Organizaciones denuncian deforestación de 6,659 hectáreas para el Tren Maya
Era diciembre de 2018. Andrés Manuel López Obrador sólo llevaba unos días como presidente de México y, en ese entonces, aseguraba que no se iba a talar un solo árbol con la construcción de Tren Maya. Cinco años después, un análisis de imágenes satelitales muestra que, al menos, se han deforestado 6659 hectáreas como consecuencia de las obras realizadas en torno al llamado Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno y que se construye en la Península de Yucatán.
El análisis de las imágenes satelitales realizado por CartoCrítica muestra que para junio de 2023 había 10 mil 831 hectáreas ocupadas para alguna obra relacionada con el Tren Maya, el 61 % de esa superficie fue deforestada.
Eso significa que 6659 hectáreas que tenían cobertura forestal en 2018, ahora lucen sin vegetación. En su lugar hay vías férreas o se construyen estaciones, paraderos, zonas de electrificación, patios de maquinaria, caminos de acceso o son áreas que se utilizan como bancos de material.
Las 6659 hectáreas deforestadas equivalen a casi diez veces el área que hoy ocupa el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, y casi 20 veces la superficie en donde se encuentra el Central Park de Nueva York, en Estados Unidos.
En su análisis, presentado el pasado 2 de agosto, CartoCrítica también destaca que el 87 % del área deforestada (5769 hectáreas) se desmontó o taló ignorando lo que marca la legislación ambiental, ya que los trabajos se realizaron sin contar con un trámite que pide la ley: la autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUST) otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Horas después de que CartoCrítica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y la Fundación Heinrich Böll dieran a conocer en conferencia de prensa la herramienta cartográfica sobre el Tren Maya, la Semarnat difundió un comunicado en donde señala que hay “inconsistencias” en los datos presentados por las organizaciones.
Seis mil hectáreas que dejaron de ser Selva Maya
Para realizar el análisis sobre las afectaciones que el Tren Maya está teniendo en la cobertura forestal de la Península de Yucatán, CartoCrítica comparó imágenes satelitales de noviembre de 2018, mayo y junio de 2023. Además, utilizó como referencia los datos de la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) sobre la cobertura de suelo que existía antes del tren. Toda la metodología está disponible dentro de la herramienta cartográfica.
“No se tomó en cuenta la especulación de terrenos (que se está dando alrededor en la zona a causa de proyecto férreo) ni la infraestructura hotelera que se está construyendo”, explicó Manuel Llano, director de CartoCrítica, durante la conferencia en donde se presentó la herramienta cartográfica sobre el Tren Maya.
El análisis de las imágenes satelitales muestra que de la superficie deforestada por las obras del Tren Maya, 4139 hectáreas eran selva baja y mediana; 2246 hectáreas estaban ocupadas por selva mediana caducifolia; 70 hectáreas eran manglar y petén (en la Península de Yucatán se llama así a las islas de vegetación arbórea que se encuentran en zonas inundables) y 11.4 hectáreas albergaban selva mediana y alta perennifolia.
Las imágenes satelitales también permitieron identificar que los tramos 4 y el 6 destacan por ser los que registran la mayor superficie deforestada hasta ahora. En el tramo 4, que va de Izamal a Cancún, se han deforestado 1640 hectáreas; mientras que la construcción del tramo 6, de Tulum a Chetumal, ha provocado la pérdida de 1308 hectáreas de cobertura forestal.
En la conferencia de prensa, Sergio Madrid, integrante del CCMSS, mencionó que el Inventario Nacional Forestal señala que en los ecosistemas de la Península de Yucatán una hectárea puede albergar un promedio de 900 árboles. Si se toma ese dato como referencia, alrededor de 6 millones de árboles se han talado en la región como consecuencia de las obras del Tren Maya.
