Migrantes temen cancelación de sus citas programadas para solicitar asilo en EU ante regreso de Trump
En una reja blanca de Cafemin, un albergue para migrantes en la Ciudad de México, hay una docena de papeles blancos que exponen los deseos de los usuarios para el año 2025.
“2025 cita aprobada”, “Deseo que a todos nos salga la cita pronto”, “CBP One 2025”, “Que nos salga la cita CBP One a todos en el 2025”, se lee en los papelitos sobre la aplicación para solicitar asilo en Estados Unidos.
Sin embargo, sus deseos podrían verse frustrados, pues en tres días -el lunes 20 de enero- el expresidente Donald Trump regresará a la Casa Blanca y ha dicho en reiteradas ocasiones que eliminará la aplicación móvil CBP One lo antes posible.
La mayoría de los aproximadamente 120 migrantes que actualmente se hospedan en las instalaciones ya tienen su cita aprobada para estos días, de acuerdo con Mario Monroy, coordinador de Integración Local en Cafemin.
Pero Mario recuerda que hay poca información sobre qué pasará con las citas y solicitudes de asilo después del 20 de enero.
“Saben que el tiempo se está acabando, y no tienen información”, dice.
Una de ellas es Yudi Acosta, una mujer colombiana que llegó a México casi a la par de que Trump fue electo presidente, en noviembre de 2024. Su caso tiene la particularidad de que su cita está programada para el 23 de enero, tres días después de que cambie la administración de Estados Unidos.
Ella viajó con su pareja y su hija desde Chile, donde vivió durante los últimos 10 años, y con quienes espera llegar a Estados Unidos para reunirse con sus familiares.
Yudi tiene previsto viajar hacia la frontera dos días antes de su cita, aunque lo hará con incertidumbre y temor en torno a su proceso de solicitud de asilo.
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“A uno como que le da un poquito de miedo, ya hay acá mucha gente que se empezó a devolver, dicen: ‘Es que ya no vamos a poder entrar’, pero yo digo que es incierto”, comenta.
“Yo digo que hay que confiar en Dios, y si es para uno, es para uno, si es para que nos vaya bien, para que podamos entrar”.
Sin cita a días de que Trump regrese a la Casa Blanca
Mayerli lleva ocho meses varada en México, viviendo en un campamento improvisado ubicado en la colonia Vallejo al norte de la capital, y teme que su travesía desde Venezuela con sus dos hijos y esposo haya sido en vano.
A pesar de haber hecho varias veces el intento de sacar cita en la aplicación CBP One, sigue sin una fecha a días de que Donald Trump rinda protesta como presidente.
“Me siento asustada, bastante asustada, porque el esfuerzo que hemos hecho está en las manos de él”, comparte Mayerli desde el campamento de casas de cartón y lámina donde vive junto con decenas de migrantes de diferentes nacionalidades.
“Si él dice que no, que va a quitar esto y que no nos va a dar chance de entrar, ¿cómo vamos a quedar nosotros, tantas familias que vemos acá? El esfuerzo va a ser en vano”.
CBP One, en peligro de ser eliminada
La aplicación CBP One fue creada bajo la administración de Trump y luego ampliada en el gobierno de Joe Biden para agilizar la expedición de citas para solicitantes de asilo. Para poder utilizarla, la persona solicitante debía encontrarse en el centro o norte de México, de tal manera que la Ciudad de México se estableció como el punto límite territorial para utilizar esta herramienta.
Desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024, CBP One había registrado citas para más de 936 mil 500 personas. Según información del gobierno estadounidense, las principales nacionalidades que solicitaron cita fueron venezolana, cubana y mexicana.
Durante la campaña de Trump, el republicano declaró reiteradamente que el programa de CBP One estaba siendo utilizado por miembros de cárteles para traficar a migrantes, o por extranjeros prófugos de la ley, por lo cual planteó eliminarlo en cuanto asuma funciones como presidente.
El empresario ya había ocupado la presidencia entre 2016 y 2020, y durante su administración tuvo una retórica antiinmigrante que se vio reflejada en políticas públicas enfocadas en deportaciones masivas y detenciones.
Ante la posibilidad de que Trump elimine el programa de citas, Mayerli pide que el gobierno estadounidense implemente otras políticas que le permita solicitar asilo.
“No todos somos malos, somos muy buenas personas”, reclama llorando. “No todos nos fuimos de nuestro país por querer estar en esto, o por querer hacer cosas malas que en verdad no. Por lo menos nosotros no, no somos malas personas”.
Migrantes apresuran paso al norte, advierten albergues
Aunque los flujos migratorios se han mantenido normales, las personas migrantes muestran mayor prisa para llegar hasta la frontera norte de México antes del 20 de enero, advierte Sergio Luna, coordinador de la Comisión de Incidencia de la Redodem.
