiente paso: prohibir la bandera arco iris de seis colores. No necesitamos esta bandera. Es un símbolo de la lucha contra la familia tradicional. Espero que nadie pueda mostrar esta bandera en Rusia”, concluyó.
“Valores tradicionales”
Desde que Vladimir Putin gobierna Rusia, el Kremlin se ha volcado en defender una ideología centrada en el pensamiento conservador y los “valores familiares tradicionales”.
Para las autoridades rusas el activismo LGBT es algo inherentemente occidental y que es hostil a las costumbres de Rusia y la presión que ejercen sobre la comunidad la presentan como un medio para defender la estructura moral del país.
Otro aspecto es la popularidad de estas medidas de cara a las elecciones presidenciales del próximo marzo.
“Creo que [la audiencia judicial] está relacionada”, opinó Sergei Troshin. “[Las autoridades] están creando un enemigo artificial”.
“Dicen: ‘Estamos luchando contra Occidente’. La batalla contra las personas LGBT encaja en esta retórica antioccidental. Luchar tanto contra Occidente como contra la comunidad LGBT es popular entre la parte conservadora y antioccidental de la sociedad. Así que este tema se impulsará en el periodo previo a las elecciones”, agregó.
“Me están echando”
Maxim Goldman, quien trabaja para una organización rusa que ofrece apoyo personas transgénero y no binarias, añade que “intentan distraer la atención de problemas más importantes, en los que las autoridades rusas no quieren que la gente piense”.
“En cuanto nos enteramos de la vista en el Tribunal Supremo, las personas que dirigen nuestra organización se dieron cuenta de que tendríamos que abandonar el país urgentemente. Se convirtió en una emergencia”, contó Goldman.
Hablé con Maxim, que se identifica como no binario, en su último día en Rusia. Había hecho una pequeña maleta y estaba a punto de dirigirse al aeropuerto.
“Me siento totalmente rechazado por mi propio país“, lamenta. “Se supone que aquí tenemos una democracia. Se supone que la gente que ponemos en el poder debe cuidar de nosotros”.
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