En febrero de 2023, en una respuesta a una solicitud de información, El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) —dependencia que está a cargo del proyecto del Tren Maya— aseguró que se habían talado o removido 3.4 millones de árboles por los trabajos realizados en los diferentes tramos de la obra. De acuerdo con esa respuesta de Fonatur, en los tramos 4 y 5 es donde más se han talado o removido árboles.
El colectivo Sélvame del Tren ha calculado que, al menos, 10 millones de árboles han sido talados o removidos por la construcción del Tren Maya.
Deforestar ignorando la ley
Para que una persona, empresa o institución de gobierno federal, estatal o municipal pueda desmontar o talar un terreno, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que es necesario presentar ante la Semarnat una solicitud de autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF).
La Semarnat sólo puede autorizar un CUSTF en casos excepcionales. En la conferencia de prensa, Viridiana Maldonado, abogada del Cemda, recordó que “la excepción sólo aplica cuando esos cambios de uso de suelo no comprometen a la biodiversidad ni provocan la erosión del suelo, el deterioro en la calidad del agua o la capacidad de almacenamiento de carbono de los ecosistemas”.
Al analizar las 18 autorizaciones de CUSTF relacionadas con el Tren Maya que ha otorgado la Semarnat, las organizaciones encontraron que 16 de ellas fueron autorizadas durante 2023, es decir, cuando ya habían comenzado los trabajos y los terrenos ya habían sido desmontados.
“La política forestal prohíbe este tipo de prácticas que está realizando Fonatur, como desmontar y luego buscar tener las autorizaciones”, resaltó Maldonado. Incluso, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señala que no se puede otorgar ningún cambio de uso de suelo, durante los próximos 20 años, en las áreas donde se haya realizado tala o desmonte sin autorización. “La Semarnat estaría obligada a negar esas autorizaciones”, mencionó la abogada de Cemda.
Al analizar cuántas de las 6659 hectáreas que se han deforestado por las obras del llamado Tren Maya fueron desmontadas o taladas sin contar con una autorización de cambio de uso de suelo, CartoCrítica encontró que en 87 % esa superficie se quitó la cobertura forestal sin contar con CUSTF.
“Fonatur sí tiene algunas autorizaciones de cambio de uso de suelo, pero no las suficientes… Las autorizaciones son pocas, incompletas y tardías”, señaló Manuel Llano, director de CartoCrítica, organización que desde hace más de un lustro promueve el acceso público a la información socioambiental georreferenciada para, entre otras cosas, conservar la diversidad biológica y cultural.
En su comunicado, la Semarnat asegura que aún tienen validez las autorizaciones provisionales que se otorgaron amparadas en el decreto de noviembre de 2021, cuando López Obrador declaró de interés público y de seguridad nacional todas las obras y proyectos del gobierno federal, entre ellas el llamado Tren Maya.
El 18 de mayo de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional el decreto de finales de 2021. Cuatro horas después, López Obrador publicó un nuevo decreto en el que, de nuevo, establece como temas de seguridad nacional las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
“Las autorizaciones provisionales otorgadas previo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quedaron sin efecto, tal como lo determina la propia sentencia, por lo que las obras del Tren Maya continúan con apego al marco legal”, señaló en su comunicado la Sermarnat.
Por su parte, en un comunicado publicado este jueves 3 de agosto, las organizaciones resaltaron que las autorizaciones provisionales no existen en las leyes ambientales, incluso, las autoridades judiciales también han señalado que no pueden sustituir los procedimientos que sí contempla la ley: los CUSTF y la Evaluación de Impacto Ambiental.
En las 18 autorizaciones que se han dado para las obras del tren maya, Sergio Madrid destacó que no existió “una valoración del riesgo, una revisión de los daños irreversibles. No es solamente una violación a lo que las leyes del país ordenan, sino es la gravedad de no tener una evidencia de lo que esta autorización implica”.
Manuel Llano, director de CartoCrítica, también resaltó que para los tramos 6 (de Tulum a Chetumal) y 7 (de Bacalar a Escárcega) aún no se tiene registrada alguna autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. “Aún así, ya se ha deforestado”.