La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) agrupa 23 albergues para migrantes en todo el país, los cuales a la vez monitorean el flujo de extranjeros en su paso por México.
“[Tienen] la intención de avanzar pronto, de transitar pronto por el país para intentar llegar a la frontera, porque, claro, el tiempo se agota, porque hay como esa ‘fecha fatal’ para las personas migrantes”, señala.
A la par, en territorio mexicano han identificado mayor presencia de retenes y operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) para desarticular caravanas y obstaculizar el paso de migrantes desde la frontera sur hacia el norte.
Esto, señala Luna, genera una condición de mayor vulnerabilidad para los migrantes, ya que buscan rutas alternas para viajar, mismas que pueden exponerlos al crimen organizado o el tráfico de personas.
“Nos preocupa la falta de una política migratoria con sentido humano”, dice. “Hemos observado la política migratoria en México que es de control, en donde básicamente es la detención, el control, la verificación del estatus, la deportación, etcétera”.
Albergues se alistan para alza en migrantes
Los albergues en México han decidido prepararse para recibir a más migrantes que sean deportados o se queden en territorio mexicano tras el cambio de administración en Estados Unidos.
Cafemin actualmente reforzó sus instalaciones para aceptar hasta 400 personas, pues prevén que una vez que Trump asuma la presidencia haya un mayor número de personas extranjeras.
“Ya se tuvo un primer mandato de Trump, y ya supimos cómo atendió la política migratoria y ya hubo miles y cientos de miles de personas expulsadas a México sin importar nacionalidad, [entonces] yo puedo proyectar un escenario no amigable con la migración”, expone Mario Monroy.
“La exclusión mata”
Por ello, comparte, es importante que el Gobierno y la sociedad mexicana empleen estrategias y programas de integración para la población migrante, que contemplen desde el aspecto laboral o educativo, hasta la regulación de la situación migratoria.
“[Hago un llamado a] no tener miedo a la diferencia, porque si empezamos a excluir, empezamos a matar. Toda exclusión mata en este país, mueren cientos de personas migrantes porque son excluidas de un canal que les permita la regularidad, y no solo eso, también las personas son asesinadas en los canales que les permite la regularidad”, agrega Monroy.
En el mismo tono, Sergio Luna de Redodem comparte que el Gobierno mexicano deberá atender las necesidades básicas de la población migrante, tales como seguridad, salud y acceso a la justicia.
“Hay muchos elementos ahí que se tienen que plantear para que se diseñe una política migratoria con sentido humanitario que responda a estos retos. De lo contrario, vamos a enfrentar y a padecer las consecuencias de esta situación”.
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El párroco de Maryland ha accedido a ser el tutor en reserva de los hijos de varios de sus feligreses. Ante las redadas migratorias, cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos amigos o personas cercanas decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
De un día para otro el padre Vidal Rivas podría encontrarse a cargo de un bebé de 12 meses o de un adolescente de 17 años, a quien tendría que acoger en casa, alimentar, vestir y guiar hasta que termine el instituto.
También podría tener que encargarse de los trámites para que varios niños puedan volar al país de origen de sus padres y de acompañarlos hasta que se reúnan con ellos.
Y es que este carismático sacerdote, quien encabeza la parroquia episcopal de San Mateo en Hyattsville (Maryland, Estados Unidos), se comprometió a asumir la tutela temporal de 26 menores en caso de que sus padres sean deportados.
“Es una responsabilidad muy grande, que cambiaría completamente la vida de mi familia”, le reconoce a BBC Mundo. “Tanto mi esposa como yo somos conscientes de ello, sabemos lo que implica”.
Desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump, quien asumió la presidencia en enero con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación en la historia del país”, son muchos los migrantes indocumentados que se han apresurado a dejarlo todo atado por si son detenidos y expulsados.
Y han buscado en su entorno más cercano a figuras de confianza como el padre Rivas para que se ocupen del cuidado de sus hijos cuando no estén.
Es parte de lo que organizaciones y especialistas legales llaman un “plan de preparación familiar”, algo que cada vez más hogares con situaciones migratorias mixtas –con al menos uno de sus miembros indocumentado— están haciendo.
“Implica tener conversaciones incómodas y tomar decisiones dolorosas, pero ser precavido facilita las cosas a la hora de lidiar con una emergencia y con sus consecuencias”, le dijo a BBC Mundo Kristina Lovato, directora del Centro de Inmigración y Bienestar Infantil (CICW) de la Universidad de California en Berkeley.
“Mi hija no quedará en un limbo”
Hoy por hoy hay más de seis millones de hogares en condiciones migratorias mixtas en EE.UU., cerca del 5% del total, según cifras del centro de investigación Pew.