La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) es la dependencia que, de acuerdo con la ley, debería determinar si un cambio de uso de suelo en terrenos forestales violó la legislación e imponer amonestaciones, multas o suspensiones de las obras. “Se han presentado varias denuncias populares y Profepa se ha mantenido pasiva”, denunció Maldonado.
Mongabay Latam solicitó a Profepa una postura al respecto, pero hasta la publicación de este texto no se tuvo respuesta.
La abogada de Cemda también recordó que el Código Penal Federal considera como delito el realizar un desmonte o tala sin contar con una autorización de cambio de uso de suelo. La pena por esta acción puede ser de hasta nueve años de cárcel y la instancia encargada de investigar si existe un delito es la Unidad Especializada en Delitos Ambientales de la Fiscalía General de la República.
Los desmontes realizados por las obras del llamado Tren Maya “no sólo pasan por encima de la ley”. Sergio Madrid remarcó que la pérdida de cobertura forestal también significa “la fragmentación de la selva, la destrucción de hábitat de cientos de especies de flora y fauna, la contaminación de acuífero, destrucción de cavidades subterráneas, relleno de humedales, interrupción de flujos naturales del agua y la destrucción de los medios de vida de las comunidades indígenas”.
Desacato a una orden judicial
Desde octubre de 2021, los abogados de Cemda denunciaron que en las obras del Tren Maya se estaban realizando cambios de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con autorización de la Semarnat. En esa fecha presentaron ante el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán los resultados de un sobrevuelo realizado a lo largo de la línea del tren. En ese momento, documentaron que se había desmontado, al menos, 144 hectáreas de selva maya.
Fue hasta mayo de 2023, cuando el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán ordenó a Fonatur suspender cualquier acto de tala o desmonte que no contara con autorización de cambio de uso de suelo en los tramos 3 (Calkiní-Izamal), 4 (Izamal-Cancún), 5 norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulúm-Chetumal).
Para tomar esa decisión, el Juzgado señaló que “las autorizaciones provisionales emitidas con base en el Acuerdo para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea no suple las autorizaciones (de cambio de uso de suelo) que implican un estudio técnico y científico previo a la obra, que al no emitirse, pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará, porque permitiría el inicio de trabajos sin conocer las repercusiones y daños que pueden ocasionarse con ella, en la inteligencia de que en muchas ocasiones los daños ambientales son irreparables”.
De acuerdo con los análisis de la organización, tan sólo en junio de 2023, en los tramos 3, 4, 5 norte y 6, se desmontaron o realizaron trabajos de tala en 67.4 hectáreas sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo. “Hay una presunta ilegalidad y desacato por parte de Fonatur y de quienes construyen las obras del tren en estos tramos”, señaló Llano.
Los tramos 5 norte, 6 y 7 son construidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La abogada Viridiana Maldonado también aseguró que “se están realizando actividades de desmonte dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul”.
Sergio Madrid recordó que la Península de Yucatán alberga a la Selva Maya, el segundo bosque tropical más importante de América después de la Amazonía. Además, en ese territorio se encuentra el sistema de cuevas subacuáticas más grande del mundo. Ese patrimonio natural está en riesgo: “Hoy en día existe un intenso proceso de deforestación en la Península de Yucatán”.
Cada año, dijo, se deforestan entre 40 000 y 90 000 hectáreas en la Península de Yucatán. Este “proceso dinámico de deforestación” se está generando por los proyectos energéticos, turísticos, mineros, inmobiliarios y agroindustriales que se impulsan en la región desde hace unos 20 años. Este proceso, advirtió Madrid, se intensificará con el llamado Tren Maya, el cual “va a interconectar y potencializar estos proyectos”.
Semarnat se pronuncia sobre los datos
En un comunicado difundido poco después de que se presentó la herramienta cartográfica sobre el Tren Maya, la Semarnat señaló que “el estudio mostrado señala que son 6,659 hectáreas totales susceptibles de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, cuando el total registrado ante la Semarnat en las autorizaciones definitivas y provisionales es de 3167.29 hectáreas”.
La dependencia aseguró que esas 3167.29 hectáreas representan “el total de hectáreas oficialmente identificadas” con cambio de uso de suelo y que todas cuentan con una autorización definitiva o provisional.
La Semarnat menciona también que la herramienta cartográfica desarrollada por CartoCrítica considera “bancos de materiales que no necesariamente forman parte del proyecto Tren Maya y que son propiedad de privados que ofrecen servicio a diversos clientes”.
Ante la respuesta de Semarnat, CartoCrítica, Cemda y la Fundación Heinrich Böll emitieron un comunicado en el que señalaron que la cifra de 6659 hectáreas deforestadas por las obras relacionadas con el Tren Maya se sustenta en la evidencia satelital. “Los datos presentados están respaldados, metro a metro, con las imágenes satelitales utilizadas para su cálculo”.
El comunicado de Semarnat señala que el estudio realizado por CartoCrítica considera sólo 18 “autorizaciones definitivas” que suman un total de 1727.70 hectáreas y no 889.9 que aseguran las organizaciones.
Sobre este tema, las organizaciones señalan que de acuerdo con la información a la que se ha podido tener acceso, Fonatur ha solicitado 28 autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales (CUSTF), de las cuales dos fueron desechadas, ocho están en evaluación y 18 han sido autorizadas.
Las organizaciones señalaron que las 18 autorizaciones de CUSTF, según los resolutivos respectivos, incluyen 1,726.31 hectáreas. Sin embargo, debido a que no toda la información es pública, para el análisis sólo fue posible acceder a la ubicación geográfica del 76 % de estas autorizaciones (1 314.42 hectáreas). “La superficie que no fue posible georreferenciar es de 412.32 hectáreas y corresponde a una porción exclusivamente del tramo 5”.
Al analizar las 1314.42 hectáreas que cuentan con autorización de cambio de uso de suelo y que sí fue posible georeferenciar, “se llegó a la conclusión de que, dentro del área de los polígonos autorizados, se han deforestado 889.9 hectáreas… Eso significa que hay porciones de las autorizaciones que, hasta junio de 2023, no han sido deforestadas”.
Estos datos, destacan las organizaciones, muestran que “se han expedido Cambios de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) que no fueron utilizados y, al mismo tiempo, se han deforestado otras áreas para las que no se cuenta con CUSTF“.
Las organizaciones también recordaron que muchos de los documentos sobre el Tren Maya no son públicos, ya que el gobierno federal los ha clasificado bajo el argumento de que son considerados como tema de seguridad nacional.
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Nicolás Maduro se prepara para iniciar el 10 de enero su tercer período presidencial, durante el cual ha prometido consolidar el nuevo modelo económico que ha venido imponiendo en los últimos años.
“¡Exprópiese!”.
El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez convirtió esta palabra en su grito de guerra y desde 2007 la utilizó para anunciar la estatización de fábricas, bancos, hoteles, empresas de telecomunicaciones y de energía, así como de cinco millones de hectáreas de tierras.
Las expropiaciones fueron uno de los pilares en los que se asentaba el nuevo modelo político, económico y social que el mandatario impulsó en el país a principios de los años 2000: el llamado socialismo del siglo XXI.
Sin embargo, su sucesor desde 2013, Nicolás Maduro, quien se proclama “hijo de Chávez” y defensor de su legado, en el último lustro y sin muchas estridencias se ha ido alejando del proyecto económico de su mentor.
El mandatario, que pese a los cuestionamientos sobre su legitimidad espera iniciar el 10 de enero un tercer mandato, ha dejado a un lado el enfrentamiento con los empresarios que marcó tanto el inicio de su gestión como la de Chávez, y ha optado por tender puentes hacia ellos.