Y de acuerdo con los datos que maneja el CICW, al menos uno de los progenitores de 5,9 millones de niños no cuenta con papeles.
A eso hay que sumar los más de 500.000 que tienen padres amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa de la era Obama que los expertos aseguran que hoy se está “socavando”, y por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que el actual gobierno busca revocar para ciudadanos de varios países.
Desde el inicio del año hasta septiembre, más de 400.000 personas habían sido deportadas, de acuerdo a las cifras más recientes hechas públicas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Y para el 16 de noviembre — los últimos datos oficiales– el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantenía en centros de detención de todo el país a 65.135 personas, la mayor cantidad reportada por la agencia desde su creación en 2003.
De los arrestados, el 48% no contaba con ningún cargo o condena penal en EE.UU. y permanecían en custodia por violaciones civiles de las leyes de inmigración estadounidenses.
La situación actual está impactando la moral de los feligreses de la iglesia de San Mateo, asegura su párroco.
Y es que el municipio al que pertenece, Hyattsville, un suburbio de Washington DC donde más del 40% de sus casi 21.000 residentes son latinos y un tercio nacieron en otro país, no se ha librado de las detenciones.
“La gente tiene demasiado miedo, aunque decir eso es poco. Es más bien terror a salir e incluso a estar en el templo”, subraya el padre Rivas, quien siendo oriundo de El Salvador, llegó a EE.UU. en 1998.
“Yo mismo soy inmigrante, y aunque vine con residencia por los sacerdotes que me trajeron a trabajar a este país, he visto el dolor de mi pueblo (durante la guerra civil salvadoreña, 1980-1992) y ahora lo veo aquí, miro a las personas cada día en sufrimiento”, señala.
Ante ello, el cura y miembros de su parroquia decidieron tomar acciones para que los fieles y la comunidad en general se sintieran más seguros.
Ahora los servicios religiosos son a puerta cerrada y varios voluntarios custodian la entrada y vigilan los alrededores.
También empezaron a animar a los devotos a que se preparen para cualquier eventualidad migratoria y busquen guardianes temporales para sus hijos, algo contemplado en la legislación estatal.
“Al hacerlo, descubrimos que muchas familias no tienen miembros con residencia (permanente o green card) o ciudadanía estadounidense. Es muy triste ver que no encuentran a nadie, les entra mucha desesperación”, se lamenta Rivas.
“Es ahí donde tuvimos que enseñarles a buscar a personas de confianza que pudieran servirles de tutores”, explica.
Como tantos otros, Mimi, una mujer indocumentada de 40 años y madre soltera de una adolescente de 16, encontró esa figura en el propio Rivas.
“Pasé muchos días y noches pensándolo. Y aunque fue una decisión muy difícil, sé que es la mejor”, le dice a BBC Mundo.
Asegura sentirse aliviada de saber que, si la deportaran, su hija no quedaría “en un limbo”. “Que pueda venir un trabajador social y llevársela, que quede en manos del gobierno y que la den en adopción” sería su mayor pesadilla, explica la mujer, cuyo nombre real y nacionalidad obviamos para proteger su identidad.
Lo que Mimi acordó con el padre Rivas es que se encargue de todo lo necesario para que la menor, diagnosticada en el espectro autista, se reúna con ella en su país de origen.
“Me gustaría que mi hija siguiera estudiando, que terminara sus estudios, pero por la situación nunca nos hemos separado y no creo que quiera estar sin mí”.
Ese es el encargo que Rivas recibió de algunos de los padres de los otros 25 menores para quienes se prestó como tutor temporal. Otros le pidieron que sus hijos se queden en EE.UU. al menos hasta terminar el instituto.
Hasta seis meses y revocable
Para que eso sea posible y esté amparado por la ley, todos ellos rellenaron y firmaron un formulario de designación parental para el inicio de la tutela de reserva.
“Es la ampliación de una figura legal que existe en Maryland desde la epidemia del sida en los 70”, le explica a BBC Mundo Cam Crockett, una abogada especializada en derecho de familia que lleva 40 años ejerciendo en el estado y fue una de las impulsoras de la actual ley de tutela de emergencia.
Desde que el Congreso estatal la aprobara por unanimidad en mayo de 2018, además de para casos de incapacidad mental o debilitamiento físico, permite a un adulto designar a un tutor en reserva para sus hijos por si fuera detenido por las autoridades migratorias o deportado.
“Se activa una vez ocurre la emergencia y dura seis meses, aunque los padres pueden revocarla en cualquier momento”, explica Crockett.