“¿Para qué sirvió el conflicto estéril, la guerra entre nosotros y el no escucharnos? Para el retroceso y para infligirnos daños (…) Saquemos la economía de la diatriba y la guerra política y concentrémonos en trabajar para producir”, pidió el gobernante a los industriales y ganaderos venezolanos en julio pasado, buscando que el conflicto político interno no se traslade a la economía.
Y para ello, además de las palabras, Maduro ha tomado medidas concretas. En los últimos años, ha devuelto centros comerciales y fincas a sus dueños originales e incluso se ha abierto a la posibilidad de privatizar empresas.
En noviembre, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, aseguró que el gobierno planeaba transferir al capital privado 350 empresas de las que el Estado se hizo cargo en las últimas dos décadas.
Todos estos gestos hacen creer que el país sudamericano consolida un nuevo modelo que algunos expertos han definido como “capitalismo autoritario”.
La permanencia de la “élite gobernante”
Pero ¿qué es el capitalismo autoritario y cuáles son sus características?
“Es un sistema donde se permite al capital privado enriquecerse, pero en el que, simultáneamente, se socavan los derechos sociales, económicos y políticos de los ciudadanos para favorecer la permanencia en el poder de las élites gobernantes“, explicó a BBC Mundo Antulio Rosales, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de York (Canadá).
En similares términos se pronuncia el politólogo Guillermo Tell Aveledo, quien, sin embargo, cree que el capitalismo autoritario venezolano no es convencional.
“La ‘apertura’ carece de una racionalidad económica profunda, mientras que el sistema político permanece cerrado y fuertemente centralizado. Este esquema no representa una ruptura con el socialismo del siglo XXI, sino que es una adaptación pragmática que busca perpetuar el poder bajo nuevas condiciones“, puntualizó a BBC Mundo el decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas.
En el último lustro, los venezolanos han visto como, casi de la noche a la mañana, desaparecieron los controles de precios y de divisas vigentes desde 2003; se despenalizó el uso del dólar internamente, hubo una dolarización de facto de la economía que redujo la inflación; y se relajaron los trámites para importar productos.
La medidas pusieron fin a la acuciante escasez de alimentos y medicamentos, desatada tanto por las regulaciones de precios como por la mala gestión de las empresas estatizadas.
Sobre todo en Caracas, la capital, proliferan negocios pensados para el consumidor de clase alta que eran imposibles de ver hace apenas cinco o siete años.
Sin embargo, junto a ese boom de mayor consumo y lujo también se dispararon los precios de los productos y servicios y sumieron a millones en la pobreza, pues las medidas no vinieron acompañadas de ningún plan compensatorio.
El pragmatismo
Los ajustes sirvieron para que el país saliera de la histórica hiperinflación en la que entró en 2017 y para que su economía tenga 13 trimestres consecutivos creciendo, según datos el Banco Central de Venezuela (BCV).
Para los expertos consultados este giro no fue producto de una revisión ideológica ni de una rectificación por parte de las autoridades, sino que fue algo forzado por las circunstancias.
“La apertura se da porque colapsa la renta petrolera, debido a la combinación de la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales que se produce a partir de 2014 y de la reducción de la producción nacional”, afirmó a BBC Mundo el economista Francisco Monaldi.
El petróleo es la principal fuente de divisas de Venezuela, pero de producir tres millones de barriles diarios a principios del siglo, el país pasó a medio millón en 2020, una caída que dejó al Estado sin más del 90% de sus ingresos, dijo Maduro en julio pasado.
“La falta de dinero obligó a las autoridades a acudir a aquellos que podían tenerlo y a los que tradicionalmente vio como sus enemigos: los empresarios“, precisó Monaldi, profesor de la Universidad de Rice (Estados Unidos).
Antulio Rosales, por su parte, también considera que el giro económico fue impuesto por la crisis generada por el propio modelo socialista, pero agregó otro factor externo: las sanciones que distintos gobiernos han impuesto en los últimos años al gobierno de Maduro por socavar la democracia y violar derechos humanos.
“El gobierno vio obstaculizado los caminos para continuar con el socialismo rentístico, es decir, para vender petróleo en el mercado internacional y redistribuir esos fondos internamente. Esto, sumado a las presiones internas (malestar social y protestas) por la escasez y la inflación, lo forzaron a generar ciertas aperturas para continuar en el poder“, agrega el economista.
El grueso de las sanciones impuestas en los últimos años por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países han estado dirigidas contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos o sus allegados.
No obstante, algunas de estas medidas han sido dirigidas en contra de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), del Banco Central (BCV) y de otras instancias gubernamentales, las cuales han visto cómo se le cerraban las puertas a los mercados internacionales tradicionales.
Monaldi, por su parte, cree que las sanciones internacionales solo fueron un ingrediente más.
“En 2017, cuando se impusieron las sanciones financieras (a Pdvsa y al BCV) Venezuela estaba a punto de un default financiero [impago de deuda] generalizado”, recordó el economista, quien insiste en que la razón fundamental del giro dado por el gobierno fue la crisis económica “autoinfligida” que estalló en 2017.
“Las hiperinflaciones llevan a los gobiernos a ser pragmáticos, inclusive a aquellos que son más de izquierda”, dice.
Y como prueba de lo anterior menciona dos decisiones que, según él, hubieran sido imposibles de imaginar hace un par de años atrás.
La primera, la aceptación de que la petrolera estadounidense Chevron maneje la empresa mixta que tiene con Pdvsa, pese a que la legislación venezolana lo prohíbe; y la segunda, la entrega de Ferrominera del Orinoco, la mayor productora de hierro del país, a la empresa india Jindal.
Las sanciones personales llevaron también a que muchos emprendedores con fortunas invirtieran en negocios en el país y demandaran en casa un consumo de alto valor que antes podían satisfacer en el extranjero.
De enemigos a aliados
El cambio de actitud de las autoridades hacia los empresarios, en particular los tradicionales, tiene sus condiciones.
“Los empresarios, sobre todo los nacionales, saben que hay algunas reglas que deben respetar, y una de ellas es jugar con el gobierno“, agrega Rosales.
¿Qué significa esto? “Que los empresarios no deben meterse en política o mejor dicho, si se van a meter en política es para apoyar las iniciativas del gobierno, pero no a la oposición ni a ningún tipo disidencia”, explica.
“Los empresarios saben que si cumplen esto, se les abren las puertas a unas oportunidades de grandes ganancias en unos mercados con enormes distorsiones”, remata.
Los hechos confirman las palabras del experto. En el último lustro, también se ha producido un giro en la actitud de las patronales hacia el gobierno.
Los principales gremios empresariales, los cuales en el pasado reciente formaron junto a los sindicatos, partidos políticos opositores y otras organizaciones civiles un bloque para enfrentar al chavismo en las calles y en las urnas, parecen ahora haberse acercado al oficialismo.
“Las relaciones institucionales entre el Ejecutivo nacional, regional y municipal con todos los sectores económicos están articuladas y trabajando conjuntamente para solucionar los desafíos” económicos que enfrenta el país, dijo en abril pasado la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria) en un comunicado.
En el documento, la organización rechazaba la posibilidad de que EE.UU. reimpusiera medidas contra el sector petrolero venezolano tras las críticas al gobierno de Maduro por el hecho de que las elecciones presidenciales del 28 de julio no fueron competitivas ni transparentes.
“Lo que ha ocurrido en los últimos años es muy positivo y lo ha logrado un gobierno con el que hemos tenido profundas diferencias y que está sancionado”, dijo a BBC Mundo Ricardo Cussano, expresidente de Fedecámaras, la principal organización gremial del país.