Los progenitores, quienes no pierden la patria potestad, dejan especificado en el formulario qué puede el tutor hacer en su nombre: desde inscribir a los menores en la escuela o ingresarlos en un hospital, hasta reservar vuelos y hoteles para ellos, recibir fondos o tomar decisiones financieras.
“Lo que les sugerimos es que piensen muy bien antes de elegir al potencial tutor, ya que puede que este tenga que acudir a un tribunal, o tomar un vuelo a otro país”, explica la abogada.
Y si quisieran que la situación se extendiese más allá de los 180 días, tendrían que buscar una tutela más permanente o valorar una custodia por terceros, para lo que la experta recomienda consultar el caso concreto con abogados.
Cambios de estado a estado
Sin embargo, la tutela en reserva no existe como tal en todas las legislaciones estatales de EE.UU.
“Por eso es muy importante que los interesados reciban un buen asesoramiento legal, del estado en el que viven, porque las leyes cambian estado a estado”, remarca Sharon Balmer Cartagena, la abogada que dirige el Proyecto de Defensa de la Infancia, Juventud y Familia de la organización Public Counsel.
“Porque hay muchos grupos, también online, en los que la gente aconseja sobre este tema, pero un consejo muy bueno en Texas podría ser uno muy malo en California”.
Por ejemplo en California, donde ejerce Balmer Cartagena, la tutela temporal no existe.
Allí la tutela otorga al designado la custodia legal y física total del niño y, para recuperar la patria potestad, los padres deben solicitarlo ante el juez, quien será el que decida cuál es la mejor opción para el menor.
“Puede ser una buena alternativa si los padres se sienten cómodos con el hecho de que la persona designada se convierta prácticamente en la progenitora de sus hijos”, señala la especialista.
“Pero ¿qué pasa si el tutor, digamos un primo, decide que ya no es beneficioso para el menor que tenga contacto con sus padres? Estaría en su derecho de así decidirlo”, prosigue.
“La tutela es para niños que van a quedarse con otra persona de forma permanente. A quienes quieran que sus hijos se reúnan eventualmente con ellos (en el país de origen) no se la recomendamos; ellos deberían optar por una declaración jurada de autorización de cuidadores”, explica.
Es por medio de ese acuerdo, más sencillo, que cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos o amigos decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
Balmer Cartagena reconoce que, cuando hacen presentaciones en la comunidad sobre cómo hacer un plan de preparación familiar, son muchos les dicen no tener a nadie en EE.UU. que pueda cumplir con ese rol.
“Lo que hacemos es animarlos a pensar de forma más amplia, porque hemos tenido casos en los que una maestra o la familia para la que nuestra clienta trabajaba de cuidadora los apoyaron brevemente para facilitar la reunificación tras una deportación”.
Más conciencia y preparación
Así como Public Counsel, otros grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país llevan meses ofreciendo talleres sobre cómo preparar un plan de emergencia familiar y sesiones divulgativas bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten a los asistentes en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
También reparten la “tarjeta roja“, disponible en 19 idiomas, que recuerda a los inmigrantes sus derechos constitucionales y resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del ICE.
Y patrullas comunitarias recorren barrios y presencian redadas para asegurarse de que se cumplen todos los protocolos o para documentarlas en caso de que se estos se violen. Videos captados por estos voluntarios aparecen en las redes sociales a diario.
Funcionarios de la administración Trump han arremetido contra estas ONGs y voluntarios, alegando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo en su momento Thomas D. Homan, nombrado “zar de la frontera” por Trump y quien está al frente de las operaciones de deportación.
Sea como fuere, en todo este esfuerzo encaja también una cada vez mayor conciencia de la necesidad de tener que anticiparse y tener listo, sobre todo, un plan que incluya el cuidado infantil.
“Ha habido una campaña relativamente exitosa en la comunidad inmigrante, y cuando hablo con mis clientes, me encuentro con preguntas más reflexivas y matizadas, porque las cuestiones básicas ya las conocen”, le dijo en marzo a BBC Mundo Kate Lincoln-Goldfinch, una abogada de inmigración que ejerce en la zona central del estado de Texas.
“Toda persona indocumentada necesita consultar su situación con un abogado de inmigración”, subraya, y estar bien preparado por si se da una emergencia. “Porque cuando hay una detención, es como en un incendio: nadie tiene tiempo para pensar y después actuar”, explicó.
“Así que es vital tomarse el tiempo de antemano, por muy desagradable que sea, de pensar en quién va a recoger a los niños; si la escuela tiene las autorizaciones que necesita; si hemos juntado los documentos en una carpeta, incluida la información sobre cuentas bancarias; si sabemos dónde están las llaves del coche y el seguro… Y tener todo eso claro y en un mismo lugar para que alguien que lo necesite pueda venir a recogerlo y manejar nuestras vidas por nosotros”, zanjó.
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