Cussano defendió la nueva actitud empresarial en los siguientes términos: “El país necesita construir confianza para atraer inversiones, y eso pasa porque la conflictividad política deje de existir y se abra un proceso de negociación y verdadero diálogo para hacer la institucionalidad venezolana más robusta e inclusiva”.
La tesis de empresarios como Cussano ha sido fuertemente criticada por la oposición política venezolana, que teme que esa alianza mine los esfuerzos para el cambio político que se evidenció en las elecciones del 28 de julio de acuerdo a las actas de resultados publicadas por la oposición, en las que se demostró el triunfo de Edmundo González.
Más parecido a Rusia que a China
“(La economía venezolana) Está en una transición que tiene como referencia al modelo chino”, dijo a finales de 2023 Rafael Lacava, miembro de la dirección nacional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y gobernador del estado Carabobo, para explicar los cambios económicos que se están produciendo en el país.
Sin embargo, los expertos dudan de que la comparación se ajuste a la realidad.
“Esta ‘apertura’ se caracteriza por una aparente libertad de mercado sin competencia real, el predominio de élites económicas vinculadas al oficialismo y la ausencia de una planificación económica sofisticada, a diferencia de los modelos vietnamita o chino que poseen estructuras coherentes y unas élites relativamente serias”, analiza el politólogo Guillermo Tell Aveledo.
Coincide Monaldi, quien considera que las autoridades venezolanas parecen estar copiando el modelo ruso más que el chino.
“Maduro sigue el modelo que (Vladimir) Putin impuso en Rusia, donde el Estado tiene una intervención muy significativa, pero hay una oligarquía de empresarios cercanos al régimen que tienen una influencia tremenda sobre la economía”.
El ascenso del controversial empresario colombo-venezolano Alex Saab hasta el gabinete ministerial de Maduro, así como las informaciones que aseguran que unas 48 empresas estatales ya han sido entregadas a privados, muchos de ellos cercanos al altos funcionarios, según datos de Transparencia Venezuela, refuerzan esta tesis.
Consolidación o retroceso
Ahora se inicia un nuevo período presidencial marcado de nuevo por el conflicto político: muchos países considerarán como presidente legítimo al opositor Edmundo González, claro vencedor de las elecciones de julio de acuerdo a los resultados publicados, pero será Maduro quien detente el poder.
Y en ese contexto surge la pregunta: ¿Este experimento es sostenible en el tiempo? Los expertos difieren.
“Estas aperturas surgieron por pragmatismo: había que hacerlo para mantener cierta estabilidad y seguir en el poder. Pero yo diría que ahora, luego de 4 o 5 años, son irreversibles“, afirma Rosales.
Los sectores que se han beneficiado del nuevo modelo son para el experto una de las razones que asegurarán su supervivencia.
“Las bases de sustento del poder están entre otros lugares, en los militares, que se han beneficiado económicamente de este cambio, y en el sector privado, el cual ha sido disciplinado e incluso se ha convertido en un nuevo aliado del régimen político“, explica.
Monaldi, por el contrario, tiene sus dudas y apela a la historia para justificarlas.
“La gran pregunta para mí es: si se levantan las sanciones y se recupera la producción petrolera, ¿Maduro seguiría pragmático y liberalizador o volvería a querer controlar todo?”.
Y acto seguido recuerda: “Los cubanos han liberalizado como tres o cuatro veces la economía desde la caída de la Unión Soviética para después retroceder, porque le temen mucho a los actores independientes en la economía porque no pueden controlarlos. Xi Jinping [presidente de China] está haciendo lo mismo con los ricos ahora mismo”.
Los empresarios, por su parte, aspiran a que el nuevo modelo se consolide. Y con ellos como aliados, voluntarios o involuntarios, también Maduro busca sostenerse en el poder un tercer mandato a pesar del conflicto político interno y el rechazo internacional.
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